Nacionales
Fiscalía se pronunció ante informe de la Judicatura sobre Diana Salazar
La Fiscalía General del Estado se refirió al informe elaborado por el Consejo de la Judicatura. En el documento -dice la entidad- “el subdirector de Control Jurídico pretende que la Judicatura se arrogue funciones y suspenda a la máxima autoridad”.
La información se difundió este lunes, 29 de mayo de 2023, a través de su cuenta de Twitter. En ese espacio también se explica que el informe es elaborado de forma “maliciosa” y “sin sustento legal”.
Diana Salazar, fiscal general, también se pronunció sobre el tema. Recordó que “la Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura”.
Y señaló que “este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía. Ya expliqué para qué. Actuaré con toda contundencia”.
La Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. Este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía. Ya expliqué para qué. Actuaré con toda contundencia. https://t.co/gfGl3CQ8sx
— Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) May 30, 2023
Según el medio Ecuavisa, en el informe de la Subcomisión de Control Disciplinario de la Judicatura se recomienda emitir la medida preventiva de suspensión en contra de Salazar con tres meses sin sueldo y un sumario administrativo que pueda concluir en su destitución. La sesión del Consejo estaba programada para este lunes, a las 19:40.
El Colectivo Acción Jurídica Popular alega que supuestamente la fiscal habría plagiado su tesis de grado.
¿Qué dice la norma?
En la Constitución de la República, en el artículo 194, se aclara que la Fiscalía es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera.
En el mismo cuerpo legal, en su artículo 131, se habla sobre si se prevé un enjuiciamiento a la Fiscal. «La Asamblea Nacional podrá proceder con el enjuiciamiento, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras y ministros de Estado» y máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado, Contraloría, Fiscalía, etc.
¿Qué dicen los abogados sobre este tema?
Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, explicó que el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para suspender temporalmente ni destituir a la Fiscal General del Estado. Sólo la Asamblea Nacional tiene la facultad de enjuiciarla políticamente, a través del artículo 131, en donde se habla sobre las funciones del Legislativo. De hecho, para la censura y destitución se requiere la mayoría absoluta.
Muñoz, incluso, señaló que «el informe (elaborado por la Judicatura) es ilegal e inconstitucional«, porque se están arrogando funciones que no les corresponden. Sí pueden sancionar a otros funcionarios de menor rango, incluidos, notarios, fiscales y demás.
Rubén Aguirre, abogado y especialista en derecho civil, confirma en que sólo la Asamblea podría ejercer alguna sanción contra la Fiscal General. «En las leyes se dice claramente que la Fiscal no puede ser sancionada por el Consejo de la Judicatura. Es un hecho forzado el que están realizando. La Fiscal sólo podría ser sancionada por la Asamblea y, mediante juicio político, ser destituida. Sin embargo -recordó- este momento estamos sin Legislativo».
Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, también se pronunció sobre el tema. Dijo que «Llamo a respetar institucionalidad de la Función Judicial por la que siempre lucho.El @CJudicaturaEc no puede suspender ni sumariar a la Fiscal General @FiscaliaEcuador Hace un año hubo otro atropello, mi suspensión de funciones.El respeto al poder judicial no se cede ni negocia!».
Llamo a respetar institucionalidad de la Función Judicial por la que siempre lucho.El @CJudicaturaEc no puede suspender ni sumariar a la Fiscal General @FiscaliaEcuador Hace un año hubo otro atropello, mi suspensión de funciones.El respeto al poder judicial no se cede ni negocia!
— Iván Saquicela Rodas :. (@ivansaquicela) May 30, 2023
Nacionales
Quito es la ciudad con más personas desaparecidas en Ecuador en 2026
Quito concentra la mayor cantidad de denuncias por desapariciones del país con 940 casos hasta julio de 2026, según las cifras del Ministerio del Interior. Le siguen Guayaquil y Cuenca en el listado nacional.
Top 5 de las desapariciones por ciudades
| Ciudad | Número |
| Quito | 940 |
| Guayaquil | 795 |
| Cuenca | 173 |
| Machala | 128 |
| Durán | 80 |
Lo mismo señala la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) en su último reporte. De las 4 507 desapariciones reportadas en Ecuador este año, un 20,86% corresponde a Quito y suman 940. En una entrevista con Ecuavisa.com, Lidia Rueda, activista de Asfadec, afirma que la situación que afronta la capital es muy preocupante.
A su juicio, es el resultado del despunte de la criminalidad en el país y, obviamente, Quito es parte de ese círculo de violencia. Otro factor es la presencia de sustancias como la escopolamina, lo cual provoca que la gente pierda el sentido y no vuelva con sus familias. “Por eso es que a muchos los encontramos muertos”.
Transcurrieron más de 100 días y fue localizado en una zona rural de Nariño, informó su esposa, Maricela Muriel, a Ecuavisa.com. ¿Cómo lo hallaron? Un hombre identificado como Pedro, quien había sido vecino de la familia y conocido de un antiguo trabajo de hace aproximadamente 20 años, pasó por coincidencia en el lugar donde Freddy se encontraba y lo reconoció.
La familia lo encontró muy delgado, cansado, sucio y con la ropa que había recibido durante los días que permaneció en Colombia. La familia sospecha que pudo haber ocurrido algo que afectó su memoria y no descarta que haya sido víctima de alguna sustancia como escopolamina.
Lo único que recuerda el colombiano es que subió a un bus en Tabacundo. Allí se encontró con un hombre que lo saludó, lo abrazó y comenzó a conversar amablemente con él. Después de ese momento, asegura no recordar qué ocurrió ni cómo terminó en su país…
Fallecidos y localizados
Otro tema que preocupa es la cantidad de fallecidos tras las desapariciones, que suman 55 en la capital. Uno de esos casos es el de la estudiante politécnica Nathaly Mafla, cuyo cadáver fue hallado en una quebrada del barrio La Vicentina, el pasado 9 de junio.
| Personas | Número |
| Encontradas | 842 |
| Fallecidas | 55 |
| Desaparecidas | 43 |
| Total | 940 |
En este contexto, Rueda afirma que es preocupante el número de mujeres desaparecidas que ha superado al índice de varones. Asimismo, Investoria, una organización sin fines de lucro enfocada en promover el desarrollo sostenible, la justicia social y la equidad, hizo un cálculo de las cifras oficiales y señaló que, de las 940 desapariciones reportadas en la capital, un 52,34 % corresponde a mujeres y 47,7 % a hombres.
| Distrito | Número |
| Eugenio Espejo | 180 |
| Eloy Alfaro | 177 |
| Quitumbe | 172 |
Nacionales
Hallan en Colimes la camioneta implicada en el atropello mortal de Mónica Martinich
Una camioneta RAM presuntamente implicada en el atropello que causó la muerte de Mónica Martinich fue localizada en el cantón Colimes, provincia del Guayas.
Según información preliminar, el conductor no se encontraba en el lugar y todavía no ha sido localizado
Mónica entrenaba para la Maratón de Chicago
El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 4 de septiembre de 2026, en la vía a Samborondón. Mónica Martinich, de 38 años, entrenaba junto con otros corredores cuando fue impactada por una camioneta que circulaba a alta velocidad.
Tras el atropello, el conductor continuó su recorrido y huyó, mientras que los demás integrantes del grupo resultaron ilesos.
El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, expresó su indignación por lo ocurrido y dispuso que la Agencia de Tránsito y Vigilancia del cantón entregue a las autoridades todas las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad para contribuir a la identificación del responsable.
Nacionales
Delincuencia organizada: desafíos para juzgar el crimen y combatir la corrupción
El miércoles 2 de septiembre en el programa de la “Tertulia Jurídica”, se analizó el tema “Delincuencia organizada: los desafíos de juzgar el crimen y combatir la corrupción”, con la participación del jurista y conferencista Carlos Serrano Lucero, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y exjuez de un tribunal especializado en casos de corrupción y crimen organizado entre 2022 y 2026. Actualmente se desempeña como experto independiente en estas materias.
Durante el programa, Serrano explicó las diferencias entre delincuencia común, codelincuencia y delincuencia organizada, esta última entendida como una estructura criminal con roles definidos y capacidad para desarrollar actividades como sicariato, tráfico de drogas, extorsión, minería ilegal y lavado de activos.
El jurista señaló que el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) exige acreditar elementos como la existencia de un grupo estructurado de dos o más personas, acuerdo o concertación, permanencia o reiteración, finalidad de cometer delitos con penas superiores a cinco años y un objetivo de beneficio económico.
También destacó que las investigaciones pueden extenderse entre ocho meses y un año, debido a la necesidad de identificar estructuras, roles y evidencias mediante herramientas como interceptaciones de comunicaciones, vigilancias, seguimientos y análisis de dispositivos, siempre bajo autorización judicial.
Serrano advirtió, además, sobre la importancia de equilibrar la lucha contra el crimen organizado con la protección de derechos fundamentales, particularmente la intimidad, privacidad y debido proceso. Finalmente, recordó que se trata de un fenómeno transnacional y destacó la importancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en el año 2000.
El análisis planteó la necesidad de fortalecer la investigación especializada y la cooperación internacional, sin debilitar las garantías que sustentan el Estado de derecho.
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