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Gobierno suscribe compromiso anticorrupción en la contratación pública

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El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suscribió un documento de compromiso para evitar la corrupción en los procesos de contratación en el Estado. Esta acción es parte de las políticas del Gobierno para combatir y enfrentar a la corrupción.

La titular del Sercop, María Sara Jijón, firmó el Compromiso Anticorrupción – Contratación Pública en las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, en el centro de Quito. En el evento participó como testigo el vicepresidente Alfredo Borrero; la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Carla Mera; y el ministro de Vivienda, Darío Herrera.

Jijón señaló que este compromiso anticorrupción es un acto simbólico. “Debemos ser el ejemplo de lo que se debe hacer en contratación pública”, dijo. La UAFE colaborará a este fin mediante el análisis de los procesos y la identificación de funcionarios que puedan cometer irregularidades.

“La corrupción no debe tener entrada en la sociedad, nuestra obligación total es enfrentarla y no importa que se develen los nombres o se denuncie”, declaró el Vicepresidente. El segundo mandatario agregó que en el sistema de salud pública es donde ha detectado bastante corrupción, por lo que hizo un exhorto a mejorar las antiguas prácticas.

Uno de los preceptos de la actual administración es combatir la corrupción desde su origen para así evitar afectaciones en el servicio público y la población.

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Nacionales

Más del 60 % de detenidos en flagrancia no va a prisión preventiva: autoridades alertan de impunidad judicial

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La Comisión de Fiscalización y Control Político inició este lunes 16 de junio un proceso de investigación sobre ciertas decisiones judiciales que estarían favoreciendo la liberación de personas detenidas en flagrancia.

El ministro del Interior, John Reimberg, durante su comparecencia mencionó que las economías criminales mantienen a flote sus estructuras extendiendo sus tentáculos en los entramados judiciales de los que se benefician para lograr la impunidad.

Reimberg reiteró que en la lucha contra el crimen organizado se han encontrado con barreras en el procedimiento judicial, con decisiones que permiten que los sospechosos de actos delictivos, detenidos en flagrancia, sean liberados o que reciban medidas sustitutivas a la prisión preventiva, acciones que frenan el trabajo del eje de seguridad.

Reimberg recordó que de los 104 mil aprehendidos en los más de 900 operativos contra el crimen organizado, muchos están en libertad, recibieron medidas sustitutivas y han vuelto a cometer delitos; otros tienen arresto domiciliario, lo cual obliga a destinar más de 800 policías para su custodia.

Reveló que cuando se denuncia la actuación irregular de determinados jueces hay que esperar un año para saber qué pasa con en estos casos, mientras los delincuentes siguen libres. “Los jueces están llamados a estar del lado correcto del país y de la historia”, enfatizó.

Por su parte, el Comandante de la Policía, Pablo Dávila, aseguró que la institución cumple sus labores con un profundo compromiso con el país, a fin de proteger a la ciudadanía. Lamentablemente, los plazos prolongados y la carga documental que se necesita para legalizar las aprehensiones ante los operadores de justicia, complican el trabajo de la Policía Nacional.

Aseguró que cerca del 60 % de los más de 25 mil ciudadanos aprehendidos en flagrancia ha recibido medidas sustitutivas a la prisión preventiva, muchos de ellos tienen entre dos, cinco y más detenciones por las mismas causas, esta recurrencia en el cometimiento de delitos complica las estadísticas de violencia en el Ecuador.

El comandante dijo que esta situación evidencia la necesidad de revisar los procedimientos para calificar la flagrancia y las condiciones mínimas para dictar medidas sustitutivas, con el fin de sancionar oportunamente estas conductas y evitar la impunidad. Fuente: Vistazo

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Gobierno inicia control masivo a las utilidades por venta de acciones: hay una empresa de Telecomunicaciones en la mira

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El Gobierno de Daniel Noboa implementará un control masivo a las utilidades generadas por la compra y venta de acciones. Esta medida será ejecutada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), que pondrá en marcha un proceso de fiscalización de manera inmediata.

La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, hizo el anuncio este lunes 16 de junio de 2025, y destacó que se trata de una medida “sin precedentes” en Ecuador, ya que por primera vez se llevará a cabo la fiscalización del Impuesto a la Renta Única (IRU).

La portavoz explicó que, hasta la fecha, cerca de 300 contribuyentes han declarado voluntariamente, reportando aproximadamente un promedio de USD 30 millones anuales, pero se ha detectado un universo potencial de 6.000 contribuyentes que no han cumplido con esta obligación.

“Este tipo de actuaciones está dirigida a atacar conductas defraudatorias de quienes ocultan el valor real de sus acciones” remarcó.

Jaramillo incluso expuso un ejemplo concreto —aunque sin mencionar nombres— ya que, según dijo, “fácilmente se podrá inferir de quién se trata”, al referirse a una empresa de telecomunicaciones muy conocida y rentable.

Detalló que, en este caso, el hijo transfirió sus acciones a su padre por un valor un 80 % menor al real: apenas USD 58. Esta operación habría provocado un perjuicio al Estado de al menos USD 6,6 millones.

Al ser consultada sobre si el caso en mención tiene que ver con la familia Topic, Jaramillo solo respondió: «me estoy refiriendo a todas la empresas que defraudan al Estado ecuatoriano».

«Cuando se defrauda al SRI, se defrauda al Estado ecuatoriano», enfatizó la vocera.

Por último, la funcionaria acotó que, según las estimaciones del Gobierno, este año se puede llegar a recaudar más de 50 millones de dólares si se realiza esta fiscalización a este impuesto que ya existe.

Especialistas contra la corrupción

Otro anuncio presidencial fue que el Gobierno Nacional implementará la figura de Responsables Institucionales de Cumplimiento (RIC) para prevenir la corrupción.

Sobre este punto indicó que se trata de un proceso progresivo que lleva adelante la Secretaría de Integridad Pública desde el 2 de junio, con la implementación de los responsables en 35 entidades priorizadas del Estado.

La medida forma parte de la Política Nacional de Integridad Pública (PNIP) con el propósito de garantizar la aplicación efectiva de la normativa, promover la transparencia y generar una cultura de integridad.

“Nunca se designó especialistas dentro de la Función Ejecutiva para cumplir la misión de prevenirla corrupción”, indicó.

Con esta medida, se formará a una persona para detectar riesgos de corrupción en procesos administrativos, quien reportará la alerta a la Secretaría de Integridad Pública.

Según el Gobierno, la diferencia medular entre esta acción y las gestiones de entidades en el pasado es precisamente el enfoque desconcentrado y de visibilidad que ofrece el tener funcionarios responsables en cada entidad. Fuente: Vistazo

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Policía decomisa media tonelada de droga escondida en una volqueta

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Un operativo ejecutado por la Policía Nacional permitió la captura del conductor de una volqueta en la que se encontró droga.

En su cuenta de X, la Policía informó que en el vehículo, que se movilizaba por la localidad de Ahuano, en la provincia de Napo, encontró media tonelada de droga. «Mediante técnicas de observación y perfilamiento, se detuvo la marcha de una volqueta, en la se identificó una estructura de doble fondo, dentro de la cual se encontraron 500 envolturas de bloques rectangulares, con 499.000 gramos de pasta base de cocaína», detalló la autoridad.

Además de esta sustancia, la Policía encontró un celular, que fue democisado. El sujeto detenido fue puesto a las órdenes de la justicia.

Fuente: Primicias

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