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Fiscalización de transferencias a gobiernos seccionales y otras problemáticas nacionales

Publicado elamazonico elamazonico 3 min de lectura

En el espacio de noticias de Frente a Frente en Diario El Amazónico, el asambleísta Héctor Valladares expuso diversas problemáticas que afectan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país, haciendo énfasis en el incumplimiento de las transferencias que, por ley, el Estado ecuatoriano debe realizar mensualmente a estas entidades.

Durante una visita a Portoviejo, se constató que el Ministerio de Finanzas ha incumplido con la entrega de recursos a varias prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales. Se evidenció que mientras algunas prefecturas, como Tungurahua, han recibido las asignaciones hasta enero de este año, otras, como Guayas y Manabí—provincias en emergencia climática—no han recibido pagos desde noviembre de 2024.

Asimismo, la Prefectura de Zamora Chinchipe enfrenta una deuda de 21 millones de dólares, situación que se replica en otras prefecturas amazónicas, afectando la inversión en vialidad y atención de emergencias.

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El asambleísta Valladares resaltó que la ley estipula que el 15% de los ingresos permanentes del Estado debe transferirse mensualmente a los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales, y que el 5% de los ingresos no permanentes también debe distribuirse de manera equitativa. Sin embargo, se ha evidenciado una reducción ilegal y discrecional en estos valores, afectando el funcionamiento de los gobiernos locales. Ante esta situación, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha decidido iniciar un proceso investigativo y solicitar la comparecencia del ministro de Finanzas para que explique los motivos de estos incumplimientos.

El legislador también denunció la falta de transparencia en la adjudicación del campo petrolero Sacha, señalando que el consorcio que pretendía su concesión tiene vínculos con allegados al presidente de la República. Explicó que la Asamblea Nacional ha recibido pronunciamientos de expertos en el sector petrolero y que se busca exhortar al Ejecutivo y a la Corte Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de dicho acuerdo.

Además, Valladares expresó su preocupación sobre el accionar del actual gobierno, denunciando que se han observado patrones similares en otros casos, como el intento de apropiación de terrenos protegidos en Olón por parte de una empresa vinculada a la familia presidencial.

Asimismo, criticó la intención del Ejecutivo de introducir reformas constitucionales que, según sus declaraciones, vulnerarían derechos laborales y permitirían el ingreso de fuerzas extranjeras de seguridad.

En cuanto al ámbito político, el legislador destacó el pronunciamiento de la CONAIE y el movimiento Pachakutik, quienes han reafirmado su postura de no respaldar a sectores políticos de derecha, en su criterio, han afectado al Ecuador.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad del pueblo ecuatoriano, instando a dejar de lado diferencias ideológicas para afrontar la crisis multidimensional que atraviesa el país.

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