El contralor general del Estado, Mauricio Torres, informó que desde el año pasado se ejecutan exámenes técnicos a seis jueces de la Corte Constitucional, en los que se han detectado «inconsistencias» entre sus declaraciones patrimoniales y su información financiera.

“De tres ya hemos terminado los exámenes, tres están en ejecución y tres van a empezar”, manifestó el funcionario durante una entrevista realizada la noche del martes 1 de abril.

Según explicó Torres, “no cuadra la información entregada a través de las declaraciones con lo que nosotros examinamos en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y los patrimonios”.

Ayer, se difundieron informes de la Contraloría en los que se menciona que el juez constitucional Alí Lozada no ha justificado el origen de más de USD 25.000 en entidades financieras nacionales y del exterior.

Asimismo, se reportaron presuntas irregularidades en las declaraciones del juez José Luis Terán. La Contraloría habría observado que el funcionario no pudo justificar el origen de USD 70.000.

Frente a las “inconsistencias detectadas”, la Contraloría señaló mediante un comunicado que actúa en estricto apego a la ley y la Constitución. “Su labor no se rige por ningún tipo de presión ni conflictividad política”, enfatizó, al tiempo que aseguró que los procesos de control son sistemáticos y técnicos.

Corte Constitucional alerta ‘presiones institucionales’

Por su parte, la Corte Constitucional advirtió sobre «presiones institucionales» e hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante en defensa del orden constitucional.

En un comunicado oficial, el organismo reafirmó su compromiso con la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la plena vigencia de la Constitución. En ese contexto, subrayó que todo proceso de control patrimonial debe ejecutarse con estricto apego a la ley, garantizando el debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia de funciones.

Además, precisó que sus juezas y jueces han atendido los requerimientos a través de los canales institucionales.

La Corte también expresó su preocupación por un entorno de presiones institucionales sostenidas desde 2025, que —según advirtió— podría afectar la autonomía judicial. Por ello, insistió en que la independencia judicial es una garantía esencial del sistema democrático y demandó que las acciones de control se realicen con rigor técnico y respeto a las competencias constitucionales.

Esta nueva polémica surge en medio de la decisión del Consejo Nacional Electoral de adelantar las elecciones seccionales para noviembre de 2026, situación que podría ser revisada por la Corte Constitucional. Fuente: Vistazo

Luego de que el Servicio de Rentas Internas (SRI) publicó un listado oficial con alimentos que están gravados con el 15% del IVA, la ciudadanía se pregunta qué pasará con los precios de estos productos elaborados o transformados, que antes tenían tarifa 0%. En esta resolución están incluidos los fideos, varios tipos de leche, pan, las carnes sometidas a algún tipo de preparación, entre otros.

Gustavo Cuesta, docente de Economía de la Universidad de Las Américas (UDLA), indica que esta resolución del SRI clarifica el IVA en los distintos productos, pero no se trata de un nuevo impuesto.

El experto indica que el SRI lo que hizo fue aclarar el listado de productos con ejemplos, como el de la leche entera que tiene tarifa 0% y la leche semidescremada que ya tenía 15%. Pero había algunos establecimientos que estaban cobrando el IVA y otros no.

Los expertos consultados coinciden que este listado referencial del SRI con productos que gravan 15% va a influir en el precio de venta al público.

Melissa Loor, economista e investigadora de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), afirma que esta medida afecta directamente a los hogares, ya que no deducen IVA, a diferencia de los negocios que trasladan el impacto de la variación del IVA al consumidor final.

«Cuando hablamos de impuesto al valor agregado, hay que preguntarse: ¿quién es el que cancela el impuesto al valor agregado? En este caso, son los hogares», señala la experta en temas tributarios.

Loor considera que puede registrarse un cambio en el comportamiento del consumidor. «Sí puede cambiar siempre y cuando exista un bien sustituto para el bien que se está incrementando su valor». Es decir, el usuario evaluará si sigue comprando leche semidescremada u opta por la leche entera que no grava IVA.

Además, señala que el impacto de esta medida no se va a ver inmediato, ya que las empresas, las pymes y los pequeños negocios van a absorber el impacto del IVA, a causa de la liquidación del inventario y por los productos en stock. Pero luego, a criterio de Loor, van a tener que ajustarse según la competencia.

Loor enfatiza que el IVA no sólo se cobra en los supermercados, sino también en las tiendas. Los tenderos cuando compran los productos a los proveedores ya están cancelando el IVA, ya que en el precio de venta al público está incluido ese tributo.

Es inevitable que haya un incremento en el precio de los productos incluidos en la lista del SRI. Pero no necesariamente, el aumento del valor va a ser en la misma proporción del 15%, ya que varias industrias van a optar por reducir su margen de ganancias para no perder clientes, por ende subiría menos del 15%.

Juan Carlos Cuesta, experto tributario y catedrático de materias de impuestos en varias universidades de Guayaquil, explica que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava la transformación de un producto, de natural a elaborado. Pero también grava al consumo, lo que hace que los productos suban de precio.

«Aquí la decisión es como consumidor, si compra el producto procesado o busca un producto en estado natural y lo procesa en su casa», indica Cuesta.

En este caso, según el economista, es muy probable que se presente una demanda elástica, en el que el vendedor podría absorber parte del impuesto reduciendo su margen de ganancia para no perder clientes. En este caso, el precio subiría menos del 15%.

Gustavo Cuesta, de la UDLA, afirma que todavía es pronto para hacer una evaluación del posible impacto del IVA del 15% para los alimentos procesados.

Señala que con los datos de inflación de los meses de abril y mayo se puede determinar si hubo una variación en los precios. Estas cifras se deben comparar con los registros de las empresas, ya que pueden registrarse cambios en los comportamientos de los consumidores, de si en ese período, por ejemplo, compraron leche entera en reemplazo de la semidescremada. Fuente: Vistazo