El testimonio de quienes conocen la montaña desde hace décadas se ha convertido en una pieza clave para comprender la magnitud del aluvión ocurrido entre el 3 y el 4 de julio en el sector de Kantzama, parroquia Guadalupe. Manuel Gómez, agricultor del barrio El Cristal, parroquia Imbana, recorrió la zona donde se originó el deslizamiento y describió los severos daños ocasionados tanto en la parte alta como en las comunidades ubicadas aguas abajo.

Gómez explicó que posee una finca ubicada en la parte posterior de la montaña donde se produjo el deslizamiento y que el domingo, una vez disminuyeron las lluvias, decidió caminar hasta el lugar para verificar el estado de sus animales y de la propiedad.

«Cuando llegué vi el enorme derrumbe. El camino había desaparecido y tuve que buscar otra ruta para avanzar. El daño es terrible», relató.

Durante el recorrido constató que la fuerza del deslizamiento también afectó predios ganaderos de la zona. Según indicó, aproximadamente nueve reses pertenecientes a un familiar fueron arrastradas por la avalancha, además de extensas áreas productivas que quedaron completamente cubiertas por lodo, rocas y material vegetal.

El agricultor confirmó que el terreno donde se originó el deslizamiento corresponde a una finca de la familia Lozano, la cual sufrió pérdidas considerables debido a la magnitud del evento.

Uno de los aspectos más relevantes de su testimonio es que, aproximadamente un mes antes de la tragedia, observó señales de inestabilidad en la montaña.

«Hace un mes ya se había derrumbado una parte y la tierra estaba partida. Como siempre iba a mi finca, veía ese sector, pero jamás imaginé que terminaría reventándose casi todo el cerro», explicó.

Estas observaciones podrían aportar elementos importantes para los estudios técnicos que desarrollan las autoridades competentes con el fin de determinar las causas del desastre y fortalecer los sistemas de monitoreo y prevención en zonas de alta susceptibilidad geológica.

Gómez descartó que en el lugar existieran actividades mineras o procesos recientes de tala que hubieran alterado directamente la estabilidad del terreno.

«No había minería. Todo ese cerro era monte. Lo que provocó esto fueron las intensas lluvias», afirmó.

El agricultor también advirtió que, tras el gran deslizamiento, parte del material permanece acumulado en la quebrada, formando represamientos temporales que continúan generando desprendimientos durante las precipitaciones.

«Hoy martes (Martes 7 de julio) a las cinco de la mañana volvió a bajar material. El agua está represada y sigue desbordándose porque la tierra quedó muy suelta», señaló.

Aunque considera que el deslizamiento principal ya liberó la mayor parte del material inestable, manifestó que existen otros sectores cercanos donde se observan nuevas fracturas que podrían representar riesgos si continúan las lluvias.

Actualmente, únicamente tres finqueros mantienen propiedades en la zona alta donde nació el deslizamiento, un territorio de difícil acceso que requiere entre tres y cuatro horas de caminata desde el barrio El Cristal.

El desastre también ha afectado la actividad agropecuaria de las familias que dependen de estos terrenos para su sustento, obligándolas a movilizar el ganado y reconstruir caminos improvisados para acceder nuevamente a sus predios.

Para el periodista Alcibar Lupercio, el testimonio de Manuel Gómez evidencia la importancia del conocimiento local en la comprensión de los procesos naturales que anteceden a eventos extremos. Asimismo, plantea la necesidad de fortalecer los sistemas comunitarios de alerta temprana, realizar evaluaciones geotécnicas permanentes y desarrollar políticas de gestión del riesgo que permitan proteger a las poblaciones asentadas en zonas vulnerables de la provincia de Zamora Chinchipe.

Las investigaciones técnicas y el seguimiento de las condiciones geológicas serán determinantes para prevenir nuevas emergencias y garantizar la seguridad de las comunidades que aún permanecen expuestas a posibles movimientos de tierra.

En una entrevista concedida, la directora provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe, Vilma Armijos, informó sobre las acciones implementadas para fortalecer el servicio de justicia y garantizar la continuidad de la atención judicial en la provincia, pese a las recientes vacantes generadas por la jubilación de jueces.

La funcionaria anunció como principal avance la incorporación de una jueza titular para la Unidad Judicial Multicompetente de Centinela del Cóndor, despacho que permanecía sin un juez estable desde hace varios meses. Señaló que este resultado responde a un trabajo de gestión desarrollado desde el año anterior por la Dirección Provincial, en coordinación con las autoridades de planta central del Consejo de la Judicatura.

Armijos explicó que la designación permitirá brindar mayor estabilidad al servicio judicial en ese cantón y evitar que los procesos continúen siendo atendidos únicamente mediante encargos y subrogaciones, situación que limitaba la capacidad de respuesta de la unidad judicial.

La directora también informó que el pasado 30 de junio se acogió a la jubilación un juez de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe, lo que generó una nueva vacante en la Sala Provincial. Ante esta situación, el Consejo de la Judicatura activó un plan de contingencia para garantizar que el servicio no se interrumpa.

Indicó que, tras un análisis técnico realizado junto a las áreas de Talento Humano y Gestión Procesal, se descartó efectuar una redistribución interna de jueces debido a que todas las unidades judiciales de la provincia operan con el número mínimo de magistrados y no existen jueces excedentes que puedan ser reasignados sin afectar otros despachos.

Asimismo, explicó que trasladar un juez del Tribunal de Garantías Penales habría comprometido el desarrollo de 42 audiencias de juicio programadas entre junio y septiembre, varias de ellas relacionadas con personas privadas de libertad bajo prisión preventiva, lo que podría generar retrasos procesales.

Frente a este escenario, la Dirección Provincial aplicó la Resolución No. 090-2020 del Consejo de la Judicatura, normativa que permite solicitar apoyo temporal a jueces de otras provincias. Como resultado de esta gestión, se consiguió la subrogación de un juez especializado en materia civil proveniente de la Corte Provincial de Loja, quien asumió temporalmente las funciones del despacho vacante.

Armijos señaló que, en caso de requerirse nuevas subrogaciones en otras materias, la institución recurrirá progresivamente a las provincias de Loja, Morona Santiago y, de ser necesario, Azuay, conforme al procedimiento establecido por la normativa vigente.

En relación con la Unidad Judicial Multicompetente de Centinela del Cóndor, la directora informó que actualmente existen aproximadamente 900 causas en trámite, acumuladas durante el período en que la dependencia funcionó únicamente con jueces encargados.

Precisó que la nueva jueza, junto con la secretaria de la unidad, ya trabaja bajo una planificación priorizada para atender inicialmente los procesos de mayor urgencia, especialmente aquellos relacionados con adolescentes infractores, medidas cautelares y causas donde existe riesgo de prescripción de la prisión preventiva.

La autoridad pidió comprensión a los usuarios de los cantones Centinela del Cóndor, Nangaritza y Paquisha, indicando que la reducción del rezago procesal será gradual, debido al elevado número de expedientes acumulados y al tiempo durante el cual la unidad judicial careció de un juez titular.

Finalmente, Vilma Armijos reiteró el compromiso institucional de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe de garantizar la continuidad del servicio judicial, fortaleciendo la cobertura en la provincia mediante una gestión basada en la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia administrativa.

La funcionaria aseguró que el objetivo permanente es evitar la paralización del sistema de justicia y continuar impulsando acciones que permitan brindar una atención oportuna y de calidad a los ciudadanos de Zamora Chinchipe.

El coronel de Policía Gabriel Paul Villavicencio Salazar, comandante de la Subzona de Policía Zamora Chinchipe N.° 19, informó en rueda de prensa los resultados de un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador en el asentamiento minero de Chinapintza, cantón Paquisha, que permitió la aprehensión de tres presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) «Los Lobos», quienes serían investigados por su presunta participación en delitos de secuestro y extorsión.

De acuerdo con la información oficial, las investigaciones determinaron que los sospechosos habrían mantenido un esquema de intimidación dirigido contra comerciantes, propietarios de establecimientos y trabajadores mineros de este importante sector productivo de la provincia de Zamora Chinchipe.
Según explicó el comandante de la Subzona, los presuntos implicados exigían pagos que oscilaban entre 1.000 y 2.500 dólares estadounidenses, ofreciendo una supuesta protección a sus víctimas. Como parte del mecanismo de presión, presuntamente utilizaban aplicaciones de mensajería instantánea para enviar amenazas acompañadas de imágenes de explosivos y de establecimientos comerciales, con el propósito de generar temor y obtener beneficios económicos ilícitos.

La operación fue desarrollada por personal especializado de la Dirección General de Inteligencia y de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestro y Extorsión (UNASE), cuyos equipos ejecutaron labores de inteligencia, recopilación y análisis de información, además de acciones investigativas orientadas a identificar, ubicar y neutralizar a los presuntos responsables.

Como resultado de la intervención policial fueron aprehendidos Jair, de 31 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, conocido con el alias de «Jair»; Alex S., de 31 años, alias «El Gato»; y Brian N., de 24 años, alias «Patrucho», quien registra antecedentes por el delito de extorsión en la provincia de El Oro, específicamente en Machala, con fecha 4 de agosto de 2025, según informó la Policía Nacional.

Durante el operativo, los agentes levantaron varios indicios considerados relevantes para la investigación, entre ellos una pistola calibre 9 milímetros, un cargador para arma de fuego, seis municiones calibre 9 milímetros, una motocicleta marca Danger 250 sin placas, cinco tacos de dinamita armados y listos para detonar, una radio de comunicación Motorola con su respectiva base, dos teléfonos móviles, 150 dólares en efectivo, siete comprobantes de transferencias bancarias, tres prendas de vestir, aproximadamente 20 gramos de marihuana y 7 gramos de pasta base de cocaína.

Los tres aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el desarrollo de las diligencias judiciales correspondientes, mientras que los indicios ingresaron bajo la respectiva cadena de custodia para las pericias e investigaciones técnicas.
Durante su intervención, el coronel Villavicencio reiteró que la Policía Nacional mantiene una estrategia permanente de combate al crimen organizado mediante operaciones de inteligencia e investigación criminal, con el objetivo de desarticular estructuras delictivas que afectan la seguridad ciudadana, especialmente en zonas de alta actividad minera.

La institución enfatizó que este tipo de acciones buscan fortalecer la tranquilidad de la población de Zamora Chinchipe y reducir el impacto de organizaciones criminales dedicadas a delitos como la extorsión y el secuestro, fenómenos que han incrementado su presencia en distintos sectores del país.