Nacionales
Jorge Glas consigue un octavo diferimiento del llamado a juicio por la corrupción en la reconstrucción de Manabí
La investigación es por peculado y apunta a nueve personas. La Fiscalía intenta demostrar el mal manejo de los fondos públicos asignados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
En la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la fiscal Diana Salazar presentará el dictamen de acusación del caso. Y, con base en los indicios recopilados en la instrucción fiscal, el juez Julio Inga resolverá cuantos de los nueve procesados irán a juicio.
Dentro de la lista de investigados sobresalen los nombre de Jorge Glas, exvicepresidente de la República, Walter Solís, exministro de Obras Públicas, y Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción.
La instalación de esta audiencia ha sido reiteradamente accidentada por las defensas, desde mayo de 2024. Para el 3 de diciembre de 2024, Inga había convocado al octavo intento de inicio de esta diligencia.
Sin embargo, esta vez, nuevamente hubo inconvenientes. Ni Glas ni su abogada, Vanessa Pullas, se presentaron a la audiencia, que había sido convocada para realizarse de manera presencial. Glas está preso en la Cárcel de Máxima Seguridad La Roca, en Guayaquil, desde abril de 2024.
En la víspera de instalación, la tarde del 2 de diciembre, Glas presentó un escrito solicitando un nuevo diferimiento, ya que su abogada estaría internada en una casa de salud privada de Santo Domingo de los Tsáchilas para lo que presentó un certificado médico asociado a una insuficiencia renal.
La fiscal Salazar se opuso al diferimiento. Hizo notar que el certificado presentado por Glas es una copia simple, no procede de una entidad de salud pública ni está avalado. Por lo que consideró que se trata de una nueva maniobra de dilación.
Por esta razón, Salazar solicitó que la defensa de Glas sea asumida por Diego Jaya, abogado de la Defensoría Pública. Esta petición fue respaldada por la Procuraduría y el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), como acusadores particulares.
Ante esta situación, Inga indicó que el certificado médico emitido por un ente privado no cumple con la normativa y no es suficiente para ejecutar un nuevo diferimiento. Por lo que acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso que Jaya represente al exvicepresidente.
Sin embargo, Jaya contestó que no estaba preparado para asumir la defensa de Glas y pidió un tiempo prudencial para prepararse y empaparse del caso. De esta manera, Inga resolvió un octavo diferimiento de la audiencia y la convocó para el 11 de diciembre de 2024, a las 08:00. Fuente: Primicias
Nacionales
Siete médicos del MSP, detenidos por fingir que un narco albanés fuera del país seguía en Ecuador
Siete médicos y un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) fueron detenidos durante la madrugada en Guayaquil, Quito y Macas. Según el ministro del Interior, John Reimberg, integraban una red que ayudó a Dritan Rexhepi, capo de la mafia albanesa, a aparentar que seguía en Ecuador, pese a que había salido del país en 2022.
La operación la ejecutaron la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, con 11 allanamientos. Cuatro de las detenciones se registraron en Guayaquil, tres en Quito y una en Macas. Los detenidos son investigados por presunta delincuencia organizada y por delitos como fraude procesal, suplantación de identidad, falsificación y uso de documentos falsos, y perjurio.
«Cuello blanco o no, no hay impunidad. Todo siempre es cuestión de tiempo», afirmó Reimberg en rueda de prensa en el Cuartel Modelo de Guayaquil.
Un narco fuera del país que seguía «presentándose»
Rexhepi fue condenado en Ecuador a 13 años de prisión por narcotráfico. Sin embargo, no estaba en la cárcel, sino bajo la medida de presentaciones periódicas ante la justicia.
De acuerdo con el Ministro, el albanés salió del país por el puente internacional de Rumichaca el 7 de septiembre de 2022, con una identidad falsa. En noviembre de 2023 fue detenido en Turquía. A inicios de 2025, fue extraditado a su natal Albania.
Aun así, en Ecuador seguían registrándose presentaciones a su nombre ante el SNAI, además de certificados médicos. Para justificarlas, la estructura habría usado documentos fraudulentos, firmas falsas, certificados irregulares y registros falsos de asistencia.
El elemento más llamativo del caso es un guante de látex con la huella dactilar de Rexhepi. «Con la vinculación de una persona del SNAI, tenían dentro de un guante de látex la huella dactilar de la persona para también hacer la presentación y así poder justificar que se encontraba aquí, cuando él seguía en actividades de narcotráfico», explicó Reimberg.
El funcionario del SNAI detenido sería quien facilitaba el uso del guante en el momento de cada presentación.
Un caso que estaba «en el cajón del olvido»
La investigación duró más de ocho meses. El Ministro aseguró que el expediente estuvo estancado hasta que la Policía pidió un cambio de fiscal. «Esta investigación estaba en el cajón del olvido, donde pensaban guardarlo hasta que esto se cierre», dijo. El caso pasó luego a una unidad especializada.
Sobre si hay funcionarios de la Fiscalía bajo sospecha, Reimberg indicó que aún se investiga quiénes permitieron que esto ocurriera. Añadió que los allanamientos también dejaron evidencias sobre otros posibles casos de corrupción en el sistema de salud pública.
Tampoco se precisó cuántas veces se usó el guante desde 2022, ya que eso depende de la frecuencia de las presentaciones que había dispuesto el juez. Fuente: Vistazo
Nacionales
Tras la detención de Xavier Jordán, ¿quiénes siguen prófugos en los casos Metástasis y Fernando Villavicencio?
Tras la detención de Xavier Jordán en Estados Unidos por temas migratorios, los casos Metástasis y Fernando Villavicencio vuelven al centro del escenario.
En el caso Metástasis, Jordán fue señalado como uno de los supuestos administradores de los bienes del narcotraficante Leandro Norero (+). Tiene pendiente la audiencia de juicio por presunta delincuencia organizada desde 2024.
Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que lo deportarán, aunque aún no hay una fecha para ello. Por su parte, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, estimó que esto se daría en unos 15 días aproximadamente.
Ronny Aleaga
En el primer caso, Aleaga es acusado de actuar como el operador político de Leandro Norero y Xavier Jordán en la Asamblea Nacional. Según Fiscalía, él es alias El Ruso en las conversaciones que se encontraron en el celular del narcotraficante. Tras destaparse el caso Metástasis, salió del país a finales de diciembre 2023 rumbo a Colombia y el último paradero que se le conoció fue Venezuela.
En julio de 2026, el presidente subrogante encargado de la Corte Nacional de Justicia, Alejandro Arteaga, solicitó formalmente a Venezuela la extradición de Aleaga.
Mientras que en el caso Magnicidio FV, el exasambleísta habría fungido como un nexo para conectar la esfera política y financiera con la criminal.
Caso Metástasis
Además de Aleaga, en el caso Metástasis siguen prófugos seis personas más, uno de los cuales tenía un alto perfil mediático. Se trata del abogado Cristian Romero, quien defendía a Leandro Norero y sus familiares. Para lograr recursos favorables sobornaba a jueces.
Romero también lideraba una estructura criminal para liberar presos a cambio de dinero, pagando favores a funcionarios del sistema judicial. El caso se llama Plaga y tiene suspendido el juicio por presunta delincuencia organizada. Se desconoce su paradero. Fuente: Vistazo
Nacionales
Apagón voluntario en Ecuador: 150 industrias dejarán de producir un día a la semana
Hay preocupación en el Gobierno por la constante disminución de los embalses en complejos como Mazar. Por eso, busca ahorrar agua en las hidroeléctricas para extender la entrega de energía al menos hasta octubre.
De otro lado, se ha insistido que no habrá apagones. Hay medidas como el apagón voluntario que regirá un día en la semana que está por empezar.
En Pichincha, Cuenca y Tungurahua se reparte el otro 10 % de empresas que este fin de semana esperan ponerse de acuerdo en el día en que pararan su producción. Unos 35 MW día de ahorro significaría el apagón voluntario, de ahí que surgen las críticas a la medida.
“Si bien es lo políticamente dañino para el Gobierno, estructuralmente es lo peor que le puede pasar al país. El mensaje que damos es de una infraestructura sumamente vulnerable”, Pablo Landázuri, empresario industrial.
En otra medida, hay un plazo que de cierre hasta el 15 de diciembre, fecha final en la que las empresas AV1 y AV2, que son las que mas energía consumen en el país deberán tener listos sus propios planes y sistemas de generación porque es el día en que el Gobierno los desconectara.
A dos meses y medio, empresarios y el Gobierno esperan que quienes no tengan como generar energía contraten una de las barcazas que ya no tiene contratos con el Estado. Sería una de las pocas alternativas que les queda para no cerrar. Fuente: Vistazo
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