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‘Gato Farfán’ habría lavado USD 17 millones en camaroneras y construcción

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Menos de un mes falta para que Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, comparezca ante la Corte del Distrito Sur de California en Estados Unidos para preparar su juicio por el presunto delito de narcotráfico. El 15 de abril de 2024, el narco ecuatoriano anunció que tenía un nuevo abogado.

Hace un año, todavía detenido en Colombia, Sánchez había contratado a Oscar Arroyave. Se trata de un abogado colombiano que se hizo famoso por contribuir en la liberación de Carlos Lehder, exsocio de Pablo Escobar en el cartel de Medellín.

Pero, ahora, el ecuatoriano sumó a su defensa a Matthew J. Lombard, un abogado estadounidense con oficinas en Los Ángeles, California. En los últimos años, Lombard ha tomado -al menos- dos casos relacionados con el narcotráfico mexicano.

Por ejemplo, en septiembre de 2022, la Revista Vice citó a Lombard como abogado de Dámaso López- Serrano, alias ‘Mini Lic’. Este sujeto es el hijo de quien fuera la mano derecha de Joaquín, ‘El Chapo’, Guzmán, cabecilla del Cartel de Sinaloa.

‘Mini Lic’ fue cercano a Los Chapitos, cómo se conocía a los hijos de Guzmán. En 2017, se entregó a Estados Unidos y empezó a colaborar con ese país a cambio de la reducción de su condena por narcotráfico.

Además, Los Angeles Times reportó que Lombard fue el abogado de Juan Francisco Sillas, alias ‘El Sillas’, un sicario y narcotraficante mexicano que trabajó para el Cartel de Tijuana, enemigo de Sinaloa.

Lavado en Ecuador

En junio de 2013, Wilder Sánchez fue detenido en un operativo en Guayas. Este sujeto intentaba enviar media tonelada de cocaína a México. Uno de sus socios era Telmo Castro, excapitán del Ejército, que era el enlace de ‘El Chapo’ Guzmán, en Ecuador.

Tras tres años en prisión y gracias a un sospechoso fallo judicial, en 2016, ‘Gato Farfán’ salió de la cárcel. Desde ese año, las autoridades locales le perdieron la pista. De manera clandestina, Sánchez se convirtió en uno de los narcos más importantes de la región.

El 10 de febrero de 2022, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a Wilder Sánchez y a un miembro del Cartel de Sinaloa y los pidió en extradición. Un año después, en febrero 2023, fue capturado en Colombia. Hasta que en febrero de 2024, finalmente, fue enviado a Estados Unidos.

Pero, el 13 de octubre de 2022 -cuando todavía era buscado- las autoridades ecuatorianas recibieron una denuncia anónima en contra de Sánchez. Lo señalaban por comandar un grupo criminal que estaba lavando dinero utilizando varias empresas.

El caso se concretó en mayo de 2023. Si bien para esa fecha ‘Gato Farfán’ ya estaba preso en Colombia, en la lista de los primeros cinco procesados por lavado de activos no estaba el narcotraficante.

Sin embargo, en la formulación de cargos la Fiscalía ya nombró a Wilmer Sánchez y a su círculo familiar y los señaló por constituir empresas -como constructoras y camaroneras- para ocultar dinero producto del narcotráfico e ingresarlo al sistema financiero nacional.

En agosto de 2023, la Fiscalía vinculó a la investigación a seis personas más, entre los que estaban ‘Gato Farfán’ y sus familiares. Así como a cinco empresas relacionadas con la familia.

Entramado empresarial que movió USD 17 millones

La operación de lavado de activos, según la Fiscalía, se habría iniciado en abril de 2017. Wilder Sánchez constituyó Sanfarmar, una empresa camaronera radicada en Guayaquil y que sigue activa hasta 2024. Sus socios eran sus hermanos: Deice Farfán y Lenín Sánchez.

Entre 2017 y 2022, años en los que según las autoridades se lavaron cerca de USD 17 millones, Sanfarmar tuvo varios cambios societarias. ‘Gato Farfán’ vendió sus acciones. Apareció en la sociedad Gladis Solarte, otra de las procesadas. Hasta que, finalmente, la empresa quedó en manos de los hermanos del narcotraficante.

Además, Mónica Chávez, esposa de Sánchez Farfán, constituyó en 2017 la Constructora Crealto. Su socio era Ricardo A., pareja sentimental de Diana Montiel, otra de las procesadas por lavado de activos.

Según los registros públicos, los principales clientes de Crealto eran Sanfarmar, Constructora Mito, Montiel S.A. y Transportes Granvía, todas empresas vinculadas con los supuestos socios y testaferros de Wilder Sánchez.

«A través de estas compañías realizaban facturación entre ellas, dando una apariencia de legalidad e incremento de ingresos, lo que posterior es utilizado para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, de esta manera incrementando notablemente su patrimonio», reportó la Fiscalía.

Desde el viernes 12 de abril de 2024, en el Complejo Norte de Quito, empezó el juicio por lavado de activos contra cuatro personas y las cinco empresas. La audiencia se reinstalará la tarde del 16 de abril.

Mientras que el juzgamiento de Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, está suspenso porque está preso en Estados Unidos y el lavado de activos no se puede juzgar en ausencia. Lo mismo ocurre para la esposa, la suegra y los hermanos del narco, quienes están prófugo. Fuente: Primicias

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¿Tannya Varela se queda sola? Coronel fue declarado testigo protegido y dará su testimonio anticipado

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El coronel José Luis Erazo fue declarado testigo protegido y el miércoles, primero de abril, rendirá su testimonio anticipado dentro de la investigación por presunta filtración de información reservada, causa en la que también es procesada la excomandante Tannya Varela.

Hace unos días, la Fiscalía informó a la Corte Provincial de Pichincha que Erazo forma parte del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos. Por lo cual, solicitó que se fijara el día y hora para conocer su testimonio anticipado.

La Corte dispuso que la diligencia se lleve a cabo el miércoles, primero de abril del 2026, a las 15:30, a través de la cámara de Gesell.

Además, se dispuso que un psicólogo de turno esté presente y se autorizó la grabación de la pericia, conforme a los protocolos establecidos en la ley.

Esta audiencia llega luego de que el pasado 19 de marzo terminó la instrucción fiscal dentro de la causa, que investiga un presunto delito de difusión de información de circulación restringida.

Aparte del coronel Erazo, son procesados el exteniente Rodney Rengel y la excomandante de la Policía, Tannya Varela. Los tres cuentan con medidas alternativas como presentaciones periódicas ante la autoridad competente y prohibición de salida del país.

Rengel también es testigo protegido y el pasado martes, 24 de marzo, dio su testimonio anticipado.

$!Día y hora para el testimonio anticipado de Erazo.

¿DE QUÉ TRATA EL CASO?

Según la Fiscalía, los tres sospechosos habrían filtrado un informe reservado de una investigación previa por un caso de narcotráfico denominado ‘León de Troya’.

La difusión de los datos habría sucedido en tres momentos entre 2021 y 2023:

  • El 7 de julio de 2021: cuando altos mandos policiales habrían entregado información reservada al entonces presidente de la República, Guillermo Lasso. Esos datos tenían que ver con su cuñado, Danilo Carrera, sentenciado en el caso Encuentro.
  • El 12 de febrero de 2023: mediante la presunta remisión de contenidos técnicos reservados por parte de un agente investigador a un tercero.
  • El 13 de febrero de 2023: cuando dicha información fue divulgada públicamente a través del medio digital La Posta ampliando su exposición y alcance.

Durante la audiencia de formulación de cargos, se explicó que Varela y los otros dos sujetos habrían puesto en riesgo al equipo que investigó los nexos de la mafia albanesa con Ecuador. Fuente: Vistazo

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Análisis jurídico aborda los retos de la justicia constitucional ante la creación de judicaturas especializadas en Ecuador

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En el espacio académico Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación de la abogada constitucionalista Tanya Torres Castillo, quien desarrolló el tema “Los retos de la justicia constitucional ante la creación de judicaturas especializadas”, generando un análisis profundo sobre el estado actual del sistema de justicia en el país y los desafíos estructurales que enfrenta.

Durante su intervención, Torres Castillo, con más de 10 años de experiencia en el sector público, expuso su trayectoria profesional, que incluye funciones como asesora en la Corte Constitucional, directora del Sistema de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer en la ex Secretaría de Derechos Humanos, y fundadora de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador. Actualmente, se desempeña en el ámbito académico en programas de pregrado y posgrado, además de ejercer la litigación en Derecho Constitucional.

En su exposición, la especialista contextualizó la importancia del sistema de justicia como mecanismo fundamental para la protección de derechos, especialmente en un Estado constitucional de derechos como el ecuatoriano, establecido a partir de la Constitución de 2008. En este marco, abordó la evolución y los desafíos de las garantías jurisdiccionales, tales como la acción de protección, el habeas corpus y el habeas data, señalando que su uso indebido y la falta de control por parte de los operadores de justicia han generado procesos de desnaturalización.

Torres Castillo explicó que, como respuesta a estas problemáticas, se aprobó en la consulta popular del 21 de abril de 2024 la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, con el objetivo de mejorar la calidad y eficacia en la resolución de casos relacionados con derechos fundamentales. No obstante, advirtió que esta reforma no constituye una solución estructural por sí sola, debido a la persistencia de problemas como la corrupción, la sobrecarga procesal y la debilidad institucional del sistema judicial.

Según el análisis presentado, el Consejo de la Judicatura ha determinado la necesidad de implementar 259 jueces especializados a nivel nacional, distribuidos en 184 jueces de primera instancia y 75 de segunda instancia. Sin embargo, solo una parte de estos cargos será cubierta mediante concurso público, mientras que el resto corresponderá a jueces ya en funciones que asumirán esta especialización mediante procesos de capacitación.

Entre los principales retos identificados, la constitucionalista destacó el fortalecimiento del sistema oral en los procesos judiciales, en concordancia con lo establecido en la Constitución, así como la necesidad de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para optimizar la ejecución de sentencias y garantizar mayor celeridad y eficacia.

Asimismo, subrayó la preocupación respecto a la falta de un adecuado dimensionamiento de la carga procesal, lo que podría generar una saturación del sistema y afectar la naturaleza ágil de la justicia constitucional. En este sentido, advirtió que existe el riesgo de que estos procesos adopten dinámicas similares a otras jurisdicciones más lentas, como la contencioso-administrativa.

Otro de los aspectos críticos abordados fue la situación institucional del Consejo de la Judicatura, cuya inestabilidad podría afectar la implementación efectiva de las judicaturas especializadas, especialmente en lo referente a los concursos de méritos y oposición necesarios para la designación de nuevos jueces.

Finalmente, Torres Castillo hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer un rol activo en los procesos de selección de jueces, resaltando la importancia de garantizar transparencia, idoneidad y probidad en los operadores de justicia, dado que su labor implica la protección directa de los derechos fundamentales.

El espacio Tertulia Jurídica se consolida así como un escenario de análisis y debate académico sobre temas de relevancia nacional, promoviendo la reflexión crítica y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en la sociedad.

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Daniel Noboa se va de viaje a Estados Unidos por ‘asuntos personales’ durante el feriado de Semana Santa

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El Presidente de la República, Daniel Noboa, se va de viaje por «asuntos personales» a los Estados Unidos de América, durante el feriado de Semana Santa.

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 349 suscrito en Cuenca, el primer mandatario dio a conocer la noticia este 31 de marzo de 2026.

En el documento se detalla la siguiente disposición: «Declarar en comisión de servicios a la comitiva de seguridad que acompañará al Presidente Constitucional de la República a los Estados Unidos de América, del 2 al 6 de abril de 2026, con ocasión de un viaje de carácter personal».

Además, el mandatario dispuso que la comitiva de seguridad será la autorizada por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia de la República.

En cuanto a los viáticos y demás gastos que genere este desplazamiento se cubrirán con cargo al presupuesto de la institución a la que pertenecen los integrantes de la comitiva.

Por último, el presidente Noboa cumplió con comunicar a la Asamblea Nacional respecto del viaje a realizarse, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 44 de la Constitución de la República. Fuente: Vistazo

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