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Henry Cucalón: «Hay millonarios, que, de un día a otro, deciden ser candidatos»
Henry Cucalón Camacho es el candidato presidencial de Construye y llega a la contienda con un discurso que no ofrece ‘sacar conejos del sombrero, como un mago’, sino un sinceramiento sobre las crisis que atraviesan al Estado y los pocos recursos públicos disponibles.
El abogado guayaquileño de 51 años se ha dedicado al servicio público. Fue secretario general de la Procuraduría y del Municipio de Guayaquil, fue legislador durante dos periodos (2013-2021) y ministro de Gobierno, durante nueve meses.
En medio de las crisis energética y de seguridad, que golpean a la par la economía y el empleo, Cucalón dice que será un presidente que lidere y que tome decisiones a favor del interés general, no pensando en elecciones o reelecciones.
En ese aspecto, reclama que el Estado no haya salido al rescate y alivio de la ciudadanía, porque considera que esta crisis es más dura que la provocada por la pandemia.
En entrevista con PRIMICIAS habló de sus principales propuestas de gobierno y su visión de la administración pública.
Usted perteneció al Partido Social Cristiano (PSC), fue parte del gobierno de Guillermo Lasso y ahora participa por Construye, ¿tienen algo en común esas tendencias políticas?
He estado en dos partidos, porque los gobiernos no son partidos. Trabajé en el Municipio de Guayaquil y gracias a eso fui auspiciado por el PSC para ir a la Asamblea Nacional, una de las mejores experiencias de mi vida. Pero mis votaciones y mis discursos hablaron por mí.
Cuando terminó el periodo legislativo, ni el PSC me quería ver, ni yo los quería ver. Y ahí terminó la historia.
Colaboré en el gobierno del presidente Guillermo Lasso los últimos nueve meses, como ministro de Gobierno, como independiente. Nunca fui miembro del partido y nunca he comulgado con sus tesis.
Serví al país con desinterés. Si hubiese tenido cálculos políticos, nunca hubiera ingresado a un gobierno que se estaba cayendo. Creo en el valor de lo público, por eso he dedicado 25 años a esto.
Y ahora, como independiente, recibí una invitación con la dirigencia de Construye (tiene un liderazgo colectivo, horizontal), con el cual tengo muchísimas coincidencias vitales: en el manejo del Estado, una visión de protección social, una economía social de mercado.
Acepté porque para mí representan la lucha contra la impunidad y asumo que ellos vieron en mí un conjunto de ideas, porque yo billetera no tengo, no como los políticos que compran o alquilan movimientos o partidos.
Hay millonarios, llenos de caprichos que, de un día a otro, deciden ser candidatos, sin hacer una carrera política peldaño a peldaño.
¿Cuáles son los acuerdos políticos con Construye en caso de un eventual gobierno? ¿Puestos en el gabinete, por ejemplo, para María Paula Romo?
Nuestro pensamiento está aquí (señala el documento que contiene el plan de gobierno). Aquí están nuestras ideas, las coincidencias vitales. Y aquí está mi experiencia, porque no soy novato en la administración del Estado.
María Paula Romo es miembro del partido, no es dueña. Ella no es ni más ni menos que yo, los dos hemos sido legisladores y ministros. Pero, por supuesto que es una fuente de consulta, ya quisieran otros tener la capacidad intelectual y la visión de Estado que tiene ella.
En ningún momento le he ofrecido un ministerio de Gobierno a María Paula Romo.
Un gabinete solo se conforma cuando uno es presidente electo, producto de una convergencia y sentido de la oportunidad. Pero por transparencia siempre tienes que decir quiénes están a lado tuyo (que es lo que yo hice), tus asesores, colaboradores.
Y el actual Presidente es el ejemplo contrario, siempre apareció solo cuando fue candidato, nunca tuvo un vocero. Nadie sabía lo que pensaba él, ni quién era la gente que pensaba como él.
Mi gobierno no va a ser de un solo partido político. Mi gobierno será una mezcla de experiencia y muchísima juventud también.
Algo que los políticos acostumbran decir ahora es «no soy de derecha ni de izquierda». ¿Cómo se define usted?
Soy un hombre liberal, con profundo arraigamiento social. Es muy difícil adaptarlo en el escenario Latinoamericano. Sería un centro o centroderecha moderno. Lo que en Europa es una social democracia moderna. Soy un hombre pragmático.
Ahora, en medio de la extrema crisis eléctrica que atraviesa el país, ¿qué medidas ejecutaría al llegar a Carondelet?
Un cambio radical del modelo constitucional, legal y práctico. Acabar con el monopolio estatista energético. Esta crisis, y con mucho dolor, ha servido para ver un modelo colapsado. Recién la ciudadanía conoce que solo el Estado puede generar energía.
Creo en un Estado fuerte, regulador, no competidor del sector privado. No que sea un actor monopólico.
Nada es de la noche a la mañana, porque los presidentes no son magos. Solo los demagogos ofrecen solucionar en nueve meses lo que no entendían.
Pero ese cambio de modelo no depende solo del Presidente.
Depende del liderazgo del Presidente de la República y para eso están las campañas electorales, que tienen una lógica: la gente demanda acciones del presidente y de los legisladores. Se entiende que todos entraremos en mayo con un mandato, un mandato de angustia.
Pero tenemos que aprovechar hoy y la «ley no más apagones 2» hacerla sin límite, sin restricción, poniendo las garantías que se necesitan, entendiendo que el Estado necesita un mercado eléctrico mayorista.
Tenemos que sincerar las tarifas eléctricas. Los subsidios tienen que ser solo para los más pobres, en lo residencial. El sector industrial y comercial no deben tener ningún subsidio.
Y otra serie de soluciones como, por ejemplo, delegar la administración de bienes públicos e infraestructura pública. Esto no es privatización, no es vender, no es lo mismo.
Todo eso es a mediano y largo plazo. ¿Qué hacer a corto plazo?
Lo primero es decirle la verdad a la gente, la magnitud del problema. Esa es la más importante, eso hace un jefe de Estado, un líder.
La crisis es por estiaje, sí. Pero también por un modelo que no funciona y porque tenemos el 79% de la provisión de energía en una sola canasta (la hidroeléctrica) y solo el Estado lo puede hacer.
Dentro de la oscuridad, por más doloroso que sea, la gente necesita certezas. Si los cortes van a ser de 12 o 14 horas, la gente necesita previsión, qué va a pasar, cuánto va a durar.
Y el gobierno necesita tomar medidas del día a día: ¿vamos a mantener los horarios de clases? ¿Los horarios de carácter laboral? Por poner unos ejemplos frente a la nueva realidad.
Al Gobierno no se le acusa de ser el causante de la crisis, se lo responsabiliza de la administración de la crisis, porque privilegió sus cálculos electorales, por sobre la ciudadanía.
Además, es inaceptable lo que el Gobierno actual hizo por pura politiquería. El Gobierno pasado dejó suscritos contratos de generación de energía, por parte privada, pero recién les dieron la licencia hace dos semanas. El nuevo Gobierno ordenó parar todo lo anterior, jugando con el futuro de la gente.
Por eso, todo lo positivo que haga el presidente Noboa en esta materia, yo lo voy a continuar, porque es una política de Estado, que trasciende a los gobiernos.
Más allá de la necesidad de verdad y certezas, ¿qué puede un gobierno hacer por la ciudadanía?
Estamos viviendo una crisis peor que la pandemia y el Estado tiene que entrar al auxilio de los ciudadanos. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Vamos a tener que endeudarnos, para poder inyectar esos recursos en la gente. Y que la ciudadanía sepa que no toda deuda es mala, porque es emergente.
El Estado debe entender la situación que ha comprometido a los ciudadanos. ¿Usted le puede exigir a un pequeño comerciante que pague el IVA el 30 de cada mes? Y no estoy hablando de perdonar deudas, estoy hablando de flexibilidad.
No trabajo, no porque soy vago, sino porque no me lo permiten, porque no hay electricidad.
La gente necesita un respiro de las obligaciones con un Estado que es el que la ha llevado a esta situación.
¿No le parece lógico que el Estado le diga a las empresas privadas que proveen servicios al público, que también le den oxígeno a la gente? Por poner dos ejemplos puntuales: la telefonía celular y los proveedores de Internet.
Sin luz se caen los planes de telefonía, ¿por qué esos privados no dan compensaciones en tiempo aire o en algo más? Lo mismo con Internet. Y no estoy hablando de perdonar deudas, ¿el Estado no debe conciliar intereses y compensar en algo a los ciudadanos en esta tragedia?
Otra crisis que golpea al país es la inseguridad y los eternos estados de excepción no funcionan.
Quien dice que va a arreglar eso en meses también es un demagogo. Enfrentarse al crimen organizado y el narcotráfico es un asunto serio y de Estado, una sola visión. Por eso, saludo el apoyo del pueblo a que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interna del país.
Lo peor que puede suceder es que el crimen organizado tenga como contraparte un Estado desorganizado.
¿Qué propuestas concretas plantea en seguridad?
No hay una sola medida. Una de las mejores formas es aplicar la extinción de dominio, atacar las economías criminales, liderada por el Ejecutivo y fuerzas públicas, de la mano de la Justicia y la Fiscalía (para lo cual propongo fiscales sin rostro, para delitos de crimen organizado).
Hay que hacer vivir la ley de extradición, la reforma que aprobó el pueblo. Yo quiero criminales y capos capturados y extraditados, no capos fugados.
Cero impunidad. Y también un proceso muy duro de depuración de filas policiales, fuerzas armadas, justicia y servicio penitenciario, con control exhaustivo y permanente de los patrimonios de esos funcionarios y sus círculos familiares inmediatos.
Nuevamente, esos resultados se verían a mediano y largo plazo. ¿Y en el día a día?
La nueva guerra que vamos a suscribir en el Ecuador es contra las ‘vacunas’. Todos los delitos deben ser perseguidos, pero hay unos que quitan el sueño a la gente: los delitos contra la vida y la integridad sexual. Y el que se ha disparado, aunque el Gobierno quiera decir otra cosa, es el de la extorsión.
Tendremos un cuerpo de élite, la unidad más grande y fortalecida del Estado, articulada con la Fiscalía y los gobiernos locales.
¿No le parece que los agentes metropolitanos que hay en todo el país, dependiendo de los municipios, deberían ser los primeros aliados para que no haya vacunación en el barrio, de manera preventiva? No que se enfrenten a los narcotraficantes, eso lo hacen los militares y policías.
Y paso a paso el Estado debe volcarse a reconstruir a la par el tejido social.
¿Cómo reactivar la economía y generar empleo?
Es parte del cambio de modelo. El Estado no tiene un dólar, entonces los recursos públicos deben ser enfocados en protección social: seguridad, salud y educación pública de primer nivel para todos.
En el plan de gobierno está un gran plan de infraestructura, de todo orden, principalmente vial y de viviendas. Todo delegado al sector privado y un gobierno que no lo obstaculice. Ese plan con todos los recursos privados, facilidades y un Estado que regule, automáticamente, genera recursos que se inyectan a la economía y el beneficiario es el empleo.
Yo me reservo un Estado fuerte en seguridad, salud y educación, no un Estado grande.
Otro ejemplo, 500 becas anuales en cada uno de los 292 institutos técnicos para que los jóvenes se formen en certificaciones profesionales cortas como Inteligencia Artificial, Big Data y sala de seguridad. Es una de las demandas que tiene la sociedad, así doy el impulso y no el trabajo.
¿En un país que tiene luz por horas no podemos tener también nuevos trabajos por horas? Respetando los derechos laborales, décimos y la seguridad social. No creo en la flexibilización laboral, ni en la regresión de derechos. Pero las modalidades de trabajo deben ser aliadas de las nuevas dinámicas, por eso tengo que volver a poner este tema en el debate.
E, incluso, como en la pandemia, se necesita un apoyo a los empresarios para que no boten gente. Tengo que defender que no se pierdan los empleos, porque el apagón no solo es la incomodidad de la oscuridad, tiene una consecuencia directa económica.
https://www.primicias.ec/
¿Cuál es su visión sobre los problemas del IESS y su sostenibilidad?
El IESS no es del gobierno, es de los afiliados. El gobierno tiene un rol importante, pero es tripartito, con los trabajadores y los empleadores. Tenemos que movilizar este tema y salir de nuestro metro cuadrado, porque si seguimos como estamos esto no tiene viabilidad.
Comprendo que nadie quiere subir el aporte o la edad de jubilación. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la fórmula mágica? Yo me comprometo a destrabar el problema. Porque no es que el presidente tiene la solución, no es el dueño del IESS, no es monarca, esto no es una hacienda.
Pero algo tenemos que hacer y estoy abierto a la toma de decisiones.
Hay que analizar el tema de las coberturas totales, de los subsidios, fortalecerlos, no desaparecerlos. Debemos tener un proceso de sinceramiento de las cosas, de las crisis del Estado ecuatoriano y sus recursos.
Yo no quiero ser el presidente del ‘no pasa nada’, ni el presidente del status quo.
¿Cuál será el rol de Carla Larrea, candidata a la Vicepresidencia?
Totalmente activo, porque la candidata a Vicepresidenta puede ser Presidenta del Ecuador. Cuando seamos gobierno va a estar en todas las decisiones de Estado, tiene que aportar también su visión.
Somos dos profesionales de clase media, que no tenemos el mismo origen, pero tenemos una misma visión. Carla Larrea tiene que estar empapada de todo, sin perjuicio de que por decreto ejecutivo, con metas y plazos, le voy a delegar temas de productividad y emprendimiento.
No quiero decir lo social, porque lo social lo vamos a llevar todos. El país merece ver a un equipo de trabajo, que asuma inclusive sus equivocaciones y cuando existan diferencias (porque vamos a tener diferencias) sabremos llevarlas con altura, eso es la democracia.
No esta posición pendenciera, de muy baja ralea, que hemos visto con los actuales mandatarios, que no han tenido ni siquiera el caché que tuvieron Velasco Ibarra y Zavala Baquerizo. Fuente: Primicias
Nacionales
TCE admite denuncia en contra de Luisa González por el manejo de las cuentas de campaña de 2023
Un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite una denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en contra de la excandidata presidencial Luisa González y miembros del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) por el manejo de las cuentas de campaña de las elecciones anticipadas de 2023.
Además de González, en su calidad de representante legal de la RC, la denuncia incluye a Karina Zambrano, responsable del manejo económico del partido; Francisco Hidalgo, jefe de campaña; y a los candidatos principales y suplentes a asambleístas nacionales que se presentaron en esos comicios, entre los que está Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Atamaint los denuncia por el cometimiento de una presunta infracción estipulada en el artículo 281 de la ley electoral, que señala que las organizaciones políticas que no presenten los informes con las cuentas, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena y respaldos de ingresos y egresos recibirán una sanción que va desde una multa económica a la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años.
A finales de octubre, el expresidente Correa ya había alertado de que el CNE los había denunciado ante el TCE con el supuesto objetivo de sancionarlos y eliminarlos como partido.
Sin embargo, Atamaint señaló en ese entonces que se trataba de un procedimiento que se realiza a todas las organizaciones que tienen inconsistencias en sus cuentas de campaña.
La excandidata del correísmo tacha de persecución política
Luisa González aseguró este sábado en su cuenta de X que el movimiento ha tenido que «enfrentar las miserias de un CNE entregado al Gobierno y dedicado a perseguir a todos los oponentes políticos».
El pasado miércoles otro juez admitió a trámite una primera denuncia interpuesta por Atamaint en contra de González y de Andrés Araúz, candidato a vicepresidente en esas mismas elecciones anticipadas de 2023, en las que ganó el actual presidente, Daniel Noboa.
Esa denuncia es por el manejo de las cuentas de campaña del binomio presidencial, aunque el juez no definió aún la fecha de la audiencia. Fuente: Vistazo
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Comuneros del Sur, la nueva disidencia guerrillera que avanza hacia Ecuador y complica más la frontera norte
La alarma se encendió en la semana del 17 de noviembre de 2025. En esos días circularon imágenes en redes sociales que mostraban a hombres armados con fusiles de largo alcance, equipos de combate y comunicación caminando por las calles de la parroquia Goaltal, cantón Espejo, provincia de Carchi.
En su indumentaria eran visibles distintivos que pertenecerían a los Comuneros del Sur. Aunque, inicialmente, no hubo un pronunciamiento público de las Fuerzas Armadas, Policía o autoridades gubernamentales de Ecuador, la respuesta se concretó días después a través de una operación espejo y coordinada con el Ejército de Colombia.
El operativo conjunto culminó en un combate de dos horas en territorio colombiano, específicamente en el municipio de Cumbal, Nariño; a pocos kilómetros del límite fronterizo. Como resultado, mandos del Ejército de Colombia confirmaron la muerte de dos guerrilleros del Frente Comuneros del Sur en la vereda Tiuquer.
La operación militar mostró más resultados, el 28 de noviembre de 2025. El Ministerio de Defensa de Ecuador informó del desmantelamiento de dos campamentos en el cantón Espejo. Estos sitios fueron identificados como “centros de abastecimiento logístico” del los Comuneros del Sur.
En el lugar, soldados ecuatorianos incautaron 2.360 municiones, uniformes “tipo guerrillero” y neutralizaron un artefacto explosivo tipo trampa. Según la cartera de Estado, esta operación generó una afectación de USD 120.000 a la disidencia, debilitando “significativamente su capacidad operativa y de sostenimiento”.

Esta es la primera vez que se evidencia la presencia de este grupo guerrillero en el lado ecuatoriano de la frontera. Esto luego de la decisión del presidente Daniel Noboa, tomada en mayo de 2025, de catalogar como grupos armados organizados al Frente Comuneros del Sur, el Frente Oliver Sinisterra y a los Comandos de la Frontera.
Una nueva disidencia al panorama
El Frente Comuneros del Sur es una facción disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero de origen de izquierda que experimentó una considerable expansión en Colombia —en los territorios cercanos a Ecuador— tras la desmovilización de las FARC, en 2016.
Según reportes de medios colombianos, la disidencia surgió de las divisiones internas relacionadas con el proceso de paz en Colombia y la economía del narcotráfico. El ELN mantiene una considerable presencia en los departamentos colombianos de Putumayo, Nariño y Cauca, con el Frente de Guerra Suroccidental que agrupa a unos diez frentes y cuenta con aproximadamente 520 combatientes.
El Frente Comuneros del Sur, bajo el liderazgo de alias ‘HH’, opera principalmente en las zonas rurales de Tumaco y Barbacoas, Nariño (fronterizo con Ecuador). Las autoridades colombianas señalan que este frente está involucrado en el narcotráfico, encargado de transportar la coca producida localmente, proteger los laboratorios y cobrar un «impuesto al gramaje» por cada kilo de coca procesado por otros grupos.
Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, en 2022 se detectaron 59.746 hectáreas de cultivos de coca solo en Nariño. Además, informes de inteligencia de la Policía y de las Fuerzas Armadas de Ecuador indican que el Frente Comuneros del Sur también está involucrado en la minería ilegal y el cobro de extorsiones en áreas de Carchi y Esmeraldas.
Este grupo se distanció de la cúpula central del ELN (Comando Central o COCE) por su voluntad de adherirse a los diálogos regionales de paz impulsados por el gobierno de Gustavo Petro. El 12 de marzo de 2024, el frente expresó públicamente su «voluntad, compromiso y participación de paz desde los territorios», en Nariño.
La presencia de la disidencia Comuneros del Sur en Ecuador, según datos militares ecuatorianos, se enmarca en la expansión del ELN que se ha apalancado por ingresos del narcotráfico, la minería ilegal, secuestros y extorsiones.
Los informes indican que el Frente Comuneros del Sur usan Carchi y Esmeraldas como sitios de descanso, refugio y corredores logísticos para abastecimiento de armas, explosivos, combustibles y víveres. Adicionalmente, hay registros de reclutamiento forzado de jóvenes de 17 a 20 años para enviarlos a centros de adiestramiento en Colombia.
Un acto más en la conflictiva frontera norte
La presencia de los Comuneros del Sur en Ecuador forma parte de una realidad más amplia y complicado. En los últimos años, según los informes anuales de la Unodc, el país ha dejado de ser un simple corredor logístico de la cocaína para convertirse en un campo de operaciones para grupos criminales transnacionales.
Incluso, en octubre de 2024, el presidente Daniel Noboa reportó la existencia de 2.000 hectáreas de cultivos de coca en la frontera norte ecuatoriana, una cifra sin precedentes basada en un Informe Geoespacial de Cultivos Ilícitos entregado por el Gobierno de Estados Unidos a Ecuador. Aunque, finalmente, ni hubo ninguna confirmación oficial de esa cantidad de hectáreas supuestamente sembradas.
Ese mismo documento identificó a 11 bandas criminales que operan en la frontera, seis ecuatorianas y cinco colombianas. Del lado ecuatoriano, el documento señala la operación de Los Lobos en Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas. En Esmeraldas, también se identifican a Choneros, Águilas, Patones, Tiguerones y Gángsters.
Del lado colombiano, se ha identificado la operación de disidencias de las FARC como el Frente Alonso Cano y el Frente Urías Rondón en Esmeraldas; el ELN (del cual se escindieron los Comuneros del Sur) y el Frente Alonso Cano en Carchi; y los Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez en Sucumbíos. A los que se sumarían los Comuneros del Sur.

Los grupos colombianos que operan en esta frontera son residuales de guerrillas, y han mutado hacia el narcotráfico como principal fuente de financiamiento. Estos grupos han generado alianzas con cárteles mexicanos y con bandas ecuatorianas, que brindan servicios logísticos esenciales como el transporte y el almacenamiento de droga. Fuente: Primicias
Nacionales
Las candidaturas y el control de la Revolución Ciudadana aumentan la división entre los correístas
Después de las fiestas de diciembre, la Revolución Ciudadana (RC) entrará en un año decisivo para su futuro en la vida política: debe elegir a su nuevo presidente nacional. Esto después del fracaso de la doble candidatura de Luis González, quien además ha estado a la cabeza de la agrupación.
Y aunque casa adentro lo nieguen, el malestar de varios cuadros al interior de la agrupación, debido al manejo del movimiento por parte de ciertos líderes, es cada vez más público y notorio. Y el principal grupo que enfrenta esa discordia es el de las autoridades locales electas por la lista 5.
Una primera evidencia salió a la luz con la carta que le enviaron al expresidente cuatro prefectos y un alcalde, para solicitar un espacio de diálogo. Después de que Correa y González iniciaran una campaña para descalificar los resultados electorales de 2025 bajo la sombra de un fraude que nunca lograron probar.
Ese distanciamiento había sido evidente desde mucho antes, pero solo en ese momento se confirmó que las cinco figuras consideraban que la RC vive una desconexión de los problemas profundos del país y que ponían en duda la dirección de González.
Como es usual, esto desencadenó la indignación de Correa, que puso como tarima para la discusión a las redes sociales. Desde entonces las cosas no han mejorado. Y estos perfiles de la Revolución han optado por mantener su rumbo individual, sin atreverse tampoco a optar por una desafiliación.
Y el problema es que ambos dependen mutuamente del otro. La mayoría de perfiles de la lista 5 no conseguirían mantener sus puestos sin el membrete correísta y Correa, sin sus candidatos con más experiencia, no podría ocupar espacios de poder en las siguientes elecciones.
Sin embargo, al exmandatario parece no importarle incrementar esa brecha entre sus representantes locales. Correa no ha tardado en lanzar críticas públicas en ningún caso y los demás también mantienen la tradición de exponer sus diferencias:
«Me opondré a cualquier candidato tibio», dijo Correa tras el anuncio de Pabel Muñoz de buscar la reelección de la alcaldía de Quito.
«Si esto se acepta, soy yo el que estoy de más», amenazó Correa tras la reunión entre Marcela Aguiñaga y Lourdes Tibán y le quitó el respaldo para la reelección a la Prefectura de Guayas.
Luisa González dijo públicamente que «muchas autoridades no deberían repetir como candidatos», refiriéndose a Aguiñaga y Aquiles Alvarez.
Mientras que Alvarez le pidió a la excandidata presidencial que se tranquilice.
Aguiñaga fustigó a González diciéndole que «quisiera que vivas lo que significa ganar una seccional».
Estas escenas en la tarima digital refuerzan la tradición del correísmo de no resolver sus pugnas a lo interno y ratifican que el debate dentro de la organización no existe, corroborando lo que han dicho quienes abandonan el movimiento o son declarados traidores.
Y justamente eso es lo que estará en juego en la elección del próximo presidente nacional de la agrupación, en la convención que se realizará en enero, para nombrar al sucesor de González y acordar el futuro del movimiento.
Sin embargo, pese a que la Revolución Ciudadana tiene como ventaja contar con más perfiles que todos los demás partidos políticos, el único nombre que se ha anunciado ha sido el de Felipe Vega de la Cuadra, considerado un leal aliado de Rafael Correa, pero que no ha estado públicamente en las filas del movimiento desde hace mucho tiempo.
Esto refleja otro problema, que pese a captar cuadros jóvenes y evidenciar en las elecciones nacionales los cambios que exige el electorado, el correísmo sigue atorado en la fidelidad a su máximo líder y no en la renovación de propuestas y estrategias.
Pero quien sea que encabece el próximo buró del movimiento deberá enfrentarse al reto de canalizar la selección de miles de candidatos para las elecciones locales de 2027. Esos resultados definirán la supervivencia de la que fue la mayor fuerza política del país hasta 2017, que podría recuperar espacios o desaparecer del mapa electoral.
Un contexto que no cambia
El correísmo enfrenta su peor momento desde su renacimiento, en agosto de 2021, cuando se apropió de la lista 5, antes inscrita como Fuerza Compromiso Social. Ese movimiento les ha permitido participar bajo una bandera propia en las elecciones seccionales de febrero 2023, las extraordinarias de agosto de 2023, y las presidenciales de 2025.
Sin embargo, su popularidad electoral ha ido disminuyendo, especialmente con los constantes escándalos de corrupción que rodean a sus principales figuras y a muchos de sus antiguos cuadros y aliados, con los que compartieron el poder entre 2007 y 2017.
Pero, pese a ello, la tendencia política mantiene todavía una base electoral representativa, especialmente en comparación a la mayoría de agrupaciones políticas nacionales que agonizan en su intento de sobrevivir a los ciclos electorales. Y esto le ha permitido mantener espacios en la Asamblea Nacional y en los gobiernos locales.
Por ejemplo, en 2023 lograron quedarse con las alcaldías de Quito, Guayaquil, Santo Domingo y Esmeraldas y las prefecturas de Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Imbabura, Sucumbíos. A esto sumaron después 67 curules legislativas en 2025.
No obstante, toda esa representación política ha ido diluyéndose. Y el factor común en la mayoría de disputas internas son los choques con su presidente vitalicio y líder histórico, Rafael Correa. Con el que varios miembros de la Revolución han preferido mantener distancia.
Más allá de que la bancada correísta ha ido perdiendo miembros y hay lealtades cuestionadas, el exmandatario ha mantenido una férrea defensa de la que escogió como su heredera, pese al fracaso que tuvo en la dirección de la Revolución Ciudadana.
Y gran parte de los resultados electorales negativos, en las últimas dos presidenciales, se debió justamente a que Luisa González mantuvo las mismas líneas de Correa, sin emitir ni un solo criterio que difiriese del suyo. Lo que la llevó a sostener, por ejemplo, el reconocimiento del vilipendiado Nicolás Maduro.
En eso también ha contribuido el mismo expresidente, con cada estallido en redes sociales, que ponía en apuros a los militantes de la lista 5 que permanecen en Ecuador y que ocupan espacios de poder. La magnitud de ese problema fue corroborada con la difusión de los chats del caso «ligados», donde algunos jóvenes perfiles de la Revolución pedían que alguien le quite el teléfono a su líder. Fuente: Primicias
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