Nacionales
Gobiernos parroquiales rurales reclaman un justo presupuesto al Gobierno Nacional
En las inmediaciones del parque El Arbolito en la ciudad de Quito se congregaron los presidentes del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador de cada una de las 24 provincias del Ecuador en rechazo al recorte presupuestario y al atraso en la asignación de recursos por parte del gobierno nacional, liderado por Guillermo Lasso.
Es una afectación generada directamente a los gobiernos parroquiales rurales, donde catapultan que son rebajas inconstitucionales que superan el 5%, con lo que los gad parroquiales se han visto en la necesidad de paralizar la obra pública, social, la incapacidad para pagar sueldos y salarios, planificadas en cada uno de los gobiernos parroquiales, más aún en esta época cuando están a puertas de enfrentar el fenómeno de El Niño.
“Los gobiernos parroquiales no nos vamos a quedar callados, tenemos la fuerza rural, somos la base ciudadana. Auguramos éxitos al nuevo gobierno y esperamos que las cifras sean transparentes en el proceso de transición”, dijo Andreí Iza Romero, presidente del Conagopare Pichincha.
Una marcha pacifica reclamando en defensa de sus derechos. Hacen un llamado a la nueva ministra, Sahira Moya a reunirse con el Consejo Directivo de Conagopare Nacional para darle a conocer el monto real de la deuda y que se garantice su pago inmediato. En la mesa de trabajo aspiran conseguir la fecha de pago, el monto y una posible derogación a los acuerdos ministeriales que son constitucionales.
Son 821 parroquias rurales se convocaron que son parte del Ecuador y que buscan se dé prioridad a las necesidades de la población parroquiana. “hoy la ruralidad se hace presente para manifestar nuestro rechazo contundente al accionar de este gobierno nefasto. Estamos para defender los recursos que hace más de dos meses, no han llegado hasta las arcas de nuestros gobiernos parroquiales (…) una reducción que en algunos gad parroquiales asciende a más del 10%”, fueron las expresiones de Lady Cedeño, vicepresidenta de Conagopare Nacional.
Cabe informar que previo a la movilización hacia el Palacio de Carandolet se dio una asamblea de los representantes provinciales. Mientras que Pavel Cantos presidente nacional, aseguro que van a retomar lo que la anterior administración buscaba que era un aumento del 6% al 10% y que se quedó en segunda instancia dentro de la Asamblea Nacional. Solicitan el 10% mínimo para los gobiernos parroquiales y la desconcentración de competencias para ciertos sectores.
Una vez llegaron hasta el Palacio de Carondelet, los presidentes provinciales exigían se les permita el acceso a todos, ya que aseguraban haber viajado durante más de 12 horas y nos los podían dejar esperando, mientras solo les permitían el ingreso a dos representantes.
“Del cien por ciento que reciben los 29 gobiernos parroquiales, el 5% está siendo afectado, por lo tanto, los gobiernos que recibimos bajos recursos económicos, es aún más”, dijo Dany Tibirma, presidente de Conagopare Zamora Chinchipe.
La militancia de la Revolución Ciudadana de Manabí organizó una rifa para ayudar a la excandidata presidencial, Luisa González, a pagar una multa de USD 18.000 por una infracción electoral tras detectarse irregularidades en las cuentas de la campaña presidencial de 2023.
Los seguidores de este movimiento político están vendiendo boletos por USD 5 y ofrecen varios premios como una motocicleta, electrodomésticos, un cerdo y otros animales de granja.
Además, quienes adquieran un boleto podrán canjearlo por un almuerzo. “Hoy más que nunca, Manabí demuestra su respaldo y unidad”, dice la convocatoria.
El sorteo se desarrollará este sábado, 30 de mayo, a las 10:30, en Canuto, perteneciente al cantón Chone.
No es la primera vez que los correístas organizan una rifa solidaria a favor de uno de sus líderes. En diciembre del año pasado, la facción de Europa, Asia y Oceanía realizó un sorteo para cubrir los gastos médicos del exvicepresidente Jorge Glas.
En aquella ocasión se ofrecía un tapiz artesanal con una imagen y autógrafo de Rafael Correa, 500 euros y un smartphone Xiaomi.
¿Por qué el TCE multó a Luisa González?
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) impuso una multa de USD 18.000 no solo a Luisa González, sino también a Andrés Arauz y Estefanía Molina, responsable del manejo económico de la Revolución Ciudadana (RC) durante la campaña electoral del 2023.
La principal implicada era Molina, quien habría incurrido en irregularidades alrededor del financiamiento y gasto electoral de la organización política. Sin embargo, la institución también incluyó a Arauz y González porque ellos eran el binomio beneficiario de los cuestionados recursos, así que los declaró como “responsables solidarios”.
La entidad detalló que la sanción debe ser cancelada de forma total o compartida, no de manera individualizada por cada denunciado.
Sin embargo, en la rifa organizada por la militancia de Manabí no se menciona ni a Arauz ni a Molina. Se desconoce si ellos también serán beneficiarios de lo recaudado en el evento. Fuente: Vistazo
La República Dominicana y Ecuador subrayaron su interés en profundizar la relación bilateral en los ámbitos político, económico-comercial, de movilidad humana, cooperación, turismo y energía, así como en avanzar en el diálogo para la suscripción de un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial.
La información la ofreció -en un comunicado- el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, tras una reunión entre su titular, Roberto Álvarez, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, quien realizó este lunes una visita oficial al país caribeño.
Los dos diplomáticos acordaron impulsar una agenda de trabajo conjunta entre las autoridades competentes de ambos países, con el propósito de continuar en la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento sobre Zonas Francas y fortalecer las oportunidades de inversión y cooperación empresarial entre ambos países, de acuerdo con la información.
Con relación a la situación en Haití, país que atraviesa desde años una profunda crisis, Álvarez y Sommerfeld llamaron a la comunidad internacional «a redoblar sus esfuerzos en favor de una solución integral y sostenible que garantice el pleno respeto de los derechos humanos».
Así mismo, ambos cancilleres reafirmaron su apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada en 2025 por las Naciones Unidas, y que sustituye a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), también creada por la ONU.
Ecuador reiteró la invitación a República Dominicana para que invierta en proyectos energéticos
En materia energética, los ministros destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en el marco del Memorando de Entendimiento entre EP Petroecuador y la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).
En ese aspecto, Sommerfeld reiteró la invitación de Ecuador para que la República Dominicana explore oportunidades de inversión en el campo de gas natural ‘Amistad’, considerado uno de los principales proyectos estratégicos del sector energético ecuatoriano.
La reunión de este lunes siguió a otra efectuada en Punta Cana (este dominicano) el 6 de mayo por el presidente dominicano, Luis Abinader, y su par ecuatoriano, Daniel Noboa, quienes decidieron iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial parcial.
La Presidencia ecuatoriana recordó entonces que República Dominicana es -en la actualidad- para Ecuador un importante socio comercial. Solo en 2025, las exportaciones alcanzaron los 161 millones de dólares, anotó.
En febrero pasado, Noboa y Abinader se reunieron en Dubái, donde abordaron la necesidad de una negociación de un acuerdo comercial. Fuente: Vistazo
Nacionales
Técnicos acusados en caso Progen: “Nos dieron hasta el link para bajar información del estudio”
Los cuatro integrantes de la comisión técnica de estudio de mercado del denominado caso Progen rompieron el silencio. Mediante un comunicado público, los funcionarios procesados dentro del llamado “caso Apagón” cuestionaron la decisión judicial que ordenó prisión preventiva en su contra y aseguraron que sus funciones dentro del proceso contractual eran exclusivamente técnicas y referenciales.
Javier Lasluiza Navarrete, Romel Patricio Llumiquinga Llumiquinga, Marcos Vinicio Poma Jumbo y Marco Antonio Chicaiza Santos sostienen que la Fiscalía construyó una teoría penal que, según ellos, mezcla responsabilidades administrativas, financieras y contractuales que no les correspondían dentro del proceso investigado.
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
En el documento, difundido este fin de semana, los procesados señalan que durante la audiencia de formulación de cargos no se demostró cómo su actuación encajaría en el delito de peculado ni cómo podrían ser considerados autores directos. También afirman que la acusación se sustentó en “afirmaciones generales y expansivas” que desconocen el funcionamiento de una comisión de estudio de mercado en los procesos de contratación pública.
En una parte del comunicado se lee: “Una comisión de estudio de mercado tiene una función estrictamente técnica y referencial: recopilar información de mercado, levantar referencias económicas y determinar valores estimados para una eventual contratación. No adjudica contratos. No autoriza pagos. No administra recursos públicos. No aprueba desembolsos. No maneja anticipos. No ejecuta contratos. No fiscaliza pagos. No recibe bienes”.
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«No se siguieron los parámetros normales»
Pero, los integrantes de esa comisión denunciaron algo aún más importante: “En el caso que nos ocupa es importante denotar que se nos dispuso desde el tiempo hasta el link de donde debíamos bajarnos la información para el estudio, es decir no se siguieron los parámetros normales para una contratación pública; sin embargo, nada de esto fue tomado en consideración por el juzgador”.
El pronunciamiento aparece luego de que el juez Vinicio Rodríguez acogiera el pedido de Fiscalía y dictara prisión preventiva contra 19 de los 21 procesados en la investigación relacionada con la contratación de generación eléctrica en medio de la crisis energética.
Entre los vinculados figuran técnicos y mandos medios de Celec, así como el exministro de Energía Antonio Gonçalves y el exgerente de Celec Fabián Calero. Fuente: Expreso
Antonio Gonçalves fue ministro de Energía en el primer periodo del presidente Daniel Noboa.
En el comunicado, los cuatro funcionarios también cuestionan el uso de la prisión preventiva. Argumentan que durante toda la investigación comparecieron ante las autoridades y mantuvieron arraigo laboral, familiar y domiciliario verificable. Añaden que el derecho penal ecuatoriano exige responsabilidades individualizadas y no permite establecer responsabilidades automáticas por pertenecer a una comisión técnica.
Los procesados aseguran además que llevan cerca de veinte años trabajando en Celec EP y que nunca antes estuvieron involucrados en investigaciones penales. En esa línea, remarcan el impacto personal y familiar que implica la medida cautelar dictada en su contra.
El documento concluye con una defensa de sus actuaciones dentro del proceso contractual y con la expectativa de que, durante la instrucción fiscal, se analice de manera individual la participación de cada funcionario involucrado en el caso.
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