Nacionales
Gobierno propone que las mineras en exploración sean las que paguen más por la nueva tasa, la industria se opone
Dentro del primer paquete de medidas económicas para su segundo período, el Gobierno de Daniel Noboa anunció el 2 de junio de 2025 que cobrará la llamada «tasa de fiscalización» a los concesionarios mineros o empresas mineras en todos los segmentos: pequeña minería, de mediana y de gran escala.
La tasa se cobrará, además, sin importar en qué fase se encuentre el proyecto: exploración inicial, exploración avanzada, evaluación económica del proyecto o en la fase final, que es la de explotación de materiales.
En Ecuador existen 1.536 concesiones mineras, incluyendo aquellas para extraer minerales metálicos y no metálicos.
¿Pero para qué una tasa? El Gobierno justifica el cobro porque asegura que las actividades de supervisión y control que realiza la Agencia de Regulación y Control Minero requieren un fortalecimiento que permita aumentar su operatividad dentro del contexto del incremento de actividades mineras no autorizadas e irregulares».
Así, la administración de Noboa prevé recaudar entre USD 200 millones y USD 220 millones al año con esta tasa.
Concesiones mineras en Ecuador
| Gran minería | 230 | 10 | 358 508 | 3 724 |
|---|---|---|---|---|
| Mediana minería | 49 | 4 | 135 143 | 793 |
| Pequeña minería | 770 | 367 | 342 219 | 43 591 |
| Régimen General | 75 | 31 | 195 866 | 9 022 |
Y aunque el Ministerio de Finanzas ya tiene proyección de cuánto recaudará el Fisco, la Agencia de Regulación y Control Minero todavía está puliendo los detalles de la tasa y recibiendo comentarios de las empresas mineras.
Según el Ministerio de Energía, hasta el 15 de junio de 2025 está prevista la fase de elaboración de los mecanismos de ejecución para el cobro de la tasa. Y para el 30 de junio se prevé comenzar a cobrarla.
María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador, explicó en una entrevista con WQ Radio, que la tarde del 2 de junio de 2025, en el sitio web de la Agencia ya se colgó un documento con los detalles de cómo se calcularía la tasa para las mineras.
No obstante, aclaró que no es un documento definitivo. «Se colgó un documento en etapa de socialización, de consulta pública», detalló Silva.
La vocera de la Cámara dijo que al sector le sorprendió leer el documento. «Es una medida totalmente desproporcionada», mencionó. Y agregó que los más afectados serán las empresas con concesiones en etapa de exploración.
Además, Silva cuestionó que el Gobierno busque cobrar a la industria minera una tasa que recaudaría un monto similar al total de inversión extranjera que llegó a Ecuador en 2024, que fueron USD 232 millones.
Según la Cámara, las empresas mineras pasan años explorando las concesiones, sin tener un retorno de su inversión en ese momento, por lo que cargarlos con una tasa sería un desincentivo para que sigan explorando, con lo que el país dejaría de recibir inversiones de esas empresas.
«Levantar los fondos para hacer esa exploración es un trabajo bastante complicado, más todavía cuando el destino de esos fondos es un país con un alto riesgo país, con una carga tributaria ya alta frente a la región», mencionó.
¿Cómo se calculará la tasa?
La fórmula que propone el Gobierno de Noboa en el documento que revisaron las empresas mineras se basa en los siguientes elementos:
• Cantidad de hectáreas autorizadas o concesionadas al titular minero.
• Un coeficiente por fase minera, que representa la intensidad, frecuencia y complejidad del control regulatorio requerido en cada una de las fases del ciclo de vida de un proyecto minero.
• Y un factor de ajuste del Salario Básico Unificado (SBU), que según el Gobierno «asegura que la tasa se ajuste proporcionalmente al incremento del salario, manteniendo su relación con los costos».
Según el reporte de la Agencia, el mayor aporte vendrá por las concesiones en exploración inicial y avanzada en el segmento de minería a gran escala de minerales metálicos (oro, plata, cobre). Esto ocurre porque son las que tienen más hectáreas de concesiones.
¿Cuándo se considera minería metálica a gran escala?
Cuando se extrae desde 1.001 toneladas por día (t/día) en minería subterránea; desde 2.001 t/día en minería a cielo abierto y desde 3.001 m3/día en minería aluvial.
Según la Agencia de Regulación y Control Minero, existen 714.509,7 hectáreas de concesiones de gran minería metálica en etapa de exploración inicial.
De ahí que, según la fórmula, esas empresas tendrían que pagar en total USD 85,9 millones en 2025, tomando en cuenta que el actual salario básico en Ecuador es USD 470.
Ingresos esperados con la tasa minera
De la minería a gran escala, en millones de USD.
| Evaluación económica | 4 948 | 0,58 |
|---|---|---|
| Exploración avanzada | 131 352 | 46,30 |
| Exploración inicial | 714 510 | 83,95 |
| Explotación | 7 613 | 3,58 |
Y, por otro lado, existen 131.352 hectáreas de concesiones en etapa de exploración avanzada, con lo que, según la fórmula, a ese grupo le correspondería pagar USD 46,3 millones en 2025.
Andrés Ycaza, abogado especialista en temas mineros, explica que el problema con la tasa que propone el Gobierno es que se calcula según el número de hectáreas y no es proporcional a lo que realmente producen las minas, las ganancias que tienen o la fase en la que se encuentran los proyectos que todavía no explotan.
Según Ycaza, hay proyectos que tienen más hectáreas de concesiones, porque las empresas se han arriesgado a hacer más exploración y a invertir más, pero eso no significa que tendrán más ganancias.
Y añade que la exploración en grandes espacios no es una garantía de que la minera extraerá más material, pues la exploración es precisamente para identificar el potencial del yacimiento.
Así, hay proyectos que ya están en explotación y tienen ganancias, que pagarán casi lo mismo que proyectos que recién están invirtiendo en explorar, explica Ycaza.
¿Qué proyectos son los que más aportarán?
Entre los proyectos más importantes de minería a gran escala en Ecuador en etapa de exploración está Cangrejos, aunque está previsto que este año se firme el contrato de explotación.
El proyecto está ubicado sobre unas 6.374 hectáreas en los cantones Santa Rosa y Atahualpa.
La minera a cargo, Lumina Gold Corp. ha informado que Cangrejos está en el puesto 13 de los mayores depósitos de oro primarios sin desarrollar en el mundo. La empresa prevé inversiones por USD 2.200 millones.
Se trata de un proyecto que tiene reservas por alrededor de 11,6 millones de onzas de oro, lo que la convertirán en la mina de oro más grande de Ecuador.
Otros proyectos clave que también están en exploración son:
Algunos proyectos clave en etapa de exploración
| Cangrejos | El Oro | Lumina Gold | Oro |
|---|---|---|---|
| Panantza San Carlos | Morona Santiago | CRCC- TONGGUAN | Cobre |
| Cóndor | Zamora Chinchipe | Silvercorp Metals Inc | Oro |
| Bramaderos | Loja | Sunstone Metals LTD | Oro/Cobre |
En tercer lugar, con mayor aporte estarían las concesiones de pequeña minería metálica en etapa de exploración-explotación. Y es que la legislación ecuatoriana permite que las concesiones de pequeña minería se pueda explotar a la par mientras se sigue explorando.
Según la Agencia, existen 350.384,6 hectáreas de concesiones de pequeña minería metálica en etapa de exploración-explotación, con lo que las empresas de este grupo tendrían que pagar USD 32,9 millones.
Ingresos esperados con la tasa minera
De la pequeña minería, en millones de USD.
| Exploración | 3 397 | 0,24 |
|---|---|---|
| Exploración – Explotación | 350 385 | 32,94 |
| Explotación | 4 727 | 0,56 |
Se considera pequeña minería metálica cuando se extraen hasta 300 t/día en minería subterránea, hasta 1.000 t/día en minería a cielo abierto y hasta 1.500 metros cúbicos/día en minería aluvial.
En cambio, en el segmento de la mediana minería metálica, el mayor monto se espera de las concesiones en exploración inicial, que aportarían USD 12 millones.
Ingresos esperados con la tasa minera
De la mediana minería, en millones de USD.
| Evaluación económica | 2 222 | 0,21 |
|---|---|---|
| Exploración avanzada | 33 616 | 6,32 |
| Exploración inicial | 87 889 | 12,39 |
| Explotación | 11 416 | 2,68 |
Por otro lado, las concesiones que ya están en explotación en el segmento de minería a gran escala pagarán USD 3,5 millones. Se trata de:
1. Mirador (Zamora Chinchipe), la mina de cobre a cielo abierto a cargo de la empresa de capitales Ecuacorriente (Ecsa).
2. Fruta del Norte (Zamora Chinchipe), la mina subterránea de oro a cargo de la empresa Aurelian, subsidiaria de la canadiense Lundin Gold.
Desde que entraron en fase de explotación, en 2019, las dos empresas han ido creciendo hasta posicionarse entre las más grandes del país, por sus altos ingresos.
En el caso de Aurelian, fue la quinta empresa con más ingresos en 2024, con USD 1.205 millones. Ese año, además, tuvo USD 107,5 millones de Impuesto a la Renta.
Ecuacorriente fue la sexta empresa con más ingresos en 2024, con USD 1.222,3 millones. Su Impuesto a la Renta causado fue de USD 88,5 millones.
¿En qué se usarán los recursos?
El Gobierno ya tiene previsto el fin de los recursos a recaudar de las mineras.
Para ello, el presupuesto que ha previsto la Agencia de Regulación y Control Minero es de USD 233 millones.
El monto más alto es el que se piensa destinar a talento humano y capacitaciones, con un presupuesto de USD 70 millones. Le siguen otros gastos como:
Tecnología (licencias satelitales, desarrollo de sistemas de inteligencia minera, implementación de laboratorio acreditado): USD 65 millones.
Movilización y logística: USD 59 millones.
Equipo de campo (drones, GPS, brújulas, tablets): USD 39,9 millones. Fuente: Primicias
Nacionales
Peculado, falsificación o minería ilegal: los procesos penales contra alcaldes y prefectos de Ecuador
Alrededor de la mitad de los alcaldes y prefectos del país ha estado inmerso en procesos penales, muchos de ellos archivados. Tres alcaldes están detenidos y un cuarto tiene un auto de llamamiento de juicio.
Presuntos delitos que van desde el robo o la estafa hasta asociación ilícita o el peculado pasando por el incumplimiento de decisión de autoridad competente, conforman el grueso de 264 procesos penales que atañen a 118 alcaldes y prefectos, más de la mitad de las autoridades subnacionales del Ecuador.
De estos procesos, 217 son archivos de la investigación previa por pedido de la Fiscalía. Además, hay dos archivados por prescripción y dos archivados por principio de oportunidad. En total son 221 procesos archivados sin formulación de cargos, es decir la mayoría.
Veinte de las 245 autoridades al frente de alcaldías y prefecturas, alrededor de un ocho por ciento, han sido procesadas por más de un delito, en algunos casos antes de que asumieran su cargo. Estas son las cifras que arroja el sistema público de consulta de procesos judiciales electrónicos del Consejo Nacional de la Judicatura, llamado e-Satje.
Spondylyus Info Lab presenta esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, elaborada gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Para difundir esta información, se han unido 37 medios de comunicación.
Autoridades acumulan varios procesos
Entre los casos que no han sido archivados y que no se relacionan con cuestiones administrativas, esta alianza periodística encontró 28 procesos penales que atañen a 20 autoridades subnacionales. La que ha enfrentado más procesos es la alcaldesa de Carlos Julio Arosemena Tola, Ligia Caiza, que ganó esa dignidad en 2023 por la alianza Partido Sociedad Patriótica, Avanza y CREO con el movimiento local Antisuyo Ushito (3-8-21-61). Este cantón, junto con Tena, concentra la mayoría de concesiones mineras de la provincia de Napo.
La ingeniera ambiental registra cuatro causas: tres son por presunta asociación ilícita ligada al tráfico de combustible y otro por presunta minería ilegal. En los tres primeros, Ligia Caiza fue declarada inocente en primera instancia y la sentencia ya se encuentra ejecutoriada, mientras que en el cuarto, la Fiscalía no formuló cargos en su contra.
Este caso comenzó con un operativo de la Policía Nacional para desarticular una presunta banda de tráfico de combustibles usados para minería ilegal. Para la Fiscalía, Caiza y su esposo, Jofre Coronel (quien tiene a su nombre una concesión minera artesanal), habrían sido los líderes de esta organización. La investigación se abrió el 31 de marzo de 2023, mes y medio antes de que Ligia Caiza fuese posesionada como alcaldesa, y la sentencia se dictó en enero de 2026.
Después de Caiza, el alcalde de Guayaquil enfrenta tres procesos. Aquiles Álvarez, que llegó por la alianza RETO-RC y dirige la ciudad más poblada del país, fue llamado a juicio en el caso Triple A, por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles en la frontera sur, un proceso iniciado en julio del 2024 y que involucra a 16 personas y seis empresas.
Según la Fiscalía, las empresas habrían desviado el diésel subsidiado vendiéndolo a precio de mercado, lo que habría provocado un perjuicio al Estado de USD 100 millones. Luego, la Fiscalía abrió la investigación conocida como Goleada, ahora en etapa de instrucción fiscal, por el presunto delito de lavado de activos, derivado del caso inicial.
Cuando fue detenido en su casa en Samborondón, el 10 de febrero pasado, Álvarez no portaba el grillete, por lo que ahora es investigado por el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Empresario y dirigente deportivo, Álvarez ha mantenido relación con una treintena de compañías y el análisis de su patrimonio demostró cambios inusuales así como la no inclusión de todos sus bienes. Entre 2023 y 2024 tuvo un retroceso en su patrimonio de USD 1,8 millones. Al inicio de su gestión había declarado USD 7.730.592 y en 2024 USD 5.870.330. Para 2025 lo aumentó a USD 7.431.403. Ahora lo reemplaza su coidearia Tatiana Coronel al frente de la Alcaldía de Guayaquil.
Otro caso es el del prefecto de Sucumbíos, Yofre Poma Martín, que llegó a ese cargo por la RC en 2023. El proceso en su contra se originó por las violentas protestas de octubre de 2019. En aquel entonces, siendo asambleísta, participó en la toma de la estación de bombeo del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, obligando a suspender las operaciones petroleras. Fue sentenciado como cómplice de paralización de servicios públicos a un año y cuatro meses de prisión y permaneció recluido varios meses hasta beneficiarse de la suspensión condicional de la pena en 2020. Dos años después, en 2022, la Asamblea Nacional le otorgó la amnistía.
Poma ha sido gobernador, alcalde, asambleísta y, ahora, Prefecto. Cuando era alcalde de Lago Agrio, entre 2009 y 2014, también fue enjuiciado por el presunto delito de peculado por la venta de un terreno municipal. Fue sobreseído por la falta de elementos probatorios.
Las autoridades que más procesos archivados tienen son los de La Libertad, Francisco Tamariz Guerrero (electo por CD-AVANZA-DSI-Unete), por presuntos delitos de intimidación y tráfico de influencias; la alcaldesa de San Fernando, María Aurelia Sarmiento, por presunto delito de daño a bien ajeno, y el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, por los presuntos delitos de concusión y falsificación de documentos.
Existen otras autoridades con un solo proceso y cuyos casos han sido de mayor connotación pública: los alcaldes de Pujilí, José Arroyo Cabrera; el de Riobamba, John Vinueza Salinas; de Aguarico, Juan Carlos Orellana, y el de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio.
Arroyo Cabrera cumple prisión preventiva dentro del caso Ornato Municipal por presunto peculado. La Fiscalía lo acusa de presuntamente haber ideado y dirigido un esquema de simulación contractual relacionado con compra de plantas y la construcción de un parque, cuyo monto total supera los USD 300 mil. Arroyo incluso ha impulsado una querella por calumnia en contra del vicealcalde y actual reemplazo, Raúl Arroyo Zambrano. Ambos fueron electos por la alianza RC-ID-PSE.
El alcalde de Riobamba, John Vinueza, y dos concejales fueron llamados a juicio en abril pasado porque habrían conformado una estructura para cometer delitos, como tráfico de influencias y cohecho relacionado con la asignaciones irregulares de 255 cupos de taxis, entre otros. Electo por la alianza Vecinos en Acción, conformada por Centro Democrático y RETO, Vinueza fue asambleísta antes de llegar a la Alcaldía.
Hace pocas semanas, el alcalde reelecto de Aguarico, Juan Carlos Orellana Ganchozo, fue sentenciado en primera instancia por registrar un título falso de abogado por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Él se acogió al silencio, pero su defensa anunció que apelará. Orellana, que ganó su reelección por la alianza Pachakutik-CREO, también ha registrado saltos patrimoniales importantes desde 2019 que ocupa ese cargo. En 2019 registró un patrimonio de USD 6.000 y para 2025, en la declaración periódica de su segundo mandato, el valor subió a USD 199.320. Es decir, un incremento del 3.222%.
Finalmente, el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, que llegó a ese cargo por la Unión por la Revolución Ciudadana, fue detenido la madrugada del 3 de junio señalado por presunto lavado de activos. El abogado y empresario ha pedido quedarse en la cárcel de Latacunga para preparar su defensa. La Fiscalía indicó que el caso llamado Blindaje nació a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Procesos archivados
Con respecto a los 221 procesos que fueron archivados sin formulación de cargos, 44 tuvieron un origen administrativo por incumplimiento de decisión de autoridad competente y retención ilegal de aportaciones al IESS. Este incumplimiento por parte de los alcaldes generalmente está relacionado con órdenes de pago a contratistas o trabajadores, y a veces provienen de administraciones anteriores.
Por el delito de incumplimiento de decisión de autoridad competente, el caso más conocido es contra la alcaldesa de Manta, Marciana Valdiviezo, por el pago de USD 3,6 millones al Consorcio Tránsito Segura (CTS) de Manta, integrado por las empresas Telconet y Transcorp Ecuador S.A. Por este contrato, el Tribunal Contencioso Electoral descalificó a Jan Topic, quien no pudo inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales del año 2025. El Consorcio fue contratado para el manejo de los ingresos por multas de tránsito, pero provocó críticas porque recibía más de la mitad de lo recaudado. El proceso no está archivado.
Posibles razones
Esta cantidad de procesos que en su mayoría resultan archivados le plantea dos hipótesis al politólogo de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Medina: “O existe un abuso del sistema judicial o existe una manipulación del sistema judicial. Por un lado se puede haber naturalizado el demandar a un alcalde, a un prefecto, sin los argumentos de peso necesarios, y por otro, habría que analizar las causas del por qué la Fiscalía se abstiene de proseguir”.
Medina hace una comparación con el sistema anglosajón, en el que muchos casos se resuelven porque los jueces consideran que no hay lugar a la demanda y no se continúa el proceso; e incluso a veces el demandante tiene que cubrir con los costos procesales. “¿Cuánto dinero habrá perdido el Estado por todo ese trabajo de investigación de la Fiscalía pero que no llegó a una acusación?, se preguntó.
Nacionales
Jóvenes en Acción: se abren 150.000 nuevos cupos para chicos en Ecuador ¿Cómo inscribirse?
El Gobierno de Ecuador anunció una nueva fase del programa Jóvenes en Acción, una iniciativa dirigida a jóvenes en situación de vulnerabilidad que ampliará significativamente su cobertura a nivel nacional.
Con esta expansión, el número de beneficiarios pasará de 80.000 a 150.000 jóvenes, según informó el Ministerio de Desarrollo Humano. El objetivo es fortalecer las oportunidades de inclusión social, capacitación y acceso a herramientas que faciliten la inserción laboral y el desarrollo personal de este segmento de la población.
Las inscripciones están habilitadas desde las 19:00 de este 16 de junio a través de la plataforma oficial del programa.
El presidente Daniel Noboa se pronunció acerca del tema y mostró que su gobierno tiene un compromiso con los jóvenes ecuatorianos. «Hemos entregado becas, impulsado capacitaciones internacionales, creado pasantías pagadas y ampliado los cupos de educación superior en institutos públicos».
También reafirmó que «abrimos 150.000 nuevos cupos de Jóvenes en Acción, que iniciarán el 1 de julio y durará tres meses. Esta es una inversión de USD 180 millones en nuestros jóvenes, para que se capaciten e inicien actividades laborales.
Finalmente, el Primer Mandatario señaló que las inscripciones están abiertas.
¿Quiénes pueden postular?
La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema.
Entre los requisitos establecidos se encuentran no recibir transferencias monetarias periódicas administradas por el Ministerio de Desarrollo Humano, no registrar aportaciones vigentes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) o al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), además de contar con una cuenta bancaria personal para recibir los pagos.
Transferencias de hasta USD 1.200
Los jóvenes seleccionados recibirán tres transferencias de USD 400 cada una, distribuidas durante tres meses, lo que representa un total de USD 1.200 por beneficiario.
Sin embargo, los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de actividades relacionadas con capacitación, fortalecimiento de habilidades, participación comunitaria, empleabilidad y desarrollo de competencias para la vida.
Estas acciones serán coordinadas con varias instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Educación, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Los pagos serán realizados por el Ministerio de Desarrollo Humano, una vez que se verifique el cumplimiento de las actividades asignadas a cada participante.
Una camioneta robada en Manta. Una moto blanca en Arenillas. Una lluvia de balas en Durán. Desde la campaña electoral de 2022, ocho alcaldes o candidatos a la alcaldía han sido asesinados en Ecuador, dos están presos en una cárcel de máxima seguridad y 55 viven bajo resguardo policial.
En Manta, Agustín Intriago recorría una obra cuando la muerte llegó en una camioneta robada. Era domingo, 23 de julio de 2023, y el alcalde estaba en su salsa: la calle, la obra, la gente. El sicario no esperó y mató también a una joven deportista, quien fue víctima de una guerra ajena.
En Portovelo, Jorge Maldonado fue asesinado el 19 de abril de 2024. No estaba en un mitin ni en una tarima. Estaba en la calle, donde un alcalde debería sentirse en casa. Portovelo es parte de una zona tomada por la minería ilegal y por la disputa de organizaciones criminales.
Gobernar un cantón ecuatoriano ya no es administrar agua, basura y mercados: es sobrevivir al sicariato, blindarse contra expedientes judiciales y resistir el desgaste de revocatorias y destituciones.
Violencia contra alcaldes en Ecuador: crímenes que marcaron la política local
Ni el International Crisis Group logra explicar del todo la lógica detrás de los ataques a autoridades locales. Las razones rara vez son claras, aunque suelen asociarse a castigos por presuntos apoyos a bandas rivales o por negarse a cooperar con un grupo criminal. Los disparos no solo matan: también advierten quién manda.
Agustín Intriago era uno de los alcaldes más visibles del país: joven, reelegido y con alta exposición pública. Su presencia constante en territorio fortalecía su liderazgo, pero también lo hizo vulnerable. Su asesinato paralizó a Manta. El país confirmó que la violencia no tenía límites.
En Portovelo, la muerte de Jorge Maldonado ocurrió apenas dos días después del crimen de José Sánchez, alcalde de Ponce Enríquez. La coincidencia también vinculó a la minería ilegal con la violencia política. En el sur del país, el oro, el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de armas forman alianzas amenazantes.
A esa lista se sumó Eber Ponce, alcalde de Arenillas. El 11 de enero de 2025 fue interceptado por una moto blanca mientras conducía hacia un sepelio. Cinco disparos acabaron con su vida. Luego se conoció que la motocicleta pertenecía a un expolicía peruano preso en Tumbes, Perú.
La historia más insólita ocurrió en Puerto López. Omar Menéndez, candidato a la Alcaldía por el correísmo, fue asesinado horas antes de las elecciones de 2023. Su rostro ya estaba en la papeleta. Al día siguiente, el candidato muerto ganó con el 46 por ciento de los votos.
También en enero de 2023 fue asesinado Julio Farachio, candidato en Salinas. Lo atacaron a quemarropa mientras estaba con simpatizantes. En la papeleta lo reemplazó Dennis Córdova, quien capitalizó el sentimiento de injusticia y dolor.
En Portoviejo, Javier Pincay sobrevivió a un atentado y logró ganar la Alcaldía. En cambio, uno de sus contendores, José Miguel Mendoza —quien además había impulsado una denuncia contra Pincay— no corrió la misma suerte y fue asesinado a tiros en julio de 2024.
Aquiles Álvarez y José Arroyo: alcaldes procesados y tras las rejas
Otra historia es la de dos alcaldes que cambiaron sus cómodos sillones por celdas de máxima seguridad. Aquiles Álvarez llegó a la Alcaldía de Guayaquil con una biografía empresarial y deportiva que lo proyectaba como administrador joven y frontal. En el Municipio mantuvo ese estilo confrontativo y ruidoso permanente.
Pero los juzgados lo estaban esperando. Primero apareció el caso Triple A, por presunta comercialización ilegal de combustibles. Luego llegó el caso Goleada, por el que fue detenido e investigado por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Su defensa habla de persecución política.
En Pujilí, el derrumbe fue abrupto. José Arroyo Cabrera, modisto de reinas de belleza, ganó la Alcaldía en 2023 con una imagen de emprendedor eficiente. Su gestión colapsó en su primera gran obra pública: trabajos de ornato. Ahora está acusado de peculado por presuntas adjudicaciones irregulares.
Su caso añadió un elemento curioso. Arroyo cambió legalmente su género y por eso está recluido en La Roca, un espacio penitenciario femenino. Organizaciones de derechos han advertido una posible instrumentalización de la normativa de género para obtener beneficios carcelarios.
Hasta ahora, ninguno de los dos alcaldes ha perdido el cargo porque no existe sentencia ejecutoriada. En Pujilí asumió la subrogación Raúl Arroyo Zambrano, uno de los denunciantes del alcalde. En Guayaquil fue nombrada Tatiana Coronel, una joven abogada milagreña quien también es alta dirigente del movimiento Reto.
Revocatorias y remociones: otro riesgo para los alcaldes
El tercer frente no dispara pero desgasta: la revocatoria de mandato y la remoción. En teoría, son mecanismos democráticos de control ciudadano. En la práctica, pueden convertirse en termómetros de decepción, herramientas de fiscalización o armas políticas.
El CNE ha recibido varios pedidos de revocatoria. En Atacames negó formularios contra el alcalde Ángel Mendoza porque la motivación no era suficientemente clara. En Quito, en cambio, autorizó en abril de 2025 la recolección de firmas contra Pabel Muñoz, aunque después el propio impulsor dio marcha atrás.
El caso más simbólico es Loja. Franco Quezada llegó al Municipio con una historia de película: de niño vendía humitas, luego destacó en el ecuavóley y como profesor de Educación Física. Era más cercano al barrio que al escritorio, pero su carisma no alcanzó para administrar una crisis.
En Loja enfrentó problemas de agua potable, obras paralizadas y un concejo adverso. Nueve de 11 concejales pidieron públicamente la renuncia de Quezada y, en junio de 2025, aprobaron su remoción. Diana Guayanay asumió luego la Alcaldía lojana.
Así gobiernan muchos alcaldes: entre bandas, amenazas y atentados; entre Fiscalía, Contraloría, concejales, ciudadanos decepcionados e intereses políticos. También deben recoger basura, tapar baches, iluminar calles, pagar sueldos y responder por la inseguridad, aunque no controlen ni Policía ni cárceles desde sus despachos. Fuente: Vistazo
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