Nacionales
Guillermo Lasso traza sus argumentos para defenderse del juicio político
El presidente Guillermo Lasso tachó de «infundado» al delito de peculado que le imputa la oposición para el juicio político en la Asamblea. El mandatario trazó los argumentos que serán remitidos a la Comisión de Fiscalización, en donde este lunes 10 de abril de 2023 se conocerán los primeros oficios recibidos dentro de la fase de pruebas.
Después de que fue notificado por la Comisión el pasado jueves 6 de abril, Lasso aseveró en una carta que la denuncia del exgerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Jhonny Estupiñán, sobre un supuesto perjuicio al Estado en un contrato con Amazonas Tanker Pool para el alquiler de buques, resulta «falsa y contradictoria».
Se trata del principal elemento de «mínima verosimilitud» que encontró la Corte Constitucional para admitir a trámite la solicitud de interpelación contra el Presidente. Es un proceso impulsado por la mayoría opositora liderada por el correísmo (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC).
El mandatario basa sus descargos en estos hechos:
- La relación comercial entre Flopec y Amazonas Tanker Pool fue negociada, convenida y formalizada en el periodo de gobierno anterior.
- Todas las recomendaciones dadas por la Contraloría General del Estado fueron cumplidas en su totalidad por el actual gobierno.
- No se configura el delito de peculado que pueda imputarse a su persona.
- La denuncia hecha por Jhonny Estupiñán fue falsa y contradictoria. Tan es así que el señor Estupiñán, con comunicación emitida tres días después, revocó la decisión de dar por terminado el contrato.
- El gobierno del Ecuador atendió oportunamente la comunicación de Jhonny Estupiñán y remitió su contenido a la institución competente.
Recomendaciones de Contraloría
El mandatario dice que el 5 de noviembre del 2021, la Contraloría emitió un informe con 13 recomendaciones. Lo hizo luego de realizar un examen especial al contrato que data del 7 de diciembre de 2018. Es decir, tres años antes de que llegue al poder.
Apunta que entre esas recomendaciones consta «la conveniencia y pertinencia de continuar» con el contrato.
Además, la necesidad de poner en consideración del Directorio la suscripción de contratos que superen el monto autorizado de gasto. Pero que «en ningún caso, las recomendaciones expedidas a la gerencia general de Flopec contemplan la terminación unilateral del contrato», señala.
Sostiene que Estupiñán fue removido del cargo el 9 de marzo del 2022 por el directorio de Flopec «producto de reiterados incumplimientos en su gestión». Y dos semanas después remitió un escueto oficio a su despacho, «aduciendo, maliciosamente, que había sido removido de manera arbitraria del cargo por haber terminado el contrato y por haber exigido que se mejoren ciertas condiciones contractuales». Lo que respondido por las instancias correspondientes.
Lasso sostiene que el exfuncionario ocultó que el 4 de febrero del 2022 vía correo electrónico revocó la terminación unilateral que firmó tres días antes, algo que no tenía sustento técnico ni legal.
Balance de Flopec
Lasso indica que en este periodo presidencial Flopec pasó de ser una empresa pública que reportaba pérdidas de hasta USD 50 millones al año, a una que generó USD 120 millones de utilidades en 2022.
«¿Dónde está el supuesto peculado?», se preguntó el secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz. «En el gobierno del presidente Lasso, Flopec alcanzó números positivos, por consiguiente no hay perjuicio para el Estado», concluyó.
Ortiz divulgó este sábado 8 de abril los balances sobre Flopec y los oficios donde Estupiñán terminó unilateralmente el contrato y poco después revocó la medida.
Lasso, en un escrito dirigido a la Comisión de Fiscalización, designó al jurista Édgar Neira Orellana como su procurador para que a su nombre «intervenga en el trámite de este procedimiento ante la Comisión, presente escritos, solicite la práctica de pruebas, impugne pruebas, interrogue o contrainterrogue testigos, participe en audiencias» y demás.
El cronograma
De acuerdo con el cronograma de la Comisión de Fiscalización, las pruebas de cargo y descargo serán recibidas hasta el domingo 16 de abril. La práctica de pruebas y comparecencias se prevén desde el 17 hasta el 26 de abril. Y la presentación de un informe para resolución del Pleno hasta el 6 de mayo.
El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio (ind.), ofició a la Corte Constitucional para que realice un seguimiento y control al dictamen con el que fueron desechados los cargos por supuesta concusión que también le imputaban al Mandatario.
El pedido se da después de que, el 5 de abril de 2023, los asambleístas solicitantes señalaron que «tampoco existe en el procedimiento la posibilidad de que la Comisión o su presidente ‘dispongan’ restricciones o delimitaciones a la documentación de sustento del juicio político o las pruebas, sino que debe ceñirse a la disposición legal de que en la notificación se acompañará la solicitud correspondiente la documentación de sustento y la resolución de admisibilidad de la Corte».
La Comisión de Fiscalización fue convocada a sesión para este lunes 10 de abril, a las 16:00. En el orden del día consta conocer el escrito que Lasso envió el 6 de abril pasado, donde designó a su procurador y pidió certificar si los proponentes cumplen con el dictamen de la Corte. Además, se analizará las pruebas de oficio solicitadas por varios legisladores.
Tensiones con Nebot
El trámite de este juicio político se da en medio de tensiones entre Villavicencio y la coalición que lidera el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), que busca la destitución de Lasso.
El viernes pasado, en medio del feriado por Semana Santa, el Consejo de de Administración de la Legislatura (CAL), de mayoría opositora, exigió a Villavicencio que no dilate este juicio político por pedido de Ronny Aleaga (Unes).
En cambio, Villavicencio tuvo una airada respuesta de Jaime Nebot, líder del PSC, después de que anunciara una investigación a una empresa vinculada a la familia del político guayaquileño.
«El haberse metido con mi familia (no conmigo) me otorga absoluta libertad de proceder, en la forma que yo crea conveniente, contra los autores directos e indirectos de esta bajeza», enfatizó Nebot.
Villavicencio replicó que él cumple con su obligación de fiscalizar y que «nadie está fuera de la ley. Hace rato que les perdí el miedo». El legislador aseguró que ampliará su investigación a otras empresas para determinar a sus beneficiarios. «Nos vemos en Nueva Zelanda», tuiteó. Fuente: El Comercio
Nacionales
El cacao ecuatoriano arrancó 2026 con sus peores cifras de exportaciones en 22 meses
El cacao ecuatoriano cerró enero de 2026 con la cifra de exportaciones más baja en 22 meses, debido a la caída que ha tenido el precio de la fruta en el mercado internacional.
Según el Banco Central, el valor de las exportaciones de cacao y elaborados fue de USD 223,5 millones, lo que representa una caída de 57% frente a igual mes de 2025. En volumen, también hubo una caída de 32%.
Ese comportamiento está relacionado con el desplome que ha tenido el precio en el mercado internacional en el último año. Este 13 de marzo de 2026, el precio de la tonelada de cacao, para contratos futuros, cerró en USD 3.336 en el mercado bursátil, según el portal financiero Investing.com.
Si se compara con un año atrás, el precio ha caído en 59%. Y sigue con tendencia a la baja, tomando en cuenta que en los últimos siete días ha disminuido 9%.
Exportaciones no petroleras
Pese a la caída del cacao, las exportaciones no petroleras de Ecuador siguen con crecimiento. En enero de 2026, cerraron con un monto de USD 2.491 millones, lo que representa un alza de 8,6%. En volumen, tuvieron un mayor impulso, con un incremento de 14,7%.
El camarón se mantiene como el producto líder de las exportaciones del país, con un valor de USD 728,9 millones, en enero de 2026, lo que representa un alza de 22%.
Sin embargo, la minería tuvo el mejor desempeño en enero, con un crecimiento en valor de 77,6%, para un monto de USD 483,6 millones, impulsado por los buenos precios del oro en el mercado internacional. En volumen, también crecieron en 55%.
En Ecuador, hay dos grandes minas a gran escala, en producción: Fruta del Norte, de oro, y Mirador, de cobre; ambas ubicadas en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.
Con las cifras alcanzadas en enero, la minería sigue superando al banano y plátano, que en el primer mes del año, cerraron con un valor de exportaciones por USD 419,4 millones. No obstante, los envíos de estas frutas tropicales también tuvieron un crecimiento de 18,7% en valor y de 13,6% en volumen.
Exportaciones totales
Las exportaciones totales del país cerraron enero con un valor de USD 3.100 millones, para una caída de 2,2%, arrastradas por el bajo desempeño de las exportaciones petroleras del país.
Los envíos de crudo y sus derivados llegaron a un monto de USD 609,8 millones, lo que refleja una disminución de 30%. También tuvieron un caída en volumen de 11%.
Ese comportamiento está atado a una caída de la producción petrolera, que en enero fue de 2% y para febrero, siguió a la baja. De igual manera, en ese mes, el precio del crudo ecuatoriano fue de USD 53,1 por barril, cuando un año antes estaba en USD 67,3.
Sin embargo, el precio del petróleo WTI, que sirve de referencia para Ecuador, ha estado subiendo en el mes de marzo por el impacto de la guerra en Medio Oriente en la oferta de crudo. Fuente: Primicias
Nacionales
Gobierno amplía modelo de alimentación escolar para fortalecer la nutrición estudiantil en Ecuador
En el marco del Día Internacional de la Alimentación Escolar, que se conmemora el 12 de marzo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (WFP), anunció la ampliación del nuevo modelo de alimentación escolar con el objetivo de beneficiar a más de 85.000 estudiantes del Sistema Nacional de Educación del Ecuador, fortaleciendo la nutrición de niñas, niños y adolescentes y promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de las economías locales.
Esta iniciativa se desarrolla mediante la articulación entre el Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Educación del Ecuador y la Vicepresidencia de la República del Ecuador, instituciones que impulsan un modelo de comidas escolares orientado a vincular la producción local con la nutrición y el bienestar de las comunidades educativas.
El modelo implementado en Ecuador plantea un enfoque integral que trasciende la entrega tradicional de raciones alimenticias. Este sistema incorpora acciones en los ámbitos de nutrición, salud, agricultura y educación, con el propósito de fortalecer las capacidades de las comunidades educativas y fomentar hábitos alimenticios saludables desde las primeras etapas de la vida escolar.
Para la ampliación del programa se ha previsto una inversión estimada de 13,5 millones de dólares, lo que permitirá extender la cobertura a más de 85.000 niñas, niños y adolescentes, alcanzando al menos 20 provincias del país priorizadas en función de sus niveles de vulnerabilidad social y nutricional.
Actualmente, el modelo de comidas escolares ya beneficia a 37.800 estudiantes pertenecientes a los ciclos educativos de la Costa y la Sierra, mediante una inversión de 6,2 millones de dólares. Esta intervención ha contribuido a mejorar la nutrición, el rendimiento escolar y el bienestar integral de la población estudiantil participante.
El fortalecimiento de la alimentación escolar forma parte de las políticas públicas que impulsa el Estado ecuatoriano para consolidar la seguridad alimentaria y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje, reconociendo que una alimentación saludable constituye un pilar fundamental para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
De esta manera, el programa busca no solo mejorar la calidad nutricional de los estudiantes, sino también dinamizar los sistemas productivos locales, promover la agricultura familiar y fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas y los territorios donde se desarrollan.
Nacionales
Análisis jurídico sobre la formulación de cargos centró el programa “La Tertulia”
En una nueva emisión del programa “La Tertulia Jurídica”, espacio de análisis y reflexión dirigido a la comunidad jurídica y a estudiantes de Derecho, se desarrolló un conversatorio especializado con la participación de José Charry Dávalos, quien abordó el tema “La formulación de cargos en el proceso penal”, una figura clave dentro del sistema de justicia.
Durante su intervención, el jurista explicó que la formulación de cargos constituye una decisión adoptada por la Fiscalía General del Estado, mediante la cual se inicia formalmente un proceso penal contra una persona determinada. Según indicó, antes de este momento procesal suele existir una etapa previa de investigación, pero es con la formulación de cargos cuando se activa oficialmente la instrucción fiscal dentro del sistema penal.
El especialista señaló que esta decisión implica que la Fiscalía identifique con claridad tres elementos fundamentales: el hecho delictivo ocurrido, la persona presuntamente responsable y los elementos de convicción o evidencias que permitan sostener la hipótesis acusatoria. Asimismo, explicó que es indispensable establecer una calificación jurídica del delito, es decir, determinar el tipo penal aplicable al hecho investigado.
Charry enfatizó que, aunque el marco normativo no establece un momento exacto para formular cargos, sí exige requisitos de fondo que deben cumplirse previamente. En ese sentido, sostuvo que la Fiscalía debe contar con suficientes elementos que permitan justificar la existencia del delito y la participación del presunto responsable antes de iniciar formalmente el proceso penal.
Consecuencias jurídicas de la formulación de cargos
Durante el análisis, el abogado penalista explicó que la formulación de cargos genera varias consecuencias jurídicas relevantes dentro del proceso penal.
La primera es el inicio formal de la instrucción fiscal, etapa en la que se investiga el caso con mayor profundidad y en la que se notifica al procesado sobre la apertura del proceso penal en su contra.
La segunda consecuencia es la posibilidad de restricción de derechos del procesado, ya que en la audiencia respectiva la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares que limiten su libertad o su patrimonio, como la prisión preventiva, la presentación periódica ante la autoridad judicial o la prohibición de salida del país.
Finalmente, el jurista destacó una tercera consecuencia que, a su criterio, suele ser poco comprendida dentro del sistema judicial: la formulación de cargos delimita los contornos del proceso penal, es decir, fija los hechos, las personas y los elementos sobre los cuales la Fiscalía podrá acusar posteriormente durante el desarrollo del caso.
Desarrollo de la audiencia de formulación de cargos
En el conversatorio también se explicó cómo se desarrolla una audiencia de formulación de cargos. De acuerdo con Charry, el procedimiento inicia con la intervención del fiscal, quien expone de manera oral los hechos investigados, identifica al presunto responsable, establece la calificación jurídica del delito y presenta los elementos de convicción que sustentan su acusación inicial.
Posteriormente, se fija el tiempo de duración de la instrucción fiscal, que puede variar dependiendo del tipo de delito, y se abre un periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa pueden incorporar evidencias, pericias, testimonios y documentos que permitan sustentar sus respectivas posiciones dentro del proceso.
En esta misma audiencia, la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares contra el procesado, las cuales son debatidas por la defensa y finalmente resueltas por el juez competente, quien debe fundamentar su decisión bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.
Rol del juez y de la defensa
José explicó que la formulación de cargos es una facultad exclusiva de la Fiscalía, por lo que el juez no puede negar su realización. Sin embargo, el magistrado sí tiene competencia para resolver sobre las medidas restrictivas de derechos solicitadas por el fiscal.
En este contexto, destacó que el papel de la defensa consiste en argumentar jurídicamente por qué las medidas solicitadas no son necesarias o proporcionales, evitando discutir el fondo del caso en una etapa procesal que no corresponde al juicio.
Finalmente, el especialista subrayó que el análisis de medidas cautelares, especialmente la prisión preventiva, exige una evaluación rigurosa de los elementos presentados por la Fiscalía, ya que la restricción de la libertad personal debe responder a criterios jurídicos sólidos y no únicamente a presunciones.
El programa concluyó con un espacio de diálogo abierto con los participantes, quienes pudieron plantear inquietudes y reflexiones sobre la aplicación práctica de esta figura procesal dentro del sistema penal ecuatoriano.
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