Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y promover nuevas oportunidades laborales en la zona de influencia de la mina Mirador, EcuaCorriente S.A. (ECSA), empresa concesionaria de la mina Mirador, finalizó con éxito Curso Ocupacional de Construcción Civil y Lectura de Planos.

La ceremonia de clausura se desarrolló en la cancha cubierta de la cabecera parroquial de Tundayme, y contó con la presencia de autoridades locales, representantes del GAD Parroquial de Tundayme y representantes de ECSA.

La capacitación consistió en un espacio formativo en el que participaron 23 habitantes de la parroquia Tundayme y del cantón El Pangui, quienes destacaron la importancia de la formación profesional como herramienta para el desarrollo.

Los participantes obtuvieron certificados que acreditan su formación técnica en Construcción Civil (120 horas), avalada por el Ministerio de Trabajo, y una certificación en Seguridad y Riesgos Laborales (16 horas), otorgado por la Escuela de Formación Empresarial – EFE.

ECSA facilitó material didáctico, equipos para la práctica y equipos de protección personal para todos los participantes, quienes durante dos meses participaron en clases presenciales con profesionales experimentados como instructores.

Esta iniciativa fue posible gracias a un convenio entre ECSA y el GAD Parroquial de Tundayme, reafirmando el compromiso conjunto de ambas instituciones por fortalecer las capacidades locales y promover el desarrollo sostenible.

Miguel Loja, beneficiario del curso, indicó que esta capacitación les permitió aprender mucho sobre construcción y seguridad, lo que les permitirá mejorar posibilidades laborales en el futuro.

“Este tipo de capacitaciones permiten que más personas adquieran habilidades que aporten al crecimiento familiar, comunitario y productivo de nuestra parroquia”, precisó José Cárdenas, Coordinador Senior de Relaciones Comunitarias de ECSA.

Con este tipo de acciones, ECSA reafirma su compromiso con la educación, la capacitación técnica y el desarrollo humano, contribuyendo al fortalecimiento de las comunidades de su área de influencia directa.

En una nueva edición del programa La Tertulia Jurídica, se analizó uno de los temas más sensibles y silenciados dentro del sistema de salud pública: la violencia obstétrica, entendida como una forma de vulneración de los derechos humanos de las mujeres durante los procesos de atención ginecológica, embarazo, parto y posparto.

La invitada central del programa fue María Arévalo Carrillo, especialista en temas de violencia gineco-obstétrica, violencia de género, justicia social y medio ambiente, y maestrante en Políticas Públicas por la Universidad FLACSO, quien destacó la importancia de visibilizar esta problemática desde un enfoque de derechos y con perspectiva de género.

“Estos espacios permiten informar a la sociedad civil sobre sus derechos y reconocer cuándo estos están siendo vulnerados. La difusión y educación en derechos humanos son fundamentales para prevenir cualquier tipo de violencia, especialmente en el ámbito de la salud”, enfatizó Arévalo.

Durante su intervención, la experta explicó que la violencia gineco-obstétrica se manifiesta a través de acciones u omisiones del personal de salud que afectan la integridad física, emocional o psicológica de las mujeres. Estas prácticas pueden ir desde expresiones ofensivas y trato deshumanizado hasta la realización de procedimientos médicos sin consentimiento informado.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre 2018 y 2023 los casos de violencia contra la mujer aumentaron del 48% al 51%, alcanzando hasta un 70% en comunidades rurales e indígenas. Estas cifras reflejan la urgencia de fortalecer políticas públicas de prevención y capacitación del personal sanitario.

Arévalo recordó que este tipo de violencia fue reconocida internacionalmente por la ONU en 2014 y, a nivel nacional, incorporada en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 2018. A pesar de los avances normativos, la especialista indicó que persisten prácticas institucionales que vulneran derechos fundamentales, como el acceso a información clara, la obtención del consentimiento previo o el acompañamiento durante los procesos obstétricos.

Asimismo, destacó la relevancia del Manual de Buenas Prácticas para la Salud Sexual y Reproductiva, emitido en 2023, el cual busca orientar al personal sanitario en el trato adecuado a mujeres, adolescentes, personas en movilidad humana, privadas de libertad, trabajadoras sexuales y miembros de la comunidad LGBTIQ.

“La información es un privilegio. Prevenir la violencia obstétrica comienza con la educación y el acceso a datos confiables sobre derechos sexuales y reproductivos. Solo informándonos podemos reconocer y denunciar los abusos”, puntualizó la especialista.

Arévalo subrayó también que las mujeres víctimas de violencia obstétrica pueden acudir a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos para solicitar medidas de reparación y, en casos graves, presentar acciones de protección o acudir a instancias internacionales de derechos humanos.

Finalmente, hizo un llamado al Estado ecuatoriano a fortalecer las políticas públicas de salud con enfoque de género e interculturalidad, garantizando una atención digna, respetuosa y con pertinencia cultural en todos los niveles del sistema sanitario. “La prevención es la clave. Debemos trabajar desde la educación, la sensibilización y el respeto a las diversas cosmovisiones para erradicar la violencia obstétrica. Ninguna mujer debería temer acudir a un servicio de salud”, concluyó Arévalo.