Nacionales
Graves denuncias de tortura y tratos inhumanos en cárceles de Ecuador bajo intervención militar
Las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas en las cárceles del Ecuador, tras la declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador, ha sido un tema que se ha mantenido como un secreto a voces.
De acuerdo a familiares las personas privadas de libertad (PPL) y defensores de derechos humanos, desde que ingresaron los militares a los centros carcelarios, han sido múltiples las presuntas acciones que se han ejecutado en contra de los presos. Incluso, hablan del fallecimiento de un reo por inanición, condición que es provocada por la falta de alimentos.
El defensor del Pueblo (e), César Córdova, informó que la institución ha realizado 82 visitas a centros de rehabilitación en los meses de abril y mayo, constatando la existencia de agresiones contra los internos y condiciones inadecuadas de alimentación, donde en algunos casos solo se proporciona una ración al día, en lugar de las tres raciones diarias establecidas por normas internacionales.
Este incumplimiento, afirmó, podría considerarse una forma de tortura, lo cual ha llevado a la Defensoría a presentar más de 25 denuncias ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen posibles vulneraciones a los derechos humanos. Y es que, además, han recibido el reporte de 24 muertes y 155 torturas.
Desde golpes hasta agresiones sexuales
Billy Navarrete, director Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, reveló graves denuncias de tortura y tratos crueles hacia personas privadas de libertad en Ecuador, a causa de la intervención de las Fuerzas Armadas en diversos centros penitenciarios del país, incluida la Penitenciaría del Litoral, bajo el pretexto de un conflicto armado interno.
Según el último informe del Comité de Derechos Humanos (CDH), se han documentado múltiples casos de abuso y maltrato desde que las fuerzas militares tomaron el control de las prisiones. Entre los testimonios recopilados, se mencionan la restricción de acceso a agua potable y alimentos, decomiso de bienes personales, y falta de comunicación con familiares de los detenidos. Aún más alarmante son las prácticas de tortura que incluyen golpes, uso de gas pimienta, ahogamientos, y agresiones sexuales.
El CDH ha registrado la muerte de 680 personas en contextos de violencia en el sistema carcelario ecuatoriano desde 2018 hasta 2023. Y la última intervención militar ha sido criticada por violar los estándares del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, lo cual no justifica la tortura sistemática de los detenidos.
Las denuncias de tortura incluyen:
- Golpes con palos y cables metálicos.
- Restricción de alimentos por más de seis días.
- Uso de gas pimienta y ahogo en tanques de agua.
- Violaciones sexuales con objetos.
- Encierro prolongado en celdas sin acceso a servicios básicos.
Además, recogen que las familias de los reclusos también han sido víctimas de tratos crueles y degradantes, enfrentándose a la falta de información y restricciones para ingresar vituallas. La intervención militar, lejos de ser temporal y subsidiaria, ha desplazado por completo a las autoridades civiles encargadas de la administración penitenciaria.
En ese sentido, el CDH ha presentado demandas de habeas corpus para exponer estas prácticas de tortura y buscar la protección de los derechos de los detenidos. En audiencias judiciales, se han concedido medidas cautelares a favor de los reclusos de la Penitenciaría del Litoral, entre otros, ordenando a las Fuerzas Armadas respetar la ley.
Ante la situación en las cárceles de Ecuador, organizaciones de derechos humanos llaman a una revisión urgente de las políticas de intervención militar y a la adopción de medidas que garanticen la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad.
Orden judicial
Una jueza de Guayaquil falló a favor del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que había solicitado medidas cautelares para abordar el desabastecimiento de alimentos en nueve centros de privación de libertad en la provincia de Guayas.
En su resolución, la magistrada Isabel Jorgge ordenó la inmediata regularización de la provisión de alimentos en la Penitenciaría del Litoral, La Roca, la Cárcel Regional, la Cárcel de mujeres, los Centros de Adolescentes Infractores y otros reclusorios en el Puerto Principal y El Empalme.
Además, la jueza instruyó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) a facilitar el acceso de representantes de organismos de derechos humanos, a las prisiones para «constatar la provisión suficiente de alimentos» para los reos.
Asimismo, el SNAI deberá acelerar el proceso de contratación de una empresa encargada de suministrar comida a los más de 12.000 reclusos de los nueve centros mencionados. En la Penitenciaría del Litoral, también conocida como «la Peni», se encuentran más de 5.500 reclusos.
Un pedazo de sandía
En la cárcel de Cotopaxi, uno de los nueve centros afectados por la situación alimentario, el almuerzo de los reclusos se limitó a un pedazo de sandía y un pan. Esta situación se originó luego de que el SNAI cancelara el contrato con Lafattoria S.A., empresa proveedora de alimentos, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Desde mayo de 2024, Lafattoria S.A. dejó de suministrar alimentos en las cárceles de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Cotopaxi y Guayas. Además, se ha anunciado que en dos meses más se retirará de la cárcel de Manabí.
Ante la falta de provisiones, familiares de los presos, organizaciones sociales, bancos de alimentos y la iglesia, han entregado donaciones, aunque estas resultan insuficientes. El SNAI, por su parte, ha evitado responder a los pedidos de información.
Juan Pablo Albán, relator del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, criticó que familias de los detenidos, que recolectaron alimentos como aceite, lentejas y azúcar, se vieron obligadas a regresar con sus donaciones por una falta de organización y respuesta efectiva por parte del SNAI.
«El Estado, al privar de libertad a una persona, se convierte en garante de sus derechos, incluyendo alimentación, salud y seguridad», afirmó Albán,
Por tal motivo, hizo un llamado urgente al gobierno para desarrollar una política pública adecuada que garantice los derechos de los detenidos. Ya que la falta de alimentación adecuada puede constituir trato cruel e inhumano, lo que podría derivar en responsabilidades internacionales para el Estado ecuatoriano.
“La calidad de una sociedad se mide por la forma en que trata a las personas que se encuentran en una situación de mayor desamparo”, concluyó Albán, citando a Nelson Mandela. Fuente: Ecuador en vivo
Nacionales
Fijan fecha para vincular a alias ‘Pipo’ y otros dos cabecillas de Los Lobos al caso Magnicidio FV
La formulación de cargos en contra de tres cabecillas del grupo de crimen organizado «Los Lobos«, a quienes la Fiscalía prevé vincular a la investigación sobre la planificación del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, fue fijada para el viernes 12 de diciembre, a las 08h30, por la jueza Luz María Ortíz.
Un oficio difundido en redes sociales confirmó que los imputados serán Wilmer Chavarría (Pipo), líder principal de la organización delictiva detenido en España el 16 de noviembre, así como Ángel Aguilar (Lobo Menor) y Luis Arboleda (Gordo Luis), ambos identificados como cabecillas.
La fiscal Ana Hidalgo había solicitado este lunes a la jueza que determinara el día y hora para la realización de la audiencia de vinculación en contra de los tres sujetos, pues existen «elementos que hacen presumir» su participación en el magnicidio.
Al ser señalados como presuntos autores intelectuales, Chavarría, Aguilar y Arboleda pasarían a incorporarse a los otros cuatro procesados dentro de la misma investigación: el exministro correísta José Serrano, Xavier Jordán, Daniel Salcedo y el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga.
Sobre los cuatro investigados pesa una orden de prisión preventiva. No obstante, solo Salcedo se encuentra encarcelado en Ecuador. Jordán no ha sido detenido en Miami, ciudad de Estados Unidos donde reside, y Serrano se encuentra retenido por autoridades migratorias en esa misma ciudad. Aleaga, por otro lado, permanece en un paradero desconocido luego de viajar a Venezuela, en abril del año pasado.
La fiscal Hidalgo había solicitado días atrás que la Policía ubicara a los sospechosos y los notificara para que designaran a sus abogados. No obstante, según declaró este lunes, no fue posible contactar ni a «Pipo», quien fue detenido en España el pasado 16 de noviembre, ni a «Lobo Menor», por lo que pidió que ambos sean representados por un defensor público.
El testimonio de alias ‘Pipo’ se vuelve fundamental en esta etapa del proceso, porque él, como máximo cabecilla de Los Lobos, debió estar al tanto de cómo se ejecutó el asesinato de Villavicencio. Aunque ‘Pipo’ estaba en Europa, manejaba todos los hilos de la organización criminal.
Cinco condenas de prisión y ocho sospechosos asesinados
Hasta ahora, cinco personas han recibido sentencias de prisión como autores materiales del asesinato. Entre ellos figura Carlos Angulo, conocido como «El Invisible», un cabecilla de «Los Lobos» que coordinó la planificación y logística del crimen desde un centro penitenciario.
Además, otros ocho involucrados no llegaron a juicio, ya que fallecieron antes de la etapa procesal. Entre ellos se encontraban los siete sicarios colombianos que participaron en el magnicidio. Fuente: Vistazo
Nacionales
Convención de Revolución Ciudadana: así se definirá el futuro de Marcela Aguiñaga tras polémica con Rafael Correa
El futuro político de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, podría definirse en la Convención Nacional del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), que se realizará el 10 y 11 de enero de 2025 en Manta, provincia de Manabí.
La presidenta de la organización, Luisa González, ha manifestado que el encuentro marcará un nuevo impulso interno con énfasis en la participación de las bases y la renovación del movimiento.
La convención se desarrollará en medio de la creciente tensión entre Aguiñaga y el expresidente Rafael Correa, líder máximo de la RC, quien este martes rompió públicamente con la prefecta.
Correa marca distancia de Aguiñaga
“Marcela querida: eres demasiado importante y sabia para la actual RC5. Anda nomás a dialogar con Noboa, nosotros no lo haremos”, escribió Correa en su cuenta de X, luego de que la prefecta manifestara en una entrevista que analiza su salida del movimiento.
Aguiñaga también recordó su trayectoria dentro de la RC. «Yo voy a recordar lo que he sido para la RC, yo soy política desde que inició este partido. He aguantado las duras y las maduras. Siento mucha nostalgia dejar la organización que he ayudado a construir«, señaló la prefecta, que también fue líder nacional del movimiento antes de que asumiera ese cargo la excandidata presidencial Luisa González.
La prefecta enfatizó que »el Ecuador de hoy no es el Ecuador de Correa y el Ecuador de hoy necesita diálogo y una agenda en común”.
Correa respondió nuevamente con un mensaje cargado de ironía. «Marcela: No reflexiones NADA. Te insisto: eres demasiado importante y sabia para nosotros. Seguramente con Lourdes Tibán y tu -merecido- capital político ganarás la reelección. Eres una mujer muy valiosa. Pero con nosotros no cuentes: más vale un gramo de principios que toneladas de trabajo. Un abrazo y el cariño de siempre», escribió Correa en otra publicación en X.
El exmandatario ya había criticado fuertemente a Aguiñaga el pasado 20 de noviembre, cuando la prefecta se reunió en Guayaquil con la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, quien es una acérrima opositora del correísmo.
Reacciones dentro del correísmo
La asambleísta correísta Paola Cabezas dijo este miércoles que el conflicto entre Correa y Aguiñaga deberá resolverse en las instancias internas del movimiento. “Hay problemas urgentes del país que necesitan atención, antes que una situación interna. No entiendo por qué esto ha escalado a tal nivel”, dijo.
Asimismo, el legislador Héctor Rodríguez coincidió en que será la Convención Nacional la que determine si corresponde una separación, expulsión u otra medida disciplinaria.
«Dentro de la lógica de Revolución Ciudadana tenemos instancias que tendrán que resolver si cabe la separación, expulsión o lo que fuera. No soy parte del comité de ética, pero tengo entendido que hay un tratamiento especial y el buró comunicará al respecto», señaló.
También recordó que Rafael Correa es el presidente vitalicio del movimiento, por lo que su voz “no solo es autorizada, sino relevante” en estas decisiones.
En medio de la polémica, Luisa González también ha enfatizado que «todo lo alcanzado en estos años no es mérito de una sola persona, sino de un gran equipo, incluido Rafael Correa, los miembros del buró, la militancia de la RC5, los ciudadanos, comunicadores, influencers y todos quienes han contribuido a este proyecto político».
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