Nacionales
‘Gato Farfán’ habría lavado USD 17 millones en camaroneras y construcción
Menos de un mes falta para que Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, comparezca ante la Corte del Distrito Sur de California en Estados Unidos para preparar su juicio por el presunto delito de narcotráfico. El 15 de abril de 2024, el narco ecuatoriano anunció que tenía un nuevo abogado.
Hace un año, todavía detenido en Colombia, Sánchez había contratado a Oscar Arroyave. Se trata de un abogado colombiano que se hizo famoso por contribuir en la liberación de Carlos Lehder, exsocio de Pablo Escobar en el cartel de Medellín.
Pero, ahora, el ecuatoriano sumó a su defensa a Matthew J. Lombard, un abogado estadounidense con oficinas en Los Ángeles, California. En los últimos años, Lombard ha tomado -al menos- dos casos relacionados con el narcotráfico mexicano.
Por ejemplo, en septiembre de 2022, la Revista Vice citó a Lombard como abogado de Dámaso López- Serrano, alias ‘Mini Lic’. Este sujeto es el hijo de quien fuera la mano derecha de Joaquín, ‘El Chapo’, Guzmán, cabecilla del Cartel de Sinaloa.
‘Mini Lic’ fue cercano a Los Chapitos, cómo se conocía a los hijos de Guzmán. En 2017, se entregó a Estados Unidos y empezó a colaborar con ese país a cambio de la reducción de su condena por narcotráfico.
Además, Los Angeles Times reportó que Lombard fue el abogado de Juan Francisco Sillas, alias ‘El Sillas’, un sicario y narcotraficante mexicano que trabajó para el Cartel de Tijuana, enemigo de Sinaloa.
Lavado en Ecuador
En junio de 2013, Wilder Sánchez fue detenido en un operativo en Guayas. Este sujeto intentaba enviar media tonelada de cocaína a México. Uno de sus socios era Telmo Castro, excapitán del Ejército, que era el enlace de ‘El Chapo’ Guzmán, en Ecuador.
Tras tres años en prisión y gracias a un sospechoso fallo judicial, en 2016, ‘Gato Farfán’ salió de la cárcel. Desde ese año, las autoridades locales le perdieron la pista. De manera clandestina, Sánchez se convirtió en uno de los narcos más importantes de la región.
El 10 de febrero de 2022, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a Wilder Sánchez y a un miembro del Cartel de Sinaloa y los pidió en extradición. Un año después, en febrero 2023, fue capturado en Colombia. Hasta que en febrero de 2024, finalmente, fue enviado a Estados Unidos.
Pero, el 13 de octubre de 2022 -cuando todavía era buscado- las autoridades ecuatorianas recibieron una denuncia anónima en contra de Sánchez. Lo señalaban por comandar un grupo criminal que estaba lavando dinero utilizando varias empresas.
El caso se concretó en mayo de 2023. Si bien para esa fecha ‘Gato Farfán’ ya estaba preso en Colombia, en la lista de los primeros cinco procesados por lavado de activos no estaba el narcotraficante.
Sin embargo, en la formulación de cargos la Fiscalía ya nombró a Wilmer Sánchez y a su círculo familiar y los señaló por constituir empresas -como constructoras y camaroneras- para ocultar dinero producto del narcotráfico e ingresarlo al sistema financiero nacional.
En agosto de 2023, la Fiscalía vinculó a la investigación a seis personas más, entre los que estaban ‘Gato Farfán’ y sus familiares. Así como a cinco empresas relacionadas con la familia.
Entramado empresarial que movió USD 17 millones
La operación de lavado de activos, según la Fiscalía, se habría iniciado en abril de 2017. Wilder Sánchez constituyó Sanfarmar, una empresa camaronera radicada en Guayaquil y que sigue activa hasta 2024. Sus socios eran sus hermanos: Deice Farfán y Lenín Sánchez.
Entre 2017 y 2022, años en los que según las autoridades se lavaron cerca de USD 17 millones, Sanfarmar tuvo varios cambios societarias. ‘Gato Farfán’ vendió sus acciones. Apareció en la sociedad Gladis Solarte, otra de las procesadas. Hasta que, finalmente, la empresa quedó en manos de los hermanos del narcotraficante.
Además, Mónica Chávez, esposa de Sánchez Farfán, constituyó en 2017 la Constructora Crealto. Su socio era Ricardo A., pareja sentimental de Diana Montiel, otra de las procesadas por lavado de activos.
Según los registros públicos, los principales clientes de Crealto eran Sanfarmar, Constructora Mito, Montiel S.A. y Transportes Granvía, todas empresas vinculadas con los supuestos socios y testaferros de Wilder Sánchez.
«A través de estas compañías realizaban facturación entre ellas, dando una apariencia de legalidad e incremento de ingresos, lo que posterior es utilizado para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, de esta manera incrementando notablemente su patrimonio», reportó la Fiscalía.
Desde el viernes 12 de abril de 2024, en el Complejo Norte de Quito, empezó el juicio por lavado de activos contra cuatro personas y las cinco empresas. La audiencia se reinstalará la tarde del 16 de abril.
Mientras que el juzgamiento de Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, está suspenso porque está preso en Estados Unidos y el lavado de activos no se puede juzgar en ausencia. Lo mismo ocurre para la esposa, la suegra y los hermanos del narco, quienes están prófugo. Fuente: Primicias
Nacionales
Juan Gonzaga: «La universidad para Zamora Chinchipe sigue en marcha»
El asambleísta por la provincia de Sucumbíos, Juan Gonzaga, expresó su solidaridad con las familias afectadas por el aluvión ocurrido en el sector de Kantzama, parroquia Guadalupe, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico. En el diálogo también presentó una actualización sobre el estado del proyecto para la creación de una universidad pública en Zamora Chinchipe.
Al inicio de la entrevista, el legislador manifestó sus condolencias por la emergencia que enluta a la provincia amazónica y destacó el sacrificio de quienes perdieron la vida mientras participaban en labores de respuesta y auxilio.
“Quiero expresar mi solidaridad con esta desgracia natural que afecta a la hermana provincia de Zamora Chinchipe y mi sentido pesar a los familiares de quienes perdieron la vida, tanto ciudadanos del sector como funcionarios que cumplían actividades oficiales de atención y auxilio durante la emergencia”, señaló Gonzaga.
El asambleísta afirmó que el dolor provocado por esta tragedia es compartido por toda la Amazonía ecuatoriana y recordó que la región enfrenta permanentemente fenómenos naturales derivados de sus condiciones geográficas y climáticas.
Causas del aluvión: llama a una investigación técnica
Durante la entrevista, Gonzaga fue consultado sobre las versiones difundidas en algunos medios nacionales que relacionan el aluvión con presuntas actividades de minería. En respuesta, sostuvo que atribuir responsabilidades sin una investigación técnica sería apresurado.
Indicó que los factores que originan un desastre natural pueden responder a múltiples variables y que no necesariamente están vinculados con actividades extractivas.
«Puede ser que sí, puede ser que no», expresó al referirse a la hipótesis sobre la minería, insistiendo en que corresponde a los organismos competentes establecer las causas reales del deslizamiento.
El legislador enfatizó que la prioridad debe centrarse en fortalecer los sistemas de prevención y gestión de riesgos, especialmente en la Amazonía, donde las intensas lluvias y la variabilidad climática incrementan la vulnerabilidad de las comunidades.
En ese contexto, señaló que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos debe reforzar sus mecanismos de monitoreo, alerta temprana y prevención para reducir el impacto de futuros eventos naturales.
Universidad para Zamora Chinchipe continúa en proceso
Uno de los temas centrales de la entrevista fue el avance del proyecto para la creación de una universidad pública destinada a las provincias de Zamora Chinchipe y Sucumbíos.
El legislador explicó que actualmente existe una comisión para dar seguimiento al proceso, presidida por la asambleísta Esperanza Rogel.
Recordó que la elaboración de los proyectos fue encargada a la Universidad Estatal Amazónica (UEA) como entidad promotora, mientras que en los casos de Morona Santiago y Orellana la responsabilidad recayó en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).
Gonzaga informó que los primeros proyectos para Zamora Chinchipe y Sucumbíos fueron archivados por incumplir los requisitos técnicos establecidos en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), debido a observaciones relacionadas con la planificación institucional, la oferta académica, la infraestructura, la sostenibilidad financiera y otros componentes exigidos por la normativa.
Precisó que los nuevos proyectos fueron ingresados durante el mes de junio de 2026 y actualmente permanecen en análisis por parte del Consejo de Educación Superior (CES), organismo encargado de emitir las observaciones técnicas que posteriormente deberán ser incorporadas por la Universidad Estatal Amazónica.
Una universidad con identidad amazónica
Para Gonzaga, la creación de una universidad no debe limitarse a la construcción de infraestructura física o a la entrega de títulos profesionales. El asambleísta sostuvo que la nueva institución debe convertirse en un centro de investigación científica, innovación y desarrollo regional, con una oferta académica orientada a responder a las necesidades específicas de la Amazonía.
Asimismo, indicó que la futura universidad deberá fortalecer áreas relacionadas con el desarrollo agrícola, la protección ambiental, la biodiversidad, las actividades productivas y el estudio de las particularidades sociales y culturales de las provincias amazónicas. En su criterio, la institución deberá formar profesionales comprometidos con el territorio y generar conocimiento que contribuya al desarrollo sostenible de la región.
Ubicación de la universidad deberá definirse técnicamente
Respecto a la ubicación de la futura universidad en Zamora Chinchipe, Gonzaga manifestó que esta decisión no debe responder a intereses políticos ni generar divisiones entre cantones. Explicó que será el Consejo de Educación Superior (CES), mediante estudios técnicos especializados, el organismo encargado de determinar el lugar más adecuado considerando aspectos como seguridad geológica, cobertura estudiantil, acceso, disponibilidad de servicios básicos y viabilidad territorial.
Reconoció que anteriormente existieron diferencias entre autoridades y actores políticos sobre la ubicación del campus universitario, situación que, a su criterio, retrasó el avance del proyecto.
Financiamiento y sostenibilidad
En materia financiera, el legislador explicó que el proyecto actualizado contempla una inversión aproximada de 23 millones de dólares.
Sin embargo, señaló que, conforme al artículo 60 de la Ley Amazónica, la concurrencia económica prevista alcanza entre 11 y 12 millones de dólares, por lo que aún será necesario gestionar recursos adicionales por un monto similar mediante el Ministerio de Finanzas para garantizar su ejecución.
Participación ciudadana
Finalmente, Gonzaga invitó a profesionales, docentes, técnicos, estudiantes y ciudadanía de Zamora Chinchipe a participar activamente cuando el CES emita las observaciones al proyecto.
Consideró que la construcción de la universidad debe realizarse con participación social, incorporando criterios técnicos provenientes del territorio para consolidar una institución sólida, sostenible y alineada con las necesidades del desarrollo amazónico.
El asambleísta concluyó señalando que, pese a los retrasos y observaciones técnicas registradas en el proceso, existen expectativas favorables para que la provincia de Zamora Chinchipe logre concretar, en los próximos años, una universidad pública propia que fortalezca la educación superior y contribuya al desarrollo integral de la Amazonía ecuatoriana.
Nacionales
Gasolinas Extra y Ecopaís: Daniel Noboa reforma el mecanismo de precios y anuncia una reducción
El presidente de la República, Daniel Noboa, reformó el mecanismo para fijar los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís con el objetivo de reducir el impacto por las alzas internacionales del petróleo.
De acuerdo con el Ejecutivo, la aplicación de este ajuste al sistema de estabilización de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís permitirá que, durante la actualización correspondiente a este mes de julio, se registre una reducción en el precio de los combustibles.
De esta manera, cuando existan fluctuaciones temporales en los precios internacionales, se podrán amortiguar sus efectos sobre el precio final de los combustibles.
Los precios actuales de los combustibles entraron en vigencia desde el 12 de junio de 2026. El diésel pasó de USD 3,10 a USD 3,25 por galón, mientras que las gasolinas Extra y Ecopaís aumentaron de USD 3,16 a USD 3,31 por galón.
En el caso de la gasolina Súper, cuyo precio está liberalizado y depende de las condiciones del mercado internacional, el valor se incrementó de USD 4,81 a USD 5,60 por galón.
Estos precios estarán vigentes hasta el 11 de julio de 2026. A partir del 12 de julio entrará en vigor una nueva actualización mensual, que, de acuerdo con el Gobierno, reflejará una reducción en los precios como efecto de la reforma.
Por último, el Gobierno informó que a través del Ministerio de Ambiente y Energía se garantiza el normal abastecimiento de combustibles en todo el país.
Por su parte, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) continuará ejecutando controles para verificar el abastecimiento, el cumplimiento de los precios vigentes y la calidad de los combustibles en las estaciones de servicio del territorio nacional. Fuente: Vistazo
Nacionales
La planificación territorial es clave para reducir el impacto de los desastres socionaturales, afirma experto de la UTPL
Tras el devastador aluvión registrado en la provincia de Zamora Chinchipe, el director de la Carrera de Ingeniería en Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Técnica Particular de Loja (Universidad Técnica Particular de Loja), Wilman Merino, sostuvo que la planificación territorial constituye una de las principales herramientas para prevenir y reducir el impacto de los desastres socionaturales, siempre que esté acompañada de una adecuada gestión del riesgo y de decisiones sustentadas en información técnica.
Al iniciar la entrevista, Merino expresó sus condolencias a las familias afectadas por la tragedia ocurrida en Zamora Chinchipe y reconoció el trabajo desarrollado por los cuerpos de bomberos, voluntarios, organismos de respuesta y ciudadanía, quienes participaron en las labores de rescate y atención de la emergencia, incluso poniendo en riesgo su propia integridad.
El académico explicó que fenómenos como deslizamientos, inundaciones, aluviones o erupciones volcánicas forman parte de la dinámica natural del planeta; sin embargo, aclaró que estos eventos se convierten en desastres cuando afectan a personas, viviendas, infraestructura, actividades productivas y medios de vida.
En este contexto, señaló que la gestión del riesgo debe entenderse como un eje transversal del desarrollo territorial, ya que la vulnerabilidad es producto de decisiones humanas relacionadas con el uso inadecuado del suelo y la ocupación de zonas expuestas a amenazas naturales.
Planificar el territorio con visión de futuro
Merino indicó que la planificación territorial consiste en analizar las características físicas y ambientales de cada territorio para determinar qué actividades pueden desarrollarse de forma segura en cada espacio.
Explicó que las zonas inundables o cercanas a cauces de ríos no deberían destinarse a urbanizaciones o edificaciones permanentes, sino a áreas de protección ambiental, parques lineales o espacios recreativos compatibles con su condición natural.
De igual manera, sostuvo que otras áreas pueden destinarse a actividades agrícolas, pecuarias, industriales o urbanas, siempre que previamente se evalúen sus condiciones geológicas, hidrológicas y ambientales.
El especialista enfatizó que la planificación no debe responder únicamente a las necesidades actuales, sino proyectarse hacia escenarios futuros considerando el cambio climático, el incremento de precipitaciones extremas y la aparición de nuevos eventos adversos.
Las lecciones que deja el aluvión de Zamora Chinchipe
Respecto a la reciente tragedia registrada en Zamora Chinchipe, Merino afirmó que una de las principales enseñanzas es reconocer que Ecuador es un país expuesto a múltiples amenazas naturales.
Indicó que el mayor error después de un desastre consiste en reconstruir viviendas e infraestructura exactamente en los mismos lugares donde ocurrió la afectación, práctica que calificó como «reconstruir el riesgo».
Según explicó, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial no deben quedarse únicamente como documentos administrativos o requisitos legales, sino convertirse en instrumentos efectivos de gestión que orienten las decisiones de los gobiernos locales y permitan ejecutar acciones concretas para disminuir la vulnerabilidad.
Tecnología para anticipar riesgos
El director de la carrera destacó que actualmente existen herramientas tecnológicas capaces de identificar zonas con amenazas antes de que ocurra una emergencia.
Entre ellas mencionó el uso de sistemas de información geográfica, teledetección, imágenes satelitales y análisis de datos climáticos.
Como ejemplo, señaló que imágenes satelitales correspondientes al año 2024 ya evidenciaban la presencia de macrodeslizamientos activos dentro de la microcuenca del río Kantzama, información que podía servir para identificar áreas con alta susceptibilidad a nuevos movimientos de masa.
Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer las unidades de gestión de riesgos de los gobiernos autónomos descentralizados, muchas de las cuales funcionan con personal limitado y escasos recursos técnicos.
También destacó el valor de los sistemas de alerta temprana, alimentados por información meteorológica y climática, que permiten adoptar medidas preventivas antes de que una amenaza se convierta en desastre.
Responsabilidad de los gobiernos locales
Merino recordó que cada nivel de gobierno posee competencias específicas dentro de la gestión del territorio.
Indicó que los gobiernos parroquiales desempeñan un papel fundamental por su cercanía con las comunidades, promoviendo procesos de capacitación, simulacros, planes de respuesta y fortalecimiento de la cultura de prevención.
Por su parte, explicó que los municipios son responsables del uso y gestión del suelo mediante la elaboración de planes territoriales y ordenanzas que determinen dónde es posible construir, qué actividades pueden desarrollarse y cuáles son las zonas que deben permanecer protegidas por razones ambientales o de riesgo.
Cambio climático: un desafío permanente
El especialista manifestó que el cambio climático modifica las condiciones meteorológicas y aumenta la intensidad de las precipitaciones, así como la frecuencia de eventos extremos.
Recordó que durante 2024 Ecuador enfrentó una severa sequía que provocó déficit hídrico, afectaciones en la generación eléctrica, pérdidas económicas y consecuencias sociales, demostrando que los efectos climáticos trascienden el ámbito ambiental.
Por ello insistió en que la planificación territorial debe incorporar escenarios climáticos de mediano y largo plazo para diseñar medidas de adaptación, sistemas de riego, infraestructura resiliente y estrategias que permitan disminuir los impactos futuros.
El aporte de la UTPL
Finalmente, Merino explicó que la Universidad Técnica Particular de Loja desarrolla su aporte mediante tres ejes fundamentales: la formación académica, la investigación científica y la vinculación con la sociedad.
Destacó que la carrera de Ingeniería en Riesgos y Cambio Climático formas profesionales especializados en análisis geoespacial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.
Además, señaló que la universidad genera investigaciones, monitoreo ambiental y análisis de variables climáticas cuyos resultados están disponibles para apoyar la planificación y la toma de decisiones de los gobiernos autónomos descentralizados.
Concluyó reiterando el compromiso de la institución con la formación de profesionales capaces de responder a los desafíos actuales y futuros relacionados con la gestión de riesgos, el cambio climático y la construcción de territorios más seguros y resilientes.
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