Caso Confourtable. Con ese nombre bautizó Fiscalía a una investigación por presunto cohecho abierta en 2024 en contra de dos juezas de la Corte Nacional de Justicia, Enma Tapia y Katerine Muñoz, por haber emitido un veredicto que permitió el cambio de carcél de Wilman Terán, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Metástasis.
Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, se encontraba recluido en la Cárcel 4 de Quito, pero fue llevado hasta La Roca, entonces la de máxima seguridad en Ecuador, por decisión del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
El caso tuvo el nombre de Confourtable, que hace referencia a la confortabilidad que recibiría Terán, porque se ordenó que tenga acceso a internet, salidas al patio, revisiones médicas, entre otros beneficios penitenciarios.
Y enfatizó que más bien el SNAI no empleó una defensa adecuada y no pudo sostener cuál era el motivo para trasladar a alias Diablo a La Roca, por lo que, en sus palabras, no les quedaba más opción que devolver a Terán a Quito.
El caso Confourtable está cerca de cumplir dos años, pero no se ha conocido ningún avance o tentativa para formular cargos.
La tarde del miércoles 29 de julio de 2026, Fiscalía informó que, en el marco de una investigación previa por presunto cohecho, “ejecutó varios allanamientos a inmuebles ubicados al norte de Quito, con el objetivo de recabar indicios”.
La diligencia se realizó en contra de tres jueces de la Corte Nacional de Justicia: Milton Velásquez, Patricio Secaira e Iván Larco. Ellos fueron los magistrados que integraron un Tribunal para resolver un recurso de casación en una controversia entre el Ministerio de Educación y la empresa china Railway.
Ambas partes tenían un contrato firmado en el gobierno de Rafael Correa para que la empresa china construya escuelas de milenio. Pero en 2018, el Ministerio de Educación decidió de forma unilateral terminar con el contrato.
Educación y la Procuraduría General del Estado apelaron esa decisión y el caso subió a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia, donde debía resolverse el recurso de casación, instancia donde solo se puede analizar la aplicación del derecho, mas no las pruebas que se ventilaron en instancias previas.
El Tribunal de casación tuvo como juez ponente a Milton Rodríguez. Completaron el tribunal Patricio Secaira e Iván Larco. Por unanimidad, el 14 de diciembre de 2023, los jueces aceptaron parcialmente el recurso de casación pretendido por el Ministerio de Educación, dejando el pago no en USD 67 millones, sino en USD 59 millones.
Juez Velásquez recibe apoyo
El propio juez Milton Velásquez reveló en un comunicado que Fiscalía le abrió una investigación por ese fallo en 2024, y le causó “extrañeza” que un allanamiento se realice dos años después, en julio de 2026, sobre todo porque aseguró que siempre ha colaborado con las autoridades. Resaltó que no participa ni ha participado en alguna trama de corrupción e invitó al público en general a revisar su sentencia.
El juez Milton Velásquez recibió el respaldo de abogados y letrados que lo han conocido, destacando su profesionalismo y trayectoria sin tacha.
La abogada Antonella Gil puso en discusión si el allanamiento nuevamente va en detrimento de la independencia judicial. “¿Los allanamientos pueden generar cuestionamientos? Sí. Pero entonces, entre las preguntas que deberían hacerse, están: ¿a qué presiones podrían no estar cediendo los jueces? (…) De los doctores Milton Velásquez, Patricio Secaira e Iván Larco he tenido la oportunidad de aprender al compartir en espacios académicos. Toda mi solidaridad y apoyo. Confío en su trabajo porque lo conozco y porque en el ejercicio diario de mi profesión, leo sus sentencias”.
“Inaudito lo que ocurre en el país. Mi solidaridad con usted, doctor Velásquez. Ojalá se aclare lo antes posible este asunto y los operadores de la justicia penal, se centren -de una buena vez- en los que deben”, comentó la abogada y docente María Paulina Araujo.
“No es época para ‘poner las manos en el fuego’ por alguien, pero Milton Velásquez es de aquellas personas en las que puede confiar en su honestidad, espero que se aclare pronto todo esto”, comentó el jurista Farith Simon.
¿Por qué se investiga a los tres jueces?
El motivo de la investigación quedó claro: la sentencia de Milton Velásquez y compañía supuestamente perjudicó al Estado ecuatoriano al ordenar el pago de USD 59 millones a la empresa china. Al hablar de cohecho, se presume que habría un soborno de por medio.
Fiscalía agregó en julio 2026 que la noticia del delito tiene como antecedente el testimonio anticipado de Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura, sentenciado en 2024 en el caso Plaga.
Para tener una pena de cárcel menor (ya la cumplió en 2025), Hernández dio un testimonio anticipado en el que salpicó a varios jueces de estar inmiscuidos en casos de corrupción, entre ellos Iván Saquicela y Felipe Córdova, quienes desestimaron las acusaciones.
Hernández también contó que por versiones de terceros conoció que supuestamente hubo conversaciones con Velásquez para que convoque a la audiencia de casación.
En todo este contexto, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, lanzó una advertencia a los jueces: “O se enderezan y se corrigen, o van a terminar presos”.
