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Jorge Glas consigue un octavo diferimiento del llamado a juicio por la corrupción en la reconstrucción de Manabí

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La investigación es por peculado y apunta a nueve personas. La Fiscalía intenta demostrar el mal manejo de los fondos públicos asignados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto del 16 de abril de 2016.

En la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la fiscal Diana Salazar presentará el dictamen de acusación del caso. Y, con base en los indicios recopilados en la instrucción fiscal, el juez Julio Inga resolverá cuantos de los nueve procesados irán a juicio.

Dentro de la lista de investigados sobresalen los nombre de Jorge Glas, exvicepresidente de la República, Walter Solís, exministro de Obras Públicas, y Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción.

La instalación de esta audiencia ha sido reiteradamente accidentada por las defensas, desde mayo de 2024. Para el 3 de diciembre de 2024, Inga había convocado al octavo intento de inicio de esta diligencia.

Sin embargo, esta vez, nuevamente hubo inconvenientes. Ni Glas ni su abogada, Vanessa Pullas, se presentaron a la audiencia, que había sido convocada para realizarse de manera presencial. Glas está preso en la Cárcel de Máxima Seguridad La Roca, en Guayaquil, desde abril de 2024.

En la víspera de instalación, la tarde del 2 de diciembre, Glas presentó un escrito solicitando un nuevo diferimiento, ya que su abogada estaría internada en una casa de salud privada de Santo Domingo de los Tsáchilas para lo que presentó un certificado médico asociado a una insuficiencia renal.

La fiscal Salazar se opuso al diferimiento. Hizo notar que el certificado presentado por Glas es una copia simple, no procede de una entidad de salud pública ni está avalado. Por lo que consideró que se trata de una nueva maniobra de dilación.

Por esta razón, Salazar solicitó que la defensa de Glas sea asumida por Diego Jaya, abogado de la Defensoría Pública. Esta petición fue respaldada por la Procuraduría y el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), como acusadores particulares.

Ante esta situación, Inga indicó que el certificado médico emitido por un ente privado no cumple con la normativa y no es suficiente para ejecutar un nuevo diferimiento. Por lo que acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso que Jaya represente al exvicepresidente.

Sin embargo, Jaya contestó que no estaba preparado para asumir la defensa de Glas y pidió un tiempo prudencial para prepararse y empaparse del caso. De esta manera, Inga resolvió un octavo diferimiento de la audiencia y la convocó para el 11 de diciembre de 2024, a las 08:00. Fuente: Primicias

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José Serrano sigue bajo custodia migratoria de Estados Unidos, pero ya no se conoce en qué cárcel

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El complejo encierro del exministro del Interior, José Serrano, habría sido modificado. Tras permanecer recluido desde agosto de 2025 en la prisión de Krome en Miami, el localizador del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrojó este 22 de junio de 2026 que el político ecuatoriano ya no figura bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Pero horas más tarde, el exministro volvió a aparecer bajo custodia de ICE.

Su posible liberación coincidía con el plazo máximo que la corte federal del Distrito Sur de Florida otorgó al Departamento de Justicia para contestar a un recurso de habeas corpus. En esa demanda, la defensa de Serrano exigía su salida inmediata al considerar ilegal y arbitraria su retención tras haber ganado el bloqueo a su deportación.

Sin embargo, aparentemente se trató de un traslado. Horas después de la primera consulta de PRIMICIAS, Serrano aparece bajo custodia de ICE pero no se especifica en qué cárcel está. Esto sugeriría que el exministro fue movido a otra prisión.

Fuentes consultadas por PRIMICIAS aseguraron que los detenidos que están en tránsito desaparecen del sistema de localizador de ICE.

En el ámbito administrativo, el sistema migratorio corroboró que el gobierno estadounidense no apeló la medida protectora hasta el doce de junio, bloqueando su entrega a Ecuador de forma definitiva.

PRIMICIAS contactó al abogado defensor en el ámbito federal, Andrew Clopman, a la representante legal migratoria, Alejandra Chinea, a Eduardo León, abogado de Serrano en Ecuador, y a voceros del gobierno estadounidense para obtener una confirmación oficial del pago de la fianza y de su salida del centro de detención. Pero todavía no ha habido respuestas.

Con la protección humanitaria asegurada y su supuesta salida del centro de detención de Krome, el político ecuatoriano podría permanecer en Estados Unidos y frenar cualquier retorno a Ecuador, donde enfrenta una orden de prisión preventiva tras ser procesado como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Nota de la Redacción: En la versión original de esta nota, publicada el 22 de junio de 2026, se hablaba de una posible liberación de José Serrano, por su desaparición del sistema de localización de ICE. La nota fue actualizada a las 15:15 con la reaparición de Serrano en el sistema, aunque no se especifica en qué cárcel o prisión. Fuente: Primicias

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Ecuarunari pide que Noboa y Pinto remitan respuesta sobre la revocatoria de su mandato

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La Ecuarunari, filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció que el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto fueron notificados con la solicitud de revocatoria del mandato.

La organización indígena pidió que ambos mandatarios se pronuncien, tomando en cuenta que el plazo para presentar una respuesta vence el 22 de junio de 2026.

Daniel Noboa y María José Pinto deben pronunciarse frente a la notificación enviada sobre la solicitud de revocatoria de mandato”, indicó la organización presidida por Leonidas Iza.

Dirigentes sociales y sindicales anunciaron acciones para impulsar una iniciativa constitucional contra el Gobierno.

Dirigentes sociales y sindicales anunciaron acciones para impulsar una iniciativa constitucional contra el Gobierno.ANGELO CHAMBA

El pasado 9 de junio de 2026, colectivos sociales, entre ellos la Ecuarunari, formalizaron la solicitud de revocatoria del mandato. Ese día acudieron al Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, para entregar la documentación de manera individual y evitar posibles impugnaciones jurídicas durante el trámite.

“Los sectores sociales permanecerán vigilantes ante este proceso. La ciudadanía merece transparencia, respeto y respuestas claras”, manifestó la organización indígena en un comunicado difundido este 22 de junio.

El plazo al que se refiere la Ecuarunari está relacionado con el tiempo que tienen las autoridades cuestionadas para ejercer su derecho a la defensa. Paralelamente, la autoridad electoral dispone de siete días para admitir o negar la solicitud ciudadana.

Solo en caso de que esta sea admitida, los promotores podrán iniciar la recolección de firmas de respaldo. De acuerdo con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, para impulsar la revocatoria de un presidente de la República se requiere el apoyo de al menos el 15 % de los ciudadanos inscritos en el último padrón electoral.

Otro de los impulsores de la iniciativa, el abogado Washington Andrade, señaló que este plazo permite que Noboa presente una respuesta, se allane o se oponga a la solicitud de revocatoria. También hizo un llamado para que organizaciones como la UNE, la Fenocín y el Frente Popular se sumen a la iniciativa.

Diferencias entre la Conaie y la Ecuarunari

Dentro de la Conaie, la Ecuarunari ha sido la única organización que ha impulsado la revocatoria. Esa diferencia quedó en evidencia cuando la Confederación retiró el préstamo de su sede para el encuentro de las organizaciones que promueven la iniciativa.

Dirigentes de la Conaie, como Simón Velasco, responsable del área de comunicación, aclararon en esa ocasión que las bases habían decidido no formar parte del proceso y se desmarcaron de la revocatoria impulsada en contra del presidente Daniel Noboa. Fuente: Expreso

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John Reimberg confirma que fuerzas extranjeras gozarán de inmunidad en el combate contra el crimen organizado

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El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que personal extranjero trabajará junto a las fuerzas del orden del Ecuador para combatir a grupos delictivos y gozará de inmunidad.

El pasado jueves, 18 de junio, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 424 con el que ratificó la existencia de un conflicto armado interno “por circunstancias fácticas complejas que amenazan gravemente la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población”.

Luego, indicó que el país recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones de neutralización contra grupos criminales.

En este sentido, detalló que las fuerzas extranjeras acompañarán a los agentes ecuatorianos para ejecutar operaciones conjuntas, por lo cual también gozarán de indultos y amnistías.

“Este es un delito transnacional que tenemos que combatirlo entre todos los que estamos en la misma línea de atacar y acabar al crimen organizado y por qué no contar con la ayuda, experiencia, tecnología de otros países”, apuntó el funcionario.

¿Habrá toque de queda?

Reimberg ratificó que el estado de excepción no implica un toque de queda, como se había hecho en otras ocasiones.

La medida se tomó porque “la justicia no está a la misma velocidad” que las operaciones policiales. “Pedir una orden de allanamiento no puede ser que nos tome dos o tres días, no podemos detenernos o anunciar a los delincuentes que estamos en camino”, sostuvo.

Hay jueces y fiscales que trabajan no para los 18 millones de ecuatorianos, sino en contra de ellos, que buscan rápido como atacar a la Policía y tratar de intimidarlos”, comentó Reimberg.
También, aseguró que ya ha puesto cerca de 21 denuncias a diferentes miembros de cortes y fiscalías. “No puede ser que unos cuantos vengan a ocupar nuestro trabajo”, agregó.

¿Quiénes gozarán de inmunidad tras el decreto de Noboa?

En el decreto 424 también se menciona que el presidente concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y de los civiles que participen en las acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado.

Asimismo, exhorta a la Asamblea Nacional para que conceda amnistías en favor del personal militar, policial y de los civiles.

El personal extranjero de los Estados cooperantes, que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno, también gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos por el Ecuador. Fuente: Vistazo

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