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Nacionales

Fiscalía se pronunció ante informe de la Judicatura sobre Diana Salazar

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La Fiscalía General del Estado se refirió al informe elaborado por el Consejo de la Judicatura. En el documento -dice la entidad- “el subdirector de Control Jurídico pretende que la Judicatura se arrogue funciones y suspenda a la máxima autoridad”.

La información se difundió este lunes, 29 de mayo de 2023, a través de su cuenta de Twitter. En ese espacio también se explica que el informe es elaborado de forma “maliciosa” y “sin sustento legal”. 

Diana Salazar, fiscal general, también se pronunció sobre el tema. Recordó que “la Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura”.

Y señaló que “este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía. Ya expliqué para qué. Actuaré con toda contundencia”.

Según el medio Ecuavisa, en el informe de la Subcomisión de Control Disciplinario de la Judicatura se recomienda emitir la medida preventiva de suspensión en contra de Salazar con tres meses sin sueldo y un sumario administrativo que pueda concluir en su destitución. La sesión del Consejo estaba programada para este lunes, a las 19:40.

El Colectivo Acción Jurídica Popular alega que supuestamente la fiscal habría plagiado su tesis de grado.

¿Qué dice la norma?

En la Constitución de la República, en el artículo 194, se aclara que la Fiscalía es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera.

En el mismo cuerpo legal, en su artículo 131, se habla sobre si se prevé un enjuiciamiento a la Fiscal. «La Asamblea Nacional podrá proceder con el enjuiciamiento, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras y ministros de Estado» y máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado, Contraloría, Fiscalía, etc.

¿Qué dicen los abogados sobre este tema?

Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, explicó que el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para suspender temporalmente ni destituir a la Fiscal General del Estado. Sólo la Asamblea Nacional tiene la facultad de enjuiciarla políticamente, a través del artículo 131, en donde se habla sobre las funciones del Legislativo. De hecho, para la censura y destitución se requiere la mayoría absoluta.

Muñoz, incluso, señaló que «el informe (elaborado por la Judicatura) es ilegal e inconstitucional«, porque se están arrogando funciones que no les corresponden. Sí pueden sancionar a otros funcionarios de menor rango, incluidos, notarios, fiscales y demás.

Rubén Aguirre, abogado y especialista en derecho civil, confirma en que sólo la Asamblea podría ejercer alguna sanción contra la Fiscal General. «En las leyes se dice claramente que la Fiscal no puede ser sancionada por el Consejo de la Judicatura. Es un hecho forzado el que están realizando. La Fiscal sólo podría ser sancionada por la Asamblea y, mediante juicio político, ser destituida. Sin embargo -recordó- este momento estamos sin Legislativo».

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, también se pronunció sobre el tema. Dijo que «Llamo a respetar institucionalidad de la Función Judicial por la que siempre lucho.El @CJudicaturaEc no puede suspender ni sumariar a la Fiscal General @FiscaliaEcuador Hace un año hubo otro atropello, mi suspensión de funciones.El respeto al poder judicial no se cede ni negocia!».

 

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UTPL obtiene Cualificación Académica con Calidad Superior en Investigación en Educación y Derecho

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) recibió del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) la Cualificación Académica con Calidad Superior en Investigación en los campos específicos de Educación y Derecho, por un periodo de seis años, tras aprobar de manera íntegra la evaluación establecida en el Reglamento, Modelo y Metodología correspondientes. Con ello, la UTPL se convierte en pionera en recibir esta certificación en estos campos, posicionándola entre las universidades con mayor capacidad científica, infraestructura avanzada y cuerpo docente altamente calificado, y habilitándola para crear y presentar programas de doctorado (PhD) ante el Consejo de Educación Superior (CES), conforme lo establece el artículo 121 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
Este reconocimiento confirma que la UTPL cumplió de manera sólida los dos componentes obligatorios de la evaluación: el Componente de Carácter Institucional y el Componente de Carácter Específico, los cuales abarcan criterios como gestión de la investigación, líneas investigativas, ética, internacionalización, infraestructura especializada, productividad científica, personal académico con grado de PhD y desempeño de los grupos de investigación.
Juan Manuel García Samaniego, Director General de Evaluación Institucional y Calidad de la UTPL, destacó que este proceso—de carácter voluntario según el artículo 173 de la LOES—fue realizado bajo estrictos parámetros técnicos definidos en el Reglamento, Modelo y Metodología del CACES.
“La UTPL demostró una estructura investigativa sólida, políticas claras de fomento a la producción científica, un ecosistema robusto de laboratorios y plataformas tecnológicas, así como un cuerpo docente altamente calificado que publica activamente en los campos en los que fuimos evaluados”, señaló.
El directivo resaltó además que el proceso incluyó evaluación documental, visita in situ, informe preliminar, revisión institucional y la emisión de los informes finales, conforme lo establece el Reglamento de Cualificación Académica.
“Este logro es producto de una política universitaria coherente, de incentivos y de consolidación de grupos científicos que han sostenido indicadores de calidad reconocidos por el CACES”, añadió García.
Con la Cualificación obtenida, la UTPL queda formalmente habilitada para diseñar y presentar al CES nuevos proyectos doctorales en los campos aprobados, sin objeciones por criterios de calidad institucional. Este reconocimiento potenciará además la presencia de la universidad en rankings internacionales como THE, QS y Green Metrics, y ampliará su capacidad de integrarse a redes globales de investigación y cooperación científica.
La UTPL proyecta continuar la expansión de su capacidad investigativa hacia nuevos campos de conocimiento y fortalecer la indexación de sus revistas científicas, consolidando así un ecosistema académico que aporta soluciones para el país y la región.
Con este resultado, la UTPL reafirma su compromiso con la excelencia, la producción científica y la formación avanzada, pilares que fortalecen el desarrollo del Ecuador a través de una educación superior de alto nivel.
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FMI aprueba desembolso de crédito por USD 620 millones para Ecuador

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El acuerdo permitirá que el país acceda a un desembolso inmediato de USD 620 millones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que alcanzó un acuerdo entre el equipo técnico de este organismo y el Gobierno ecuatoriano se aprobó un nuevo desembolso de USD 620 millones, como parte de la cuarta revisión de metas dentro del programa de Servicio Ampliado del FMI (SAF), vigente desde mayo de 2024.

El FMI reconoció que la economía ecuatoriana mostró un repunte sostenido durante los primeros tres trimestres del año, impulsado por el dinamismo de la demanda interna y el crecimiento de las exportaciones no petroleras.

El FMI señaló que las reservas internacionales se mantienen sólidas gracias al superávit en cuenta corriente y resaltó la resiliencia del país pese a la caída de los precios del petróleo. También evaluó positivamente los avances del Gobierno en la ejecución del plan de reformas, al cumplir todos los criterios de desempeño cuantitativos correspondientes a octubre de 2025 y las metas indicativas disponibles. Fuente: El Telégrafo 

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Polémica entre ADN y el correísmo por la investigación a asambleístas que ingresaron al hospital Baca Ortiz de Quito

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La fiscalización a la situación de los hospitales del sistema público de salud abrió una nueva disputa entre las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional.

Esto ocurre luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió, el 1 de diciembre, dar paso a un proceso de investigación contra seis legisladores del correísmo por una presunta extralimitación en sus funciones.

La investigación responde a un pedido de la gerente del Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito, Frances Fuenmayor, quien acusó a Viviana Veloz, Franklin Samaniego, Luis Molina, Raúl Chávez, Ricardo Patiño y Ana Belén Yela, de ingresar de forma inapropiada a esa casa de salud.

«En defensa de las niñas, niños y adolescentes, y de la dignidad del personal médico y administrativo», justificó la funcionaria en el pedido de investigación a esos legisladores.

Respuesta correísta
En filas de Revolución Ciudadana hubo cierta cautela este 2 de diciembre al hablar del tema, porque si bien los canales oficiales de la Asamblea anunciaron el inicio de la investigación, a los pocos minutos eliminaron la publicación.

El legislador Raúl Chávez dijo que no ha sido notificado oficialmente con el inicio de la investigación, pero se enteró a través de los medios de comunicación. «Si me investigan por trabajar, me motivan y ahora vamos a fiscalizar el doble», advirtió.

Chávez, que es parte de la alianza RC-Reto, negó que hayan ingresado al Baca Ortiz en una actitud inapropiada o que se haya vulnerado el derecho de los niños atendidos en ese hospital o sus familiares.

«La visita al Hospital Baca Ortiz fue por pedido precisamente de los padres de familia que tienen a sus hijos ahí, y que por temor a represalias preferían que fuéramos nosotros como autoridad».  Raúl Chávez, asambleísta de RC-Reto

Juan Andrés González, jefe de la bancada correísta, dijo que esta investigación que deberá llevar a cabo la Comisión de Salud, de mayoría gobiernista, es una de las tantas formas de «persecución» en la Asamblea.

«Vivimos un momento en el que la salud pública se cae a pedazos y eso el Ecuador lo sabe. Cuando la bancada a la que represento decide fiscalizar, la persecución inicia desde el CAL ¿Cuál es el papel de los asambleístas que no sea legislar y fiscalizar?», cuestionó González.

«Fiscalizar y no hacer show»
Diana Jácome, de Acción Democrática Nacional, reconfirmó que efectivamente los asambleístas tienen la potestad de fiscalizar, «pero sin que esto altere los derechos de los niños, niñas y adolescentes».

Según la legisladora oficialista, es mejor no adelantar un criterio y esperar la investigación que lleve adelante la Comisión de Salud a donde deberán comparecer los directivos del Baca Ortiz así como los asambleístas investigados.

«Lo que si es que hay que ser responsables con la fiscalización haciendo las cosas de manera correcta y no convertir a la fiscalización en un show», añadió Jácome. Fuente: Primicias

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