En una entrevista brindada al noticiero Frente a Frente del Diario El Amazónico, la gobernadora de Zamora Chinchipe, Ivonne Panchi, abordó varios temas de interés público, entre ellos la problemática de la minería ilegal, su ausencia en la reciente Asamblea Provincial Minera y la atención a la emergencia en El Pangui, producto del desbordamiento de la quebrada Cayamatza.
Durante su intervención, la Gobernadora fue enfática al aclarar que su despacho no ha iniciado investigaciones por cuenta propia, sino que está liderando la exigencia de una auditoría pública y técnica sobre los procesos relacionados con la actividad minera informal en la provincia. Señaló que el Gobierno Nacional, a través de sus instituciones competentes como el Ministerio del Ambiente (MAATE) y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCOM), está avanzando en la implementación de procesos administrativos sancionatorios con base en la normativa vigente.
“Es el Ministerio del Ambiente quien lleva estos procesos, no la Gobernación. Nosotros articulamos acciones, exigimos cumplimiento y damos seguimiento para que las sanciones se apliquen de manera justa y conforme a derecho”, afirmó Panchi.
Ausencia justificada en Asamblea Provincial Minera
En cuanto a su ausencia en la Asamblea Provincial Minera realizada el día lunes 19 de mayo, la Gobernadora explicó que no recibió una invitación formal para participar en dicho encuentro. No obstante, recalcó que su prioridad en ese momento fue estar en territorio, específicamente en el cantón El Pangui, atendiendo a las familias damnificadas por el desbordamiento de la quebrada Cayamatza.
“Mi lugar es con la gente. Ayer estuvimos en El Pangui entregando kits alimenticios, ropa, agua potable, y acompañando al Ministerio de Salud Pública en la atención a niños y adultos. También llevamos un mensaje de aliento en nombre del presidente Daniel Noboa”, destacó.
Sobre procesos sancionatorios por minería ilegal
En relación con los cuestionamientos por minería ilegal, Panchi reiteró que su gestión se fundamenta en el respeto a la ley y en la articulación interinstitucional. Precisó que los procesos sancionatorios en contra de propietarios de terrenos donde se practica minería ilegal no son una decisión personal, sino que están previstos en la normativa ambiental.
“No es un invento de esta administración. Existe corresponsabilidad cuando se permite esta actividad ilícita en propiedades privadas. Estos ciudadanos se convierten en cómplices de un delito ambiental”, subrayó.
Asimismo, anunció que en el curso de los procedimientos administrativos surgirán los verdaderos responsables financieros, logísticos y técnicos que por años han lucrado vulnerando el medio ambiente y el orden legal en la provincia.
Compromiso con el territorio y llamado a la conciencia ciudadana
La Gobernadora enfatizó que su administración está enfrentando problemas estructurales y heredados, derivados de una falta de control efectivo durante los últimos cinco años en materia minera. No obstante, aseguró que actualmente el Gobierno Nacional está trabajando de manera coordinada y decidida para recuperar el respeto al Estado de derecho.
“No se trata de perseguir, sino de generar conciencia. Durante años se ha destruido la naturaleza, se han contaminado ríos y se ha debilitado la institucionalidad. Este es el momento de actuar con valentía, y lo estamos haciendo”, puntualizó.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta causa: “Decir no a la minería irresponsable no debe ser una consigna vacía. Debe convertirse en un cambio de conciencia y compromiso colectivo por proteger nuestra Amazonía”.
