Nacionales
Graves omisiones estatales permiten avance descontrolado de la minería en Napo
La minería metálica en la provincia de Napo opera en un contexto de impunidad ambiental, debilidad institucional y falta de control estatal. Así lo revela el informe preliminar elaborado por la Contraloría General del Estado, que auditó el otorgamiento y la supervisión de concesiones mineras entre 2019 y 2022.
El documento —resultado de una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Auditoría de Recursos Naturales— evidencia múltiples irregularidades, entre ellas la ausencia de inspecciones, la operación sin licencias ambientales y el incumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los concesionarios.
Según el informe, 43 de las 82 concesiones artesanales registradas durante el período analizado no fueron inspeccionadas por ninguna de las dos instituciones encargadas del control: la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Esta omisión permitió que varias de ellas funcionaran sin permisos ambientales, sin certificados de no afectación hídrica y sin licencia para operar maquinaria pesada.
En cuanto a la pequeña minería, de las 37 concesiones existentes, 17 no fueron inspeccionadas por la ARCERNNR y 10 tampoco por el MAATE. Las inspecciones realizadas arrojaron serios incumplimientos: uso de agua sin autorización, falta de tratamiento de aguas residuales y explotación aurífera antitécnica. En la mayoría de los casos, no se iniciaron procesos sancionatorios.
Además, el informe alerta sobre el incumplimiento de obligaciones tributarias: 55 concesiones no presentaron declaraciones de impuestos, acumulando una deuda de más de 47 mil dólares por concepto de patentes de conservación. Aunque la Ley de Minería contempla la caducidad de concesiones en estos casos, la falta de personal técnico y jurídico en la oficina distrital de la ARCERNNR impidió actuar al respecto.
Otro punto crítico es la presencia de actividades mineras ilegales dentro de concesiones legalmente otorgadas, sin que las autoridades hayan intervenido. También se reportan graves afectaciones ambientales: desviaciones de ríos, acumulación de aguas contaminadas sin tratamiento, tala indiscriminada y frentes de explotación abandonados.
Entre julio de 2020 y septiembre de 2022, la oficina de la ARCERNNR en Napo contaba con un solo técnico para atender los sectores de energía, hidrocarburos y minería en tres provincias: Napo, Pichincha y Orellana.
La Contraloría concluye que el Estado ha incumplido su rol como ente regulador y garante de derechos, y recomienda medidas urgentes como la elaboración de instructivos de control, sanciones, y solicitudes de caducidad de concesiones. Hasta la fecha de corte del informe, no existe evidencia de que estas recomendaciones se hayan implementado.
El informe posiciona a Napo como un caso emblemático del descontrol estatal frente al avance minero en territorios amazónicos, con impactos directos sobre los ecosistemas, las fuentes de agua y los derechos de las comunidades.
El Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 10 000 uniformados en Guayas, Manabí y Los Ríos, las tres provincias que en 2025 registraron los índices más altos de homicidios intencionales y que aún concentran elevadas cifras de asesinatos y otros delitos.
Según la cartera de Defensa, esta medida “marca el inicio de la fase Ofensiva Total”. En ese contexto, el ministro Gian Carlo Loffredo ordenó la instalación indefinida del Alto Mando Militar en Guayaquil.
“Esta guerra es muy dinámica y hay que adaptarse y evolucionar”, afirmó el funcionario en un video difundido por el Gobierno Nacional.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los soldados continuarán llegando a Guayas, Manabí y Los Ríos hasta este viernes 16 de enero.
Un presunto esquema de estafa bajo la modalidad de inversiones en criptomonedas es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que varias familias de Cuenca, en la provincia del Azuay, denunciaran haber perdido importantes sumas de dinero.
El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, informó que la investigación se inició tras la recepción de múltiples denuncias contra una empresa que ofrecía servicios de inversión en Bitcoin. Según los afectados, entregaban dinero para supuestas gestiones en criptomonedas, pero nunca recibieron rendimientos ni constancia de las operaciones.
“Actualmente, el caso está a cargo de la Unidad de Lavado de Activos en Quito y ya se encuentra en conocimiento de uno de los fiscales especializados”, explicó Amoroso.
El modus operandi
De acuerdo con la Fiscalía, las empresas involucradas solicitaban a los ciudadanos entregar dinero bajo la figura de “créditos a plazo fijo por montos elevados”. Posteriormente, los fondos eran transferidos a cuentas indicadas por los representantes, con la promesa de que serían invertidos en activos digitales.
Sin embargo, las víctimas aseguran que nunca recibieron comprobantes de inversión ni retornos económicos, lo que encendió las alertas sobre un posible esquema fraudulento.
Dos empresas bajo investigación
Las primeras indagaciones apuntan a la existencia de dos empresas relacionadas con el caso: una encargada de captar el dinero en Ecuador y otra con sede en México. Parte de la investigación busca determinar si una de estas compañías habría entrado en proceso de quiebra.
En declaraciones a Radio Tomebamba, Francisco Zamora, abogado de las víctimas, señaló que las firmas involucradas serían Capitalika y SCB Smart Capital.
El jurista añadió que ambas constan en los registros de la Superintendencia de Bancos como entidades no autorizadas para realizar actividades financieras desde 2024, pese a lo cual continuaban operando y captando recursos de ciudadanos.
Nacionales
Bukele califica de ‘cómplices’ a los Estados que no vencen la criminalidad; ecuatorianos son condenados en El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arremetió contra los Estados que no logran vencer a la criminalidad y los calificó de cómplices, al sostener que cualquier país tiene la capacidad de imponerse a los grupos delictivos si ejerce con firmeza la fuerza del Estado.
“No hay Estado que no pueda contra los criminales. Si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice. Una vez el Estado se libera de la complicidad con la delincuencia y va con fuerza hacia los criminales, los vence”, afirmó Bukele.
Las declaraciones se dieron este miércoles 14 de enero, durante un acto oficial en el que el mandatario salvadoreño acompañó al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en la colocación de la primera piedra de una megacárcel inspirada en el modelo penitenciario implementado por El Salvador, con el objetivo de combatir el crimen organizado “con fuerza”.
En el sitio se iniciará la construcción de la cárcel Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una obra basada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña para pandilleros que se ha convertido en el principal símbolo de la denominada “guerra” contra las bandas criminales en ese país.
«No hay otra forma de resolverlo más que con fuerza, hay proponentes que hablan de invertir en educación y darles oportunidades a los niños, pero eso es antes de que el problema empiece. Estos criminales no son niños, se graduaron de la universidad del crimen (…) La única forma de solucionar un problema que ya existe es con fuerza, con la fuerza del Estado. Todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales», afirmó Bukele.
La futura CACCO, que costará 35 millones de dólares, contará con cinco módulos con una capacidad total de 5.100 reclusos, y según el Gobierno servirá para encerrar allí a los presos más violentos.
El proyecto se desarrolla en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios, con alrededor de 900 cada año, de los cuales un 70 % es atribuido por las autoridades al narcotráfico.
El Salvador condena a ecuatorianos por tráfico de cocaína
La Justicia de El Salvador condenó a ocho extranjeros a penas de 14 y 17 años de prisión por tráfico, posesión y tenencia de droga, valorada en más de 38,9 millones de dólares, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
Se trata de una sentencia contra dos ciudadanos ecuatorianos y seis mexicanos, quienes transportaban un cargamento de 1.550 kilogramos de cocaína.
El operativo de localización, captura e incautación tuvo lugar en julio de 2024, cuando elementos de la Marina Nacional interceptaron en aguas del Pacífico salvadoreño, específicamente al sur del estero Jaltepeque, en la central localidad de San Luis la Herradura, tres embarcaciones en las que se movilizaba la droga.
Los extranjeros procesados y condenados fueron identificados como los ecuatorianos Vicente Teodoro Vélez García y Jimmy Efrén Bravo Villegas, y los mexicanos Lisandro Hernández García, Agustín Girón Domínguez, Marcos Agreda Villegas, Santiago López Gutiérrez, Ider Camacho Luján y Jonathan Bartolo Ortiz.
En 2025 sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, las que fueron incautadas con un valor de más de 618,7 millones de dólares.
De acuerdo con declaraciones del titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino, la mayoría de esta droga fue localizada por la Marina Nacional en aguas del Pacífico salvadoreño. Fuente: Vistazo
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