El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anunció un nuevo proceso para fortalecer el abastecimiento de medicamentos en sus hospitales y centros de salud a escala nacional.

La entidad informó la recepción de 3 millones de unidades correspondientes a órdenes de compra pendientes y la activación de una adquisición centralizada que contempla 124 medicamentos esenciales, con una inversión superior a USD 29 millones.

La medida busca garantizar el acceso continuo a tratamientos para asegurados, jubilados y sus familias.

Entrega de más de 3 millones de unidades pendientes

De acuerdo con el boletín oficial, el IESS recibió 3’026.040 unidades de medicamentos que corresponden a 14 órdenes de compra emitidas en 2025, cuyo cumplimiento estaba pendiente.
El monto de estas adquisiciones supera los USD 38 mil.

Las entregas se distribuyeron en hospitales de la red pública a escala nacional, en función de las necesidades de cada establecimiento.

Compra centralizada de 124 medicamentos por USD 29,5 millones

Paralelamente, la institución inició un segundo proceso de compra mediante catálogo electrónico y modalidad de compra centralizada. Este contempla 124 medicamentos que serán entregados en ocho fases hasta finales de marzo de 2026, con una inversión total de USD 29,5 millones.

La primera entrega, prevista para finales de febrero, alcanzará 212’294.307 unidades. Estos medicamentos están destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y agudas como trastornos cardiovasculares, infecciosos, endocrinos, inflamatorios y metabólicos, además de patologías relacionadas con el sistema inmunológico.

Antirretrovirales para pacientes con VIH por seis meses

En el marco de la atención integral a personas con VIH, el IESS gestionó la adquisición de medicamentos antirretrovirales para los diez establecimientos de salud que brindan este servicio especializado. Con esta compra se cubren los esquemas completos de tratamiento por un periodo de seis meses.

La entidad señaló que estas acciones responden a una estrategia para fortalecer la prevención, el control y la atención bajo un enfoque de derechos humanos.

Solo dos de las cuatro personas asesinadas dentro de un taxi en Machala, fueron identificadas. El crimen ocurrió el viernes 6 de febrero de 2026 cuando sicarios en una camioneta interceptaron el vehículo donde iban las víctimas.

Uno de los fallecidos registraba antecedentes penales por asociación ilícita y robo, pero el otro no. Según la información preliminar de la Policía, el asesinato múltiple estaría relacionado a la violencia criminal o microtráfico.

Pero aunque no todas las víctimas de esos ataques tenían antecedentes penales, eso no significa que podrían estar relacionadas a organizaciones delictivas. Así lo señaló el ministro del Interior John Reimberg, durante una entrevista en el programa Políticamente Correcto.

Reimberg sostuvo que no es posible establecer que “porque tienen antecedentes penales o no tienen antecedentes, la persona puede estar o no vinculada a un grupo delictivo”. Agregó que en los ataques armados, hay gente de todas las edades y son un 85 % los que podrían haber tenido algún tipo de relación.

Por ejemplo el caso del joven extranjero reportado como desaparecido, cuyo cuerpo fue hallado sepultado en una hostería de Sangolquí, en Pichincha. La víctima no tenía antecedentes penales pero uno de los dos detenidos sí, por receptación.

En Guayaquil, dos jóvenes fueron acribillados en el sector de Malvinas sur. Sus cadáveres estaban en la vereda donde fueron interceptados por sujetos en una tricimoto. Según la Función Judicial, las víctimas no tenían antecedentes.

Un caso similar ocurrió en la provincia de Orellana. Dos hombres fueron baleados cuando iban en una motocicleta. Tampoco tenían procesos judiciales.

La Policía -en su Plan Operativo Anual- reconoce que el aumento de los asesinatos está vinculado al fortalecimiento de las estructuras criminales en Ecuador. Los enfrentamientos se han dado por el control de territorios estratégicos, puertos, rutas de movilidad y hasta zonas de producción ilícita.

Esto ha ocasionado que la violencia deje de ser un fenómeno aislado y se convierta en una dinámica. Justamente en ataques múltiples o en hechos como los antes mencionados, se ha detectado que no todas las víctimas tenían antecedentes penales. Aunque eso no significa que no puedan estar vinculados a los grupos delictivos.

¿Por qué? El coronel Roberto Santamaría, director de la Academia de Estudios Estratégicos, explicó a Ecuavisa.com que en México tras la caída del Mayo Zambada, las bandas rivales no iban solo contra la persona, sino también tras la familia.

“Se rompieron los códigos. Antes veíamos que las muertes eran muy selectivas. Hoy no solo buscan a la cabeza de la organización o el mando medio, buscan a toda la estructura y muchas de ellas no tienen antecedentes porque fueron reclutadas tempranamente”, Roberto Santamaría.

Santamaría detalló que las investigaciones de las unidades como Dinased determinan posteriormente si las víctimas tenían algún tipo de relación a pesar de no tener antecedentes penales. Agregó que actualmente, en Ecuador, se están evidenciando casos de testaferrismo.

Las mafias reclutan a personas que tienen empresas legales, empresarios, con estudios, sin problemas judiciales para poner bienes a sus nombres o lavar dinero. Un ejemplo de ello, dijo, es el caso de alias Marino, asesinado en enero de 2026 en una zona exclusiva de Samborondón.

También el crimen de Bryan Soria, que murió acribillado en la vía La Puntilla, cuando manejaba un vehículo de alta gama. Ambas víctimas supuestamente estarían vinculadas.

El coronel Santamaría además indicó que con la caída o captura de cabecillas como Fito, Negro Willy, Tulio, Pipo, entre otros, los grupos criminales se han reconfigurado y buscan generar más violencia y reclutar más personas a sus filas, que podrían ser las que mueren en las disputas de territorio.

Los asesinatos en Ecuador disminuyeron en enero de 2026

Ante las cifras de 2025 que catalogaron a ese año como el más violento de Ecuador, en 2026 el Gobierno anunció un nuevo plan de seguridad. El presidente Daniel Noboa comentó las nuevas acciones para enfrentar al crimen organizado, al igual que sus ministros Reimberg, Gian Carlo Loffredo y José Julio Neira.

Desde enero, la Policía y las Fuerzas Armadas intensificaron más los operativos en territorio. Y pese a casos como las cinco cabezas colgadas halladas en una playa de Puerto López, en Manabí, las cifras de enero evidencian una disminución en comparación al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo a los datos a los que accedió Ecuavisa.com, enero terminó con 769 casos. Esto muestra una reducción de 64 casos, pues en enero de 2025 hubo 823 crímenes. (Ver cuadro).

Una de las zonas más conflictivas es la 8 que congrega Guayaquil, Durán y Samborondón. Los tres cantones de Guayas tuvieron también una reducción de asesinatos: 262 versus los 309 que hubo en 2025.

Lo mismo pasó con Manabí. La provincia acumuló 131 muertes violentas en enero del año pasado y en el primer mes de 2026 tuvo 96.

Pero hay otras provincias que se mantienen con cifras altas, como El Oro. En este año se registraron 85 asesinatos y en enero de 2025 se contabilizaron 65. Los Ríos cerró enero con 100 casos y Quito con 24.

El coronel Santamaría manifestó que hay una reducción importante de crímenes que obedece a la estrategia que se está implementando en territorio por parte del Estado. Pero mantener la tendencia a la baja, puntualizó, depende del comportamiento paralelo del mundo del crimen.

Explicó que una captura, la muerte de un cabecilla, podría desencadenar un aumento de asesinatos y violencia. Santamaría enfatizó que un Estado no puede hacer un proceso de pacificación con pandillas o grupos criminales, sino atacar sus economías.

“Las consecuencias (de una pacificación) son a futuro y esto lo podemos ver en en en todos los países cuando se ha intentado hacer tratados de paz con estos grupos directivos. Lo que estamos dando es fuerza, reconocimiento social, sobre todo, a estas estructuras que se dedican al mal y las consecuencias las estamos pagando ahora”, Roberto Santamaría.

Contó que hace 10 años, las autoridades de ese entonces hicieron un proceso de pacificación y ahora “estamos pagando las consecuencias”. Esto porque, si bien en esa época bajaron las muertes violentas, causó una reconfiguración y los grupos adopten nuevas economías criminales.

En una entrevista académica y técnica, Wilman Merino, director de la carrera de Ingeniería en Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), abordó la importancia de comprender el territorio como un elemento fundamental para la planificación, la gestión pública y la reducción de riesgos frente a los efectos del cambio climático y los desastres naturales.

Durante el diálogo, Merino explicó que el territorio constituye el espacio donde se desarrollan todas las actividades humanas: productivas, sociales, económicas y organizativas. Sin embargo, también es el escenario donde se manifiestan con mayor intensidad los impactos del cambio climático y los riesgos de desastres, como inundaciones, deslizamientos, sequías, incendios forestales y afectaciones a la infraestructura vial y a los servicios básicos.

“El territorio no solo nos condiciona, sino que también nos impulsa o limita en la toma de decisiones. Pensar la gestión del riesgo y el cambio climático de manera transversal, integrándolos en los ámbitos productivo, social, económico y de asentamientos humanos, es clave para enfrentar los desafíos actuales”, señaló el académico.

Falta de planificación y país multiamenaza
Merino enfatizó que el Ecuador es un país multiamenaza, expuesto a fenómenos como erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones y deslizamientos. A ello se suma la variabilidad climática cada vez más extrema. Recordó que en el año 2024 el país enfrentó una escasez de lluvias, lo que generó serias afectaciones en la producción de energía, la economía y el sector productivo; mientras que en la actualidad se registran lluvias intensas que han provocado colapsos viales, inundaciones, caída de puentes y cortes en el suministro de agua potable.
“Los riesgos de desastres no deben ser tratados como un tema aislado o exclusivo de una institución. Es una variable transversal que debe incorporarse en la planificación territorial, en las políticas públicas y en los proyectos de desarrollo”, afirmó.

El rol estratégico de la academia
En este contexto, el director destacó el papel de la Universidad Técnica Particular de Loja, que cumple sus tres funciones sustantivas: docencia, investigación y vinculación con la sociedad. En el ámbito formativo, la UTPL es pionera en el país con la creación de la carrera de Ingeniería en Riesgos y Cambio Climático, una oferta académica innovadora, con una duración de cuatro años y modalidad 100 % en línea, orientada a formar profesionales capaces de interpretar, gestionar y anticipar los riesgos asociados al cambio climático y los desastres.

En investigación, la universidad desarrolla estudios sobre reducción de riesgos, monitoreo territorial y cambio climático, incluyendo herramientas como visores de incendios forestales. En cuanto a la vinculación, estudiantes y docentes trabajan directamente en territorio con comunidades, gobiernos autónomos descentralizados cantonales, parroquiales y provinciales, así como con el sector público y privado, fortaleciendo capacidades locales y comités comunitarios de gestión de riesgos.

Articulación del conocimiento técnico y saberes ancestrales
Merino subrayó la importancia de integrar el conocimiento técnico con el saber comunitario y ancestral, especialmente en zonas rurales. Las comunidades, a partir de su experiencia histórica, conocen las épocas lluviosas, las zonas inundables, las formas adecuadas de construcción y las medidas de prevención, conocimientos que, al articularse con la ciencia y la técnica, permiten resultados más efectivos en la reducción del riesgo de desastres.

Cambio climático y evidencia científica
El académico señaló que la evidencia científica demuestra un incremento sostenido de la temperatura global y de la concentración de gases de efecto invernadero, producto principalmente de las actividades humanas. Esto ha alterado los patrones climáticos tradicionales, generando sequías más prolongadas y lluvias más intensas y frecuentes, con impactos directos en la agricultura, la infraestructura, la energía y la seguridad de las poblaciones.

“Debemos prepararnos con planes de mitigación, adaptación y prevención. No basta con reaccionar cuando ocurre el desastre; es indispensable planificar con base en diagnósticos territoriales”, puntualizó.

Problemática vial y necesidad de prevención
Finalmente, Merino se refirió a los problemas recurrentes en la red vial del sur del país, como los registrados en sectores de Loja, Vilcabamba, Yangana, Chaguarpamba y vías de conexión con la Costa y la Amazonía, donde los deslizamientos y aluviones continúan afectando la movilidad y la economía regional. Insistió en que los períodos de menor precipitación deben ser aprovechados para realizar diagnósticos y obras preventivas que reduzcan los impactos durante la época lluviosa.

Al cierre de la entrevista, el director invitó a la ciudadanía a informarse sobre la Ingeniería en Riesgos y Cambio Climático a través de la página web de la UTPL, destacando que esta carrera representa una respuesta académica y técnica a los desafíos actuales del territorio, el cambio climático y la gestión integral del riesgo.