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Gobiernos parroquiales rurales reclaman un justo presupuesto al Gobierno Nacional

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En las inmediaciones del parque El Arbolito en la ciudad de Quito se congregaron los presidentes del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador de cada una de las 24 provincias del Ecuador en rechazo al recorte presupuestario y al atraso en la asignación de recursos por parte del gobierno nacional, liderado por Guillermo Lasso.

Es una afectación generada directamente a los gobiernos parroquiales rurales, donde catapultan que son rebajas inconstitucionales que superan el 5%, con lo que los gad parroquiales se han visto en la necesidad de paralizar la obra pública, social, la incapacidad para pagar sueldos y salarios, planificadas en cada uno de los gobiernos parroquiales, más aún en esta época cuando están a puertas de enfrentar el fenómeno de El Niño.

“Los gobiernos parroquiales no nos vamos a quedar callados, tenemos la fuerza rural, somos la base ciudadana. Auguramos éxitos al nuevo gobierno y esperamos que las cifras sean transparentes en el proceso de transición”, dijo Andreí Iza Romero, presidente del Conagopare Pichincha.

Una marcha pacifica reclamando en defensa de sus derechos. Hacen un llamado a la nueva ministra, Sahira Moya a reunirse con el Consejo Directivo de Conagopare Nacional para darle a conocer el monto real de la deuda y que se garantice su pago inmediato. En la mesa de trabajo aspiran conseguir la fecha de pago, el monto y una posible derogación a los acuerdos ministeriales que son constitucionales.

Son 821 parroquias rurales se convocaron que son parte del Ecuador y que buscan se dé prioridad a las necesidades de la población parroquiana. “hoy la ruralidad se hace presente para manifestar nuestro rechazo contundente al accionar de este gobierno nefasto. Estamos para defender los recursos que hace más de dos meses, no han llegado hasta las arcas de nuestros gobiernos parroquiales (…) una reducción que en algunos gad parroquiales asciende a más del 10%”, fueron las expresiones de Lady Cedeño, vicepresidenta de Conagopare Nacional.

Cabe informar que previo a la movilización hacia el Palacio de Carandolet se dio una asamblea de los representantes provinciales. Mientras que Pavel Cantos presidente nacional, aseguro que van a retomar lo que la anterior administración buscaba que era un aumento del 6% al 10% y que se quedó en segunda instancia dentro de la Asamblea Nacional. Solicitan el 10% mínimo para los gobiernos parroquiales y la desconcentración de competencias para ciertos sectores.

Una vez llegaron hasta el Palacio de Carondelet, los presidentes provinciales exigían se les permita el acceso a todos, ya que aseguraban haber viajado durante más de 12 horas y nos los podían dejar esperando, mientras solo les permitían el ingreso a dos representantes.

“Del cien por ciento que reciben los 29 gobiernos parroquiales, el 5% está siendo afectado, por lo tanto, los gobiernos que recibimos bajos recursos económicos, es aún más”, dijo Dany Tibirma, presidente de Conagopare Zamora Chinchipe.

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Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes

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La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.

Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.

La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.

 

De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.

Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.

Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.

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Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum

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Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.

La CC además, declaró que el mandatario puede continuar con el procedimiento de referéndum conforme a la Constitución y la normativa aplicable. De este modo la pregunta que se le consultará a los ecuatorianos es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.

Asimismo, la Corte Constitucional recordó al presidente Daniel Noboa y al CNE que sus decisiones deben ser cumplidas en los términos fijados en sus resoluciones, por lo que deberán observar estrictamente las formas y condiciones establecidas en el dictamen.

Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)

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Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses

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El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.

La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.

Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».

«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,

Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.

«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.

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