El Presidente Daniel Noboa dijo este 28 de agosto de 2026, que antes de ir a una reforma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en cuanto a aportes y pensiones, es necesario que primero la entidad consiga liquidez vendiendo sus activos, entre ellos, bienes raíces como terrenos, lotes, edificios, entre otros, que estarían valorados en USD 2.000 millones.

Noboa dijo esto al ser consultado en una entrevista en Radio Centro Digital sobre qué pasó con la propuesta de reforma al sistema de pensiones de la que había hablado el entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña, en 2025.

De ahí que Noboa enfatizó que una reforma que implique, por ejemplo, un aumento en los aportes, podría afectar en la generación de empleo en Ecuador.

 «Antes de cualquier reforma al IESS debemos generar USD 2.000 millones en liquidez. Así aguantas el bache y sostienes este proceso de mayor generación de empleo. Si tenemos que vender activos para generar caja y sostener el proceso, hay que hacerlo», dijo.

Y añadió que ha pedido a Bernardo Cordovez, el delegado de la Función Ejecutiva y presidente del Consejo Directivo del IESS, que los venda.

» He dado la orden a Bernardo, le he dicho: ‘hermanito, vende todos los activos, ¿qué haces con tantos edificios, terrenos, macro lotes, cuando necesitas atender salud y pensiones?’ …Ya se comenzaron a vender, pero hay mafias que no quieren que se venda nada», explicó.

El catastro de bienes del IESS, con fecha del 19 de marzo de 2026, está compuesto por 1.387 predios distribuidos en las 24 provincias del país y clasificados de acuerdo con los diferentes seguros especializados, entre ellos el campesino y el de pensiones, los que tienen a su nombre la mayor cantidad de propiedades.

El seguro campesino cuenta con 676 inmuebles, el 48,7% del total de los predios, mientras que el de pensiones tiene 389 bienes, el 28,05%. Le siguen en la cartera inmobiliaria los seguros de salud (9,37%) y de la Dirección General del IESS (13,7%).

Ahí constan oficinas administrativas, edificaciones, terrenos. Entre ellos, dispensarios del Seguro Campesino como Barabón, de 912 metros en Azuay, hasta hospitales de tercer nivel como el Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, de una extensión de 82.150 metros cuadrados.

Menos colocación de crédito hipotecario del Biess
Noboa enfatizó que el IESS requiere liquidez con urgencia y puso como ejemplo que el banco del IESS, (Biess) ha tenido que reducir la colocación de créditos hipotecarios, para atender al sector de salud.

 «Ha tenido que reducir sus inversiones en créditos hipotecarios para atender salud; menos créditos de vivienda a 2,99% para arreglar un hospital» Daniel Noboa.

A junio de 2026, la cartera de crédito hipotecario del Biess sumó USD 6.627 millones; esto es una caída de 2,37% frente a junio de 2025. Fuente: Vistazo

Tecnología para la atención en salud

En el caso Apagón, la Fiscalía sigue revelando detalles de cómo la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y el Ministerio de Energía habrían operado para desembolsar fondos a la firma estadounidense Progen de forma irregular.

La trama involucró dos contratos de emergencia por USD 149,1 millones para instalar 150 megavatios de potencia en las centrales Salitral (100 megavatios) y Quevedo (50 megavatios).

Según el Ministerio Público, mediante un contrato complementario y cambios de reglas que flexibilizaron los hitos de pago originales, se transfirieron USD 104,4 millones a la contratista de forma injustificada.

Los desembolsos se pagaron pese a que la proveedora entregó motores usados y fabricados en 2009. Al día de hoy, los equipos no han generado un solo megavatio de energía y el país todavía intenta cubrir el déficit de generación eléctrica a puertas de un nuevo estiaje.

Los contratos y el primer ‘retraso’
El 2 de agosto de 2024, Celec y Progen firmaron dos contratos por USD 149,1 millones: Salitral, por USD 99,4 millones y 120 días de plazo, y Quevedo, por USD 49,7 millones y 95 días.

En lugar del anticipo de ley al que Progen renunció, las partes acordaron pagar el 70% del monto total del contrato en el extranjero contra la presentación del listado de empaque, omitiendo requerir garantías

de buen uso de fondos públicos. Ese mecanismo quedó establecido en el Hito 1 de los contratos.

Eso significa que, en lugar de que ese pago estuviera condicionado a que los equipos llegaran, fueran instalados y demostraran que funcionaban, solo se exigió un documento que señala qué equipos se están enviando; la cantidad de unidades; la descripción de cada equipo, peso, número de serie.

Los plazos de 120 y 95 días, respectivamente, de cada contrato debían contarse desde la fecha de la firma del contrato. Sin embargo, un retraso administrativo, que hoy la Fiscalía investiga, alteró los contratos por primera vez, en un evidente beneficio para Progen.

Cristian Dahik, hoy uno de los vinculados al caso Apagón, entonces subgerente de Termopichincha, habría retrasado la protocolización de ambos contratos por 33 días en la Notaría 47 de Quito.

Con base en esta demora, se postergó el inicio del plazo de Quevedo al 3 de septiembre de 2024, otorgándole a la contratista un beneficio de 32 días de gracia en el cronograma.

La adenda y la flexibilidad
Tras esta demora, el plazo original del contrato de Quevedo venció el 10 de diciembre de 2024.

Sin embargo, pese a que el vínculo principal ya estaba extinto, el 11 de enero de 2025 Gonzalo Guerrón y Marcos Guerrero suscribieron el contrato complementario TPI-CON-0001-25. Este instrumento, que contó con el informe favorable de Daniela Gordillo, fraccionó el pago del 70% en cinco cuotas semanales de USD 6,9 millones. Todos están siendo procesados por peculado.

Además, el contrato complementario de Quevedo concedió 62 días adicionales de plazo, impidiendo la aplicación de multas por mora.

Y las nuevas reglas se cumplieron. De forma sucesiva, entre enero y marzo de 2025, se procesaron las cinco órdenes de pago numeradas de la 340943 a la 344891 a favor de la cuenta de Progen en el Regions Bank de Alabama, acumulando una transferencia neta por un valor de USD 34,79 millones.

En Salitral, en cambio, el exadministrador Marlon Casilla negó una prórroga de 55 días por falta de justificativos. Sin embargo, tras la salida de Casilla, el nuevo administrador Rommel Calderón solicitó un nuevo criterio a Daniela Gordillo. Con este informe favorable, el gerente Gonzalo Guerrón aprobó dos prórrogas por 57 días (Resoluciones TPI-RES-0014-25 y TPI-RES-0020-25).

Estas ampliaciones de plazo en Salitral viabilizaron que la contratista Progen cobrara el Hito 1 por USD 69,9 millones o 70% del contrato, dinero transferido el 1 de octubre de 2024.

Al vencerse el cronograma de ese contrato, el 27 de febrero de 2025, se certificó que los 29 grupos electrógenos jamás llegaron a la central, quedando el proyecto con un 0% de puesta en marcha. Y sin que retorne el dinero.

LA RUTA DE LOS USD 104,4 MILLONES
Celec pagó a Progen más de USD 104 millones sin que la empresa haya generado un megavatio.

Central Salitral (100 MW)
Central Quevedo (50 MW)
Ficha técnica inicial (TPI-CON-0062-24)
Objeto del contrato: Adquisición de 29 grupos electrógenos, obras civiles y puesta en marcha.
Monto original: USD 99.400.000
Plazo original: 120 días calendario.
Fecha de firma: 2 de agosto de 2024.
Fecha real de inicio: 3 de septiembre de 2024 (tras 33 días de retraso en protocolización notarial).
Hito de pago: El desembolso del 70%
Indicador de impacto (Pase el cursor)
Fuente: Satje/Fiscalía/Sercop
Esta visualización fue creada con Gemini, inteligencia artificial de Google.
Gráfico: PRIMICIAS

¿Un modus operandi?
La investigación judicial del caso Apagón evidencia, además, que la trama de Progen era similar al  patrón operativo empleado con el caso ATM.

En este proceso, Ecuador firmó con la firma uruguaya Austral Technical Management para la central Esmeraldas III.

Ambos proveedores desistieron de recibir el anticipo legal. Según la Fiscalía, esto podría haber buscado evadir la entrega de garantías bancarias de fiel cumplimiento y de buen uso de recursos públicos

En ambos casos, además, las adendas permitieron a las empresas cobrar millones de dólares en el extranjero mediante simples embarques, sin que los desembolsos dependieran de la instalación física o de la generación eléctrica.

Mientras Austral cobró USD 71,4 millones con motores viejos e incompatibles con el sistema nacional, Progen recibió USD 104,4 millones sin generar un megavatio.

Los peritajes técnicos demuestran que las dos firmas entregaron motogeneradores usados del año 2009 en lugar de equipos nuevos de última tecnología. Varias de estas unidades presentaban placas limadas y números de serie alterados.

El país pagó USD 175,8 millones en total a ambas firmas, pero continúa apagado y sufriendo cortes de energía por la falta de generación. Pero en el caso de ATM, el holding estatal Celec ni siquiera había terminado unilateralmente el contrato hasta el 29 de julio de 2026. Fuente: Primicias