Diez años después del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de Ecuador y dejó 663 fallecidos y 6.274 heridos, la reconstrucción es una deuda pendiente en algunas de las zonas afectadas, donde familiares de víctimas, damnificados y organizaciones aún esperan la ayuda prometida.

El Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) recaudó 3.500 millones de dólares en impuestos y donaciones, pero la reconstrucción avanzó a paso lento entre denuncias de supuestos desvíos de fondos, sobreprecios y retrasos en obras esenciales como hospitales o para proveer servicios básicos, que se entregaron o iniciaron en los últimos años.

Los casos de corrupción llegaron hasta los tribunales. El año pasado, el exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien dirigía el comité creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, fue condenado a 13 años de cárcel por malversación de fondos públicos, junto a otros exfuncionarios.

Según la Fiscalía, utilizaron sus cargos para generar un perjuicio al Estado de más de 225 millones dólares.

Francisco Bravo, un activista que sigue este caso desde el inicio, dijo a EFE que el comité priorizó 584 proyectos, pero que muchos de ellos no estaban relacionados con el objetivo de enfrentar las consecuencias del sismo.

«Todos estos años han sido de resistencia», afirmó a EFE Julio Villacreses, integrante de la Comisión Anticorrupción en Manabí, quien considera que las investigaciones tienen que seguir, ya que la Contraloría «solo auditó un 3 %» de las obras. «La Justicia ha ordenado que se siga investigando, pero la Fiscalía guarda silencio», afirmó.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC5), Sandra Figueroa, manifestó que al interior de su bancada la obligaron a renunciar a la Comisión de Calificación de la iniciativa popular normativa denominada Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica.

En sun intervención en el Pleno, la legisladora expresó su malestar durante su discurso: “Me molesta esta actitud señores, y con todo el perdón, compañeros de mi bancada, porque sobre todo es el respeto a Sandra Figueroa, mujer de 54 años, madre y abuela (…) Comprendamos, por amor a Dios, la gente afuera se muere, se los he dicho más de una vez”.

Con esas palabras indicó que la obligaron a renunciar a esa Comisión, pese a que no tenía previsto hacerlo.

El pasado 31 de marzo, con 86 votos afirmativos, en el Órgano Legislativo se conformó la Comisión Calificadora de la iniciativa popular normativa para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Social Pacífica, auspiciada por el Acuerdo por la Seguridad, que, entre otros aspectos, prevé la creación y fortalecimiento del Cuerpo de Protección Ciudadana.

En un boletín, el Parlamento indicó que esa comisión está integrada por los legisladores Mario Amado Zambrano (ADN), Sandra Figueroa (RC) y Pablo Jurado (IND), y será la encargada de revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, como paso previo a la calificación de la iniciativa popular normativa presentada por la organización Acuerdo por la Seguridad, que busca contribuir, desde la sociedad civil, a los esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia social.

La propuesta legal pretende descongestionar a la Policía Nacional, fortalecer la prevención desde lo local, mejorar la respuesta en territorios específicos; promover la participación ciudadana y la confianza institucional, y optimizar el uso de recursos humanos, técnicos y financieros en materia de seguridad.

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) informó que los servicios de atención médica se mantienen con normalidad en todo el país, tras la reorganización territorial de las direcciones provinciales de salud.

Según la entidad, áreas como emergencias, consulta externa, cirugías programadas y otros servicios continúan operando sin interrupciones, garantizando el acceso a una atención integral y gratuita para la ciudadanía.

El MSP explicó que la medida responde a un proceso técnico orientado a optimizar recursos, luego de identificar duplicidad de funciones y otras situaciones que, según la institución, no contribuían de forma efectiva al cumplimiento de sus objetivos.

Además, señaló que esta reorganización busca fortalecer el sistema de salud a nivel nacional mediante una gestión más eficiente del talento humano.

La cartera de Estado también habilitó la línea gratuita 171, opción 3, para que los ciudadanos reporten posibles irregularidades en la prestación de servicios.

Críticas del gremio médico

El pronunciamiento del MSP se produce en medio de cuestionamientos por parte de la Federación Médica Ecuatoriana, que rechazó los recientes despidos de personal sanitario.

En un comunicado emitido este 15 de abril de 2026, el gremio alertó sobre las consecuencias que estas decisiones podrían generar en el sistema público de salud, al considerar que se dan en un contexto de crisis estructural.

Según la Federación, los hospitales enfrentan actualmente sobrecarga asistencial, falta de insumos y limitaciones en su capacidad de respuesta.

La organización también señaló que entre el 13 y 14 de abril se registró la desvinculación de más de 300 funcionarios del sector salud en distintas provincias, incluyendo médicos, enfermeras, odontólogos, tecnólogos y personal de apoyo.