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Inspirado en una narconovela, abogado propuso a Norero quemar Criminalística

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La Fiscalía General continúa publicando de a poco los chats que el narcotraficante Leandro Norero mantenía desde prisión con los integrantes de su círculo más cercano. Esas conversaciones son el principal indicio en el denominado caso Metástasis, en el que se investiga un presunto delito de delincuencia organizada.

Tras el asesinato de Norero en la Cárcel de Cotopaxi, en octubre de 2022, el Ministerio Público halló 15 teléfonos en esa prisión. De esos celulares, los peritos materializaron más de 14.000 páginas de chats que se enviaron a través de la aplicación Threema.

En las últimas horas, la Fiscalía ha hecho públicas nuevas conversaciones de Norero con sus abogados Helive Angulo y Cristian Romero; así como con su supuesto socio Xavier Jordán.

Las relaciones políticas de Norero

Las obras de ‘Agustín’

En uno de los chats con Helive Angulo, alias ‘Estimado’, el 28 de mayo de 2022, Norero le preguntó «¿Agustín, qué dice de todo esto?»

Angulo le respondió que tenía todo el apoyo de «Agustín», que él no se iba a tirar para atrás. «Pero que las obras actuales no deben parar porque generamos suspicacias, obras nuevas ya sería cuando usted esté recuperado de todo».

Además, Angulo le señaló a Norero que «Agustín» le dijo que si paraban las obras daría a entender que todos los fondos venían de él.

La alternativa que encontraron es que, con el mismo dinero que Agustín debía pagar, se pueda seguir trabajando en dichas obras.

«Agustín está de pecho, dice que cuando él necesitó ayuda usted se la dio y él ahora se la dará a usted», le reportó ‘Estimado’ a Norero.

El 15 de diciembre pasado, durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar aseguró que la organización de Norero planificaba delitos contra la administración pública a través de entidades como el Municipio de Manta, en coordinación con el exalcalde Agustín Intriago, quien fue asesinado a mediados de 2023.

La Miss que le presentó a Litardo

El 13 de julio de 2022, Norero y Angulo hablaron del avance de los casos penales y de las pruebas que había conseguido la Fiscalía. En medio de la conversación, ‘Estimado’ le dijo a Norero que uno de sus contactos le preguntó por Landy P. G., quien fue virreina de Quevedo en 2019 y participó en Miss Ecuador en 2022.

El 13 de julio de 2022, Norero y Angulo hablaron del avance de los casos penales y de las pruebas que había conseguido la Fiscalía.

En medio de la conversación, ‘Estimado’ le dijo a Norero que uno de sus contactos le preguntó por Landy P. G., quien fue virreina de Quevedo en 2019 y participó en Miss Ecuador en 2022.

La respuesta de Norero fue en forma desesperada:

«¿Qué dicen de ella? Chuzo mi estimado. Por nada del mundo tiene que aparecer».

Angulo le dijo que en las investigaciones ella apareció como dueña de una importadora y que por ahí la querían vincular al caso de Norero por lavado de activos. Este respondió que esa importadora no era de ella.

Norero repitió varias veces que el nombre de Landy P. G. no podía aparecer relacionado con él, ya que «el mundo se me viene encima».

Según Norero, esta mujer le presentó a César Litardo, expresidente de la Asamblea Nacional, y a algunos generales. Pero, sobre todo, su miedo era que su mujer, Lina Romero, se enterara de que había una relación entre los dos.

Planes de atentados

«Disfrazado de policía como Gonzalo Gaviria»

Mientras buscaban jueces y fiscales que los ayuden a liberar a Norero y su familia, los abogados del equipo del ‘capo’ también ideaban planes para desaparecer evidencia.

El 21 de junio de 2022, Helive Angulo le propuso a Norero «quemar la Fiscalía en Quito». El objetivo era desaparecer los celulares, las cámaras y todo lo que se guardaba como evidencia de los casos contra el narcotraficante.

‘Estimado’ agregó que en ese sitio había tantas pruebas de tantos casos, que nadie sabría quién mandó a quemar. «Mándelo a Ángel que se suicide allá», le recomendó Angulo. Incluso, como en esos días se realizaba el paro nacional, le dijo que ni los bomberos podrían llegar.

El objetivo que planteaba Angulo era la sección de audio y video del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, ubicado en el norte de Quito. Incluso, le envió algunas fotos de la fachada a Norero.

Pero Norero tenía dudas, por ejemplo, cómo entrar a una dependencia policial sin levantar sospechas.

«Vestido de policía tipo Gonzalo Gaviria, cuando entró a una clínica», le propuso Ángulo haciendo referencia a una escena de la narconovela colombiana ‘El Patrón del Mal’, en la que se cuenta la vida de Pablo Escobar.

Atentados a periodistas

El 16 de junio de 2022, ‘Estimado’ y Norero hablaron sobre un periodista de Manabí. ‘Estimado’ le pidió a Norero que «había que levantarlo rápido» porque en cualquier momento podía publicar un video que lo comprometía.

Norero le pidió fotos, nombres completos y direcciones. Angulo le envió los datos y también las fotografías del periodista y de la fachada de su oficina.

Pero no solo con Angulo, Norero habla de atentar contra periodistas. El 8 de julio de 2022, Xavier Jordán -supuesto socio de Norero- le pidió al narcotraficante que atente contra un periodista para dejar un «precedente».

Jordán proponía atacar a una periodista y a un empresario relacionado con diario Expreso y a reporteros de los canales Ecuavisa y Teleamazonas.

«Tendrán que pensar bien qué hablan (…) Te pido como amigo, has algo, deja un precedente nada más», le pedía Jordán. Fuente: Primicias

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Fiscalía pide prisión preventiva para el alcalde de Machala, Darío Macas, y otras medidas cautelares

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La Fiscalía General del Estado pidió que se imponga prisión preventiva contra el alcalde de MachalaDarío Macas, y su esposa Carmen Ch. P., por su presunta implicación en el delito de enriquecimiento ilícito.

La audiencia de formulación de cargos se instaló la mañana de este martes 7 de julio, de forma telemática, ante un juez de la provincia de Pichincha.

Con base en los elementos de convicción recabados durante la investigación, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para el burgomaestre y su esposa, quienes fueron aprehendidos el lunes durante un operativo ejecutado en la provincia de El Oro.

Como medida cautelar de carácter real, la institución también solicitó la retención de los valores que ambos mantienen en entidades del sistema financiero.

Presuntos movimientos millonarios del alcalde

Las indagaciones apuntan a que el alcalde y su esposa habrían incrementado de manera injustificada su patrimonio en aproximadamente USD 6 millones entre 2019 y 2025.

Entre los hallazgos, el ministro del Interior, John Reimberg detalló que se detectaron empresas ‘fantasma‘ utilizadas para el movimiento de recursos y mencionó el caso de una compañía creada en 2025, en la que, según dijo, Darío Macas posee el 90 % de las acciones y que habría prestado servicios al Municipio de Machala.

Asimismo, indicó que los investigadores detectaron movimientos financieros superiores a los USD 6 millones, además de cheques y retiros en efectivo por cerca de USD 750.000, que eran cobrados directamente en ventanilla.

Reimberg también afirmó que se identificaron depósitos de USD 400.000 y USD 500.000 en distintas cuentas bancarias.

La Fiscalía General del Estado informó que durante los allanamientos se levantaron diversos indicios, entre ellos teléfonos celulares, documentación, registros financieros y dinero en efectivo, para incorporar a la investigación. Fuente: Vistazo

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La penalista María Ruiz alerta sobre riesgos de responsabilidad objetiva en Ecuador

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En el marco de la segunda temporada del programa académico La Tertulia Jurídica, se desarrolló una destacada exposición de la jurista y abogada penalista María Ruiz, quien abordó el tema “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prohibición de la responsabilidad objetiva en Derecho Penal”, generando un amplio análisis comparativo entre las legislaciones de Ecuador y España.

María Ruiz, profesional que ejerce la abogacía penal tanto en España como en Francia y que actualmente desarrolla estudios doctorales (PhD) en Ecuador, explicó que la responsabilidad penal corporativa constituye uno de los debates más complejos y relevantes dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en países latinoamericanos donde la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación.
Durante su intervención, la especialista sostuvo que el principio de culpabilidad representa uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal moderno, destacando que dentro de este se incluyen subprincipios esenciales como la personalidad de las penas, la responsabilidad por el hecho, la imputación personal y la prohibición de la responsabilidad objetiva.

“La gran problemática jurídica radica en determinar si el principio de culpabilidad puede aplicarse plenamente a las personas jurídicas, considerando que estas carecen de voluntad propia y constituyen una ficción legal”, señaló la jurista.

En su exposición, Ruiz explicó que existen dos grandes corrientes doctrinarias respecto a este debate. Por una parte, sectores académicos consideran que el principio de culpabilidad no puede trasladarse íntegramente a las empresas, debido a la estrecha relación que este mantiene con la dignidad humana. Por otra, una corriente mayoritaria sostiene que, al imponerse sanciones penales a las personas jurídicas, necesariamente deben aplicarse también las garantías fundamentales del Derecho Penal.

La jurista analizó además la regulación vigente en España, particularmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, así como el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, enfatizando que ambos sistemas jurídicos buscan establecer mecanismos de atribución de responsabilidad penal para empresas y organizaciones.

En este contexto, María Ruiz advirtió sobre los riesgos de incurrir en modelos de responsabilidad objetiva, especialmente cuando no se exige de forma clara la demostración de dolo, culpa o incumplimiento de deberes de control dentro de las organizaciones empresariales.

“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede sustentarse únicamente en la transferencia automática del delito cometido por una persona física hacia la empresa; debe existir siempre prueba del incumplimiento de deberes de supervisión, vigilancia y control”, explicó.

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el análisis del denominado “defecto de organización”, entendido como la ausencia de mecanismos adecuados de prevención y control dentro de las empresas, aspecto que —según la especialista— constituye el núcleo esencial para atribuir responsabilidad penal corporativa.

Asimismo, Ruiz abordó las diferencias existentes entre los sistemas de imputación penal en España y Ecuador, señalando que la normativa ecuatoriana aún presenta vacíos interpretativos que podrían generar riesgos de vulneración al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva.

La académica también analizó figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento privado no justificado contemplados en el COIP ecuatoriano, indicando que ciertas interpretaciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba hacia el acusado, afectando garantías fundamentales del debido proceso.

Durante el programa, la jurista destacó la importancia de fortalecer los sistemas corporativos y de implementar adecuados modelos de supervisión interna dentro de las empresas, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y garantizar el respeto a los principios constitucionales del Derecho Penal.

El espacio académico permitió además abrir el debate sobre la necesidad de desarrollar una doctrina más sólida en Ecuador respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tomando como referencia la experiencia europea y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Español.

La participación de María Ruiz en La Tertulia Jurídica fue valorada como un importante aporte académico para estudiantes, profesionales del Derecho, jueces y ciudadanía interesada en la evolución del Derecho Penal corporativo en Ecuador y Latinoamérica.

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Condenan a siete años de prisión para exalcalde de Taisha por enriquecimiento ilícito

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La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado sentenció a siete años de prisión a Cergio Ayuy, exalcalde del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, al encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor directo. La decisión fue notificada la tarde de este viernes 3 de julio de 2026.

Además de la pena privativa de libertad, el fallo impuso la pérdida de los derechos políticos del exfuncionario, lo cual significa que no podrá postularse a cargos de elección popular, ejercer funciones públicas ni contratar con el Estado.

Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, fijada en USD 6.800, de acuerdo con el salario básico vigente en 2014.

Fiscalía sostuvo que existió un incremento patrimonial injustificado

De acuerdo con la acusación, el entonces alcalde presentó al inicio de su administración, el 14 de mayo de 2014, una declaración patrimonial juramentada en la que reportó bienes por USD 18.900.

Sin embargo, durante el ejercicio de sus funciones no presentó las declaraciones patrimoniales periódicas exigidas por la normativa, ni tampoco las correspondientes al cierre de sus administraciones en 2016 y 2019.

La Fiscalía expuso que, mientras ejercía el cargo, el exalcalde recibió depósitos que excedían los ingresos correspondientes a su remuneración, adquirió un vehículo y un inmueble, además de cancelar diversas obligaciones económicas.

Tras el análisis financiero, el Ministerio Público concluyó que el incremento patrimonial sin justificación ascendió a USD 312.958.

Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y peritos que participaron en la pericia contable y en el reconocimiento del lugar de los hechos.

Asimismo, incorporó 28 pruebas documentales, entre ellas el informe con indicios de responsabilidad penal elaborado por la Contraloría, pericias contables y financieras, reportes de la UAFE, roles de pago, declaraciones patrimoniales y certificaciones relacionadas con la propiedad de bienes muebles e inmuebles.
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