La educación universitaria incide de forma trascendental en el desarrollo de la sociedad y tiene una tarea fundamental que es la generación de conocimiento nuevo, pertinente y que ayude a resolver los grandes problemas que enfrenta la humanidad, a más de formar profesionales con alta calidad humana y rigurosidad académica para servir a la sociedad. Para hacer efectivos estos postulados, los asambleístas constituyentes junto al pueblo ecuatoriano tuvieron la visión de consagrar en la Constitución del 2008, en su Art. 28 la gratuidad de la educación pública hasta el tercer nivel de educación superior.
Una de las ofertas de campaña del presidente Guillermo Lasso Mendoza en 2021 y de Daniel Noboa Azín en 2023 fue garantizar el libre acceso a la Universidad pública a los bachilleres Ecuatorianos para que estudien la carrea de su preferencia. Sin embargo, lejos de cumplir su oferta de campaña, recortaron el presupuesto a las universidades públicas y escuelas politécnicas del país, poniendo en riesgo su estabilidad financiera y afectando la contratación de personal, la admisión de estudiantes y la operatividad de las 31 universidades públicas que existen en el país.
Los recortes del presupuesto a la Educación superior, van en sentido contrario de los ofrecimientos de garantizar el libre acceso a la Universidad pública a todos los bachilleres, ya que en el Ecuador se gradúan cada año aproximadamente 350.000 bachilleres y las Universidades sólo tiene capacidad para recibir al 29% de los bachilleres, es decir sólo 3 de cada 10 jóvenes acceden a la Universidad. Para cumplirles la palabra a los bachilleres de garantizar el libre ingreso a la Universidad pública, se requiere incrementar el presupuesto para educación superior para construir nuevas Universidades, ampliar la infraestructura de las existentes y contratar más Docentes, con ello se lograría incrementar la oferta de cupos.
En el ecuador hay 31 universidades públicas, 14 están en la costa, 15 en la sierra y dos en la amazonia. La Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, establece en la DÉCIMA PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA…que en un plazo máximo de dos años, a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial (21 de mayo de 2018), realizará los trámites constitucionales y legales correspondientes, para la creación y funcionamiento de universidades públicas autónomas en cada una de las provincias amazónicas, priorizando la de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La decisión política de crear Universidades en estas provincias amazónicas, ayudaría muchísimo a su desarrollo, porque la academia es parte sustancial en el progreso de los pueblos; pero también ahorraría a los padres de familia los altos costos por concepto de alimentación, transporte y vivienda, cuando tenemos que enviar a nuestros hijos a otros lugares del País para que se profesionalicen.
Los bachilleres ecuatorianos siguen acariciando el sueño de poder ingresar a la Universidad pública para hacer realidad el sueño de profesionalizarse y posteriormente servir a su gente; para que ese sueño se haga realidad, nuestros gobernantes deben cumplir sus ofertas de campaña asignando el presupuesto necesario para que la educación superior incremente la oferta de cupos para la juventud de nuestro país. La palabra agua no es la que calma la sed, lo que calma la sed es el agua; los ofrecimientos (palabras) no incrementan los cupos para el ingreso a la educación superior, lo que resuelven el problema que 7 de cada 10 estudiantes no puedan estudiar en la Universidad es la decisión política de poner el “billete” suficiente y necesario para incrementar la oferta de cupos y garantizar el ingreso a la Universidad de nuestra juventud.
