En el marco de las operaciones permanentes de control territorial y de combate a las economías ilícitas, las Fuerzas Armadas del Ecuador interceptaron una camioneta que transportaba 28.000 dólares en efectivo, cuya procedencia no pudo ser justificada por la persona que lo movilizaba.

El procedimiento se desarrolló en el sector La Chacra, cantón Zamora, durante una operación de Control de Armas, Municiones y Explosivos (CAMEX) realizada por personal militar. Como parte de los protocolos de seguridad, los uniformados detuvieron la marcha del vehículo y realizaron una inspección, en la que encontraron la considerable suma de dinero.

De acuerdo con la información oficial, el portador del efectivo no presentó documentación que acreditara el origen lícito de los recursos, por lo que tanto el dinero como las demás evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones y la aplicación de los procedimientos legales correspondientes.

Este tipo de intervenciones forman parte de la estrategia institucional orientada a fortalecer el control territorial y reducir las actividades vinculadas a economías ilícitas, especialmente en provincias fronterizas como Zamora Chinchipe, donde la ubicación geográfica demanda una vigilancia permanente para prevenir delitos relacionados con el crimen organizado, el tráfico ilegal y otras actividades que afectan la seguridad pública.

Las Fuerzas Armadas reiteraron que continuarán ejecutando operaciones militares en diferentes sectores del país con el propósito de reforzar la seguridad ciudadana, apoyar a las instituciones del Estado en el cumplimiento de la ley y contribuir a la protección del orden público mediante acciones coordinadas de control y prevención.

Durante una nueva edición del programa La Tertulia, el abogado y jurista Ricardo Molina desarrolló una amplia exposición sobre la responsabilidad penal del subordinado dentro de la empresa y la importancia de los flujos de información, destacando la necesidad de replantear los criterios tradicionales con los que se atribuye responsabilidad penal en las estructuras empresariales modernas.

Al inicio de su intervención, Molina explicó que su interés académico se centra en el estudio permanente del derecho y en la generación de espacios de debate jurídico que permitan fortalecer la formación profesional de las nuevas generaciones de abogados. En ese contexto, abordó uno de los temas más complejos del derecho penal empresarial: la determinación de la responsabilidad penal dentro de organizaciones con estructuras corporativas complejas.

El jurista señaló que uno de los errores más frecuentes consiste en atribuir automáticamente la responsabilidad penal al gerente general o representante legal cuando se conoce de un hecho ilícito dentro de una empresa. Según explicó, este criterio desconoce la realidad organizacional de las compañías actuales, caracterizadas por la existencia de múltiples niveles jerárquicos, delegación de funciones y especialización técnica.

Molina sostuvo que la responsabilidad penal debe individualizarse conforme al hecho propio de cada persona y no únicamente por el cargo que ocupa dentro de la organización. En ese sentido, enfatizó que la imputación debe fundamentarse en criterios de imputación objetiva y subjetiva, considerando la posición de garante, la creación o incremento del riesgo jurídicamente desaprobado, las competencias específicas de cada trabajador y la estructura organizativa de la empresa.

Durante su análisis, explicó que el artículo 49, numeral 9, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) reconoce la denominada posición de garante, principio mediante el cual cada integrante de la empresa responde por las actuaciones que le corresponden dentro de sus funciones. Bajo esta perspectiva, afirmó que el representante legal no asume automáticamente el cien por ciento de la responsabilidad, ya que esta también recae sobre quienes ejercen funciones técnicas, administrativas o especializadas mediante procesos de delegación.

Asimismo, destacó que la delegación de funciones constituye una necesidad propia de las empresas modernas, debido a la imposibilidad material de que un solo directivo supervise todas las actividades operativas. No obstante, aclaró que quien delega mantiene un deber residual de supervisión, mientras que el delegado conserva la obligación de rechazar o denunciar cualquier instrucción manifiestamente ilícita.

Uno de los aspectos centrales de la conferencia fue la importancia de los flujos de información dentro de las organizaciones. Molina afirmó que una empresa solo puede prevenir riesgos penales cuando cuenta con canales de comunicación ágiles, efectivos y oportunos entre los distintos niveles jerárquicos. A su criterio, las estructuras excesivamente rígidas favorecen la pérdida de información relevante, dificultan la prevención de delitos y aumentan la exposición de la organización a responsabilidades penales.

El especialista también abordó los llamados sesgos organizacionales, particularmente los sesgos de conformidad y obediencia. Explicó que estos fenómenos provocan que los trabajadores normalicen prácticas irregulares o atribuyan toda responsabilidad a los superiores jerárquicos, debilitando la cultura de cumplimiento y dificultando la identificación del verdadero responsable de una conducta ilícita.
Como ejemplo práctico, hizo referencia a los delitos ambientales, indicando que, en casos de vertidos ilegales de sustancias químicas, la responsabilidad no necesariamente corresponde al gerente general, sino al profesional técnico que tenía el conocimiento especializado, la capacidad de control y la obligación funcional de prevenir el riesgo.

En la parte final de su exposición, Ricardo Molina comparó dos modelos de organización empresarial: el modelo Top-Down, que concentra la responsabilidad en los niveles superiores, y el modelo Bottom-Up, que propone analizar las conductas desde los niveles operativos hacia la alta dirección. Según manifestó, este último permite una individualización más precisa de la responsabilidad penal y fortalece los sistemas de prevención dentro de las organizaciones.

Finalmente, el jurista concluyó que el derecho penal empresarial moderno exige comprender la complejidad de las estructuras corporativas, privilegiando el análisis de las funciones, competencias, conocimientos técnicos y deberes específicos de cada integrante de la empresa, antes de atribuir responsabilidades penales únicamente por razones jerárquicas.

Por: Alonzo Cueva

La madrugada del pasado 4 de julio, la naturaleza descargó su fuerza sobre la parroquia Guadalupe. Un desprendimiento masivo en la cima de la cordillera provocó un aluvión devastador que golpeó con dureza a Santa Isabel y Cantzama. Más allá de la crudeza del temporal, lo que llama profundamente a la reflexión es la inmediata reacción gubernamental de encasillar esta catálofe estrictamente geológica como una consecuencia de la actividad minera. Más que un error de apreciación técnica, este empeño discursivo parece responder a una calculada estrategia política.

Es necesario analizar el escenario regional con total objetividad para no caer en sesgos comunes. Nadie desconoce que, en sectores como Chamico, Nambija Bajo, las comunidades adyacentes a las cuencas de los ríos Zamora, Nangaritza, y algunas ubicadas en las márgenes del mismo río Yacuambi donde las inundaciones recurrentes guardan una relación directa con la minería aluvial y la falta de una planificación y regularización integral en el territorio. Sin embargo, el caso de Cantzama es radicalmente distinto. En esta zona no se realiza actividad minera; y este blindaje ambiental no obedece a un control estatal, sino a la firme y pacífica postura del pueblo guadalupano, que históricamente ha protegido este espacio como un santuario turístico de aguas cristalinas.

¿Por qué entonces el discurso oficial insiste en agitar el fantasma de la minería en un territorio libre de ella? La respuesta de fondo devela una doble intención política que busca evadir realidades complejas. Por un lado, culpar de forma generalizada a la minería funciona como la coartada perfecta para legitimar operativos de persecución y criminalización en contra de un sector que, lejos de ser el enemigo, ha sido el motor histórico que dinamiza la economía formal y popular de Zamora Chinchipe. Por el otro, esta narrativa busca blindar al centralismo de la fiscalización pública, construyendo un pretexto ideal para desviar la atención sobre las tareas pendientes en gestión de riesgos en laderas altas y sistemas de alerta temprana.

Adoptar una postura de confrontación total o de oposición ciega frente al Estado no soluciona los problemas estructurales de la provincia. Las autoridades tienen la responsabilidad técnica de investigar integralmente el territorio, pero no pueden utilizar el lodo y el dolor de una tragedia natural como una herramienta de castigo político o estigmatización gremial. Inventar causas mineras donde no existen solo para justificar agendas de control trunca los caminos hacia la regularización formal que miles de familias mineras legítimamente reclaman para trabajar en orden.

Los hechos en Cantzama son claros y los testimonios locales coinciden en que el desastre se originó por el colapso climático de la parte alta. El pueblo de Guadalupe merece respeto a su memoria organizativa y una reconstrucción real de sus comunidades. Asimismo, el sector minero de la provincia merece un debate serio, técnico y alejado de manipulaciones mediáticas que pretendan culparlo de la furia de la naturaleza para justificar su persecución. La reactivación y la seguridad de nuestra provincia no se construyen fabricando pretextos, sino afrontando la realidad del territorio con verdad y madurez política.