Nacionales
Gobiernos parroquiales rurales reclaman un justo presupuesto al Gobierno Nacional
En las inmediaciones del parque El Arbolito en la ciudad de Quito se congregaron los presidentes del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador de cada una de las 24 provincias del Ecuador en rechazo al recorte presupuestario y al atraso en la asignación de recursos por parte del gobierno nacional, liderado por Guillermo Lasso.
Es una afectación generada directamente a los gobiernos parroquiales rurales, donde catapultan que son rebajas inconstitucionales que superan el 5%, con lo que los gad parroquiales se han visto en la necesidad de paralizar la obra pública, social, la incapacidad para pagar sueldos y salarios, planificadas en cada uno de los gobiernos parroquiales, más aún en esta época cuando están a puertas de enfrentar el fenómeno de El Niño.
“Los gobiernos parroquiales no nos vamos a quedar callados, tenemos la fuerza rural, somos la base ciudadana. Auguramos éxitos al nuevo gobierno y esperamos que las cifras sean transparentes en el proceso de transición”, dijo Andreí Iza Romero, presidente del Conagopare Pichincha.
Una marcha pacifica reclamando en defensa de sus derechos. Hacen un llamado a la nueva ministra, Sahira Moya a reunirse con el Consejo Directivo de Conagopare Nacional para darle a conocer el monto real de la deuda y que se garantice su pago inmediato. En la mesa de trabajo aspiran conseguir la fecha de pago, el monto y una posible derogación a los acuerdos ministeriales que son constitucionales.
Son 821 parroquias rurales se convocaron que son parte del Ecuador y que buscan se dé prioridad a las necesidades de la población parroquiana. “hoy la ruralidad se hace presente para manifestar nuestro rechazo contundente al accionar de este gobierno nefasto. Estamos para defender los recursos que hace más de dos meses, no han llegado hasta las arcas de nuestros gobiernos parroquiales (…) una reducción que en algunos gad parroquiales asciende a más del 10%”, fueron las expresiones de Lady Cedeño, vicepresidenta de Conagopare Nacional.
Cabe informar que previo a la movilización hacia el Palacio de Carandolet se dio una asamblea de los representantes provinciales. Mientras que Pavel Cantos presidente nacional, aseguro que van a retomar lo que la anterior administración buscaba que era un aumento del 6% al 10% y que se quedó en segunda instancia dentro de la Asamblea Nacional. Solicitan el 10% mínimo para los gobiernos parroquiales y la desconcentración de competencias para ciertos sectores.
Una vez llegaron hasta el Palacio de Carondelet, los presidentes provinciales exigían se les permita el acceso a todos, ya que aseguraban haber viajado durante más de 12 horas y nos los podían dejar esperando, mientras solo les permitían el ingreso a dos representantes.
“Del cien por ciento que reciben los 29 gobiernos parroquiales, el 5% está siendo afectado, por lo tanto, los gobiernos que recibimos bajos recursos económicos, es aún más”, dijo Dany Tibirma, presidente de Conagopare Zamora Chinchipe.
Nacionales
Política criminal frente al femicidio y la violencia de género en Ecuador fue analizada en la Tertulia Jurídica
En el programa Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación de la doctora Dayán Argüello Veintimilla, Coordinadora de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Política criminal frente al femicidio y la violencia de género en el Ecuador”.
Durante su intervención, la jurista presentó un análisis académico sobre la evolución, fundamentos y desafíos de la política criminal en materia de violencia de género, destacando su experiencia investigativa en derecho penal, particularmente en delitos relacionados con el femicidio, objeto de su investigación doctoral desarrollada durante siete años.
Enfoque conceptual y evolución normativa
La doctora Argüello explicó que la política criminal comprende el conjunto de decisiones orientadas a la prevención, sanción y erradicación del delito. En este contexto, enfatizó que la violencia contra la mujer, históricamente invisibilizada, especialmente en el ámbito privado, comenzó a ser reconocida como una problemática estructural a partir de las décadas de 1960 y 1970, impulsando la intervención estatal y el desarrollo de instrumentos internacionales.
En el ámbito regional, destacó que, desde finales del siglo XX, los Estados han incorporado progresivamente normativas para sancionar la violencia de género, evolucionando desde leyes de primera generación, centradas en el ámbito privado, hacia legislaciones más integrales que incluyen la violencia pública, simbólica, institucional y económica.
Asimismo, subrayó que a partir de 2008 varios países latinoamericanos comenzaron a tipificar el femicidio, ya sea como agravante o como delito autónomo, siendo esta última figura la más adecuada, al permitir visibilizar la violencia extrema contra la mujer y generar estadísticas específicas para el diseño de políticas públicas eficaces.
Fundamentos jurídicos del delito de femicidio
En relación con su investigación doctoral, Argüello sostuvo que el femicidio protege no solo el derecho a la vida, sino también la integridad, la libertad y el derecho a vivir sin discriminación. En este sentido, explicó que este delito se configura en contextos de desigualdad estructural, subordinación y discriminación de género, lo que lo diferencia de otras figuras penales como el homicidio o asesinato.
Retos en la prevención y aplicación de la normativa
La especialista enfatizó que la tipificación del femicidio, por sí sola, no constituye una medida preventiva eficaz, sino que debe complementarse con políticas públicas integrales. Entre las principales estrategias de prevención general, destacó:
• Fortalecimiento del sistema educativo con enfoque libre de estereotipos de género.
• Garantía de acceso equitativo al empleo y autonomía económica para las mujeres.
• Desarrollo de marcos normativos integrales (penales, civiles y administrativos).
• Implementación de sistemas confiables de estadísticas sobre violencia de género.
En cuanto a la prevención específica, resaltó la importancia de la “debida diligencia reforzada” en la investigación y judicialización de estos delitos, lo que implica procesos más rigurosos, capacitación constante a operadores de justicia y eliminación de prejuicios de género en el sistema judicial.
Problemáticas estructurales e institucionales
Durante el diálogo, se abordó también la ineficacia en la aplicación de medidas de protección. Argüello señaló que, si bien existen mecanismos legales como boletas de auxilio, estos no garantizan por sí solos la prevención del femicidio debido a la falta de seguimiento, monitoreo y acompañamiento integral a las víctimas.
Además, identificó barreras de acceso a la justicia, deficiencias en la atención institucional y factores socioeconómicos que perpetúan los ciclos de violencia, como la dependencia económica y la falta de redes de apoyo.
Retrocesos y desafíos en Ecuador
Finalmente, la experta advirtió que uno de los principales retrocesos en el país radica en la limitada asignación y ejecución presupuestaria para políticas públicas de prevención de la violencia de género. Según indicó, gran parte de los esfuerzos estatales se han centrado en reformas legales, sin el correspondiente desarrollo de políticas estructurales sostenibles.
En este sentido, concluyó que el abordaje de la violencia de género y el femicidio requiere un enfoque integral, articulado y sostenido, que combine normativa, prevención social, fortalecimiento institucional y compromiso estatal efectivo.
Nacionales
Caso Ligados: así es como los procesados habrían planeado controlar instituciones y lograr impunidad
La Fiscalía expuso el modus operandi de siete personas implicadas en el ‘Caso Ligados’, quienes se habrían confabulado para ejecutar “acciones encaminadas a controlar instituciones del Estado” y obtener impunidad.
El pasado miércoles, 18 de marzo, se instaló la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de asociación ilícita contra Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
Entre los procesados también están: Andrés Arauz, excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC); Esther Cuesta, exasambleísta de la RC; Nicole Bonifaz, aún integrante del Cpccs; y Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022.
El fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, arrancó con la fundamentación de su dictamen acusatorio y manifestó que, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, los sospechosos “ejecutaron acciones encaminadas a controlar instituciones del Estado”.
Además, recalcó que, en esa época, el Cpccs “fue cooptado por personas afines a un partido político (…) convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan de una fachada”.

MODUS OPERANDI DEL CASO LIGADOS
Según el Ministerio Público, las siete personas se habrían confabulado para acaparar poder “mediante la designación irregular de autoridades”.
Para ello, describió tres eventos clave: intervención en la selección de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), la ratificación irregular del Superintendente de Bancos y la dilatación de procesos en la justicia electoral para conseguir impunidad.
Sobre el primer hecho, Alarcón indicó que Augusto Verduga mantuvo conversaciones con Andrés Arauz y Yadira Saltos para planificar el retraso del concurso para vocales del CJ.
El objetivo era que el “gobierno de Luisa (González)”, en caso de que ganara las elecciones pasadas, envíe la terna. “Planteándose además la interposición de medidas cautelares constitucionales y la comisión de tráfico de influencias para cristalizar sus intenciones”, destacó el fiscal.

CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO
En cuanto al segundo evento, Alarcón narró que los procesados querían “controlar el sistema financiero nacional” mediante la designación de un Superintendente de Bancos afín a sus intereses.
Esta idea se iba a realizar mediante el incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional (CC), interpretada de acuerdo a los propósitos de los procesados. Es así como lograron postergar la posesión de Roberto Romero, quien fue designado en el concurso del 2024, y pidieron a la Asamblea que oficialice a Raúl González.
Ahí entra Esther Cuesta, entonces presidencia del Legislativo, quien elevó una consulta al Cpccs para saber quién debería asumir la titularidad de la Superintendencia de Bancos.
Por su parte, Raúl González habría llegado a prometer cargos de alto nivel en la Superintendencia de Bancos por pedido de Andrés Arauz.

BÚSQUEDA DE IMPUNIDAD
Finalmente, el tercer evento presentado por el Ministerio Público habla de la dilatación de procesos en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que en esa época tramitaba una infracción electoral de la denominada ‘Liga Azul’, para conseguir impunidad y mantenerse en sus cargos.
Aparentemente, Andrés Arauz emitía directrices para la presentación de recusaciones contra jueces e incluso acciones constitucionales.
Todas estas acusaciones se basan en documentos, versiones y pericias hechas a los equipos de los celulares incautados en la causa. En el dispositivo de Augusto Verduga, por ejemplo, se habían hallado conversaciones con apodos.
Verduga era Mónica Ertl, Yadira Saltos utilizaba el pseudónimo de Minerva y Andrés Arauz era llamaban AN.
En los próximos días, el fiscal Alarcón continuará presentando su acusación con el detalle de cada uno de los tres eventos. Fuente: Vistazo
Nacionales
Así es Polanco, la lujosa colonia mexicana donde capturaron a Lobo Menor con una identidad falsa
Ángel Esteban Aguilar Morales, alias ‘Lobo Menor’, fue capturado en una zona exclusiva de la Ciudad de México: Polanco. Esta colonia se caracteriza por estar rodeada de tiendas de lujo, hoteles cinco estrellas, museos y sedes empresariales. La mayoría de habitantes poseen un alto nivel adquisitivo.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, confirmó que el cabecilla criminal estaba escondido en el ostentoso barrio de la capital mexicana.
El sujeto se identificó como Juan Carlos Montero Mestre y presentó papeles falsos con nacionalidad colombiana.
En un comunicado la SSPC indicó que la detención se hizo en conjunto con la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Migración (INM), con la colaboración en materia de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.
Agregó que el arresto se logró luego de que las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de la llegada al país del individuo, implicado en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Por ello, señaló la SSPC, “se estableció un seguimiento en tiempo real. Posteriormente, con información proporcionada por la Policía Nacional de Colombia, se obtuvieron elementos que permitieron ubicarlo en la alcaldía Miguel Hidalgo”.
Es así como alias ‘Lobo Menor’ quedó detenido. Agentes leyeron sus derechos, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración y luego lo enviaron al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.

¿CÓMO ES POLANCO, EL ESCONDITE DE LOBO MENOR?
Es un barrio ubicado en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. Se caracteriza por albergar recintos culturales, sedes empresariales, hoteles cinco estrellas y centros comerciales de alta gama.
Ahí han vivido políticos y celebridades de alto perfil como la recordada actriz María Félix. De hecho, los vecinos de Polanco tienen un alto poder adquisitivo.
El alquiler de una casa va desde los USD 1.399 hasta los USD 16.796. Mientras que el costo de un inmueble llega hasta los USD 5 millones o más, dependiendo de la ubicación, según el portal ‘Vive Polanco’.
A esto hay que sumarle los servicios básicos como luz, agua y gas que también tienen que ser elevados. Por electricidad se puede pagar hasta USD 300.
Polanco está lleno de tiendas de lujo como Gucci, Louis Vuitton, Tesla, Dolce and Gabbana, Fendi, Rolex, etc.
También, se ubican embajadas de varios países sobre todo de Europa como España, Dinamarca y Bélgica. De hecho, es común encontrarse con personas extranjeras de alto nivel adquisitivo.
Además, esta colonia es conocida por tener un alto número de sinagogas, pertenecientes a la religión judía.
Un atractivo turístico icónico es el Museo Soumaya, que tiene una forma asimétrica, curva y futurista. Allí se hacen exposiciones culturales.

¿QUIÉN ES LOBO MENOR?
‘Lobo Menor’ es considerado el segundo al mando de la banda criminal más grande del Ecuador: Los Lobos. De hecho, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, máximo líder de esa organización delictiva, es su padrastro.
Los dos están procesados en Ecuador como parte de los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio.
La Fiscalía identifica que ‘Lobo Menor’ coordinó con los autores materiales el asesinato del excandidato presidencial, ocurrido en agosto de 2023. Él habría dado las órdenes a Carlos Angulo, alias ‘Invisible’, para ejecutar el crimen junto a su banda.
Fue sentenciado por el asesinato de Juan Antonio Serrano, hermano del exministro del Interior, José Serrano, quien también es procesado como presunto autor intelectual en el caso Villavicencio.
Sin embargo, en el 2022, accedió a la prelibertad y huyó con rumbo desconocido.
Según el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ‘Lobo Menor’ también tiene vínculos con alias ‘Iván Mordisco’, líder de una disidencia de las FARC, y con los carteles mexicanos. Fuente: Vistazo
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