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Nacionales

Fiscalía se pronunció ante informe de la Judicatura sobre Diana Salazar

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La Fiscalía General del Estado se refirió al informe elaborado por el Consejo de la Judicatura. En el documento -dice la entidad- “el subdirector de Control Jurídico pretende que la Judicatura se arrogue funciones y suspenda a la máxima autoridad”.

La información se difundió este lunes, 29 de mayo de 2023, a través de su cuenta de Twitter. En ese espacio también se explica que el informe es elaborado de forma “maliciosa” y “sin sustento legal”. 

Diana Salazar, fiscal general, también se pronunció sobre el tema. Recordó que “la Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura”.

Y señaló que “este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía. Ya expliqué para qué. Actuaré con toda contundencia”.

Según el medio Ecuavisa, en el informe de la Subcomisión de Control Disciplinario de la Judicatura se recomienda emitir la medida preventiva de suspensión en contra de Salazar con tres meses sin sueldo y un sumario administrativo que pueda concluir en su destitución. La sesión del Consejo estaba programada para este lunes, a las 19:40.

El Colectivo Acción Jurídica Popular alega que supuestamente la fiscal habría plagiado su tesis de grado.

¿Qué dice la norma?

En la Constitución de la República, en el artículo 194, se aclara que la Fiscalía es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera.

En el mismo cuerpo legal, en su artículo 131, se habla sobre si se prevé un enjuiciamiento a la Fiscal. «La Asamblea Nacional podrá proceder con el enjuiciamiento, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras y ministros de Estado» y máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado, Contraloría, Fiscalía, etc.

¿Qué dicen los abogados sobre este tema?

Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, explicó que el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para suspender temporalmente ni destituir a la Fiscal General del Estado. Sólo la Asamblea Nacional tiene la facultad de enjuiciarla políticamente, a través del artículo 131, en donde se habla sobre las funciones del Legislativo. De hecho, para la censura y destitución se requiere la mayoría absoluta.

Muñoz, incluso, señaló que «el informe (elaborado por la Judicatura) es ilegal e inconstitucional«, porque se están arrogando funciones que no les corresponden. Sí pueden sancionar a otros funcionarios de menor rango, incluidos, notarios, fiscales y demás.

Rubén Aguirre, abogado y especialista en derecho civil, confirma en que sólo la Asamblea podría ejercer alguna sanción contra la Fiscal General. «En las leyes se dice claramente que la Fiscal no puede ser sancionada por el Consejo de la Judicatura. Es un hecho forzado el que están realizando. La Fiscal sólo podría ser sancionada por la Asamblea y, mediante juicio político, ser destituida. Sin embargo -recordó- este momento estamos sin Legislativo».

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, también se pronunció sobre el tema. Dijo que «Llamo a respetar institucionalidad de la Función Judicial por la que siempre lucho.El @CJudicaturaEc no puede suspender ni sumariar a la Fiscal General @FiscaliaEcuador Hace un año hubo otro atropello, mi suspensión de funciones.El respeto al poder judicial no se cede ni negocia!».

 

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Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes

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La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.

Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.

La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.

 

De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.

Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.

Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.

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Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum

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Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.

La CC además, declaró que el mandatario puede continuar con el procedimiento de referéndum conforme a la Constitución y la normativa aplicable. De este modo la pregunta que se le consultará a los ecuatorianos es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.

Asimismo, la Corte Constitucional recordó al presidente Daniel Noboa y al CNE que sus decisiones deben ser cumplidas en los términos fijados en sus resoluciones, por lo que deberán observar estrictamente las formas y condiciones establecidas en el dictamen.

Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)

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Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses

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El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.

La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.

Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».

«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,

Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.

«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.

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