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‘Gato Farfán’ habría lavado USD 17 millones en camaroneras y construcción

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Menos de un mes falta para que Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, comparezca ante la Corte del Distrito Sur de California en Estados Unidos para preparar su juicio por el presunto delito de narcotráfico. El 15 de abril de 2024, el narco ecuatoriano anunció que tenía un nuevo abogado.

Hace un año, todavía detenido en Colombia, Sánchez había contratado a Oscar Arroyave. Se trata de un abogado colombiano que se hizo famoso por contribuir en la liberación de Carlos Lehder, exsocio de Pablo Escobar en el cartel de Medellín.

Pero, ahora, el ecuatoriano sumó a su defensa a Matthew J. Lombard, un abogado estadounidense con oficinas en Los Ángeles, California. En los últimos años, Lombard ha tomado -al menos- dos casos relacionados con el narcotráfico mexicano.

Por ejemplo, en septiembre de 2022, la Revista Vice citó a Lombard como abogado de Dámaso López- Serrano, alias ‘Mini Lic’. Este sujeto es el hijo de quien fuera la mano derecha de Joaquín, ‘El Chapo’, Guzmán, cabecilla del Cartel de Sinaloa.

‘Mini Lic’ fue cercano a Los Chapitos, cómo se conocía a los hijos de Guzmán. En 2017, se entregó a Estados Unidos y empezó a colaborar con ese país a cambio de la reducción de su condena por narcotráfico.

Además, Los Angeles Times reportó que Lombard fue el abogado de Juan Francisco Sillas, alias ‘El Sillas’, un sicario y narcotraficante mexicano que trabajó para el Cartel de Tijuana, enemigo de Sinaloa.

Lavado en Ecuador

En junio de 2013, Wilder Sánchez fue detenido en un operativo en Guayas. Este sujeto intentaba enviar media tonelada de cocaína a México. Uno de sus socios era Telmo Castro, excapitán del Ejército, que era el enlace de ‘El Chapo’ Guzmán, en Ecuador.

Tras tres años en prisión y gracias a un sospechoso fallo judicial, en 2016, ‘Gato Farfán’ salió de la cárcel. Desde ese año, las autoridades locales le perdieron la pista. De manera clandestina, Sánchez se convirtió en uno de los narcos más importantes de la región.

El 10 de febrero de 2022, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a Wilder Sánchez y a un miembro del Cartel de Sinaloa y los pidió en extradición. Un año después, en febrero 2023, fue capturado en Colombia. Hasta que en febrero de 2024, finalmente, fue enviado a Estados Unidos.

Pero, el 13 de octubre de 2022 -cuando todavía era buscado- las autoridades ecuatorianas recibieron una denuncia anónima en contra de Sánchez. Lo señalaban por comandar un grupo criminal que estaba lavando dinero utilizando varias empresas.

El caso se concretó en mayo de 2023. Si bien para esa fecha ‘Gato Farfán’ ya estaba preso en Colombia, en la lista de los primeros cinco procesados por lavado de activos no estaba el narcotraficante.

Sin embargo, en la formulación de cargos la Fiscalía ya nombró a Wilmer Sánchez y a su círculo familiar y los señaló por constituir empresas -como constructoras y camaroneras- para ocultar dinero producto del narcotráfico e ingresarlo al sistema financiero nacional.

En agosto de 2023, la Fiscalía vinculó a la investigación a seis personas más, entre los que estaban ‘Gato Farfán’ y sus familiares. Así como a cinco empresas relacionadas con la familia.

Entramado empresarial que movió USD 17 millones

La operación de lavado de activos, según la Fiscalía, se habría iniciado en abril de 2017. Wilder Sánchez constituyó Sanfarmar, una empresa camaronera radicada en Guayaquil y que sigue activa hasta 2024. Sus socios eran sus hermanos: Deice Farfán y Lenín Sánchez.

Entre 2017 y 2022, años en los que según las autoridades se lavaron cerca de USD 17 millones, Sanfarmar tuvo varios cambios societarias. ‘Gato Farfán’ vendió sus acciones. Apareció en la sociedad Gladis Solarte, otra de las procesadas. Hasta que, finalmente, la empresa quedó en manos de los hermanos del narcotraficante.

Además, Mónica Chávez, esposa de Sánchez Farfán, constituyó en 2017 la Constructora Crealto. Su socio era Ricardo A., pareja sentimental de Diana Montiel, otra de las procesadas por lavado de activos.

Según los registros públicos, los principales clientes de Crealto eran Sanfarmar, Constructora Mito, Montiel S.A. y Transportes Granvía, todas empresas vinculadas con los supuestos socios y testaferros de Wilder Sánchez.

«A través de estas compañías realizaban facturación entre ellas, dando una apariencia de legalidad e incremento de ingresos, lo que posterior es utilizado para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, de esta manera incrementando notablemente su patrimonio», reportó la Fiscalía.

Desde el viernes 12 de abril de 2024, en el Complejo Norte de Quito, empezó el juicio por lavado de activos contra cuatro personas y las cinco empresas. La audiencia se reinstalará la tarde del 16 de abril.

Mientras que el juzgamiento de Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, está suspenso porque está preso en Estados Unidos y el lavado de activos no se puede juzgar en ausencia. Lo mismo ocurre para la esposa, la suegra y los hermanos del narco, quienes están prófugo. Fuente: Primicias

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Caso Villavicencio: Fiscalía pidió difusión roja de Interpol para José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Wilmer Chavarría

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La Fiscalía General del Estado solicitó en su dictamen acusatorio la ratificación de la prisión preventiva para los siete procesados por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, que se registró el pasado 9 de agosto de 2023 en Quito.

Además, pidió que Xavier Jordán; el exministro del correísmo, José Serrano; el exasambleísta del correísmo, Ronny AleagaDaniel Salcedo; y tres cabecillas de Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo; Luis Arboleda, alias Gordo Luis; y Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, sean procesados como autores mediatos por su presunta participación en el delito de asesinato.

En la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía solicitó que se declaren como prófugos a Jordán, Serrano, quienes se encuentran en Estados Unidos; a Aleaga, en Venezuela; y, Chavarría, en España.

Fiscalía pidió la prohibición de enajenar sus bienes

En tanto que para los siete procesados, la Fiscalía pidió la prohibición de enajenar sus bienes y la retención de sus cuentas en el sistema financiero nacional.

En favor de las víctimas, la institución solicitó medidas de protección y la ratificación de las medidas dispuestas en la audiencia de formulación de cargos.

La Fiscalía pidió al juez de la causa que emita el auto de llamamiento a juicio contra los siete procesados.

La audiencia se reinstalará el 9 de agosto con la intervención de las acusaciones particulares.

Al momento, cinco personas ya fueron sentenciadas en calidad de autores y cómplices por el acto material del asesinato de Fernando Villavicencio. Fuente: Vistazo

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Amigos de Fernando Villavicencio recordaron los tres años de su asesinato

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Varios amigos de Fernando Villavicencio recordaron este 9 de agosto los tres años de su asesinato en el lugar en donde fue acribillado el excandidato presidencial, en el norte de Quito. Acudieron con un arreglo floral, con un cartel con la imagen del excandidato presidencial y con camisetas de la campaña de 2023.

Christian Zurita y Carlos Figueroa encabezaron el encuentro para recordar el crimen de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

La muerte de Villavicencio ocurrió luego de un mitin político que se realizó en un coliseo de un colegio privado. Su asesinato ocurrió en las transitadas avenidas Gaspar de Villarroel y Amazonas, durante la campaña electoral, en la que Fernando Villavicencio era candidato presidencial por el Movimiento Construye.
Por este caso, al momento, cinco personas ya fueron sentenciadas en calidad de autores y cómplices por el acto material del asesinato de Fernando Villavicencio.

Mientras que otros siete procesados son inculpados por la Fiscalía de ser autores mediatos por su presunta participación en el delito de asesinato. En esa lista se encuentran José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo, Wilmer Chavarría, Luis Arboleda y Esteban Aguilar. En este caso, todavía se realizan las audiencias preparatorias de juicio,

Tres años de lucha para evitar el olvido del asesinato de Villavicencio

Christian Zurita, amigo de Fernando Villavicencio, recordó que estos tres años han sido de lucha incesante de su familia y de quienes han ayudado a evitar el silencio y sobre todo el olvido.

«Fernando dejó un enorme vacío en la sociedad ecuatoriana. En lo político, un proyecto truncado, en lo social, en lo civil, en lo ciudadano, un vacío difícil de llenar. Una voz única irrepetible en la historia del país«, indicó Zurita, quien como periodista colaboró en varias de las investigaciones impulsadas por Villavicencio y luego fue nombrado candidato presidencial en su reemplazo en las elecciones de 2023.

Zurita enfatizó que esta es una lucha contra la desesperanza, es una lucha contra el olvido y sobre todo nos regocijamos por el hecho de que el Estado y la institucionalidad haya logrado dar con una parte de los asesinos, con un grupo de los responsables a nivel intelectual.

«Existen otros grupos que todavía están por definirse. El primer grupo de asesinos relacionados a los carteles políticos han sido ya puestos al descubierto, pero existen otros grupos que aún no han sido tocados y que luego de la sentencia aspiramos que pueda considerarse y tomarse en cuenta», indicó Zurita.

En tanto que Carlos Figueroa indicó que todavía falta sancionar a las responsabilidades intelectuales. «Lo que nosotros hicimos al inicio determinó de que se logre llegar a los culpables. También hay que darle el crédito a la justicia, a la Fiscalía que han hecho su parte, pero todavía falta aún más», afirmó Figueroa.

Carlos Figueroa, Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio eran conocidos como los «tres de Sarayaku». Ellos se refugiaron en esa comunidad de Pastaza huyendo de la persecución en el gobierno de Rafael Correa en 2014, luego de que fueron enjuiciados por calumnias. Fuente: Vistazo

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En apenas seis meses, el Estado ha comprado USD 2,5 millones en hojas de papel bond

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Dentro de los suministros de oficina que usan todas las oficinas del Estado ecuatoriano, el papel bond es el que más se requiere. Solo entre enero y junio de 2026, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ha registrado 2.435 órdenes de compra de resmas.

Las órdenes varían radicalmente en volumen y frecuencia, dependiendo de las necesidades de cada institución. No obstante, gracias a que ese producto se encuentra dentro del catálogo electrónico siempre mantiene un costo estable. Esto implica que ninguna entidad podría adquirir papel bond por un precio o proveedor distinto a los que se encuentran en esa tienda virtual.

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Contratación pública: El Estado adjudicó USD 3.380 millones en el primer semestre de 2026
Actualmente, el precio tiene un techo de USD 4,03 por cada resma de papel bond A4 de 75gr, que contiene 500 hojas blancas. Y las instituciones públicas adquirieron USD 2,4 millones en este material, que con ese precio unitario daría un promedio de 616.321 resmas solo en el primer semestre del año. Es decir, poco más 308 millones de hojas de papel bond.

Sin embargo, los precios bajan dependiendo de la cantidad de resmas y del proveedor. Lo que hace que la cifra real de papel que continúa utilizando el Estado sea mucho mayor. Por ejemplo, la institución que encabeza la lista de aquellas que más compran este producto es la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, que cuenta con un gigantesco archivo físico de las causas y expedientes de la provincia.

En su última orden de compra de papel bond, en mayo, la Judicatura de Pichincha adquirió 47.760 resmas, con un valor unitario de USD 2,36 y un precio final de USD 112.713. Previamente, en noviembre de 2024, la entidad hizo dos compras, una de 16.230 paquetes por USD 43.804 y otra de 49.628 resmas por USD 134.591. Mientras que, en septiembre de 2023, adquirió 67.785 por USD 187.764.

El segundo lugar lo ocupa la matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, uno de los epicentros de la tramitología en el país, con una compra de USD 91.493. Le siguen otras entidades judiciales: la Fiscalía de Guayas (USD 59.377) y la Judicatura de Manabí (USD 35.250).

Top 10 de entidades que han comprado más papel bond en 2026

El Estado ecuatoriano ha destinado USD 2,48 millones a la adquisición de resmas de papel bond entre enero y junio de 2026

Tabla con 4 columnas y 10 filas. Ordenado de forma ascendente
1 Direccion Provincial de la Judicatura de Pichincha 1
112 714
2 Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social 28
91 493
3 Fiscalía de Guayas 4
59 377
4 Dirección Provincial de la Judicatura de Manabí 1
35 250
5 Municipio de Quito 9
34 664
6 Municipio de Quevedo 2
28 900
7 Escuela Superior Politécnica del Litoral 2
28 201
8 Fiscalía De Pichincha 2
26 946
9 Ministerio De Agricultura 6
25 908
10 Prefectura de Pichincha 1
24 500

Otras entidades que están en lugares altos este primer semestre del año son: la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la Empresa Eléctrica Electrosur, la Universidad de Guayaquil y la Secretaría Técnica de la Amazonía.

Y, como Quito es la capital administrativa del país, ese cantón también encabeza el consumo de papel bond estatal. Sin embargo, el resto de cantones que más papel consumen no son necesariamente los más poblados. Por ejemplo, Santo Domingo, Manta y Durán no aparecen en el top 10.

Cantones en los que las instituciones públicas compran más papel bond

La capital concentra a las matrices de todas las entidades de la administración central, de todas las funciones del Estado

Tabla con 4 columnas y 10 filas. Ordenado de forma ascendente
1 Quito 229
533 441
2 Guayaquil 127
233 075
3 Cuenca 87
81 538
4 Portoviejo 29
63 093
5 Machala 36
59 776
6 Ambato 53
59 718
7 Esmeraldas 36
51 777
8 Loja 52
50 929
9 Ibarra 33
49 311
10 Quevedo 13
43 345

Una digitalización que no termina de cuajar
Aunque el Estado ecuatoriano ha dado grandes pasos en la digitalización de la administración pública, las iniciativas ‘cero papeles’ todavía no cumplen con su nombre, sea porque ciertas entidades públicas todavía imprimen buena parte de sus documentos o porque exigen a la ciudadanía que imprima papeles innecesarios, como los turnos obtenidos virtualmente o recibos de pago.

El Sistema de Gestión Documental Quipux, del Ejecutivo, y la implementación masiva de la firma electrónica en el sector público empujaron la integración estatal y la reducción del uso de archivos físicos. También lo hizo la Ley para la Optimización de Trámites Administrativos y la facturación electrónica exigida por el Servicio de Rentas Internas.

Sin embargo, esos esfuerzos chocan con la brecha digital y la disparidad significativa en el acceso a tecnología e internet entre zonas urbanas y rurales, lo que limita la capacidad de muchos ciudadanos de utilizar los servicios digitalizados.

Además, todavía hay instituciones públicas que operan con sistemas que no se conectan entre sí, por la ausencia de una plataforma estatal integrada. Esto sigue obligando a las entidades y ciudadanos a presentar papeles que ya existen en otras instituciones o funciones del Estado.

A esto se suman factores como que no todos los procesos de digitalización en Ecuador han implicado una simplificación de los procesos, ya que algunos replican las mismas complejidades de los trámites presenciales. Y, en parte, la resistencia al cambio, sea por costumbre o desconfianza, tanto en los funcionarios públicos como en la ciudadanía.

La industria del papel bond
En el sector papelero de Ecuador existe una distinción entre la fabricación de pulpa blanqueada de papel bond (molino primario) y la transformación o conversión de bobinas gigantes importadas en resmas, formatos o rollos finos.

Ecuador no produce la materia prima indispensable para el papel bond a escala industrial, por lo que la oferta local está constituida por empresas convertidoras y procesadoras que importan grandes bobinas madre, principalmente de Brasil, Colombia, Chile o Asia, y las cortan, empacan y distribuyen.

Según las partidas arancelarias del Banco Central, Ecuador importa papel bond de dos maneras: el cortado en hojas estándar para oficina o fotocopiadora y el presentado en rollos o bobinas continuas. Fuente: Primicias

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