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‘Gato Farfán’ habría lavado USD 17 millones en camaroneras y construcción

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Menos de un mes falta para que Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, comparezca ante la Corte del Distrito Sur de California en Estados Unidos para preparar su juicio por el presunto delito de narcotráfico. El 15 de abril de 2024, el narco ecuatoriano anunció que tenía un nuevo abogado.

Hace un año, todavía detenido en Colombia, Sánchez había contratado a Oscar Arroyave. Se trata de un abogado colombiano que se hizo famoso por contribuir en la liberación de Carlos Lehder, exsocio de Pablo Escobar en el cartel de Medellín.

Pero, ahora, el ecuatoriano sumó a su defensa a Matthew J. Lombard, un abogado estadounidense con oficinas en Los Ángeles, California. En los últimos años, Lombard ha tomado -al menos- dos casos relacionados con el narcotráfico mexicano.

Por ejemplo, en septiembre de 2022, la Revista Vice citó a Lombard como abogado de Dámaso López- Serrano, alias ‘Mini Lic’. Este sujeto es el hijo de quien fuera la mano derecha de Joaquín, ‘El Chapo’, Guzmán, cabecilla del Cartel de Sinaloa.

‘Mini Lic’ fue cercano a Los Chapitos, cómo se conocía a los hijos de Guzmán. En 2017, se entregó a Estados Unidos y empezó a colaborar con ese país a cambio de la reducción de su condena por narcotráfico.

Además, Los Angeles Times reportó que Lombard fue el abogado de Juan Francisco Sillas, alias ‘El Sillas’, un sicario y narcotraficante mexicano que trabajó para el Cartel de Tijuana, enemigo de Sinaloa.

Lavado en Ecuador

En junio de 2013, Wilder Sánchez fue detenido en un operativo en Guayas. Este sujeto intentaba enviar media tonelada de cocaína a México. Uno de sus socios era Telmo Castro, excapitán del Ejército, que era el enlace de ‘El Chapo’ Guzmán, en Ecuador.

Tras tres años en prisión y gracias a un sospechoso fallo judicial, en 2016, ‘Gato Farfán’ salió de la cárcel. Desde ese año, las autoridades locales le perdieron la pista. De manera clandestina, Sánchez se convirtió en uno de los narcos más importantes de la región.

El 10 de febrero de 2022, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a Wilder Sánchez y a un miembro del Cartel de Sinaloa y los pidió en extradición. Un año después, en febrero 2023, fue capturado en Colombia. Hasta que en febrero de 2024, finalmente, fue enviado a Estados Unidos.

Pero, el 13 de octubre de 2022 -cuando todavía era buscado- las autoridades ecuatorianas recibieron una denuncia anónima en contra de Sánchez. Lo señalaban por comandar un grupo criminal que estaba lavando dinero utilizando varias empresas.

El caso se concretó en mayo de 2023. Si bien para esa fecha ‘Gato Farfán’ ya estaba preso en Colombia, en la lista de los primeros cinco procesados por lavado de activos no estaba el narcotraficante.

Sin embargo, en la formulación de cargos la Fiscalía ya nombró a Wilmer Sánchez y a su círculo familiar y los señaló por constituir empresas -como constructoras y camaroneras- para ocultar dinero producto del narcotráfico e ingresarlo al sistema financiero nacional.

En agosto de 2023, la Fiscalía vinculó a la investigación a seis personas más, entre los que estaban ‘Gato Farfán’ y sus familiares. Así como a cinco empresas relacionadas con la familia.

Entramado empresarial que movió USD 17 millones

La operación de lavado de activos, según la Fiscalía, se habría iniciado en abril de 2017. Wilder Sánchez constituyó Sanfarmar, una empresa camaronera radicada en Guayaquil y que sigue activa hasta 2024. Sus socios eran sus hermanos: Deice Farfán y Lenín Sánchez.

Entre 2017 y 2022, años en los que según las autoridades se lavaron cerca de USD 17 millones, Sanfarmar tuvo varios cambios societarias. ‘Gato Farfán’ vendió sus acciones. Apareció en la sociedad Gladis Solarte, otra de las procesadas. Hasta que, finalmente, la empresa quedó en manos de los hermanos del narcotraficante.

Además, Mónica Chávez, esposa de Sánchez Farfán, constituyó en 2017 la Constructora Crealto. Su socio era Ricardo A., pareja sentimental de Diana Montiel, otra de las procesadas por lavado de activos.

Según los registros públicos, los principales clientes de Crealto eran Sanfarmar, Constructora Mito, Montiel S.A. y Transportes Granvía, todas empresas vinculadas con los supuestos socios y testaferros de Wilder Sánchez.

«A través de estas compañías realizaban facturación entre ellas, dando una apariencia de legalidad e incremento de ingresos, lo que posterior es utilizado para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, de esta manera incrementando notablemente su patrimonio», reportó la Fiscalía.

Desde el viernes 12 de abril de 2024, en el Complejo Norte de Quito, empezó el juicio por lavado de activos contra cuatro personas y las cinco empresas. La audiencia se reinstalará la tarde del 16 de abril.

Mientras que el juzgamiento de Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, está suspenso porque está preso en Estados Unidos y el lavado de activos no se puede juzgar en ausencia. Lo mismo ocurre para la esposa, la suegra y los hermanos del narco, quienes están prófugo. Fuente: Primicias

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Roberto Kury: quién es el nuevo canciller de Ecuador designado por Daniel Noboa

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Roberto Carlos Kury Pesantes fue designado como nuevo canciller de Ecuador por el presidente Daniel Noboa mediante decreto ejecutivo emitido este 7 de junio de 2026, tras la renuncia de Gabriela Sommerfeld al cargo de ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana por motivos personales y de salud.

El exministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información asume ahora la conducción de la política exterior, respaldado por una trayectoria de más de 17 años en el sector tecnológicos.

Formación y giras internacionales

Roberto Kury obtuvo una licenciatura en Finanzas con énfasis en Sistemas de Información en Boston College. Posteriormente completó una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en Babson College, con especialización en Transformación Tecnológica.

Cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector tecnológico y de telecomunicaciones. A lo largo de su carrera lideró proyectos de expansión empresarial en países de Centroamérica como Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.

También ocupó cargos directivos regionales y participó en negociaciones estratégicas relacionadas con infraestructura de internet y cable submarino.

En marzo de 2024 asumió la gerencia general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP), desde donde impulsó un proceso de transformación digital orientado a modernizar procesos administrativos y operativos de la empresa estatal.

Como ministro de Telecomunicaciones, Kury integró la comitiva oficial que acompañó al mandatario ecuatoriano durante la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, realizada entre el 3 y el 5 de febrero en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En ese espacio, Noboa mantuvo reuniones y diálogos de alto nivel enfocados en inversión, comercio, conectividad y desarrollo.

Asimismo, formó parte de la delegación que acompañó al presidente en una gira internacional por España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega, desarrollada del 4 al 10 de diciembre.

Gestión de Roberto Kury

Durante su gestión al frente del Ministerio de Telecomunicaciones, Kury impulsó varios proyectos considerados estratégicos para el Gobierno de Daniel Noboa.

Entre los principales resultados figura la renovación de contratos con las operadoras móviles, proceso que representó compromisos de inversión por aproximadamente USD 1.550 millones.

También lideró acciones para el despliegue de tecnología 5G en Ecuador, considerada una de las apuestas más importantes para mejorar la conectividad y acelerar la transformación digital del país.

Otro de los proyectos destacados fue la cooperación con Emiratos Árabes Unidos para desarrollar 10.000 capacitaciones en inteligencia artificial y creación de prompts, iniciativa enfocada en fortalecer las competencias digitales de los ciudadanos.

Además, impulsó la creación de 50 nuevos puntos digitales gratuitos, acompañados de una inversión superior a USD 2,8 millones para ampliar el acceso a internet y servicios tecnológicos en diferentes sectores del país.

Con este nombramiento, Roberto Kury asume el desafío de liderar la política exterior ecuatoriana en un contexto marcado por la búsqueda la consolidación de alianzas estratégicas para el desarrollo del país. Fuente: Vistazo

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Durante ocho años, el Estado destinó USD 442 millones para vivienda social, ¿cuántas casas se construyeron?

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La promesa de vivienda propia ha sido uno de los principales ejes de las campañas electorales y gobiernos de turno. De «Casa para todos» a «Creando Vivienda» y «Casa 100», los últimos mandatarios han apuntado al déficit de casas propias en Ecuador.

El último censo 2022, contabilizó poco más de 2 millones de hogares que no tienen una casa propia, de un total de 5,18 millones. Y las cifras del ahora Ministerio de Infraestructura (MIT), que absorbió al Ministerio de Vivienda, reflejan que en ocho años el Estado central ha destinado USD 442 millones a cubrir esa necesidad.

En total, los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, entre enero de 2018 y diciembre de 2025, lanzaron 362 proyectos de vivienda 100% subsidiada por el Estado, que buscaban la construcción de 21.359 casas.

El Gobierno recibirá hasta USD 90 millones en donaciones por viviendas de interés social en 2026
La mayoría de esos contratos, el 69% (251), han llegado a su fin y han sido recibidos por la entidad del Ejecutivo encargada del proyecto. Y alrededor del 8% no han llegado a finiquitarse, sea porque se suspendió el proyecto o el contrato fue terminado de mutuo acuerdo o unilateralmente.

Al analizar los datos por el número de casas, en cambio, el 69% de casas fueron entregadas a ciudadanos hasta diciembre de 2025, según los registros del MIT. Esto equivale a más de 14.700 viviendas.

Otro 17% estaban construidas, pero sin entregar a los beneficiarios; un 7% todavía estaba en construcción, principalmente de los contratos más recientes; y el 6% no habían sido construidas. Esto sin contar las 252 casas planificadas que no constan en ninguna de esas categorías.

Proyectos por tipo de terreno
La mayoría de casas 100% subsidiadas por el Estado Central han sido construidas en terrenos urbanizados por el mismo Estado. Son las llamadas de tipo 1B. Se trata de los grandes proyectos de vivienda que usualmente son inaugurados por los mandatarios en eventos públicos.

Las provincias priorizadas entre 2018 y 2025 fueron Guayas y Manabí, con proyectos que sumaron 2.622 y 2.420 casas, respectivamente, con más de USD 50 millones de inversión en cada una. En tercer lugar, con menos de la mitad de viviendas y costo, estuvo El Oro, seguido de Los Ríos y Sucumbíos.

De estas viviendas 1B, se habían entregado hasta diciembre 7.405 casas, otras 2.651 estaban construidas pero sin otorgar a los beneficiarios, otras 850 seguían en construcción y 1.239 no se habían llegado a ejecutar.

En ocho años el Estado contrató 110 proyectos de viviendas totalmente subsidiadas por USD 273,8 millones

Se trata de urbanizaciones construidas solo en terrenos estatales, que sumaban 12.165 casas. Pero quedan 850 casas en construcción y otras 1.239 no fueron ejecutadas.

Azuay 2 2 626 689 110 104
Bolívar 9 4 628 452 335 276
Cañar 3 6 072 327 261 61
Carchi 8 15 820 305 550 108
Chimborazo 6 6 587 554 256 240
Cotopaxi 6 8 734 395 340 203
El Oro 8 19 275 935 1 004 285
Esmeraldas 4 17 100 496 668 245
Guayas 12 54 676 481 2 622 1 490
Imbabura 4 5 549 849 218 127
Loja 3 7 137 085 295 83
Los Ríos 6 19 115 850 805 665

Por otro lado están las viviendas tipo 1A, que son aquellas construidas por el Estado en terreno propio de cada beneficiario. Estos proyectos son más numerosos, alcanzan los 252, pero la inversión total y alcance es menor, puesto que alcanzó los USD 168 millones y las 9.203 planificadas.

Las provincias en las que más se utilizó este mecanismo fueron Zamora, Cotopaxi y Pichincha, con 591 casas planificadas. En este caso, hasta diciembre, se habían entregado 7.379 viviendas, otras 863 estaban construidas sin entregar, 698 seguían en construcción y solo 22 no se habían ejecutado. Fuente: Primicias

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¿Por qué cambiaron a la fiscal del caso Progen? Defensa denuncia que se ocultó un audio clave con 14 implicados

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La investigación de Progen suma un nuevo capítulo. La fiscal María Luzmila Lluglla, a cargo del caso Apagón, habría sido separada de la unidad que llevaba el proceso, luego de que surgieran cuestionamientos por la presunta omisión de pruebas relacionadas con la compra de generadores chatarra para enfrentar la crisis energética.

Hace poco se difundieron unos videos de los técnicos que integraron la comisión encargada de verificar el estado de los generadores adquiridos por el Gobierno. En las grabaciones, los funcionarios advertían que los equipos no eran nuevos y que temían represalias en su contra.

Audio clave del caso Progen

Edwin Romero, abogado de Celso Sánchez (procesado en el caso Apagón), calificó como una «buena noticia» la salida de la fiscal Lluglla del caso y cuestionó que la Fiscalía no haya incorporado un audio de aproximadamente una hora y 45 minutos que, según afirma, contiene información relevante para la investigación.

«Tengo todos los medios probatorios de las reuniones, los ofrecimientos y de la información que, según denunciamos, no fue incorporada oportunamente a la investigación», sostuvo Romero.

Asimismo, insistió en que su defendido entregó evidencia a la Fiscalía desde julio de 2025.

Presuntos 14 implicados y maniobras para alterar generadores

Según el abogado, en la grabación aparecen más de 14 implicados que tendrían vínculos con Progen.

«Mi patrocinado, el ingeniero Sánchez, ha solicitado en seis ocasiones que se preserve la información entregada a la entonces fiscal (…) ¿cuál fue el interés para que no se realizara la extracción de esa información«, manifestó.

El jurista acotó que «en ese audio de una hora y cuarenta y cinco minutos constan más de 14 actores que se ofrecen y tienen un vínculo directo con Progen para cambiar las placas y modificar el año de fabricación», aseguró.

Romero afirmó que la grabación también contendría conversaciones en las que supuestos funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) ofrecían nombramientos definitivos a Sánchez y a otros funcionarios a cambio de firmar informes favorables para autorizar pagos a Progen.

«En ese audio consta mucha información relevante, con nombres y apellidos de los interesados para que se autorice el pago. No puede ser permisible que durante un año hayan mantenido escondido ese audio», sostuvo.

El abogado aseguró que Celso Sánchez fue uno de los funcionarios que se negó a respaldar el proceso de pago relacionado con los generadores investigados.

«Fue el único que se opuso al desfalco de más de USD 100 millones», afirmó Romero.

Finalmente, pidió que todos los elementos entregados por su defendido sean revisados de manera objetiva y que se determinen las responsabilidades de las personas que aparecen mencionadas en los audios. Fuente: Vistazo

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