José Serrano. Su nombre tiene un antes y un después de la década correísta.

Tuvo una faceta poco conocida como activista por los derechos humanos. Defendió a la comunidad Sarayaku en los gobiernos de Gustavo Noboa (2000-2003) y Lucio Gutiérrez (2003-2005). Pero ya con poder, en 2014, dio la orden para una incursión policial en esa comunidad en busca de Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio, acusados de calumnias a Rafael Correa.

Su inicio en la función pública se dio gracias a su cercanía con Galo Chiriboga. En la administración de Alfredo Palacio (2005-2007), Serrano presidió por breves momentos los Ministerios de Trabajo y Finanzas.

Con la llegada de Rafael Correa a la Presidencia, en 2007, Serrano empezó en la Subsecretaría de Minas y desde entonces no paró. Fue escalando peldaños hasta ocupar los Ministerios de Justicia e Interior. Justamente en estados dos Carteras saltaron la mayoría de casos polémicos. Casos que quedaron en el archivo, empolvándose.

Ahora, la suerte de Serrano es distinta. En Ecuador está procesado como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. A la fecha, está recluido en el Centro de Detención de Krome y este 30 de septiembre se puede definir una eventual deportación desde Estados Unidos al país.

En 2023 se conoció que la Fiscalía abrió una investigación previa en contra de José Serrano, en calidad de exministro del Interior, y otros personajes por presunto peculado debido a la pérdida del tercer producto en el caso de Jorge Gabela, excomandante de la FAE, quien fue asesinado tras denunciar presuntos actos de corrupción en la adquisición de helicópteros Dhruv.

El tercer producto era un informe elaborado en 2013 por el perito Roberto Meza y en el que constaban los nombres de los posibles autores intelectuales del crimen de Gabela.

El político Fernando Balda fue secuestrado en Colombia en agosto de 2012 y siete años después, dos policías de Inteligencia fueron sentenciados: Diana Falcón y Raúl ‘El Ratón’ Chicaiza.

Este último buscó ayuda de toda índole para evitar la prisión, pero le cerraron las puertas para una misión que le habían pedido sus superiores, dijo.

En el libro ‘Después olvidarán nuestros nombres’, del periodista Juan Carlos Calderón, se revela que Chicaiza mantuvo conversaciones con José Serrano en 2018, quien por entonces era el presidente de la Asamblea Nacional. Esos diálogos fueron grabados clandestinamente por el agente.

¿Qué pedía Chicaiza? Dinero, unos USD 65 000 para los gastos legales. «¿Cuántos necesitamos inmediatamente?», respondió Serrano. Es decir, se sugiere que Serrano estaba al tanto del secuestro de Balda. Pero no fue vinculado al proceso.

¿Por qué? En su cooperación con Fiscalía, Chicaiza no involucró a Serrano. En 2010, en una entrevista que Fausto Jarrín, entonces abogado de Rafael Correa, mantuvo con Plan V, este consideró que hubo acuerdos para no inmiscuir a ciertos personajes.

«Se los voy a mencionar: ¿para no topar a José Serrano y el propio director de Inteligencia?», le preguntó el periodista. «No sé si con nombres y apellidos, pero estoy absolutamente seguro que en esos testimonios anticipados hubo acuerdos», contestó Jarrín.

Por su parte, Serrano no negó la reunión, pero cuestionó la autenticidad del audio.

En febrero 2018 se conoció la filtración de un audio que contenía una conversación entre José Serrano, presidente de la Asamblea, y Carlos Pólit, excontralor prófugo en Miami, quien lo trató de «compadrito lindo».

En este contenido, Serrano sugería que debían bajarse al fiscal general Carlos Baca Mancheno a toda costa.

«Él (Baca Mancheno) no puede ser Fiscal hasta finales de año», dijo Serrano, quien además calificó de «miserable» a Baca Mancheno por no estar dispuesto «a cumplir con ningún acuerdo».

En 2021, el asambleísta Fernando Villavicencio le preguntó a Serrano por el cheque de USD 230 000 que María Paula Christiansen, pareja sentimental del exministro, había recibido de Jorge Chérrex, acusado del desfalco al Isspol.

Ese cheque de 2018 indica que el pago correspondía a unos servicios de spa. Serrano dijo que este tema no tenía relación con el caso Isspol.

Christiansen trabajó en el Ministerio del Interior, en la administración de Serrano. Fuente: Ecuavisa