Nacionales
Henry Cucalón: «Hay millonarios, que, de un día a otro, deciden ser candidatos»
Henry Cucalón Camacho es el candidato presidencial de Construye y llega a la contienda con un discurso que no ofrece ‘sacar conejos del sombrero, como un mago’, sino un sinceramiento sobre las crisis que atraviesan al Estado y los pocos recursos públicos disponibles.
El abogado guayaquileño de 51 años se ha dedicado al servicio público. Fue secretario general de la Procuraduría y del Municipio de Guayaquil, fue legislador durante dos periodos (2013-2021) y ministro de Gobierno, durante nueve meses.
En medio de las crisis energética y de seguridad, que golpean a la par la economía y el empleo, Cucalón dice que será un presidente que lidere y que tome decisiones a favor del interés general, no pensando en elecciones o reelecciones.
En ese aspecto, reclama que el Estado no haya salido al rescate y alivio de la ciudadanía, porque considera que esta crisis es más dura que la provocada por la pandemia.
En entrevista con PRIMICIAS habló de sus principales propuestas de gobierno y su visión de la administración pública.
Usted perteneció al Partido Social Cristiano (PSC), fue parte del gobierno de Guillermo Lasso y ahora participa por Construye, ¿tienen algo en común esas tendencias políticas?
He estado en dos partidos, porque los gobiernos no son partidos. Trabajé en el Municipio de Guayaquil y gracias a eso fui auspiciado por el PSC para ir a la Asamblea Nacional, una de las mejores experiencias de mi vida. Pero mis votaciones y mis discursos hablaron por mí.
Cuando terminó el periodo legislativo, ni el PSC me quería ver, ni yo los quería ver. Y ahí terminó la historia.
Colaboré en el gobierno del presidente Guillermo Lasso los últimos nueve meses, como ministro de Gobierno, como independiente. Nunca fui miembro del partido y nunca he comulgado con sus tesis.
Serví al país con desinterés. Si hubiese tenido cálculos políticos, nunca hubiera ingresado a un gobierno que se estaba cayendo. Creo en el valor de lo público, por eso he dedicado 25 años a esto.
Y ahora, como independiente, recibí una invitación con la dirigencia de Construye (tiene un liderazgo colectivo, horizontal), con el cual tengo muchísimas coincidencias vitales: en el manejo del Estado, una visión de protección social, una economía social de mercado.
Acepté porque para mí representan la lucha contra la impunidad y asumo que ellos vieron en mí un conjunto de ideas, porque yo billetera no tengo, no como los políticos que compran o alquilan movimientos o partidos.
Hay millonarios, llenos de caprichos que, de un día a otro, deciden ser candidatos, sin hacer una carrera política peldaño a peldaño.
¿Cuáles son los acuerdos políticos con Construye en caso de un eventual gobierno? ¿Puestos en el gabinete, por ejemplo, para María Paula Romo?
Nuestro pensamiento está aquí (señala el documento que contiene el plan de gobierno). Aquí están nuestras ideas, las coincidencias vitales. Y aquí está mi experiencia, porque no soy novato en la administración del Estado.
María Paula Romo es miembro del partido, no es dueña. Ella no es ni más ni menos que yo, los dos hemos sido legisladores y ministros. Pero, por supuesto que es una fuente de consulta, ya quisieran otros tener la capacidad intelectual y la visión de Estado que tiene ella.
En ningún momento le he ofrecido un ministerio de Gobierno a María Paula Romo.
Un gabinete solo se conforma cuando uno es presidente electo, producto de una convergencia y sentido de la oportunidad. Pero por transparencia siempre tienes que decir quiénes están a lado tuyo (que es lo que yo hice), tus asesores, colaboradores.
Y el actual Presidente es el ejemplo contrario, siempre apareció solo cuando fue candidato, nunca tuvo un vocero. Nadie sabía lo que pensaba él, ni quién era la gente que pensaba como él.
Mi gobierno no va a ser de un solo partido político. Mi gobierno será una mezcla de experiencia y muchísima juventud también.
Algo que los políticos acostumbran decir ahora es «no soy de derecha ni de izquierda». ¿Cómo se define usted?
Soy un hombre liberal, con profundo arraigamiento social. Es muy difícil adaptarlo en el escenario Latinoamericano. Sería un centro o centroderecha moderno. Lo que en Europa es una social democracia moderna. Soy un hombre pragmático.
Ahora, en medio de la extrema crisis eléctrica que atraviesa el país, ¿qué medidas ejecutaría al llegar a Carondelet?
Un cambio radical del modelo constitucional, legal y práctico. Acabar con el monopolio estatista energético. Esta crisis, y con mucho dolor, ha servido para ver un modelo colapsado. Recién la ciudadanía conoce que solo el Estado puede generar energía.
Creo en un Estado fuerte, regulador, no competidor del sector privado. No que sea un actor monopólico.
Nada es de la noche a la mañana, porque los presidentes no son magos. Solo los demagogos ofrecen solucionar en nueve meses lo que no entendían.
Pero ese cambio de modelo no depende solo del Presidente.
Depende del liderazgo del Presidente de la República y para eso están las campañas electorales, que tienen una lógica: la gente demanda acciones del presidente y de los legisladores. Se entiende que todos entraremos en mayo con un mandato, un mandato de angustia.
Pero tenemos que aprovechar hoy y la «ley no más apagones 2» hacerla sin límite, sin restricción, poniendo las garantías que se necesitan, entendiendo que el Estado necesita un mercado eléctrico mayorista.
Tenemos que sincerar las tarifas eléctricas. Los subsidios tienen que ser solo para los más pobres, en lo residencial. El sector industrial y comercial no deben tener ningún subsidio.
Y otra serie de soluciones como, por ejemplo, delegar la administración de bienes públicos e infraestructura pública. Esto no es privatización, no es vender, no es lo mismo.
Todo eso es a mediano y largo plazo. ¿Qué hacer a corto plazo?
Lo primero es decirle la verdad a la gente, la magnitud del problema. Esa es la más importante, eso hace un jefe de Estado, un líder.
La crisis es por estiaje, sí. Pero también por un modelo que no funciona y porque tenemos el 79% de la provisión de energía en una sola canasta (la hidroeléctrica) y solo el Estado lo puede hacer.
Dentro de la oscuridad, por más doloroso que sea, la gente necesita certezas. Si los cortes van a ser de 12 o 14 horas, la gente necesita previsión, qué va a pasar, cuánto va a durar.
Y el gobierno necesita tomar medidas del día a día: ¿vamos a mantener los horarios de clases? ¿Los horarios de carácter laboral? Por poner unos ejemplos frente a la nueva realidad.
Al Gobierno no se le acusa de ser el causante de la crisis, se lo responsabiliza de la administración de la crisis, porque privilegió sus cálculos electorales, por sobre la ciudadanía.
Además, es inaceptable lo que el Gobierno actual hizo por pura politiquería. El Gobierno pasado dejó suscritos contratos de generación de energía, por parte privada, pero recién les dieron la licencia hace dos semanas. El nuevo Gobierno ordenó parar todo lo anterior, jugando con el futuro de la gente.
Por eso, todo lo positivo que haga el presidente Noboa en esta materia, yo lo voy a continuar, porque es una política de Estado, que trasciende a los gobiernos.
Más allá de la necesidad de verdad y certezas, ¿qué puede un gobierno hacer por la ciudadanía?
Estamos viviendo una crisis peor que la pandemia y el Estado tiene que entrar al auxilio de los ciudadanos. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Vamos a tener que endeudarnos, para poder inyectar esos recursos en la gente. Y que la ciudadanía sepa que no toda deuda es mala, porque es emergente.
El Estado debe entender la situación que ha comprometido a los ciudadanos. ¿Usted le puede exigir a un pequeño comerciante que pague el IVA el 30 de cada mes? Y no estoy hablando de perdonar deudas, estoy hablando de flexibilidad.
No trabajo, no porque soy vago, sino porque no me lo permiten, porque no hay electricidad.
La gente necesita un respiro de las obligaciones con un Estado que es el que la ha llevado a esta situación.
¿No le parece lógico que el Estado le diga a las empresas privadas que proveen servicios al público, que también le den oxígeno a la gente? Por poner dos ejemplos puntuales: la telefonía celular y los proveedores de Internet.
Sin luz se caen los planes de telefonía, ¿por qué esos privados no dan compensaciones en tiempo aire o en algo más? Lo mismo con Internet. Y no estoy hablando de perdonar deudas, ¿el Estado no debe conciliar intereses y compensar en algo a los ciudadanos en esta tragedia?
Otra crisis que golpea al país es la inseguridad y los eternos estados de excepción no funcionan.
Quien dice que va a arreglar eso en meses también es un demagogo. Enfrentarse al crimen organizado y el narcotráfico es un asunto serio y de Estado, una sola visión. Por eso, saludo el apoyo del pueblo a que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interna del país.
Lo peor que puede suceder es que el crimen organizado tenga como contraparte un Estado desorganizado.
¿Qué propuestas concretas plantea en seguridad?
No hay una sola medida. Una de las mejores formas es aplicar la extinción de dominio, atacar las economías criminales, liderada por el Ejecutivo y fuerzas públicas, de la mano de la Justicia y la Fiscalía (para lo cual propongo fiscales sin rostro, para delitos de crimen organizado).
Hay que hacer vivir la ley de extradición, la reforma que aprobó el pueblo. Yo quiero criminales y capos capturados y extraditados, no capos fugados.
Cero impunidad. Y también un proceso muy duro de depuración de filas policiales, fuerzas armadas, justicia y servicio penitenciario, con control exhaustivo y permanente de los patrimonios de esos funcionarios y sus círculos familiares inmediatos.
Nuevamente, esos resultados se verían a mediano y largo plazo. ¿Y en el día a día?
La nueva guerra que vamos a suscribir en el Ecuador es contra las ‘vacunas’. Todos los delitos deben ser perseguidos, pero hay unos que quitan el sueño a la gente: los delitos contra la vida y la integridad sexual. Y el que se ha disparado, aunque el Gobierno quiera decir otra cosa, es el de la extorsión.
Tendremos un cuerpo de élite, la unidad más grande y fortalecida del Estado, articulada con la Fiscalía y los gobiernos locales.
¿No le parece que los agentes metropolitanos que hay en todo el país, dependiendo de los municipios, deberían ser los primeros aliados para que no haya vacunación en el barrio, de manera preventiva? No que se enfrenten a los narcotraficantes, eso lo hacen los militares y policías.
Y paso a paso el Estado debe volcarse a reconstruir a la par el tejido social.
¿Cómo reactivar la economía y generar empleo?
Es parte del cambio de modelo. El Estado no tiene un dólar, entonces los recursos públicos deben ser enfocados en protección social: seguridad, salud y educación pública de primer nivel para todos.
En el plan de gobierno está un gran plan de infraestructura, de todo orden, principalmente vial y de viviendas. Todo delegado al sector privado y un gobierno que no lo obstaculice. Ese plan con todos los recursos privados, facilidades y un Estado que regule, automáticamente, genera recursos que se inyectan a la economía y el beneficiario es el empleo.
Yo me reservo un Estado fuerte en seguridad, salud y educación, no un Estado grande.
Otro ejemplo, 500 becas anuales en cada uno de los 292 institutos técnicos para que los jóvenes se formen en certificaciones profesionales cortas como Inteligencia Artificial, Big Data y sala de seguridad. Es una de las demandas que tiene la sociedad, así doy el impulso y no el trabajo.
¿En un país que tiene luz por horas no podemos tener también nuevos trabajos por horas? Respetando los derechos laborales, décimos y la seguridad social. No creo en la flexibilización laboral, ni en la regresión de derechos. Pero las modalidades de trabajo deben ser aliadas de las nuevas dinámicas, por eso tengo que volver a poner este tema en el debate.
E, incluso, como en la pandemia, se necesita un apoyo a los empresarios para que no boten gente. Tengo que defender que no se pierdan los empleos, porque el apagón no solo es la incomodidad de la oscuridad, tiene una consecuencia directa económica.
https://www.primicias.ec/
¿Cuál es su visión sobre los problemas del IESS y su sostenibilidad?
El IESS no es del gobierno, es de los afiliados. El gobierno tiene un rol importante, pero es tripartito, con los trabajadores y los empleadores. Tenemos que movilizar este tema y salir de nuestro metro cuadrado, porque si seguimos como estamos esto no tiene viabilidad.
Comprendo que nadie quiere subir el aporte o la edad de jubilación. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la fórmula mágica? Yo me comprometo a destrabar el problema. Porque no es que el presidente tiene la solución, no es el dueño del IESS, no es monarca, esto no es una hacienda.
Pero algo tenemos que hacer y estoy abierto a la toma de decisiones.
Hay que analizar el tema de las coberturas totales, de los subsidios, fortalecerlos, no desaparecerlos. Debemos tener un proceso de sinceramiento de las cosas, de las crisis del Estado ecuatoriano y sus recursos.
Yo no quiero ser el presidente del ‘no pasa nada’, ni el presidente del status quo.
¿Cuál será el rol de Carla Larrea, candidata a la Vicepresidencia?
Totalmente activo, porque la candidata a Vicepresidenta puede ser Presidenta del Ecuador. Cuando seamos gobierno va a estar en todas las decisiones de Estado, tiene que aportar también su visión.
Somos dos profesionales de clase media, que no tenemos el mismo origen, pero tenemos una misma visión. Carla Larrea tiene que estar empapada de todo, sin perjuicio de que por decreto ejecutivo, con metas y plazos, le voy a delegar temas de productividad y emprendimiento.
No quiero decir lo social, porque lo social lo vamos a llevar todos. El país merece ver a un equipo de trabajo, que asuma inclusive sus equivocaciones y cuando existan diferencias (porque vamos a tener diferencias) sabremos llevarlas con altura, eso es la democracia.
No esta posición pendenciera, de muy baja ralea, que hemos visto con los actuales mandatarios, que no han tenido ni siquiera el caché que tuvieron Velasco Ibarra y Zavala Baquerizo. Fuente: Primicias
Nacionales
Acuerdo que flexibiliza la jornada laboral en Ecuador tendrá tres cambios, anuncia el Ministro de Trabajo
El acuerdo ministerial con el que se flexibiliza la jornada laboral sigue en revisión por parte del Ministerio del Trabajo y hasta ahora lleva tres cambios, con relación al documento entregado inicialmente a los inspectores de trabajo y que se hizo público el 19 de febrero de 2026.
Así lo explicó el Ministro de Trabajo, Harold Burbano, a PRIMICIAS, en una entrevista realizada el 26 de febrero de 2026. Se espera la publicación del documento final en el Registro Oficial para los próximos días.
Burbano también aclaró que aún está prevista la publicación de los nuevos salarios mínimos sectoriales para 2026, con incrementos acorde al comportamiento de cada sector.
El acuerdo MDT-2026-046 fue firmado por usted el 18 de febrero y en su disposición final dice que «entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial». ¿Por qué dijo que no está vigente?
La Corte Constitucional y el artículo 5 del Código Civil establece que un acto normativo, como lo es un acuerdo ministerial, no entra en vigencia si no se sigue el procedimiento adecuado de publicación en el Registro Oficial, en cumplimiento del principio de publicidad. Esto lo ha dicho la Corte en muchas de sus sentencias.
Y esta muletilla que, no solo la pone el Ministerio de Trabajo sino toda la institucionalidad, en realidad no surte ningún efecto, hasta tenerlo publicado. Entonces, si la pregunta es si está en vigencia, la respuesta es no.
Entonces, ¿por qué hay un documento donde está su firma?
Porque el primer paso que acordamos para poder tener una discusión final sobre esta propuesta es que exista una borrador formal, que es el que yo procesé y puse a disposición de los miembros del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.
«El pronunciamiento oficial de la autoridad es que no está en vigencia, no estamos haciendo ninguna actuación judicial ni administrativa con el documento».
Harold Burbano, ministro de Trabajo.
Entrará en vigencia cuando se lo publique en el Registro Oficial. Estamos teniendo las últimas reuniones de socialización. Además, hemos hecho adecuación al texto.
¿Qué tipo de adecuaciones han hecho a este documento?
Hemos hecho tres adecuaciones en esta última semana. La primera, aclarar de manera puntual que cuando existan contratos colectivos en las empresa donde se quiera adecuar la jornada especial, tiene que evidenciarse el acuerdo entre las partes dentro de ese contrato colectivo; no puede hacerse de manera individual con los agremiados.
La segunda es poner de manera expresa cuál va a ser el horario tanto continuo como discontinuo que podrán acordar empleadores y trabajadores, para evitar que se confunda esto con las críticas constantes que se han hecho de que es un banco de horas.
No es que un empleador dispone de las 40 horas de su trabajador de manera arbitraria, el acuerdo tiene que estar de manera expresa en el contrato de trabajo o en la adenda al contrato.
El rango de horas puede establecerse durante todo el día con los recargos establecidos. Si un trabajador pacta, por ejemplo, un horario nocturno de 10 horas, va a trabajar cuatro días a la semana, con los recargos establecidos en la ley para el pago de hora nocturna.
No es que se están vulnerando derechos establecidos en el Código del Trabajo, básicamente es un mecanismo para poder redistribuir las horas de trabajo y adecuar la ley a la realidad actual.

¿Cuál sería el tercer cambio que están estableciendo?
El tercer cambio es especificar cuándo se pueden dar las 12 horas de trabajo, porque esa también ha sido una crítica. Las 12 horas son una excepción para un sector en particular, que es el del transporte, que además tiene su norma particular.
Esto se está haciendo junto con otras aclaraciones particulares de jornadas con rango de horario menor, por ejemplo, la de los radiólogos o personas que trabajan en subsuelos. Existe una norma legal que señala que no se puede aumentar este tiempo a más de 6 horas y una hora suplementaria extra.
Entonces, con respecto al artículo 4, ¿ya no se podrá incrementar las horas de trabajo a cambio de días de descanso para todos los trabajadores, únicamente para transportistas?
Así es, se va a dejar claro para qué sector aplica la extensión de las 12 horas, e igualmente las horas disminuidas.
«La regla general va a ser 40 horas semanales y hasta 10 horas diarias, con los recargos pertinentes». Harold Burbano, ministro de Trabajo
¿Y la extensión de la jornada para los transportistas, a cambio de días de descanso, incluirá también los recargos de ley por horas extras o nocturnas?
No está cambiando nada, solo el procedimiento de registro. Por ejemplo, si es que quiere plantear tres o cuatro turnos de 12 horas para el tema del transporte, ya no va a trabajar 40 horas semanales, sino 48 horas.
Esas 8 horas extras, de las 40 horas, se pagan conforme a los recargos establecidos en la ley. Eso ya pasa con la aprobación del Ministerio de Trabajo, se llama jornada extraordinaria.
Entonces, vamos a seguir aprobando esas jornadas extraordinarias, pero ahora con una diferenciación, porque no había un tiempo perentorio para que se aprueben esas jornadas, y muchas veces ya rayaban en la ilegalidad, porque se implementaban sin tener la resolución del Ministerio de Trabajo.
Ahora, nos hemos dado 10 días para aprobar esa jornada; de no existir la aprobación, vamos a sancionar al funcionario que debía emitir la aprobación y se va a aprobar de manera tácita esta jornada especial. Además, se implementará un mecanismo de control a la empresa o al empleador que está pidiendo la aprobación de esta jornada.
En cuanto a la distribución de la jornada de 40 horas, ¿si una persona labora 10 horas, se le pagarán los recargos nocturnas, aunque al siguiente día trabaje 6 horas?
Si el trabajador tiene un horario de 2 de la tarde a 10 de la noche, ese tiempo que está dentro de la hora nocturna tiene que ser pagado con el recargo de la hora nocturna, aunque al día siguiente trabaje menos horas. El recargo se lo hace en la hora trabajada.
Al cierre del mes de febrero aún no se había publicado la tabla con los salarios mínimos sectoriales para 2026. ¿No habrá aumentos para este año?
No se puede dar por entendido eso. Estamos actualizando los representantes de los comités sectoriales, tanto de empleadores como de trabajadores. No podíamos sentarnos a discutir con alguien que ya no tenga representatividad. Se están rearmando los consejos.
Pero lo que sí se planteó en el marco del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es que el salario sectorial tiene que ser discutido dentro de los comités sectoriales. No lo voy a hacer de manera impositiva como se ha venido haciendo en los últimos años.
Entonces, ¿aún se puede esperar un incremento de esos salarios?
Así es, si es que el sector así lo requiere; el incremento puede ser porcentualmente mayor o menor al del salario básico unificado, porque hay sectores que han tenido mayor crecimiento económico que otros. Entonces, sería irresponsable de parte del Ministerio hacer una equiparación. En eso están de acuerdo tanto empleadores como trabajadores.
En el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios acordamos no subir los salarios mínimos sectoriales hasta que no haya un análisis en cada uno de los comités sobre el crecimiento de cada sector, porque si no puede haber distorsiones. Hay que hacerlo de manera técnica.
¿Y cuánto puede tomarles ese análisis? Hay mucha expectativa entre los trabajadores sobre este tema.
Tomará una o dos reuniones por sector. Entonces, creería que en el primer trimestre del año ya estará resuelto.
Tampoco lo veo como algo contrario a los derechos de los trabajadores, hemos conversado con los sindicatos y están completamente de acuerdo en que es necesario hacer este análisis.
¿En qué consiste el Acuerdo por la Empleabilidad al que ha hecho mención el Presidente en los últimos días?, ¿en qué se diferencia de la Ruta de la Empleabilidad?
Es un procedimiento de mejora de la anterior Ruta de la Empleabilidad, en donde estamos estableciendo una obligatoriedad a todas las instituciones del sector privado de canalizar sus ofertas laborales para personas de entre 18 y 29 años, a través de la plataforma Encuentra Empleo.
Paralelamente a eso, hemos invitado a la ciudadanía, especialmente a este rango etario, a que se pueda inscribir en esta plataforma y generar su hoja de vida. Vamos a hacer los’ match’ pertinentes.
Además, se van a generar diferentes beneficios, como aprobaciones mucho más expeditas de estas jornadas laborales (establecidas en el acuerdo 046), a aquellos que contraten mayor cantidad de jóvenes en sus empresas, pero deben cumplir con unos pasos específicos para que sea solo en ese rango.
Nosotros tenemos la expectativa de que con este Acuerdo por la Empleabilidad vamos a llegar a 160.000 empleos nuevos de jóvenes a diciembre de 2026. En este momento, hay 851 empresas, de un universo de casi 90.000. Esperamos que la mayor cantidad de empresas se junten a este acuerdo nacional. Fuente: Primicias
Nacionales
Exministros de Ecuador y Colombia piden un diálogo urgente para evitar una guerra comercial
Desde este 1 de marzo de 2026 rige el alza del 30 al 50% del arancel o tasa de seguridad impuesto por Ecuador a las importaciones colombianas, en medio de una guerra comercial entre ambos países vecinos.
Para evitar una escalada de esta tensión comercial, 13 exministros de Ecuador y Colombia emitieron un comunicado conjunto este domingo, con el fin de llamar al diálogo a los gobiernos, y así desmontar este arancel, cuya resolución ya fue publicada por el Senae.
«Hacemos un llamado a los gobiernos de ambos países a restablecer de manera urgente los canales de diálogo diplomático al más alto nivel», dice el comunicado, firmado por seis exministros ecuatorianos de Comercio de distintos gobiernos, como Daniel Legarda e Iván Ontaneda.
Según los firmantes del comunicado, a través de este diálogo diplomático se podrá no solo desmontar los aranceles recíprocos impuestos, sino también establecer acciones prioritarias de seguridad fronteriza y eliminar otras medidas como la prohibición del ingreso de mercancía vía terrestre hacia Colombia, o el aumento en la tarifa de transporte de crudo.
«Recomendamos a las autoridades de ambos países retomar y honrar los compromisos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones», agregó el comunicado de los exministros, quienes destacan que el comercio bilateral de Ecuador y Colombia asciende a casi USD 3.000 millones e involucra a más de 200.000 empleos.
El nuevo porcentaje entró en vigor exactamente un mes después de que Ecuador aplicara el arancel del 30%, dispuesto por el presidente Daniel Noboa en respuesta a la falta de control de la frontera desde Colombia.
En respuesta, Colombia también impuso un arancel del 30% a 23 partidas arancelarias, agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales, que entró en vigor el martes pasado, además de haber impedido el ingreso por vía terrestre a varios productos agrícolas. Fuente: Primicias
https://twitter.com/dlegarda/status/2028093259659001857
Nacionales
Gobierno ratifica que no habrá minería en Galápagos
La nueva ley minera encendió alertas en redes sociales y colectivos ambientales. ¿Habrá minería en Galápagos? La respuesta oficial es tajante: no.
El Ministerio de Ambiente y Energía informó que el Parque Nacional Galápagos (PNG) mantiene su condición de área protegida y no puede ser intervenido para actividades mineras.
Parque Nacional Galápagos mantiene prohibición total
La entidad aclaró que dentro del Parque Nacional Galápagos no se permite minería metálica ni no metálica, sin excepción.
La normativa vigente y la Constitución protegen el área. No existen autorizaciones para explotación industrial ni para proyectos comerciales dentro del parque.
Extracción limitada solo fuera del parque
La ley contempla una excepción técnica y delimitada: fuera del PNG y únicamente en zonas definidas como Zonas de Aprovechamiento Sustentable, se podrán autorizar permisos para extracción de áridos (arena, grava, piedra) destinados exclusivamente a obra pública local.
No se trata de minería comercial ni de exportación. La autorización requerirá informes ambientales y control administrativo.
También se permitirá, bajo regulación, aprovechamiento artesanal de áridos y pétreos en áreas específicas fuera del parque.
La ley no amplía derechos mineros en Galápagos
El Ministerio sostuvo que la norma no crea nuevas competencias ni abre la puerta a minería a gran escala en el archipiélago.
Según la explicación oficial, el objetivo es ordenar actividades existentes y establecer reglas claras para frenar la extracción ilegal, que es la que genera mayores daños ambientales.
Galápagos bajo protección constitucional
Galápagos es Patrimonio Natural de la Humanidad y una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. La Constitución ecuatoriana reconoce derechos de la naturaleza y establece protección reforzada para áreas protegidas.
La aclaración oficial busca frenar interpretaciones que vinculaban la nueva ley con una posible apertura minera en el archipiélago.
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