El expresidente Lenín Moreno se quedará en el Ecuador “pase lo que pase” en el caso Sinohydro, aseguró su abogado David Meza en el arranque del juicio este lunes 11 de mayo en la Corte Nacional de Justicia en Quito.

A las instalaciones, en el norte de la capital, arribó el exmandatario junto a su esposa Rocío González, quien al igual que otros familiares de Moreno están implicados en esta trama de presunto cohecho.

Antes de que empiece la audiencia, el defensor de la familia, David Meza, negó que exista algún acuerdo con el gobierno de Daniel Noboa y recalcó que la decisión del expresidente de volver al país “es un baño de honestidad con el pueblo ecuatoriano para que vean que las personas que tienen la tranquilidad y la paz de la inocencia vuelven a enfrentar los juicios de frente”

Moreno regresó al país el pasado seis de mayo tras permanecer cinco años en el exterior. Esto provocó una serie de reacciones sobre todo de sus excompañeros correístas. De hecho, el propio Rafael Correa empezó a esparcir el rumor de un supuesto pacto.

Lenín Moreno y otras 20 personas fueron llamados a juicio por haber participado en una presunta red de corrupción en la adjudicación del contrato de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

El caso involucra también a la hija de Moreno, sus hermanos, su cuñada, dos exfuncionarios del sector eléctrico durante el correísmo y el que fue embajador de China en Ecuador, Cai Runguo.

Según la Fiscalía, los pagos indebidos alcanzan los 76.1 millones de dólares. Monto equivalente al 4% del valor total del contrato.

Además, la entidad asegura que hubo una triangulación mediante paraísos fiscales. “Recursos transferidos a cuentas en Panamá a través de empresas controladas por Conto Patiño y su entorno”.

Lenín Moreno ha insistido en su inocencia. En una reciente entrevista recordó que Rafael Correa firmó el contrato en el 2009. Él, por su parte, asegura que no conoció detalles de la obra ni fue a la inauguración.

Añadió que no ha recibido “un solo centavo de Sinohydro” y que implicarlo en el caso “es un acto de perversión” por parte de sus excompañeros correístas como “venganza” por eliminar la reelección indefinida y evitar que Ecuador “se vuelva una Cuba u otra Venezuela”. Fuente: Vistazo

Ecuavisa desmintió los rumores que circulaban en redes sociales sobre una supuesta venta del medio al Grupo Eljuri. A través de un comunicado oficial, el canal aseguró que es falsa la información que circula en redes sobre transferencias del paquete accionario del canal o cambios en su administración o línea editorial.

El pronunciamiento se difundió luego de varias publicaciones virales que afirmaban un presunto cambio de propietarios. La empresa, fundada el 1967, reiteró que mantiene su funcionamiento habitual y su estructura actual.

En el mismo comunicado, la televisora reiteró su postura institucional y línea de trabajo periodístico. “Ratificamos nuestro compromiso con la verdad, la información responsable y el servicio a los ecuatorianos”.

Las versiones sobre una supuesta venta del canal comenzaron a circular a primeras horas de la mañana de este sábado, 9 de mayo, en cuentas de redes sociales de supuestos medios informativos.

Ninguna de estas afirmaciones fue respaldada con información oficial o documentos públicos. Esto llevó al canal a emitir un pronunciamiento para desmentirlo. La televisora no dio detalles sobre el origen específico de los rumores, pero insistió en que no existe ningún proceso de venta en curso. Con la publicación, el canal dijo que continuará operando bajo su compromiso informativo habitual. Fuente: Vistazo

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) informó que la Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe con los reportes finales de calificación de méritos dentro del concurso público para designar al nuevo Fiscal General del Estado (FGE). En total, 28 postulantes fueron evaluados en esta fase del proceso.

Tras la notificación oficial de resultados, los aspirantes tendrán un plazo de tres días para solicitar reconsideraciones. La calificación de méritos se divide entre postulaciones de hombres y mujeres, con una puntuación máxima de 50 puntos que ningún postulante alcanzó.

En la categoría femenina, la puntuación más alta fue para Daniella Camacho, con 48 puntos. Su nombre cobró notoriedad pública por haber sido la jueza ponente del caso Sobornos. En ese proceso judicial fueron condenados varios exfuncionarios vinculados al correísmo, entre ellos Rafael Correa y Jorge Glas.

Camacho es funcionaria de carrera. Ingresó al sistema judicial como agente fiscal en 2001 y fue fiscal de Pichincha. En 2012 pasó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) como conjueza y desde el 2018 es magistrada nacional.

En dos ocasiones buscó la presidencial de la CNJ. En 2024, cuando le ganó José Suing, y en enero de este año, cuando la institución atravesaba una crisis y en una estrepitosa sesión eligieron un nuevo presidente. “Por ser la jueza más antigua, estoy encargada de la presidencia del pleno”, dijo Camacho en aquella ocasión.

La jueza condenó al excontralor Carlos Pólit y su hijo en el caso Odebrecht. Los reflectores también se posaron sobre ella cuando se excusó de conformar el tribunal en los casos Independencia Judicial y Metástasis. ¿La razón? Su amistad con Wilman Terán, el expresidente de la Judicatura que terminó en la cárcel por sus vínculos con la red de Leandro Norero.

Alarcón también tuvo a su cargo el caso Nene, que involucraba al hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, y actuó en el caso de presunto peculado en las pólizas de PetroEcuador con seguros La Unión, empresa representada por el hermano de la exesposa de Daniel Noboa.

Era parte de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía. Cuando el Fiscal subrogante Wilson Toainga anticipó su renuncia, la Procuraduría le dio la potestad al Consejo de la Judicatura de designar un nuevo subrogante: entre los que se eligió a Alarcón por su perfil técnico y estudios, argumentaron los vocales de la Judicatura.

Es abogado por la Universidad de Cuenca con dos especializaciones en Derecho Penal y un máster en Criminología Compleja. Empezó su carrera en la función judicial en 2010 como secretario de fiscales. Ya como Fiscal subrogante ha negado que haya persecución política contra Aquiles Álvarez.

Una de sus últimas actuaciones fue la presentación de una denuncia contra el movimiento Revolución Ciudadana ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ya que en Fiscalía se investiga al correísmo por un presunto delito de lavado de activos. El TCE suspendió al movimiento y no participará en las seccionales de 2027. Fuente: Vistazo