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Jorge Glas consigue un octavo diferimiento del llamado a juicio por la corrupción en la reconstrucción de Manabí

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La investigación es por peculado y apunta a nueve personas. La Fiscalía intenta demostrar el mal manejo de los fondos públicos asignados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto del 16 de abril de 2016.

En la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la fiscal Diana Salazar presentará el dictamen de acusación del caso. Y, con base en los indicios recopilados en la instrucción fiscal, el juez Julio Inga resolverá cuantos de los nueve procesados irán a juicio.

Dentro de la lista de investigados sobresalen los nombre de Jorge Glas, exvicepresidente de la República, Walter Solís, exministro de Obras Públicas, y Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción.

La instalación de esta audiencia ha sido reiteradamente accidentada por las defensas, desde mayo de 2024. Para el 3 de diciembre de 2024, Inga había convocado al octavo intento de inicio de esta diligencia.

Sin embargo, esta vez, nuevamente hubo inconvenientes. Ni Glas ni su abogada, Vanessa Pullas, se presentaron a la audiencia, que había sido convocada para realizarse de manera presencial. Glas está preso en la Cárcel de Máxima Seguridad La Roca, en Guayaquil, desde abril de 2024.

En la víspera de instalación, la tarde del 2 de diciembre, Glas presentó un escrito solicitando un nuevo diferimiento, ya que su abogada estaría internada en una casa de salud privada de Santo Domingo de los Tsáchilas para lo que presentó un certificado médico asociado a una insuficiencia renal.

La fiscal Salazar se opuso al diferimiento. Hizo notar que el certificado presentado por Glas es una copia simple, no procede de una entidad de salud pública ni está avalado. Por lo que consideró que se trata de una nueva maniobra de dilación.

Por esta razón, Salazar solicitó que la defensa de Glas sea asumida por Diego Jaya, abogado de la Defensoría Pública. Esta petición fue respaldada por la Procuraduría y el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), como acusadores particulares.

Ante esta situación, Inga indicó que el certificado médico emitido por un ente privado no cumple con la normativa y no es suficiente para ejecutar un nuevo diferimiento. Por lo que acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso que Jaya represente al exvicepresidente.

Sin embargo, Jaya contestó que no estaba preparado para asumir la defensa de Glas y pidió un tiempo prudencial para prepararse y empaparse del caso. De esta manera, Inga resolvió un octavo diferimiento de la audiencia y la convocó para el 11 de diciembre de 2024, a las 08:00. Fuente: Primicias

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Noboa lanza portal ‘Ecuayapa’ para emprendedores

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El presidente Daniel Noboa presentó oficialmente el Portal Ecuayapa que es una plataforma digital creada para visibilizar y promover a escala nacional los productos y servicios de emprendedores, especialmente de aquellos vinculados al Ministerio de Desarrollo Humano (MDH).

El acto se desarrolló este miércoles 15 de abril en el Auditorio de la Universidad Bolivariana del Ecuador. El Gobierno plantea a esta errramiento como estrategia para fortalecer la economía popular y solidaria.

«Esto lo creamos pensando en ustedes, basado en el diálogo y en el interés real de este gobierno de que les vaya bien a los emprendedores. Una cosa es darles crédito y apoyar, pero lo que más nos preocupa es que ese apoyo florezca y se vuelva algo sostenible en el tiempo, para que puedan tener un ingreso regular en beneficio de su familia», dijo Noboa durante su intervención.

Ecuayapa forma parte del Sistema Nacional de Comercialización Inclusiva (SNCI) y permite ampliar el acceso de los emprendedores a canales de promoción y comercialización en todo el país.

De su lado, la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, indicó que la plataforma ya registra 12.000 personas inscritas, quienes pueden promocionar hasta cinco productos cada uno, lo que representa una oferta aproximada de 60.000 productos disponibles para toda la ciudadanía.

Rovira destacó que los emprendedores de esta iniciativa son principalmente los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano que también han accedido al Crédito de Desarrollo Humano (CDH). Por ello, la funcionaria destacó ese respaldo económico, el acompañamiento del MDH y las capacitaciones continuas han logrado sacar adelante negocios que crecen día a día. «Hemos entregado en este gobierno 122.129 CDH con una inversión de USD 111 millones. El 94 % de esos créditos se han entregado a mujeres cabezas de hogar».

Finalmente, Noboa hizo un llamado a la ciudadanía: «Quiero invitar a todos a que abran sus puertas a esta nueva oportunidad, que consuman también lo de nuestra gente, lo de los productores pequeños. Ahora es más fácil y les hacen un grandísimo beneficio a las personas que verdaderamente lo necesitan, que la pelean todos los días para salir adelante», dijo. (I)

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Se cumplen diez años del terremoto en Manabí

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Diez años después del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de Ecuador y dejó 663 fallecidos y 6.274 heridos, la reconstrucción es una deuda pendiente en algunas de las zonas afectadas, donde familiares de víctimas, damnificados y organizaciones aún esperan la ayuda prometida.

El epicentro fue Pedernales, en el norte de la provincia de Manabí, aunque golpeó con fuerza al menos a diez ciudades cercanas y también a la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Dejó daños por alrededor de 3.600 millones de dólares, según cifras oficiales.

El Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) recaudó 3.500 millones de dólares en impuestos y donaciones, pero la reconstrucción avanzó a paso lento entre denuncias de supuestos desvíos de fondos, sobreprecios y retrasos en obras esenciales como hospitales o para proveer servicios básicos, que se entregaron o iniciaron en los últimos años.

Lo que queda de un hotel en Pedernales, tras el terremoto 7.8 del 16 de abril de 2016. API/
Casos de corrupción

Los casos de corrupción llegaron hasta los tribunales. El año pasado, el exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien dirigía el comité creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, fue condenado a 13 años de cárcel por malversación de fondos públicos, junto a otros exfuncionarios.

Según la Fiscalía, utilizaron sus cargos para generar un perjuicio al Estado de más de 225 millones dólares.

Francisco Bravo, un activista que sigue este caso desde el inicio, dijo a EFE que el comité priorizó 584 proyectos, pero que muchos de ellos no estaban relacionados con el objetivo de enfrentar las consecuencias del sismo.

«Todos estos años han sido de resistencia», afirmó a EFE Julio Villacreses, integrante de la Comisión Anticorrupción en Manabí, quien considera que las investigaciones tienen que seguir, ya que la Contraloría «solo auditó un 3 %» de las obras. «La Justicia ha ordenado que se siga investigando, pero la Fiscalía guarda silencio», afirmó.

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Con malestar, Sandra Figueroa, asambleísta de la RC5 renunció a comisión por pedido de su bancada

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La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC5)Sandra Figueroa, manifestó que al interior de su bancada la obligaron a renunciar a la Comisión de Calificación de la iniciativa popular normativa denominada Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica.

En sun intervención en el Pleno, la legisladora expresó su malestar durante su discurso: “Me molesta esta actitud señores, y con todo el perdón, compañeros de mi bancada, porque sobre todo es el respeto a Sandra Figueroa, mujer de 54 años, madre y abuela (…) Comprendamos, por amor a Dios, la gente afuera se muere, se los he dicho más de una vez”.

Con esas palabras indicó que la obligaron a renunciar a esa Comisión, pese a que no tenía previsto hacerlo.

El pasado 31 de marzo, con 86 votos afirmativos, en el Órgano Legislativo se conformó la Comisión Calificadora de la iniciativa popular normativa para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Social Pacífica, auspiciada por el Acuerdo por la Seguridad, que, entre otros aspectos, prevé la creación y fortalecimiento del Cuerpo de Protección Ciudadana.

En un boletín, el Parlamento indicó que esa comisión está integrada por los legisladores Mario Amado Zambrano (ADN), Sandra Figueroa (RC) y Pablo Jurado (IND), y será la encargada de revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, como paso previo a la calificación de la iniciativa popular normativa presentada por la organización Acuerdo por la Seguridad, que busca contribuir, desde la sociedad civil, a los esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia social.

La propuesta legal pretende descongestionar a la Policía Nacional, fortalecer la prevención desde lo local, mejorar la respuesta en territorios específicos; promover la participación ciudadana y la confianza institucional, y optimizar el uso de recursos humanos, técnicos y financieros en materia de seguridad.

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