El expresidente de la República, Lenín Moreno, retornó a Ecuador luego de cinco años para enfrentar el juicio por presunto cohecho dentro del denominado caso Sinohydro, proceso relacionado con la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair a la empresa china Sinohydro.

Moreno arribó la tarde de este miércoles 6 de mayo de 2026 al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, procedente de Paraguay. El exmandatario llegó acompañado de su esposa, Rocío González, y fue recibido por personas cercanas, entre ellas Xavier Torres, exfuncionario del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis).

El exjefe de Estado deberá comparecer el próximo lunes 11 de mayo, a las 08:30, a la audiencia de juzgamiento convocada en la Corte Nacional de Justicia. La diligencia forma parte del proceso penal que investiga una presunta trama de pagos irregulares vinculados al proyecto hidroeléctrico.

En la causa también constan como procesadas personas del entorno familiar de Moreno, incluida su hija, además de otros 17 vinculados, investigados como presuntos autores y cómplices del delito de cohecho.

El caso se relaciona con la adjudicación de la obra Coca Codo Sinclair, construida durante la administración de Rafael Correa. Este proyecto hidroeléctrico, considerado uno de los más grandes del país, tuvo un costo aproximado de 2.000 millones de dólares y ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades en su contratación y ejecución.

La audiencia de juicio fue reprogramada para el 11 de mayo, luego de un diferimiento solicitado por las defensas de varios procesados. El proceso estará a cargo de un tribunal presidido por el juez Manuel Cabrera.

El Bloque de Seguridad ejecutó un nuevo golpe contra la estructura criminal de Los Lobos en Quevedo, como parte de la operación denominada Operación Forseti-Finisterra, desarrollada tras casi cuatro meses de investigaciones lideradas por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y agencias internacionales. Ocurrió este jueves, 7 de mayo de 2026.

El operativo se desplegó en varios sectores de Quevedo con la participación de alrededor de 400 efectivos policiales y militares. Como resultado, las autoridades realizaron 25 allanamientos y capturaron a 11 presuntos integrantes de la organización delictiva, señalada por su presunta participación en sicariatos, extorsiones, microtráfico y porte ilegal de armas.

Durante las intervenciones, los uniformados decomisaron armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización y motocicletas reportadas como robadas, que presuntamente eran utilizadas para cometer extorsiones y otros delitos en la ciudad.

De acuerdo con las investigaciones policiales, esta estructura obtenía recursos ilícitos mediante cobros extorsivos diarios y mensuales, además de robos a locales comerciales y tráfico de drogas. El dinero recaudado habría sido destinado a la compra de armas, municiones y explosivos, con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y mantener el control territorial en Quevedo.

Entre los detenidos consta Mauricio Alberto H., considerado un individuo de interés relevante para la investigación y quien registra antecedentes por extorsión en 2023, además de procesos judiciales por secuestro extorsivo. También fue aprehendido Anthony Emilio A., con antecedentes por secuestro extorsivo en 2025; Darly Esteban O., investigado por receptación y extorsión; y Gabriel Jesús S., quien registra antecedentes por tenencia de armas no autorizadas.

Asimismo, fueron detenidos Stiven Lenin P., Delio Teodomiro N., Jonathan Steven M., Breyner Ariel C. y Luis Alfredo P., este último con antecedentes por tráfico ilícito. Todos los capturados fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para el respectivo proceso legal.

En la lucha contra el cáncer, el éxito no se mide por las leyes aprobadas ni por los medicamentos incluidos en un listado oficial, sino por la continuidad del cuidado, es decir, que el paciente reciba el tratamiento correcto en el momento preciso. Hoy, Ecuador enfrenta una paradoja dolorosa: aunque múltiples terapias ya forman parte del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), la realidad en los pasillos de los hospitales cuenta una historia muy distinta.

¿Qué está pasando realmente?

Existe una brecha crítica que separa el derecho a la salud de la atención efectiva. Actualmente, menos del 40% de las pacientes oncológicas recibe un tratamiento adecuado, lo que significa que más del 60% se encuentra bajo esquemas subóptimos. El problema de fondo ha dejado de ser únicamente qué está aprobado para convertirse en algo mucho más urgente: qué está disponible en el momento exacto en que el paciente lo necesita.

Según un estudio de EquityCancer-LA, en Ecuador, el tiempo promedio para que una mujer reciba un diagnóstico confirmatorio desde la primera sospecha es de 140 días. Con una cobertura de mamografías de apenas el 20% en la población en riesgo, el sistema detecta casos en etapas avanzadas, lo que incrementa la presión hospitalaria y los costos de atención.

Esta situación ha forzado una transición peligrosa en la práctica clínica. El sistema está pasando de una medicina basada en evidencia, donde el médico elige el tratamiento adecuado y preciso para darle calidad de vida al paciente, a una medicina basada en existencias, donde la receta se ajusta estrictamente a lo que hay en stock. Cuando el medicamento no está disponible debido a un desabastecimiento intermitente, la medicina deja de ser ciencia para convertirse en una gestión de carencias, y esto genera que los pacientes reciban tratamientos muy por debajo de los estándares oncológicos.

El cáncer no es solo una enfermedad más; requiere diagnósticos certeros mediante biomarcadores. Sin embargo, las limitaciones en reactivos y la capacidad especializada insuficiente retrasan la personalización terapéutica, indispensable para evitar tratamientos inadecuados.

El costo humano de la burocracia

La falta de coordinación administrativa y el peso de la burocracia están expulsando a los pacientes del sistema. La realidad es inmediata y crítica:

• Los pacientes oncológicos del sistema público están siendo rechazados por SOLCA debido a nudos administrativos y falta de convenios efectivos y la deuda creciente por falta de pagos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud Pública (MSP), dejándolos a la deriva.
• En hospitales como el Andrade Marín, la escasez de medicinas ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad cotidiana que interrumpe ciclos de vida.

En este sentido, cada día de retraso tiene un impacto macroeconómico y social devastador. Reportes de impacto socioeconómico en el país evidencian que el manejo ineficiente de patologías crónicas generó una pérdida de productividad de USD 699 millones entre 2017 y 2023. En ese mismo periodo, las brechas de acceso le costaron a la población ecuatoriana 83.500 años de vida saludable (DALYs). Solo en cáncer de mama, llegar tarde al diagnóstico y al tratamiento se traduce en pérdidas económicas directas de USD 25 millones anuales.

El laberinto de la compra centralizada

La solución propuesta a través de la compra centralizada se encuentra en un estado de incertidumbre. Los cronogramas actuales para productos no catalogados han sufrido ajustes drásticos: se pasó de una proyección de compra de 15 meses a solo 12, sin que exista claridad sobre las cantidades finales ni garantías de cumplimiento de las fechas de entrega inicialmente informadas. Incluso, se ha reportado que algunos medicamentos ya se encuentran en stock cero. Por su parte, aunque el Ministerio de Salud cuenta con listados de productos, la ausencia de una hoja de ruta sobre la temporalidad de los procesos impide una planificación que asegure el abastecimiento real.

Aunque el país cuenta con una Ley de Cáncer, el impacto real es nulo sin un reglamento claro, estructurado y con una hoja de ruta definida para su implementación. En este punto, el país enfrenta una oportunidad decisiva: el reglamento en construcción no puede limitarse a ser un instrumento administrativo, sino convertirse en una herramienta concreta para resolver las fallas estructurales del sistema.

Un reglamento bien diseñado debe garantizar la continuidad del tratamiento oncológico mediante mecanismos como la planificación obligatoria del abastecimiento, sistemas de alerta temprana ante quiebres de stock y procesos ágiles de respuesta que prioricen la vida del paciente por encima de la burocracia. Asimismo, debe alinear la compra pública con las necesidades reales del sistema y fortalecer la capacidad operativa de los hospitales, permitiendo una transición efectiva de un modelo reactivo a uno preventivo.

Es imperativo transitar hacia un modelo que priorice la descentralización administrativa y la agilidad en la gestión hospitalaria. El acceso real significa disponibilidad continua, logística eficiente y asignación presupuestaria sostenible.

Hoy, más que nuevas leyes, el sistema necesita reglas claras que funcionen. El reglamento de la Ley de Cáncer puede ser ese punto de inflexión: el instrumento que transforme el acceso teórico en acceso real y que asegure que ningún paciente vea interrumpido su tratamiento por causas evitables.