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Fiscalía se pronunció ante informe de la Judicatura sobre Diana Salazar

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La Fiscalía General del Estado se refirió al informe elaborado por el Consejo de la Judicatura. En el documento -dice la entidad- “el subdirector de Control Jurídico pretende que la Judicatura se arrogue funciones y suspenda a la máxima autoridad”.

La información se difundió este lunes, 29 de mayo de 2023, a través de su cuenta de Twitter. En ese espacio también se explica que el informe es elaborado de forma “maliciosa” y “sin sustento legal”. 

Diana Salazar, fiscal general, también se pronunció sobre el tema. Recordó que “la Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura”.

Y señaló que “este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía. Ya expliqué para qué. Actuaré con toda contundencia”.

Según el medio Ecuavisa, en el informe de la Subcomisión de Control Disciplinario de la Judicatura se recomienda emitir la medida preventiva de suspensión en contra de Salazar con tres meses sin sueldo y un sumario administrativo que pueda concluir en su destitución. La sesión del Consejo estaba programada para este lunes, a las 19:40.

El Colectivo Acción Jurídica Popular alega que supuestamente la fiscal habría plagiado su tesis de grado.

¿Qué dice la norma?

En la Constitución de la República, en el artículo 194, se aclara que la Fiscalía es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera.

En el mismo cuerpo legal, en su artículo 131, se habla sobre si se prevé un enjuiciamiento a la Fiscal. «La Asamblea Nacional podrá proceder con el enjuiciamiento, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras y ministros de Estado» y máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado, Contraloría, Fiscalía, etc.

¿Qué dicen los abogados sobre este tema?

Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, explicó que el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para suspender temporalmente ni destituir a la Fiscal General del Estado. Sólo la Asamblea Nacional tiene la facultad de enjuiciarla políticamente, a través del artículo 131, en donde se habla sobre las funciones del Legislativo. De hecho, para la censura y destitución se requiere la mayoría absoluta.

Muñoz, incluso, señaló que «el informe (elaborado por la Judicatura) es ilegal e inconstitucional«, porque se están arrogando funciones que no les corresponden. Sí pueden sancionar a otros funcionarios de menor rango, incluidos, notarios, fiscales y demás.

Rubén Aguirre, abogado y especialista en derecho civil, confirma en que sólo la Asamblea podría ejercer alguna sanción contra la Fiscal General. «En las leyes se dice claramente que la Fiscal no puede ser sancionada por el Consejo de la Judicatura. Es un hecho forzado el que están realizando. La Fiscal sólo podría ser sancionada por la Asamblea y, mediante juicio político, ser destituida. Sin embargo -recordó- este momento estamos sin Legislativo».

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, también se pronunció sobre el tema. Dijo que «Llamo a respetar institucionalidad de la Función Judicial por la que siempre lucho.El @CJudicaturaEc no puede suspender ni sumariar a la Fiscal General @FiscaliaEcuador Hace un año hubo otro atropello, mi suspensión de funciones.El respeto al poder judicial no se cede ni negocia!».

 

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Política criminal frente al femicidio y la violencia de género en Ecuador fue analizada en la Tertulia Jurídica

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En el programa Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación de la doctora Dayán Argüello Veintimilla, Coordinadora de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Política criminal frente al femicidio y la violencia de género en el Ecuador”.

Durante su intervención, la jurista presentó un análisis académico sobre la evolución, fundamentos y desafíos de la política criminal en materia de violencia de género, destacando su experiencia investigativa en derecho penal, particularmente en delitos relacionados con el femicidio, objeto de su investigación doctoral desarrollada durante siete años.

Enfoque conceptual y evolución normativa
La doctora Argüello explicó que la política criminal comprende el conjunto de decisiones orientadas a la prevención, sanción y erradicación del delito. En este contexto, enfatizó que la violencia contra la mujer, históricamente invisibilizada, especialmente en el ámbito privado, comenzó a ser reconocida como una problemática estructural a partir de las décadas de 1960 y 1970, impulsando la intervención estatal y el desarrollo de instrumentos internacionales.

En el ámbito regional, destacó que, desde finales del siglo XX, los Estados han incorporado progresivamente normativas para sancionar la violencia de género, evolucionando desde leyes de primera generación, centradas en el ámbito privado, hacia legislaciones más integrales que incluyen la violencia pública, simbólica, institucional y económica.

Asimismo, subrayó que a partir de 2008 varios países latinoamericanos comenzaron a tipificar el femicidio, ya sea como agravante o como delito autónomo, siendo esta última figura la más adecuada, al permitir visibilizar la violencia extrema contra la mujer y generar estadísticas específicas para el diseño de políticas públicas eficaces.

Fundamentos jurídicos del delito de femicidio
En relación con su investigación doctoral, Argüello sostuvo que el femicidio protege no solo el derecho a la vida, sino también la integridad, la libertad y el derecho a vivir sin discriminación. En este sentido, explicó que este delito se configura en contextos de desigualdad estructural, subordinación y discriminación de género, lo que lo diferencia de otras figuras penales como el homicidio o asesinato.

Retos en la prevención y aplicación de la normativa
La especialista enfatizó que la tipificación del femicidio, por sí sola, no constituye una medida preventiva eficaz, sino que debe complementarse con políticas públicas integrales. Entre las principales estrategias de prevención general, destacó:
• Fortalecimiento del sistema educativo con enfoque libre de estereotipos de género.
• Garantía de acceso equitativo al empleo y autonomía económica para las mujeres.
• Desarrollo de marcos normativos integrales (penales, civiles y administrativos).
• Implementación de sistemas confiables de estadísticas sobre violencia de género.

En cuanto a la prevención específica, resaltó la importancia de la “debida diligencia reforzada” en la investigación y judicialización de estos delitos, lo que implica procesos más rigurosos, capacitación constante a operadores de justicia y eliminación de prejuicios de género en el sistema judicial.

Problemáticas estructurales e institucionales
Durante el diálogo, se abordó también la ineficacia en la aplicación de medidas de protección. Argüello señaló que, si bien existen mecanismos legales como boletas de auxilio, estos no garantizan por sí solos la prevención del femicidio debido a la falta de seguimiento, monitoreo y acompañamiento integral a las víctimas.

Además, identificó barreras de acceso a la justicia, deficiencias en la atención institucional y factores socioeconómicos que perpetúan los ciclos de violencia, como la dependencia económica y la falta de redes de apoyo.

Retrocesos y desafíos en Ecuador
Finalmente, la experta advirtió que uno de los principales retrocesos en el país radica en la limitada asignación y ejecución presupuestaria para políticas públicas de prevención de la violencia de género. Según indicó, gran parte de los esfuerzos estatales se han centrado en reformas legales, sin el correspondiente desarrollo de políticas estructurales sostenibles.

En este sentido, concluyó que el abordaje de la violencia de género y el femicidio requiere un enfoque integral, articulado y sostenido, que combine normativa, prevención social, fortalecimiento institucional y compromiso estatal efectivo.

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Caso Ligados: así es como los procesados habrían planeado controlar instituciones y lograr impunidad

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La Fiscalía expuso el modus operandi de siete personas implicadas en el ‘Caso Ligados’, quienes se habrían confabulado para ejecutar “acciones encaminadas a controlar instituciones del Estado” y obtener impunidad.

El pasado miércoles, 18 de marzo, se instaló la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de asociación ilícita contra Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Entre los procesados también están: Andrés Arauz, excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC); Esther Cuesta, exasambleísta de la RC; Nicole Bonifaz, aún integrante del Cpccs; y Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022.

El fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, arrancó con la fundamentación de su dictamen acusatorio y manifestó que, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, los sospechosos “ejecutaron acciones encaminadas a controlar instituciones del Estado”.

Además, recalcó que, en esa época, el Cpccs “fue cooptado por personas afines a un partido político (…) convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan de una fachada”.

$!Audiencia preparatoria de juicio del caso Ligados.

MODUS OPERANDI DEL CASO LIGADOS

Según el Ministerio Público, las siete personas se habrían confabulado para acaparar poder “mediante la designación irregular de autoridades”.

Para ello, describió tres eventos clave: intervención en la selección de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), la ratificación irregular del Superintendente de Bancos y la dilatación de procesos en la justicia electoral para conseguir impunidad.

Sobre el primer hecho, Alarcón indicó que Augusto Verduga mantuvo conversaciones con Andrés Arauz y Yadira Saltos para planificar el retraso del concurso para vocales del CJ.

El objetivo era que el “gobierno de Luisa (González)”, en caso de que ganara las elecciones pasadas, envíe la terna. “Planteándose además la interposición de medidas cautelares constitucionales y la comisión de tráfico de influencias para cristalizar sus intenciones”, destacó el fiscal.

$!Andrés Arauz uno de los implicados en el caso Ligados.

CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO

En cuanto al segundo evento, Alarcón narró que los procesados querían “controlar el sistema financiero nacional” mediante la designación de un Superintendente de Bancos afín a sus intereses.

Esta idea se iba a realizar mediante el incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional (CC), interpretada de acuerdo a los propósitos de los procesados. Es así como lograron postergar la posesión de Roberto Romero, quien fue designado en el concurso del 2024, y pidieron a la Asamblea que oficialice a Raúl González.

Ahí entra Esther Cuesta, entonces presidencia del Legislativo, quien elevó una consulta al Cpccs para saber quién debería asumir la titularidad de la Superintendencia de Bancos.

Por su parte, Raúl González habría llegado a prometer cargos de alto nivel en la Superintendencia de Bancos por pedido de Andrés Arauz.

$!Audiencia del caso Ligados.

BÚSQUEDA DE IMPUNIDAD

Finalmente, el tercer evento presentado por el Ministerio Público habla de la dilatación de procesos en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que en esa época tramitaba una infracción electoral de la denominada ‘Liga Azul’, para conseguir impunidad y mantenerse en sus cargos.

Aparentemente, Andrés Arauz emitía directrices para la presentación de recusaciones contra jueces e incluso acciones constitucionales.

Todas estas acusaciones se basan en documentos, versiones y pericias hechas a los equipos de los celulares incautados en la causa. En el dispositivo de Augusto Verduga, por ejemplo, se habían hallado conversaciones con apodos.

Verduga era Mónica Ertl, Yadira Saltos utilizaba el pseudónimo de Minerva y Andrés Arauz era llamaban AN.

En los próximos días, el fiscal Alarcón continuará presentando su acusación con el detalle de cada uno de los tres eventos. Fuente: Vistazo

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Así es Polanco, la lujosa colonia mexicana donde capturaron a Lobo Menor con una identidad falsa

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Ángel Esteban Aguilar Morales, alias ‘Lobo Menor’, fue capturado en una zona exclusiva de la Ciudad de México: Polanco. Esta colonia se caracteriza por estar rodeada de tiendas de lujo, hoteles cinco estrellas, museos y sedes empresariales. La mayoría de habitantes poseen un alto nivel adquisitivo.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, confirmó que el cabecilla criminal estaba escondido en el ostentoso barrio de la capital mexicana.

El sujeto se identificó como Juan Carlos Montero Mestre y presentó papeles falsos con nacionalidad colombiana.

En un comunicado la SSPC indicó que la detención se hizo en conjunto con la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Migración (INM), con la colaboración en materia de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

Agregó que el arresto se logró luego de que las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de la llegada al país del individuo, implicado en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Por ello, señaló la SSPC, “se estableció un seguimiento en tiempo real. Posteriormente, con información proporcionada por la Policía Nacional de Colombia, se obtuvieron elementos que permitieron ubicarlo en la alcaldía Miguel Hidalgo”.

Es así como alias ‘Lobo Menor’ quedó detenido. Agentes leyeron sus derechos, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración y luego lo enviaron al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.

$!Detención de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor.

¿CÓMO ES POLANCO, EL ESCONDITE DE LOBO MENOR?

Es un barrio ubicado en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. Se caracteriza por albergar recintos culturales, sedes empresariales, hoteles cinco estrellas y centros comerciales de alta gama.

Ahí han vivido políticos y celebridades de alto perfil como la recordada actriz María Félix. De hecho, los vecinos de Polanco tienen un alto poder adquisitivo.

El alquiler de una casa va desde los USD 1.399 hasta los USD 16.796. Mientras que el costo de un inmueble llega hasta los USD 5 millones o más, dependiendo de la ubicación, según el portal ‘Vive Polanco’.

A esto hay que sumarle los servicios básicos como luz, agua y gas que también tienen que ser elevados. Por electricidad se puede pagar hasta USD 300.

Polanco está lleno de tiendas de lujo como Gucci, Louis Vuitton, Tesla, Dolce and Gabbana, Fendi, Rolex, etc.

También, se ubican embajadas de varios países sobre todo de Europa como España, Dinamarca y Bélgica. De hecho, es común encontrarse con personas extranjeras de alto nivel adquisitivo.

Además, esta colonia es conocida por tener un alto número de sinagogas, pertenecientes a la religión judía.

Un atractivo turístico icónico es el Museo Soumaya, que tiene una forma asimétrica, curva y futurista. Allí se hacen exposiciones culturales.

$!Museo Soumaya.

¿QUIÉN ES LOBO MENOR?

‘Lobo Menor’ es considerado el segundo al mando de la banda criminal más grande del Ecuador: Los Lobos. De hecho, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, máximo líder de esa organización delictiva, es su padrastro.

Los dos están procesados en Ecuador como parte de los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio.

La Fiscalía identifica que ‘Lobo Menor’ coordinó con los autores materiales el asesinato del excandidato presidencial, ocurrido en agosto de 2023. Él habría dado las órdenes a Carlos Angulo, alias ‘Invisible’, para ejecutar el crimen junto a su banda.

Fue sentenciado por el asesinato de Juan Antonio Serrano, hermano del exministro del Interior, José Serrano, quien también es procesado como presunto autor intelectual en el caso Villavicencio.

Sin embargo, en el 2022, accedió a la prelibertad y huyó con rumbo desconocido.

Según el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ‘Lobo Menor’ también tiene vínculos con alias ‘Iván Mordisco’, líder de una disidencia de las FARC, y con los carteles mexicanos. Fuente: Vistazo

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