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Fiscalía se pronunció ante informe de la Judicatura sobre Diana Salazar

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La Fiscalía General del Estado se refirió al informe elaborado por el Consejo de la Judicatura. En el documento -dice la entidad- “el subdirector de Control Jurídico pretende que la Judicatura se arrogue funciones y suspenda a la máxima autoridad”.

La información se difundió este lunes, 29 de mayo de 2023, a través de su cuenta de Twitter. En ese espacio también se explica que el informe es elaborado de forma “maliciosa” y “sin sustento legal”. 

Diana Salazar, fiscal general, también se pronunció sobre el tema. Recordó que “la Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura”.

Y señaló que “este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía. Ya expliqué para qué. Actuaré con toda contundencia”.

Según el medio Ecuavisa, en el informe de la Subcomisión de Control Disciplinario de la Judicatura se recomienda emitir la medida preventiva de suspensión en contra de Salazar con tres meses sin sueldo y un sumario administrativo que pueda concluir en su destitución. La sesión del Consejo estaba programada para este lunes, a las 19:40.

El Colectivo Acción Jurídica Popular alega que supuestamente la fiscal habría plagiado su tesis de grado.

¿Qué dice la norma?

En la Constitución de la República, en el artículo 194, se aclara que la Fiscalía es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera.

En el mismo cuerpo legal, en su artículo 131, se habla sobre si se prevé un enjuiciamiento a la Fiscal. «La Asamblea Nacional podrá proceder con el enjuiciamiento, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras y ministros de Estado» y máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado, Contraloría, Fiscalía, etc.

¿Qué dicen los abogados sobre este tema?

Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, explicó que el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para suspender temporalmente ni destituir a la Fiscal General del Estado. Sólo la Asamblea Nacional tiene la facultad de enjuiciarla políticamente, a través del artículo 131, en donde se habla sobre las funciones del Legislativo. De hecho, para la censura y destitución se requiere la mayoría absoluta.

Muñoz, incluso, señaló que «el informe (elaborado por la Judicatura) es ilegal e inconstitucional«, porque se están arrogando funciones que no les corresponden. Sí pueden sancionar a otros funcionarios de menor rango, incluidos, notarios, fiscales y demás.

Rubén Aguirre, abogado y especialista en derecho civil, confirma en que sólo la Asamblea podría ejercer alguna sanción contra la Fiscal General. «En las leyes se dice claramente que la Fiscal no puede ser sancionada por el Consejo de la Judicatura. Es un hecho forzado el que están realizando. La Fiscal sólo podría ser sancionada por la Asamblea y, mediante juicio político, ser destituida. Sin embargo -recordó- este momento estamos sin Legislativo».

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, también se pronunció sobre el tema. Dijo que «Llamo a respetar institucionalidad de la Función Judicial por la que siempre lucho.El @CJudicaturaEc no puede suspender ni sumariar a la Fiscal General @FiscaliaEcuador Hace un año hubo otro atropello, mi suspensión de funciones.El respeto al poder judicial no se cede ni negocia!».

 

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Última hora: Reportan la detención de Xavier Jordán en Miami, Estados Unidos

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Xavier Jordán habría sido detenido en Miami, Estados Unidos, según reportes difundidos este miércoles 16 de septiembre de 2026. En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que el empresario ecuatoriano es intervenido por agentes de ICE.

La información todavía está en desarrollo y no se ha precisado qué agencia estadounidense ejecutó el procedimiento ni bajo qué figura jurídica se produjo la detención.

Jordán es procesado en Ecuador por su presunta participación en el caso Magnicidio FV, que investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La Fiscalía ha señalado elementos que apuntarían a su presunta participación como autor mediato del crimen.

Tiene prisión preventiva en Ecuador

El Tribunal Penal del caso Magnicidio Fernando Villavicencio ratificó el 29 de junio de 2026 la prisión preventiva contra Jordán, junto con otros procesados, después de rechazar los recursos presentados por sus defensas.

Además, Jordán enfrenta un proceso dentro del caso Metástasis, por presunta delincuencia organizada. En julio de 2026, la Corte Nacional de Justicia formalizó el pedido de extradición desde Estados Unidos para que comparezca ante la justicia ecuatoriana.

¿Qué ocurrió en Miami?

Jordán permanece en Estados Unidos desde 2020. En octubre de 2025, agentes federales allanaron su residencia en Miami como parte de un operativo relacionado con las investigaciones que enfrenta. En aquella ocasión, su abogado confirmó el procedimiento, pero no se informó sobre una detención.

Ahora, si se confirma oficialmente la detención, deberá establecerse si está relacionada con un procedimiento migratorio, una investigación federal estadounidense o el proceso de extradición solicitado por Ecuador.

La situación jurídica de Jordán en Estados Unidos será determinante para establecer los siguientes pasos y si eventualmente puede avanzar el pedido ecuatoriano para que sea trasladado a Ecuador.

En desarrollo… Fuente: El Telégrafo

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Qué ofrece Alex Saab a Estados Unidos y qué obtendrá a cambio por su cooperación en el caso de lavado de activos

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Nicolás Maduro, Venezuela y otros países están pendientes de desenlace del caso de Alex Saab, el empresario de 54 años que se declaró culpable de los cargos de conspiración para lavado de activos ante una corte de Florida, Estados Unidos.

Conocido como el testaferro de Maduro, Saab solo admitió su culpabilidad luego de que llegó a un acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos, y aunque el documento no se ha hecho público su totalidad, muchos expertos especulan cuáles serán las implicaciones de esta decisión.

Una de las interrogantes es el posible impacto del testimonio de Saab en el caso de Estados Unidos contra Maduro, quien fue detenido tras una operación militar en Caracas.

De hecho, en su declaratoria de culpabilidad, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con «altos funcionarios del Gobierno» un «esquema ilegal» con «sobornos» y «pagos ilegales» del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.

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El entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al exministro Alex Saab, en un evento público en Caracas, el 23 de enero de 2024.AFP

Pero, ¿qué ofrece Estados Unidos a Saab a cambio de su cooperación? El Gobierno estadounidense aceptó pedir una sentencia menor para el exministro del régimen de Maduro, quien podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión y una multa de USD 500.000, según el acuerdo de 12 páginas.

Aunque el Departamento de Justicia advirtió de que se «reserva el derecho de evaluar la naturaleza y el alcance de la cooperación del procesado», así como la «calidad e importancia» de la información para las investigaciones pertinentes.

Lo que podría decir Saab
Saab menciona como presuntos cómplices al chavista José Gregorio Vielma Mora, quien entonces era gobernador de Táchira, y a los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano.

Pulido Vargas es un conocido de Ecuador puesto que aparece en la trama de Flogocons, una empresa investigada por la Fiscalía de Ecuador por realizar exportaciones ficticias a Venezuela con el sistema SUCRE.

Además, Saab señaló a ‘co-acusado 1’ y ‘co-acusado 3’, dos sospechosos que la fiscalía estadounidense no identificó de manera pública.

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Un plantón organizado en Venezuela en favor de la liberación de Alex Saab, detenido en EE.UU., en diciembre de 2023.AFP

Por otra parte, aseguró que «acordó lavar dinero y cometer fraude» con «altos miembros del Gobierno de Venezuela».

Saab accedió a «cooperar plenamente» con el Departamento de Justicia con «la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas» en «cualquier juicio o proceso» judicial que pida el Gobierno.

«El procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito», establece el pacto.

Por si fuera poco, Saab aceptó entregar USD 195 millones, propiedades y bienes derivados de los crímenes a la fiscalía, que fijó un plazo de 14 días para que revele todos los activos relacionados con los delitos. Fuente: Primicias 

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Mercedes Caicedo: «Pedimos perdón por no responder a la ciudadanía con una justicia ágil»

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Mercedes Caicedo tiene 135 días frente al Consejo de la Judicatura. La ventana de la oficina de Presidencia, en un piso alto del edificio, deja ver las columnas de humo tras el incendio que consumió parte del cerro Itchimbía, en el oriente de Quito. En la Judicatura hay otro incendio. El pleno decidió reestructurar la unidad especializada de jueces anticorrupción y crimen organizado, e integrarla con otro cuerpo de juzgadores penales que trabaja en la capital.

En entrevista con Vistazo, la funcionaria con 16 años de trayectoria en la función judicial, explicó que la reestructuración forma parte de un plan integral para reorganizar el sistema. La lógica es ésta: hay jueces con poca carga laboral, mientras otros tienen saturación de cargas.

Según el informe técnico, la unidad anticorrupción con 19 jueces acumulaba 480 causas activas. En tanto, la unidad de Iñaquito a la que se fusiona tiene 31 juzgadores, que mantienen en total cinco mil causas acumuladas.

En lugar de tener 19 jueces penales la justicia gana un grupo adicional de 31, para sumarse a la administración de justicia, explica, al reconocer que está consciente de que el cambio generó todo tipo de ‘suspicacias’. Esto, porque el Consejo de la Judicatura vivió una crisis sistemática, que le restó legitimidad frente al país y a la sociedad.

La herencia nefasta del caso Metástasis se vive en la justicia

El legado de un presidente de la Judicatura que decía ‘venir de las estrellas’ y que chateaba con operadores y abogados del narcolavador Leandro Norero deja secuelas. Wilman Terán fue sentenciado como parte de la estructura del caso Metástasis.

En cambio, otro presidente de la Judicatura, Mario Godoy, fue señalado por presuntas presiones en contra del juez anticorrupción Carlos Serrano.

“Cargo una cruz que no es mía”, dice Caicedo, quien fue jueza penal. En tal función fue ponente en el tribunal que conoció el caso Metástasis.

A llegar a Judicatura encontró más de mil causas que se relacionan con funcionarios judiciales ligados a la delincuencia organizada. Las causas prescribieron, por tanto, a nivel administrativo ya no caben acciones.

Por esta falta de respuesta frente a los delitos la sociedad no tiene confianza en el sistema de justicia.

“Pedimos perdón por no dar respuestas que exigen los ciudadanos”, afirma la presidenta. Y explica que el pleno de la Judicatura se declaró en emergencia para resolver los temas pendientes, entre ellos, la depuración.

Los 1.700 jueces serán evaluados

Hay diez años de abandono en el sector, explica Caicedo, mientras adelanta que la evaluación de 1.700 jueces ya está en marcha.

Esta vez, el proceso incorporará ‘pruebas de confianza’, exigidas por la actual legislación. Se trata de mecanismos para detectar si los evaluados están diciendo falsedades.

Del mismo modo, otra de las urgencias consiste en llenar al menos 200 de las 734 vacantes identificadas a nivel nacional.
Llegamos a trabajar un feriado y empezamos de inmediato a levantar la información necesaria para adoptar medidas». Fuente: Vistazo
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