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Jorge Glas consigue un octavo diferimiento del llamado a juicio por la corrupción en la reconstrucción de Manabí

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La investigación es por peculado y apunta a nueve personas. La Fiscalía intenta demostrar el mal manejo de los fondos públicos asignados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto del 16 de abril de 2016.

En la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la fiscal Diana Salazar presentará el dictamen de acusación del caso. Y, con base en los indicios recopilados en la instrucción fiscal, el juez Julio Inga resolverá cuantos de los nueve procesados irán a juicio.

Dentro de la lista de investigados sobresalen los nombre de Jorge Glas, exvicepresidente de la República, Walter Solís, exministro de Obras Públicas, y Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción.

La instalación de esta audiencia ha sido reiteradamente accidentada por las defensas, desde mayo de 2024. Para el 3 de diciembre de 2024, Inga había convocado al octavo intento de inicio de esta diligencia.

Sin embargo, esta vez, nuevamente hubo inconvenientes. Ni Glas ni su abogada, Vanessa Pullas, se presentaron a la audiencia, que había sido convocada para realizarse de manera presencial. Glas está preso en la Cárcel de Máxima Seguridad La Roca, en Guayaquil, desde abril de 2024.

En la víspera de instalación, la tarde del 2 de diciembre, Glas presentó un escrito solicitando un nuevo diferimiento, ya que su abogada estaría internada en una casa de salud privada de Santo Domingo de los Tsáchilas para lo que presentó un certificado médico asociado a una insuficiencia renal.

La fiscal Salazar se opuso al diferimiento. Hizo notar que el certificado presentado por Glas es una copia simple, no procede de una entidad de salud pública ni está avalado. Por lo que consideró que se trata de una nueva maniobra de dilación.

Por esta razón, Salazar solicitó que la defensa de Glas sea asumida por Diego Jaya, abogado de la Defensoría Pública. Esta petición fue respaldada por la Procuraduría y el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), como acusadores particulares.

Ante esta situación, Inga indicó que el certificado médico emitido por un ente privado no cumple con la normativa y no es suficiente para ejecutar un nuevo diferimiento. Por lo que acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso que Jaya represente al exvicepresidente.

Sin embargo, Jaya contestó que no estaba preparado para asumir la defensa de Glas y pidió un tiempo prudencial para prepararse y empaparse del caso. De esta manera, Inga resolvió un octavo diferimiento de la audiencia y la convocó para el 11 de diciembre de 2024, a las 08:00. Fuente: Primicias

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USD 270.000 se invirtió para poner en funcionamiento tomógrafo en el Hospital Isidro Ayora de Loja

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El tomógrafo de 128 cortes del Hospital General Isidro Ayora de Loja se encuentra nuevamente operativo, tras una inversión destinada a su mantenimiento y reposición de repuestos, lo que permitirá fortalecer el diagnóstico oportuno con tecnología de alta resolución en beneficio de pacientes de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe.

La reactivación del equipo se concretó por decisión del presidente Daniel Noboa, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y con el acompañamiento de la Vicepresidencia de la República, liderada por María José Pinto, como parte de la estrategia para reforzar la atención en salud con tecnología de punta.

Para este proceso se invirtieron USD 270 mil, recursos que permitieron la adquisición del tubo de repuesto y la ejecución del mantenimiento integral que requería el equipo biomédico. Con ello, el hospital podrá realizar estudios de alta resolución, garantizando resultados precisos, eficientes y de calidad para los pacientes.

En el sector privado, una tomografía simple tiene un costo aproximado de entre USD 45 y USD 80, mientras que una tomografía contrastada puede oscilar entre USD 100 y USD 300. En el sistema público de salud, estos estudios se realizan de manera gratuita.

Atención progresiva y articulación regional

Verónica Morocho, responsable del área de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, explicó que, mediante un plan de contingencia, el servicio de imagenología atenderá de forma progresiva los requerimientos de emergencia, hospitalización y consulta externa.

Además, señaló que los casos provenientes de hospitales básicos de la región serán canalizados a través de los sistemas de referencia y contrarreferencia, lo que permitirá una atención articulada entre las casas de salud del sur del país.

Pacientes ya se benefician del servicio

Uno de los primeros beneficiarios fue Beiker Rubén Mulla Jumbo, de 23 años, oriundo del cantón Yantzaza, quien requería tres estudios de tomografía en sus extremidades inferiores para determinar la complejidad de las lesiones y fracturas provocadas por un accidente de tránsito. El paciente expresó su agradecimiento al personal médico y hospitalario por la atención recibida.

Actualmente, el servicio de imagenología del hospital cuenta con siete médicos especialistas en imagenología y 12 licenciados y tecnólogos en radiología. En casos emergentes, el área opera las 24 horas, garantizando atención continua a los pacientes que lo requieran.

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Rosa Torres: “Se ha orquestado una campaña para intentar deslegitimarme”

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La asambleísta por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) Rosa Torres calificó como “una campaña cuidadosamente planificada” la difusión de videos, fotografías y otros contenidos que, según explicó, han sido manipulados o sacados de contexto con el objetivo de afectar su imagen pública.

“Rechazo estas prácticas y aclaro que no tengo ningún vínculo con hechos que puedan estar relacionados con actividades ilícitas. Yo no soy responsable por los actos que puedan cometer terceras personas. Yo respondo por mis acciones, mis principios y mi trayectoria académica me han llevado a trabajar en el servicio público desde distintos espacios donde la honestidad ha sido la guía de mis actos”, afirmó la legisladora.

Torres sostuvo que estos ataques coinciden con su trabajo en la Asamblea Nacional, donde ha impulsado reformas orientadas a transparentar los procesos de selección de jueces, fiscales y notarios, así como a eliminar conflictos de interés dentro del sistema judicial.

“Si creen que me van a amedrentar, están equivocados”, señaló.

La asambleísta también hizo un llamado a no desviar la atención de los temas prioritarios para el país y a elevar el nivel del debate público. “No caigamos en el juego de los cobardes que hoy intentan desviar la atención de los temas realmente importantes para defender sus intereses”, expresó.

Torres mencionó que las imágenes que circularon en redes sociales la relacionan de manera indirecta con personas vinculadas a hechos violentos ocurridos recientemente, entre ellos el caso de Stalin O., conocido como alias “Marino”, asesinado en una incursión armada en la isla Mocolí. Sin embargo, reiteró que no mantiene relación alguna con esos acontecimientos.

En días pasados, Torres habló sobre una campaña de «trolls» pagadas por el correísmo que han querido involucrarla en este caso. “Es lamentable como ponen estas falsas acusaciones. No es un video actual. No es coincidencia que hoy cuando vamos a tratar reformas profundas al sistema de administración de justicia”, señaló la también presidenta de la Comisión de Justicia.

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Ecuador pondrá fin al arbitraje por Coca Codo Sinclair y se encamina a entregar su administración a PowerChina

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Luego de que la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) resolviera el pasado 31 de diciembre poner fin al arbitraje que mantenía con la empresa china Sinohydro por deficiencias en la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, el Estado ecuatoriano se encamina a ceder la administración del complejo a la filial de la compañía asiática.

A través de esa acción, Ecuador reclamaba una compensación de USD 580 millones, tras haberse identificado más de 13.000 fisuras en los distribuidores del complejo, ubicado entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos. Tras su entrega, la obra nunca alcanzó la capacidad de generación de 1.500 megavatios que había sido ofrecida en el contrato.

Según reportó el portal de noticias Ecuavisa este lunes, el Gobierno habría aceptado recibir un pago de USD 400 millones, la mitad en efectivo y la otra en crédito de proveedor. Aquello coincide con declaraciones emitidas en diciembre del año pasado por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien dijo que Ecuador recibiría una compensación por dicha cifra, resuelta por medio de un acuerdo global de conciliación.

El proceso continuará con la definición de un acuerdo conciliatorio por parte de la Procuraduría General del Estado y la Corporación Eléctrica del Ecuador, documento que establecerá las condiciones para cerrar oficialmente la disputa legal. Dichos términos deberán ser notificados al Centro de Arbitraje de Madrid, instancia que trata la disputa y que debe emitir la resolución que deje sin efecto el arbitraje.

Incertidumbre en torno a cómo será operada la central

Hasta ahora se ha confirmado que PowerChina asumirá la gestión de la infraestructura, aunque persisten interrogantes sobre el modelo de operación, las tareas de mantenimiento y las medidas que se adoptarán para enfrentar los riesgos técnicos existentes.

Además de los problemas ya identificados, la obra, cuya construcción costó USD 1.011 millones, se ve amenazada por la erosión regresiva del río Coca, que avanza a pocos kilómetros de distancia, así como por el deterioro de los desarenadores, cuya acumulación de sedimentos compromete el funcionamiento.

Estos factores ponen en jaque la estabilidad de una instalación que aporta cerca de un cuarto de la energía eléctrica que consume el país. Fuente: Vistazo

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