Nacionales
Fiscalía se pronunció ante informe de la Judicatura sobre Diana Salazar
La Fiscalía General del Estado se refirió al informe elaborado por el Consejo de la Judicatura. En el documento -dice la entidad- “el subdirector de Control Jurídico pretende que la Judicatura se arrogue funciones y suspenda a la máxima autoridad”.
La información se difundió este lunes, 29 de mayo de 2023, a través de su cuenta de Twitter. En ese espacio también se explica que el informe es elaborado de forma “maliciosa” y “sin sustento legal”.
Diana Salazar, fiscal general, también se pronunció sobre el tema. Recordó que “la Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura”.
Y señaló que “este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía. Ya expliqué para qué. Actuaré con toda contundencia”.
La Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. Este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía. Ya expliqué para qué. Actuaré con toda contundencia. https://t.co/gfGl3CQ8sx
— Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) May 30, 2023
Según el medio Ecuavisa, en el informe de la Subcomisión de Control Disciplinario de la Judicatura se recomienda emitir la medida preventiva de suspensión en contra de Salazar con tres meses sin sueldo y un sumario administrativo que pueda concluir en su destitución. La sesión del Consejo estaba programada para este lunes, a las 19:40.
El Colectivo Acción Jurídica Popular alega que supuestamente la fiscal habría plagiado su tesis de grado.
¿Qué dice la norma?
En la Constitución de la República, en el artículo 194, se aclara que la Fiscalía es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera.
En el mismo cuerpo legal, en su artículo 131, se habla sobre si se prevé un enjuiciamiento a la Fiscal. «La Asamblea Nacional podrá proceder con el enjuiciamiento, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras y ministros de Estado» y máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado, Contraloría, Fiscalía, etc.
¿Qué dicen los abogados sobre este tema?
Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, explicó que el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para suspender temporalmente ni destituir a la Fiscal General del Estado. Sólo la Asamblea Nacional tiene la facultad de enjuiciarla políticamente, a través del artículo 131, en donde se habla sobre las funciones del Legislativo. De hecho, para la censura y destitución se requiere la mayoría absoluta.
Muñoz, incluso, señaló que «el informe (elaborado por la Judicatura) es ilegal e inconstitucional«, porque se están arrogando funciones que no les corresponden. Sí pueden sancionar a otros funcionarios de menor rango, incluidos, notarios, fiscales y demás.
Rubén Aguirre, abogado y especialista en derecho civil, confirma en que sólo la Asamblea podría ejercer alguna sanción contra la Fiscal General. «En las leyes se dice claramente que la Fiscal no puede ser sancionada por el Consejo de la Judicatura. Es un hecho forzado el que están realizando. La Fiscal sólo podría ser sancionada por la Asamblea y, mediante juicio político, ser destituida. Sin embargo -recordó- este momento estamos sin Legislativo».
Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, también se pronunció sobre el tema. Dijo que «Llamo a respetar institucionalidad de la Función Judicial por la que siempre lucho.El @CJudicaturaEc no puede suspender ni sumariar a la Fiscal General @FiscaliaEcuador Hace un año hubo otro atropello, mi suspensión de funciones.El respeto al poder judicial no se cede ni negocia!».
Llamo a respetar institucionalidad de la Función Judicial por la que siempre lucho.El @CJudicaturaEc no puede suspender ni sumariar a la Fiscal General @FiscaliaEcuador Hace un año hubo otro atropello, mi suspensión de funciones.El respeto al poder judicial no se cede ni negocia!
— Iván Saquicela Rodas :. (@ivansaquicela) May 30, 2023
El abogado Ramiro García, defensor del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció este 23 de marzo de 2026 problemas de comunicación con el Centro de Privación de Libertad Santa Elena. A través de su cuenta en X, afirmó que no han podido coordinar visitas con sus defendidos. Según indicó, esta situación ocurre pese a tener diligencias judiciales programadas en los próximos días.
García explicó que desde el día anterior han intentado enviar correos electrónicos a las direcciones proporcionadas por el centro penitenciario. Sin embargo, aseguró que todos los mensajes “rebotan” y no existe respuesta institucional. Esto ha impedido fijar un horario específico para reuniones legales urgentes.
El jurista advirtió que esta falta de comunicación afecta directamente el ejercicio del derecho a la defensa. En su pronunciamiento, sostuvo que no existe otra vía efectiva de contacto con el centro. La situación, dijo, los deja nuevamente en un escenario de indefensión frente al proceso.
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En su mensaje, García fue enfático al señalar: “No hay manera de comunicarse con el centro de privación de libertad Santa Elena”. La declaración refleja la preocupación de la defensa ante la imposibilidad de coordinar encuentros previos a audiencias. Estas reuniones son clave para preparar estrategias legales.
Además, detalló que “hemos tratado de enviar de diferentes correos a los correos que se nos han proporcionado oportunamente”. Pese a estos intentos, reiteró que todos los mensajes enviados han sido rechazados. Esto evidencia, según su versión, una falla persistente en los canales oficiales.
El abogado también subrayó que en esta semana existen varias diligencias pendientes, incluyendo una audiencia próxima. Según García, la imposibilidad de reunirse con sus defendidos limita la preparación adecuada del caso. Esto podría incidir en el desarrollo del proceso judicial relacionado con el denominado caso Triple A.
Pedido urgente a autoridades por derecho a la defensa
Ante este escenario, García hizo un llamado directo a las autoridades competentes. Solicitó que se tomen medidas inmediatas para restablecer los canales de comunicación. El objetivo, indicó, es garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del derecho a la defensa.
“Por favor, a las autoridades solicitamos poner cartas en el asunto”, expresó el abogado en su publicación. La petición busca que se habiliten mecanismos efectivos para coordinar visitas legales. Esto permitiría cumplir con las diligencias previstas sin mayores contratiempos. Fuente: Expreso.ec
Nacionales
Unidad Popular y Construye cuestionan informe del CNE que busca cancelarlos por ‘no cumplir mínimo de afiliados’
El Consejo Nacional Electoral (CNE) difundió informes técnico-jurídicos que recomiendan iniciar el proceso de cancelación de dos organizaciones políticas por no cumplir con el mínimo de afiliados o adherentes permanentes: Unidad Popular y el movimiento Construye.
Según el organismo electoral, la medida se basa en el artículo 327, numeral 7 del Código de la Democracia, que establece la cancelación cuando el número de afiliados cae por debajo del 50% requerido para mantenerse en el registro oficial de organizaciones políticas.
En su comunicado, el CNE detalló que los informes recomiendan el inicio del procedimiento administrativo contra ambas agrupaciones.
Intentos fallidos en el pleno del CNE
La primera sesión para aprobar el informe sobre la cancelación de los partidos se realizó el 20 de marzo, pero no alcanzó los votos necesarios. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero José Merino votaron a favor, mientras que Elena Nájera se abstuvo.
Ese mismo día, en una segunda convocatoria virtual, no hubo quórum en el pleno, ya que únicamente se conectaron Atamaint y Merino. Una nueva sesión convocada el domingo también fue cancelada.
Movilización de Unidad Popular
Este lunes 23 de marzo, militantes de Unidad Popular se movilizaron en rechazo al proceso impulsado por el CNE. Su director, Geovanny Atarihuana, acudió al organismo electoral junto a simpatizantes para solicitar la certificación de la base de datos de afiliaciones y desafiliaciones.
La organización pidió archivar el informe, al que calificó como “fraudulento”, y aseguró que el documento no ha sido aprobado por el pleno ni tiene sustento legal. Además, denunció la supuesta invalidación de cerca de 175.000 afiliados, a quienes califican como “afiliados desaparecidos”.
Unidad Popular advirtió que, de avanzar el proceso, acudirá al Tribunal Contencioso Electoral para ejercer su defensa.
Construye denuncia persecución política
Por su parte, el movimiento Construye emitió un pronunciamiento en el que cuestiona la actuación del CNE y del Gobierno. La organización sostiene que enfrenta una “arremetida” desde hace más de dos años y acusa al Ejecutivo de intentar su “extinción política”.
«El gobierno atacó a dirigentes y asambleístas, y utilizó el CNE —con Diana Atamaint a la cabeza— para intentar nuestra extinción política. Mientras unos asambleístas fueron intimidados, otros fueron cooptados con prebendas y pasaron a engrosar sus filas», apuntó Construye.
En su comunicado, también señala que existe un modelo de autoritarismo en el país, con falta de independencia de poderes, corrupción estructural y persecución a actores políticos, periodistas y organizaciones sociales.
Por último, Construye afirmó que se pronunciará oficialmente una vez que sea notificado formalmente y anticipó que ejercerá su derecho a la defensa. Fuente: Vistazo
En la mañana del lunes 23 de marzo, un avión Hércules del Ejército colombiano se estrelló en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. La aeronave transportaba a 110 soldados de la fuerza pública, pertenecientes al Batallón de Selva 49, quienes se dirigían hacia el municipio de Puerto Asís.
El accidente ocurrió alrededor de las 09:00, cuando el avión intentaba despegar de la pista. Las primeras versiones indican que la aeronave colisionó en el momento del despegue, provocando un siniestro de gran magnitud.
Ministro de Defensa de Colombia confirma el hecho
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó la tragedia a través de una publicación en su cuenta de X. En su mensaje expresó: “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”.
El alto funcionario añadió que se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, además de la investigación correspondiente. También pidió evitar especulaciones hasta contar con información oficial.
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Rescate y atención médica
De manera preliminar, se conoce que 20 uniformados fueron rescatados con vida y trasladados de urgencia a la ciudad de Florencia, en el departamento de Caquetá, para recibir atención médica especializada.
Las autoridades continúan trabajando en el lugar del accidente para identificar el número total de víctimas y brindar asistencia a los sobrevivientes. El Ejército confirmó que unidades militares y equipos de emergencia se encuentran desplegados en la zona para apoyar las labores de rescate. Fuente: Expreso.ec
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