Nacionales
José Serrano señala a exministra María Paula Romo como responsable en renegociación de bonos con recursos del Isspol
La exministra de Gobierno María Paula Romo tendría responsabilidad directa en el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), porque en julio 2020 autorizó la renegociación de bonos cuando el Ecuador cayó en default (suspensión de pagos de deuda externa) y había necesidad de recursos, lo cual generó un perjuicio grave a los fondos de la entidad y podría configurarse un peculado.
Lo afirmó el exministro de Gobierno y exlegislador José Serrano, quien pidió ser recibido en la Comisión de Fiscalización dentro del proceso de juicio político en contra del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, por incumplimiento de funciones en el control de las operaciones de inversión de los recursos del Isspol, provocando una afectación que superaría los $ 900 millones.
Serrano dijo que fueron “medias verdades” las señaladas por la exministra Romo, cuando compareció la semana pasada a la mesa de Fiscalización. Según él, a más de ese desfalco que está siendo investigado no solo en el Ecuador, sino también en Estados Unidos, se ha cometido un segundo delito que se ha pretendido ocultar, y es el peculado cuando se autorizó la recompra de bonos 2030, 2035, 2040 y se los canjeó con los 2024, 2026, 2028 y 2029, dijo.
Aclaró que no es verdad lo que señaló Romo respecto a que el Isspol es solamente administrado por policías y que su directorio exclusivamente representa al servicio pasivo y servicio activo de los policías; la verdad es que el Consejo Directivo del Isspol, desde el 21 de octubre de 2016, lo preside el o la ministra de Gobierno.
Serrano entregó a la mesa de fiscalización un documento que tiene fecha 14 de agosto de 2020, que según el exfuncionario fue ocultado deliberadamente para esconder las verdaderas responsabilidades de quienes realizaron las operaciones de inversión desde el año 2014, siendo las de mayor cuantía las inversiones que se efectuaron entre septiembre de 2018 y enero 2020, por cerca de $ 155 millones. Que en ese documento está el “pacto de compra de bonos”, afirmó.
Manifestó que en ese documento se incluyen además las operaciones, los montos de inversión y los nombres de los responsables que aprobaron operaciones por cerca de $ 83 millones, sin contratos.
El exministro Serrano también entregó a la mesa el acta de la sesión del Consejo Directivo del Isspol del 27 de julio de 2020. Esta es la prueba fundamental para determinar el delito oculto, pues aquí se pretende que únicamente se investigue el delito contra Decevale y Jorge Chérrez, y otras personas, para que con ese desfalco al Isspol se oculte el otro perjuicio.
El documento está suscrito por la exministra Romo en calidad de presidenta del Consejo Directivo del Isspol, el comandante general de la Policía, el director de Personal de la Policía, el subsecretario de Policía, el director nacional de Bienestar Social, el representante por los oficiales en servicio pasivo, el representante de clases y policías, y el secretario del Consejo Directivo.
Afirmó que en la presidencia del Consejo Directivo del Isspol, que en ese entonces ocupaba Romo, se aprobó la renegociación de los bonos 2024, 2026, 2028, 2029 y se los canjeó con los bonos 2030, 2035 y 2040, ocasionando cuatro perjuicios graves adicionales a la Policía Nacional. Primero, una disminución aproximada del 48 % del valor nominal de los papeles que tenían los bonos 2024, 2026, 2028 y 2029.
Luego, una disminución de la tasa del cupón del 9 % al 5 %; además, se autorizaron dos años de gracia para comenzar a pagar el capital y los intereses, donde se determina que el capital solo puede ser amortizado a partir del año 2034.
Dijo que la responsabilidad sobre la renegociación de los bonos recae en la exministra Romo, porque justamente a partir de un requerimiento del Estado pues Ecuador cayó en default (suspensión de pagos), de deuda externa, había una necesidad de recursos y “esos recursos fueron arrebatados de la seguridad social de la Policía Nacional. Entonces, quien presentó esa propuesta de renegociación fue la exministra María Paula Romo”, insistió.
Pidió que se investiguen los 25 días que él permaneció al frente del Consejo Directivo del Isspol, pero que también se investigue la responsabilidad de los directores que no han hecho absolutamente nada con el canje de bonos fraudulento que lleva a un peculado y que ocasiona doble perjuicio a la Policía Nacional.
Sin embargo, las negociaciones con Jorge Cherrez y la Isspol comenzaron en el 2014, y desde entonces esa institución de seguridad social le entregó $600 millones.
Ante la comisión dijo que actualmente vive en Estados Unidos y realiza trabajos de asesoría sobre seguridad ciudadana a países de Centroamérica, pero aclaró que no tiene ningún convenio de colaboración eficaz con los Estados Unidos sobre el caso Isspol.
Fernando Villavicencio (Concertación), presidente de la Comisión de Fiscalización, afirmó que la información entregada por Serrano hasta ahora no se conocía así como el acta del Isspol, documentos ocultos, donde se determinan las inversiones realizadas con los recursos del seguro social de la Policía.
Cheque
Durante la comparecencia del exministro Serrano, el legislador Fernando Villavicencio le preguntó cuál es su relación con Jorge Chérrez, exgerente de operaciones de Decevale, y también le mostró un cheque emitido por Chérrez, por $ 230.000, a María Paula Christiansen, en enero de 2018.
El exlegislador dijo que su relación con Chérrez fue casual a propósito del terremoto de Pedernales en Manabí en el año 2016, nunca antes había escuchado de él. Que Chérrez entregó vituallas y alimentos a los damnificados.
Que jamás habló sobre operaciones que realizaba Chérrez con los recursos del Isspol, que recién se enteró de que tenía una relación como intermediario financiero e inversionista del pauña, cuando era presidente de la Asamblea Nacional. Respecto al cheque dijo que conocía de su existencia, pero no profundizó en más información.
Manifestó que cuando lo necesiten regresará al país, pues al momento vive en Estados Unidos y trabaja en consultorías en Centroamérica, sobre seguridad ciudadana.
Dijo que trata de recuperar la tranquilidad para su familia después de estar permanentemente amenazado por policías corruptos y bandas criminales que pretendieron destruir al país y que en este momento están mandando desde las cárceles por falta de control a esos delincuentes.
Fernando Villavicencio al término de la comparecencia manifestó que María Cristiansen fue una alta funcionaria del Ministerio del Interior en la administración de José Serrano y aseguró que hay una relación mucho más profunda, pues ambos viven en Estados Unidos, donde también permanece Chérrez. (I) Fuente: El Universo
Nacionales
Mirador II, la mayor mina de cobre de Ecuador, se retrasa y no tiene fecha de arranque
La segunda fase del proyecto de cobre a cielo abierto, Mirador, en Zamora Chinchipe, se aplaza, informó la empresa en un comunicado la empresa china Tongling Nonferrous Metals publicado por la Bolsa de Valores de Shanghái el 6 de enero de 2026.
La primera fase del proyecto minero Mirador, operado por la empresa Ecuacorriente, filial de Tongling Nonferrous Metals, comenzó la producción de cobre a gran escala en 2019. Es la mina de cobre más grande en producción en Ecuador.
La segunda fase, también conocida como Mirador Norte, prevé más que duplicar la producción de Tongling Nonferrous Metals en Ecuador. Aunque debía estar operando desde 2026, se ha retrasado y no hay certezas de cuándo comenzará a producir.
El 6 de enero de 2026, la empresa china informó en el comunicado, publicado en la Bolsa, que finalizó la última ronda de negociaciones preliminares con el Gobierno ecuatoriano para firmar el contrato que permita poner en marcha Mirador fase II.
«Dadas las importantes diferencias entre el entorno de inversión y operación de Ecuador y el de China, su volátil situación política y la inestabilidad de su entorno legal, la fecha específica de firma del contrato minero para la fase II sigue siendo incierta», dijo la empresa.
El anuncio también detalla que se espera que este retraso tenga cierto impacto en los resultados operativos de la compañía en 2026.
Ecuacorriente esperaba que Mirador Norte comience producción de prueba a finales de 2025 y para 2026 se preveía ya la producción normal.
Sin embargo, aunque la mina y las instalaciones están listas desde mayo de 2025, los planes de la empresa de capitales chinos no se han cumplido.
Y esto se debe a que no se ha firmado la adenda al contrato de explotación que permita a la empresa extraer el cobre en este segundo yacimiento de Mirador.
Mirador puso en el mapa mundial de cobre a Ecuador
Con la primera fase de Mirador, desde julio de 2019, Ecuador comenzó por primera vez a producir y luego a exportar cobre a gran escala. Y, de hecho, Mirador fue la primera mina industrial y a gran escala del país.
Según Ecuacorriente, el primer yacimiento de Mirador produce 60.000 toneladas de material mineralizado al día, del que se extrae cobre.
La empresa había informado que, una vez que entre en operación Mirador Norte, la producción de material mineralizado aumentará paulatinamente y pasará de las 60.000 toneladas diarias a 140.000, en un período de alrededor de tres años.
Ecuacorriente también ha informado que la segunda fase de Mirador demandaría unos USD 600 millones de inversión.
La construcción de una hidroeléctrica, en la polémica
El retraso en la operación de Mirador Norte se debe a la polémica en torno a la construcción de una hidroeléctrica.
En 2024, el Gobierno de Daniel Noboa condicionó la firma de la adenda del contrato a que Ecuacorriente construya una planta de autogeneración hidroeléctrica de 129 megavatios, como se había establecido en el primer contrato, en 2012.
La polémica surgió porque la empresa confirmó que no iba a construir esa hidroeléctrica, pues aseguraba que el Estado debía proveer la energía necesaria para el proyecto.
«Eso (el plan de construir la hidroeléctrica) fue en 2012…han pasado 12 años y, por varias razones, durante los gobiernos de turno, el proyecto se fue demorando y los costos de inversiones crecieron», dijo en agosto de 2024 a PRIMICIAS el vicepresidente de la empresa, Mauricio Núñez.
«La inversión planificada para esa hidroeléctrica en Mirador Norte ya no existe», añadió.
Tras la polémica, y en un momento en el que Ecuador vivía una severa crisis energética, en el último trimestre de 2024, las partes comenzaron mesas de negociación. Y, por ahora, no hay acuerdo, según el comunicado.
PRIMICIAS solicitó información a Ecuacorriente y al Ministerio de Energía y Minas, pero hasta el cierre de esta nota no ha recibido respuesta.
¿Cuánta energía necesita Mirador en sus dos fases?
Con el proyecto Mirador, Ecuacorriente es una de las empresas que más energía consume en el país. En su primera fase, la mina demanda 83 megavatios de potencia; esto equivale casi a lo que demanda la provincia de Los Ríos.
Por la alta demanda de energía, durante los cortes de luz de 2024, Mirador tuvo que cesar su operación por semanas, pues el Gobierno dejó de proveerle electricidad a la mina.
Con la segunda fase, las necesidades de Ecuacorriente serán mayores. Se prevé que la demanda suba a 180 megavatios.
En junio de 2025, el Viceministerio de Minas confirmó que la empresa ya estaba alquilando generación termoeléctrica para tener capacidad de autoabastecerse, al menos en la primera fase.
Pero a más de las negociaciones con Mirador, el Gobierno de Noboa ha buscado otras medidas para garantizar que esta y otras grandes consumidoras de energía tengan sus propias plantas.
En junio de 2025, Noboa fijó un plazo de un año y medio a las grandes consumidoras para que cuenten con sus propios sistemas de autogeneración eléctrica. La medida fue dispuesta en el decreto ejecutivo 32 y el plazo vence en diciembre de 2026.
¿Qué pasará con la segunda fase de Mirador?
La empresa seguirá intentando concretar la firma del contrato, dice el comunicado publicado en la Bolsa de Shanghái.
Además, informó que se comunicará activamente con las autoridades ecuatorianas «de forma regular y puntual para agilizar las negociaciones y facilitar la firma e implementación del contrato para la fase II».
Y añadió que monitoreará de cerca la evolución posterior de este asunto y «cumplirá con prontitud con sus obligaciones de divulgación de información sobre el progreso y el impacto». Fuente: Primicias
Nacionales
Jorge Luis Mazón destacó la centralidad de la prueba en el proceso civil ecuatoriano
En el marco del programa académico “La Tertulia Jurídica”, se contó con la destacada participación del abogado Jorge Luis Mazón, reconocido jurista de proyección nacional e internacional, quien abordó de manera didáctica y profunda el tema “La prueba en el proceso civil ecuatoriano”, dirigido tanto a profesionales del derecho como al público en general.
Jorge Luis Mazón es abogado por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Procesal y especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, además de licenciado en Pedagogía por la Universidad Politécnica Salesiana. En el ámbito profesional, ejerce la abogacía en libre ejercicio, es profesor universitario de pregrado y posgrado en Derecho Procesal, director Legal Group – Centro de Capacitaciones Jurídicas, miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y autor de dos tomos de “Ensayos críticos sobre el COGEP”, además de coautor en diversas publicaciones colectivas especializadas en Derecho Procesal.
Durante su intervención, el abogado Mazón precisó que no ostenta el título académico de doctor, solicitando expresamente ser referido como abogado, y resaltó su vocación docente con más de 35 años de trayectoria en la enseñanza, tanto en educación secundaria como universitaria, señalando que su principal dedicación en la actualidad es la formación jurídica y la investigación del Derecho Procesal.
En el desarrollo del diálogo, explicó que la prueba constituye el eje central de todo proceso judicial, independientemente de la materia, destacando que es la etapa más compleja del litigio y aquella que, en la práctica, define el éxito o fracaso de una causa. Subrayó que el proceso es el mecanismo civilizado que los Estados de Derecho han establecido para la solución de conflictos y que, dentro de este, la actividad probatoria resulta esencial para la tutela efectiva de los derechos.
El ponente detalló los principales medios de prueba reconocidos en la normativa ecuatoriana, entre ellos la prueba documental —incluida la prueba electrónica—, la prueba testimonial, la prueba pericial y las inspecciones judiciales, enfatizando la importancia de la correcta construcción de la teoría del caso y la adecuada práctica probatoria en audiencia.
Asimismo, realizó una explicación clara sobre la diferencia entre la nueva prueba y la prueba nueva, conforme a lo establecido en los artículos 151 y 166 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), indicando que la nueva prueba constituye una facultad procesal exclusiva del actor para contradecir la contestación de la demanda, mientras que la prueba nueva puede ser anunciada por cualquiera de las partes cuando el medio probatorio no era conocido o no estaba disponible oportunamente.
En relación con la prueba electrónica, el abogado Mazón señaló que el sistema judicial ecuatoriano aún se encuentra en una etapa incipiente en cuanto a su admisión, práctica y valoración, destacando la necesidad de fortalecer criterios sobre autenticidad, integridad y licitud, y comparó esta realidad con la experiencia de otros países de la región, particularmente Colombia, donde existe una mayor consolidación doctrinaria y jurisprudencial sobre la materia.
Finalmente, resaltó la importancia de la formación continua de los abogados, especialmente en Derecho Procesal y teoría de la prueba, advirtiendo que una deficiente preparación profesional incide directamente en la afectación de los derechos de los ciudadanos. En este contexto, valoró positivamente el espacio académico de La Tertulia Jurídica, al considerarlo un escenario plural que promueve el análisis crítico del sistema de administración de justicia y acerca el conocimiento jurídico a la sociedad.
El programa concluyó con un llamado a ejercer la abogacía con responsabilidad, ética, preparación técnica y serenidad, destacando que la correcta práctica de la prueba es el corazón del litigio y el verdadero momento decisivo del proceso judicial.
Nacionales
Los embalses de cuatro hidroeléctricas han bajado entre uno y 16 metros
Los ríos Tarqui, Machángara y Yanuncay en Azuay mantienen un caudal bajo debido a la falta de lluvias considerables según el último reporte de la empresa pública Etapa EP. Algo que podría complicar la situación energética del país ya que en el Austro se ubica el mayor complejo hidroeléctrico conformado por las centrales Mazar, Molino, Sopladora y Minas San Francisco.
De acuerdo a la página de producción de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), la cota de las cuatro plantas ha empezado a disminuir desde diciembre. Situación que se ha evidenciado más en enero, que en apenas ocho días, los embalses han bajado entre uno y 16 metros del nivel máximo.
Dichas centrales -excepto Minas San Francisco- tienen capacidad para generar 1 700 megavatios y cubrir el 30 % de la demanda nacional de energía.
El promedio normal de la demanda nacional de energía es de 4 000 megavatios. Pero desde el martes 7 de enero de 2026, el consumó de incrementó a 5 000 megavatios y alcanzó los 5 060 megavatios en la noche. Principalmente las provincias de la Costa experimentan altas temperaturas en los últimos días, que superan los 30 grados centígrados.
Celec cubrió la demanda con las operaciones del 63 % de las hidroeléctricas, el 29 % con termoeléctricas y el resto con 300 megavatios comprados a Colombia.
Para el experto José Layana, del Colegio de Ingenieros Eléctricos, la principal preocupación es la disminución del nivel de la cota en la central de Mazar. Layana explicó que en Mazar es donde se guarda gran cantidad de agua y que según las estimaciones, si la falta de lluvias continúa, la reserva no alcanzaría para dos meses.
Por su parte el ingeniero y catedrático Marcos Ponce puntualizó que respecto a la parte climática, aún no se puede afirmar con certeza que pueda haber una sequía que afecte a Ecuador. Pero que actualmente, el sistema energético “sigue siendo muy vulnerable ante el escenario seco que se vive”.
Ante este panorama de pocas lluvias y aumento de la demanda energética por altas temperaturas, las autoridades nacionales han descartado la posibilidad de apagones. Pese a que técnicos y expertos han manifestado su preocupación por la disminución de las cotas de los embalses y un posible estiaje, que podrían representar un riesgo.
En una entrevista radial que fue compartida en las redes sociales del Ministerio de Energía, Inés Manzano aseguró el jueves 8 de enero de 2026 que el país “sí cuenta con energía gracias a una gestión responsable y planificada de los embalses”.
Según Manzano, la previsión permitió almacenar agua en época lluviosa y hoy aprovecharla junto a otras hidroeléctricas, para garantizar el suministro a escala nacional. Agregó que durante enero se lanzarán procesos para proyectos de ciclo combinado, que son una infraestructura de transición de utilizará gas y vapor, que aportarán más megavatios adicionales.
Sobre estas iniciativas, el ingeniero Ponce comentó que son entre 2026 y 2028 y por eso ninguna tendría un impacto inmediato, sino que son soluciones a mediano plazo. “Entonces para fortalecer el sistema se necesita pues transformar estos anuncios que dejen de ser anuncios y que sean inversiones efectivas”, expresó.
Ponce indicó que Colombia y Perú han diversificado mucho más su matriz energética en los últimos 10 años en comparación con Ecuador, que ha tenido un “crecimiento mínimo”. Los países vecinos han tenido un crecimiento más acelerado de energías renovables, comentó Ponce.
De hecho, en diciembre de 2025 Ecuador pagó USD 15 millones por la importación de energía a Colombia. Esto justamente ante la falta de lluvias en el Austro. Las compras se volvieron recurrentes desde el 4 de diciembre y se mantienen en enero, según datos de XM, empresa que administra el sistema interconectado colombiano.
Según el Operador Nacional de Electricidad, el lunes de de enero, el 7,5 % de la energía consumida en Ecuador fue importada, mientras que este martes 6 la cifra subió al 9 %. En promedio, cada día de compra se factura por encima de los USD 500 mil.
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