Nacionales
‘Gato Farfán’ habría lavado USD 17 millones en camaroneras y construcción
Menos de un mes falta para que Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, comparezca ante la Corte del Distrito Sur de California en Estados Unidos para preparar su juicio por el presunto delito de narcotráfico. El 15 de abril de 2024, el narco ecuatoriano anunció que tenía un nuevo abogado.
Hace un año, todavía detenido en Colombia, Sánchez había contratado a Oscar Arroyave. Se trata de un abogado colombiano que se hizo famoso por contribuir en la liberación de Carlos Lehder, exsocio de Pablo Escobar en el cartel de Medellín.
Pero, ahora, el ecuatoriano sumó a su defensa a Matthew J. Lombard, un abogado estadounidense con oficinas en Los Ángeles, California. En los últimos años, Lombard ha tomado -al menos- dos casos relacionados con el narcotráfico mexicano.
Por ejemplo, en septiembre de 2022, la Revista Vice citó a Lombard como abogado de Dámaso López- Serrano, alias ‘Mini Lic’. Este sujeto es el hijo de quien fuera la mano derecha de Joaquín, ‘El Chapo’, Guzmán, cabecilla del Cartel de Sinaloa.
‘Mini Lic’ fue cercano a Los Chapitos, cómo se conocía a los hijos de Guzmán. En 2017, se entregó a Estados Unidos y empezó a colaborar con ese país a cambio de la reducción de su condena por narcotráfico.
Además, Los Angeles Times reportó que Lombard fue el abogado de Juan Francisco Sillas, alias ‘El Sillas’, un sicario y narcotraficante mexicano que trabajó para el Cartel de Tijuana, enemigo de Sinaloa.
Lavado en Ecuador
En junio de 2013, Wilder Sánchez fue detenido en un operativo en Guayas. Este sujeto intentaba enviar media tonelada de cocaína a México. Uno de sus socios era Telmo Castro, excapitán del Ejército, que era el enlace de ‘El Chapo’ Guzmán, en Ecuador.
Tras tres años en prisión y gracias a un sospechoso fallo judicial, en 2016, ‘Gato Farfán’ salió de la cárcel. Desde ese año, las autoridades locales le perdieron la pista. De manera clandestina, Sánchez se convirtió en uno de los narcos más importantes de la región.
El 10 de febrero de 2022, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a Wilder Sánchez y a un miembro del Cartel de Sinaloa y los pidió en extradición. Un año después, en febrero 2023, fue capturado en Colombia. Hasta que en febrero de 2024, finalmente, fue enviado a Estados Unidos.
Pero, el 13 de octubre de 2022 -cuando todavía era buscado- las autoridades ecuatorianas recibieron una denuncia anónima en contra de Sánchez. Lo señalaban por comandar un grupo criminal que estaba lavando dinero utilizando varias empresas.
El caso se concretó en mayo de 2023. Si bien para esa fecha ‘Gato Farfán’ ya estaba preso en Colombia, en la lista de los primeros cinco procesados por lavado de activos no estaba el narcotraficante.
Sin embargo, en la formulación de cargos la Fiscalía ya nombró a Wilmer Sánchez y a su círculo familiar y los señaló por constituir empresas -como constructoras y camaroneras- para ocultar dinero producto del narcotráfico e ingresarlo al sistema financiero nacional.
En agosto de 2023, la Fiscalía vinculó a la investigación a seis personas más, entre los que estaban ‘Gato Farfán’ y sus familiares. Así como a cinco empresas relacionadas con la familia.
Entramado empresarial que movió USD 17 millones
La operación de lavado de activos, según la Fiscalía, se habría iniciado en abril de 2017. Wilder Sánchez constituyó Sanfarmar, una empresa camaronera radicada en Guayaquil y que sigue activa hasta 2024. Sus socios eran sus hermanos: Deice Farfán y Lenín Sánchez.
Entre 2017 y 2022, años en los que según las autoridades se lavaron cerca de USD 17 millones, Sanfarmar tuvo varios cambios societarias. ‘Gato Farfán’ vendió sus acciones. Apareció en la sociedad Gladis Solarte, otra de las procesadas. Hasta que, finalmente, la empresa quedó en manos de los hermanos del narcotraficante.
Además, Mónica Chávez, esposa de Sánchez Farfán, constituyó en 2017 la Constructora Crealto. Su socio era Ricardo A., pareja sentimental de Diana Montiel, otra de las procesadas por lavado de activos.
Según los registros públicos, los principales clientes de Crealto eran Sanfarmar, Constructora Mito, Montiel S.A. y Transportes Granvía, todas empresas vinculadas con los supuestos socios y testaferros de Wilder Sánchez.
«A través de estas compañías realizaban facturación entre ellas, dando una apariencia de legalidad e incremento de ingresos, lo que posterior es utilizado para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, de esta manera incrementando notablemente su patrimonio», reportó la Fiscalía.
Desde el viernes 12 de abril de 2024, en el Complejo Norte de Quito, empezó el juicio por lavado de activos contra cuatro personas y las cinco empresas. La audiencia se reinstalará la tarde del 16 de abril.
Mientras que el juzgamiento de Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, está suspenso porque está preso en Estados Unidos y el lavado de activos no se puede juzgar en ausencia. Lo mismo ocurre para la esposa, la suegra y los hermanos del narco, quienes están prófugo. Fuente: Primicias
Nacionales
ANT aprueba alza del 25% en los pasajes de buses interprovinciales: estas son las nuevas tarifas
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aprobó un incremento del 25% en las tarifas del transporte público interprovincial e intraprovincial a escala nacional, mediante la Resolución N.º 020-DIR-2026-ANT, emitida el 25 de julio de 2026.
La medida establece un Factor de Ajuste Tarifario (FAT) del 25% sobre la estructura de costos operativos y reemplaza el cuadro tarifario que se mantenía vigente desde 2021.
Sin embargo, aunque la resolución ya entró en vigor, representantes del sector transportista señalaron que las nuevas tarifas todavía no se están cobrando, debido a que el incremento aún no ha sido socializado oficialmente con los usuarios.
Estas son las nuevas tarifas
De acuerdo con el cuadro tarifario publicado por la ANT, los nuevos valores para algunas de las principales rutas del país son:
- Quito – Guayaquil: USD 14,66 (tarifa preferencial: USD 7,33).
- Tulcán – Quito: USD 8,77 (preferencial: USD 4,38).
- Quito – Cuenca: USD 17,25 (preferencial: USD 8,63).
- Guayaquil – Cuenca: USD 11,50 (preferencial: USD 5,75).
- Santo Domingo – Guayaquil: USD 9,92 (preferencial: USD 4,96).
- Manta – Guayaquil: USD 7,19 (preferencial: USD 3,59).
- Esmeraldas – Quito: USD 11,07 (preferencial: USD 5,53).
- Esmeraldas – Guayaquil: USD 16,39 (preferencial: USD 8,19).
La ANT recordó que los adultos mayores, niños y personas con discapacidad seguirán pagando el 50% del valor del pasaje, tal como establece la normativa vigente.
¿Por qué suben los pasajes?
Según el informe técnico de la ANT, el incremento responde al Índice de Variación de Costos Operativos y al Factor de Equilibrio Económico y Social, parámetros utilizados para actualizar las tarifas.
Además, el ajuste coincide con el fin del esquema de compensación económica que el Gobierno entregaba a los transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel.
Mediante el Decreto Ejecutivo 428, el presidente Daniel Noboa extendió por nueve meses las transferencias directas a los propietarios de buses interprovinciales e intraprovinciales, mecanismo que concluyó con el pago correspondiente a julio de 2026.
El objetivo de esa compensación era evitar un aumento inmediato en el precio de los pasajes tras el incremento del costo del combustible.
Un ajuste temporal
La ANT aclaró que este incremento no constituye la metodología tarifaria definitiva.
La entidad explicó que el ajuste del 25% funcionará como una medida transitoria mientras se desarrolla e implementa un nuevo sistema técnico para la fijación de tarifas del transporte interprovincial e intraprovincial.
Nuevas condiciones para las cooperativas
El aumento también estará condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos por parte de las operadoras.
Entre ellos constan la instalación de botones de pánico y contadores de pasajeros en las unidades de transporte, medidas orientadas a fortalecer la seguridad de los usuarios y mejorar el control operativo del servicio.
Asimismo, la ANT anunció que realizará controles periódicos en las terminales terrestres para verificar que las cooperativas respeten las tarifas autorizadas y evitar cobros indebidos o especulativos. Las operadoras que incumplan la normativa podrán enfrentar sanciones conforme a la ley.
El Gobierno aclaró que no se trata de un incremento generalizado de los pasajes, sino de una regularización de las tarifas en cerca de 8.000 rutas interprovinciales e intraprovinciales, de las cuales alrededor de 2.000 ya fueron regularizadas. Según las autoridades, esta medida busca transparentar los valores del servicio y frenar los cobros irregulares que algunas operadoras venían aplicando.
Luque aseguró que la regularización no necesariamente implicará que los usuarios paguen más en todas las rutas, ya que muchas operadoras ya cobraban valores por encima de los autorizados. «En muchos de esos casos las empresas cobraban mucho más. El valor que pagaba el ciudadano se mantiene porque ya se estaban cobrando montos adicionales que no estaban siendo controlados», sostuvo.
El Consejo de la Judicatura resolvió suspender de forma preventiva, sin remuneración y por el plazo de tres meses, a la jueza y exministra de Trabajo Ivonne Núñez Figueroa y al magistrado Francisco Rafael Morales, integrantes de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
La decisión fue adoptada por el Pleno del organismo la tarde del 29 de julio de 2026, con cinco votos a favor, mientras continúa el sumario administrativo abierto en contra de ambos funcionarios judiciales.
La razón de la suspensión
La medida se sustenta en un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que determinó que los jueces incurrieron en un error inexcusable al resolver mediante una acción de protección un conflicto de naturaleza contractual.
De acuerdo con el informe de la Subdirección de Control Disciplinario, los magistrados desnaturalizaron esta garantía constitucional al utilizarla para resolver un asunto que no correspondía a esa vía judicial.
Como consecuencia de esa decisión, se habría ordenado de manera indebida el pago de recursos públicos por parte de la empresa estatal Correos del Ecuador, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y excediendo las atribuciones previstas en la Constitución.
Mientras dure el proceso disciplinario, ambos jueces permanecerán suspendidos de sus funciones y dejarán de percibir sus remuneraciones.
La trayectoria de Ivonne Núñez
En 2016 fue destituida de la Corte Provincial del Guayas durante la administración del entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Sin embargo, dos años después recuperó su cargo por disposición de la Corte Constitucional.
Posteriormente, fue designada por el presidente Daniel Noboa como ministra de Trabajo, función que desempeñó entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, antes de reincorporarse a la Función Judicial.
Se suma a otra sanción
La suspensión dispuesta por el Consejo de la Judicatura se suma a una sanción emitida en mayo de 2026 por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
En esa ocasión, el organismo electoral suspendió los derechos políticos de Núñez por tres meses, la inhabilitó temporalmente para ejercer funciones públicas y le impuso una multa económica.
El fallo se originó tras una denuncia por el presunto incumplimiento de una resolución relacionada con el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, conducta que fue considerada un desacato a la autoridad electoral.
Con la apertura del sumario administrativo, el Consejo de la Judicatura continuará analizando el caso para determinar si corresponde imponer una sanción definitiva a los dos magistrados involucrados.
Nacionales
Reimberg advierte a jueces: “Se enderezan o van presos”, tras allanamientos a magistrados de la Corte Nacional
El ministro del Interior, John Reimberg, lanzó una dura advertencia a los operadores de justicia luego de que la Fiscalía General del Estado ejecutara allanamientos contra jueces de la Corte Nacional de Justicia investigados por presunto cohecho.
Las diligencias son el resultado de una investigación relacionada con un fallo judicial emitido en 2023 que favoreció a una empresa china con una indemnización millonaria.
Presunto cohecho en fallo a favor de empresa china
La Fiscalía General del Estado informó que, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó varios allanamientos en inmuebles ubicados en el norte de Quito, dentro de una investigación previa por el presunto delito de cohecho.
Los investigados son Milton Velasquez, Patricio Secaira e Iván Larco, jueces que habrían integrado el Tribunal que ordenó al Estado ecuatoriano pagar USD 59’334.103,17 a favor de una empresa china.
La compañía asiática China Railway había iniciado acciones legales contra el Ministerio de Educación por un contrato firmado en el 2015 para la construcción de escuelas provisionales, que al final no terminaron de realizarse y otras, en cambio, se destruyeron al poco tiempo.
Hernández recuperó su libertad en abril de 2025, tras cumplir diez meses de prisión por colaborar con la Fiscalía, y rindió su versión en calidad de testigo protegido.
Manifestó que, durante un evento efectuado en Guayaquil, mantuvo reuniones con varias personas y conoció que los mencionados jueces habrían gestionado la emisión del fallo, correspondiente a una causa que permanecía represada varios años.
Por último, Fiscalía informó que continuará practicando las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, «con respeto al debido proceso».
El delito de cohecho está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Fuente: Vistazo
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