Nacionales
Fiscalía se pronunció ante informe de la Judicatura sobre Diana Salazar
La Fiscalía General del Estado se refirió al informe elaborado por el Consejo de la Judicatura. En el documento -dice la entidad- “el subdirector de Control Jurídico pretende que la Judicatura se arrogue funciones y suspenda a la máxima autoridad”.
La información se difundió este lunes, 29 de mayo de 2023, a través de su cuenta de Twitter. En ese espacio también se explica que el informe es elaborado de forma “maliciosa” y “sin sustento legal”.
Diana Salazar, fiscal general, también se pronunció sobre el tema. Recordó que “la Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura”.
Y señaló que “este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía. Ya expliqué para qué. Actuaré con toda contundencia”.
La Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. Este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía. Ya expliqué para qué. Actuaré con toda contundencia. https://t.co/gfGl3CQ8sx
— Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) May 30, 2023
Según el medio Ecuavisa, en el informe de la Subcomisión de Control Disciplinario de la Judicatura se recomienda emitir la medida preventiva de suspensión en contra de Salazar con tres meses sin sueldo y un sumario administrativo que pueda concluir en su destitución. La sesión del Consejo estaba programada para este lunes, a las 19:40.
El Colectivo Acción Jurídica Popular alega que supuestamente la fiscal habría plagiado su tesis de grado.
¿Qué dice la norma?
En la Constitución de la República, en el artículo 194, se aclara que la Fiscalía es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera.
En el mismo cuerpo legal, en su artículo 131, se habla sobre si se prevé un enjuiciamiento a la Fiscal. «La Asamblea Nacional podrá proceder con el enjuiciamiento, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras y ministros de Estado» y máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado, Contraloría, Fiscalía, etc.
¿Qué dicen los abogados sobre este tema?
Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, explicó que el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para suspender temporalmente ni destituir a la Fiscal General del Estado. Sólo la Asamblea Nacional tiene la facultad de enjuiciarla políticamente, a través del artículo 131, en donde se habla sobre las funciones del Legislativo. De hecho, para la censura y destitución se requiere la mayoría absoluta.
Muñoz, incluso, señaló que «el informe (elaborado por la Judicatura) es ilegal e inconstitucional«, porque se están arrogando funciones que no les corresponden. Sí pueden sancionar a otros funcionarios de menor rango, incluidos, notarios, fiscales y demás.
Rubén Aguirre, abogado y especialista en derecho civil, confirma en que sólo la Asamblea podría ejercer alguna sanción contra la Fiscal General. «En las leyes se dice claramente que la Fiscal no puede ser sancionada por el Consejo de la Judicatura. Es un hecho forzado el que están realizando. La Fiscal sólo podría ser sancionada por la Asamblea y, mediante juicio político, ser destituida. Sin embargo -recordó- este momento estamos sin Legislativo».
Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, también se pronunció sobre el tema. Dijo que «Llamo a respetar institucionalidad de la Función Judicial por la que siempre lucho.El @CJudicaturaEc no puede suspender ni sumariar a la Fiscal General @FiscaliaEcuador Hace un año hubo otro atropello, mi suspensión de funciones.El respeto al poder judicial no se cede ni negocia!».
Llamo a respetar institucionalidad de la Función Judicial por la que siempre lucho.El @CJudicaturaEc no puede suspender ni sumariar a la Fiscal General @FiscaliaEcuador Hace un año hubo otro atropello, mi suspensión de funciones.El respeto al poder judicial no se cede ni negocia!
— Iván Saquicela Rodas :. (@ivansaquicela) May 30, 2023
Nacionales
Cómo el expolicía que filtró información del caso León de Troya asesoró al correísmo para frenar el caso Villavicencio
La investigación sobre los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ha entrado en una fase judicial decisiva.
Finalmente, para este viernes 5 de junio de 2026 está convocada la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, en la cual se revisarán las pruebas recogidas por la Fiscalía y se decidirá quiénes van a juicio por ordenar el asesinato de Villavicencio, el 9 agosto de 2023, en Quito.
José Serrano, exministro del Interior del correísmo; Ronny Aleaga, exasambleísta del movimiento Revolución Ciudadana; Xavier Jordán, y Daniel Salcedo, vinculado a casos de corrupción y crimen organizado, son los procesados por ese caso.
En medio de esta coyuntura, el miércoles 3 de junio de 2026, rindió su testimonio anticipado Rodney Rengel, el expolicía que se dio a conocer como investigador del caso León de Troya, el cual rastreaba supuestos nexos de personas cercanas al Gobierno de Guillermo Lasso con el crimen organizado. Aquella investigación había sido archivada inicialmente.
Sin embargo, el caso León de Troya volvió al centro del debate público tras la filtración del informe policial. La crisis política que desencadenó llevó a que, en mayo de 2023, el entonces presidente Lasso decretara la muerte cruzada, una decisión que puso fin a su mandato de forma anticipada y dio paso a elecciones extraordinarias (en ellas, Villavicencio participó como candidato hasta su asesinato).
El arresto de Rengel y las filtraciones
El 18 de diciembre de 2025, Rodney Rengel fue retenido y procesado penalmente por el delito de difusión de información de circulación restringida. No recibió prisión preventiva; salió libre.
Rengel fue procesado por la investigación que presume su responsabilidad en la filtración del expediente reservado del caso León de Troya.
Las autoridades policiales y judiciales investigan si Rengel extrajo y entregó de manera ilegal dicho informe reservado a Andersson Boscán de La Posta, a quien el expolicía tenía registrado en sus comunicaciones bajo el alias de ‘Amigo Bryan’.
Durante el operativo de retención de Rengel, los agentes incautaron tres dispositivos móviles, incluyendo equipos de marcas Infinix y Samsung, junto con un iPhone 16 que el propio expolicía entregó voluntariamente.
La explotación forense de estos terminales telefónicos reveló que el exoficial no solo filtraba documentos, sino que supuestamente formaba parte de una red dedicada a comercializar datos sensibles.
Nexos políticos y el caso Magnicidio FV
La extracción de datos de los teléfonos incautados evidenció un plan estructurado para supuestamente entorpecer y desvirtuar la investigación de la Fiscalía sobre el asesinato de Fernando Villavicencio.
Las pericias demostraron que Rengel utilizaba en WhatsApp el alias de ‘Julián’ y que se comunicaba a través de correo electrónico con la cuenta uctcirodney@gmail.com.
En su libreta de contactos mantenía una vía de comunicación directa con el exasambleísta prófugo Ronny Aleaga, uno de los procesados como presunto autor intelectual del asesinato de Villavicencio, a quien tenía guardado bajo la identidad falsa de ‘Roberto Arce’.
Asimismo, la información extraída ratificó que Rengel realizó un viaje hacia Venezuela con el propósito exclusivo de mantener reuniones presenciales con Aleaga.
El hallazgo más contundente fue la recuperación de grabaciones clandestinas identificadas como «Nueva grabación 39» y «40», en las que se registra una reunión del buró de la Revolución Ciudadana (RC).
En esa cita interactuaron el expresidente Rafael Correa, Ronny Aleaga, Freddy Carrión, Priscila Schettini, Suad Manssur, Patricio Pacheco, Juan Andrés González y el propio Rengel. Una pericia de cotejamiento de voces ratificó la participación de todos los personajes.
Además, en el expediente se agregaron fotografías de Rengel junto a Rafael Correa y junto a José Serrano, lo que llevó a los investigadores a concluir contactos presenciales con los dos políticos.
La transcripción detalla cómo los participantes planificaban la generación de una campaña en redes sociales como un mecanismo de defensa para deslegitimar el avance de las investigaciones del caso Magnicidio FV, que involucra a figuras como Aleaga y al exministro Serrano.
En los audios, los interlocutores decían que el caso de Villavicencio era un falso positivo armado por la exfiscal Diana Salazar y destacaban que Rengel, gracias a su experiencia policial, era la pieza perfecta para ayudarles a estructurar la defensa.
Como parte de esta estrategia, Rengel habría inventado una narrativa falsa relacionada con el informe policial del caso Acrópolis, que involucra a la célula de Los Lobos que fue sentenciada como parte de los autores materiales del asesinato de Villavicencio.
El expolicía entregó a miembros del correísmo un reporte afirmando que existían escuchas telefónicas que advertían sobre el atentado contra Villavicencio en el colegio Anderson, intentando culpar a la Policía de negligencia.
Sin embargo, el investigador original del caso Acrópolis, en una versión por el caso Magnicidio FV, desmintió la existencia de dichas escuchas.
En su último testimonio, Rengel habría confesado que la información del caso Acrópolis se la dieron solo verbalmente, que nunca verificó los datos y que mintió para ganar protagonismo (y ‘confianza’) con la gente de Revolución Ciudadana. Fuente: Primicias
Nacionales
Confirman que los ocho cuerpos hallados en la vía Jujan-Babahoyo corresponden a jóvenes desaparecidos de Daule
Los ocho cuerpos encontrados este 3 de junio en un sector de la vía Jujan-Babahoyo fueron identificados como los jóvenes que permanecían desaparecidos desde finales de mayo, según confirmaron sus familiares tras las diligencias realizadas por las autoridades.

La identificación se efectuó en el Laboratorio de Criminalística de Guayaquil, ciudad a la que fueron trasladados los cadáveres luego de su hallazgo en el sector Las Cañitas, ubicado entre las provincias de Guayas y Los Ríos.
Los jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde el 31 de mayo de 2026, fecha en la que salieron desde Daule con destino a Milagro.
Inicialmente, la Fiscalía General del Estado informó que investigaba si los cuerpos encontrados correspondían a los jóvenes desaparecidos y señaló que, junto con la Policía Nacional, se ejecutaron las labores de levantamiento de indicios y procesamiento de la escena.

Crisis de violencia
Antes de que se confirmara la identidad de las víctimas, familiares y allegados protagonizaron jornadas de protesta para exigir avances en la búsqueda y una respuesta de las autoridades sobre el paradero de los jóvenes.
Las manifestaciones se desarrollaron mientras continuaban las labores de rastreo e investigación para determinar qué ocurrió durante el trayecto entre Daule y Milagro.
El caso ocurre en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, país que se encuentra bajo una declaratoria de conflicto armado interno desde inicios de 2024, en cuyo marco el presidente Daniel Noboa calificó como organizaciones terroristas a una veintena de grupos de delincuencia organizada.

Pese a esas acciones, la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos del país. Según cifras oficiales, Ecuador cerró 2025 con alrededor de 9.300 homicidios, el registro anual más alto reportado hasta ahora. Fuente: Vistazo
Nacionales
Estos son los otros siete detenidos en el caso que involucra al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís
Ocho personas fueron detenidas este 3 de junio de 2026, dentro de una investigación por el presunto delito de lavado de activos, que se centra en el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís. Los procesados fueron trasladados hasta Quito, en donde enfrentarán la audiencia de formulación de cargos en las próximas horas.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, esta presunta estructura de corrupción habría operado atrás de una aparente fachada de legalidad, obteniendo entre USD 15 millones y USD 17 millones de origen presuntamente ilícito.
Aunque aún no se conocen los detalles de la investigación, la autoridad adelantó que hay informes de la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) que respaldan la investigación y apuntan a relaciones del alcalde de Esmeraldas.

Los ocho hombres detenidos en los operativos de este miércoles han trabajado en distintas instituciones en la provincia de Esmeraldas. Ellos son:
- Vicko Villacis Tenorio, alcalde de Esmeraldas desde 2023 por Revolución Ciudadana.
- Luis Reyna Tenorio, hermano del alcalde de Esmeraldas y exadministrador de la Unidad de Negocio Esmeraldas de la empresa pública CNEL.
- Luis Lastre Castillo, funcionario del Ministerio de Vivienda en Esmeraldas, y exfuncionario de la Empresa de Transporte del cantón Esmeraldas.
- Carol Lemos Hurtado, funcionaria del Municipio de Esmeraldas.
- Diego Montaño Tenorio, exayudante en la Unidad Judicial de Atacames.
- Jonathan Monte Bagui, exfuncionario del Consejo de la Judicatura en Esmeraldas.
- Kleber Salcedo Tomalá, exjuez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Atacames, suspendido temporalmente en 2025 por irregularidades dentro de una causa.
- Jorge Pinos Galindo, juez de Sucumbíos, que fue en 2022 juez temporal de la Unidad Judicial Multicompetente en Atacames
El vínculo empresarial
Según el ministro Reimberg, una parte de la investigación se concentra en la empresa Reypezpacific S.A., que según la Superintendencia de Compañías es una firma dedicada a la comercialización, distribución, compra venta exportación de toda clase de productos pescado, crustáceos y moluscos.
Esta empresa actualmente está en proceso de disolución desde 2025, por no haber presentado su información económica a la Superintendencia desde 2020. Sus accionistas son Vicko Villacís y el esposo de su madre, Luis R. G.; mientras que el gerente es Luis Reyna, hermano del alcalde y también detenido.
En declaraciones a los medios, el ministro Reimberg señaló que esta empresa tendría vínculos con Pezymar Export S.A., una empresa que es procesada por lavado de activos y que estaría «relacionada directamente» con Flavio Leonardo Briones Chiquito, alias ‘Mexicano’.
Este último hombre, alias ‘Mexicano’ fue asesinado en Manta en 2025 y ha sido identificado como presunto financista de la banda criminal Los Lobos.
Los hermanos Villacís y Reyna también son socios en la empresa Reygrouph, que se dedica a actividades relacionadas con la limpieza, y también está en disolución. Fuente: Primicias
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