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Fiscalía se pronunció ante informe de la Judicatura sobre Diana Salazar
La Fiscalía General del Estado se refirió al informe elaborado por el Consejo de la Judicatura. En el documento -dice la entidad- “el subdirector de Control Jurídico pretende que la Judicatura se arrogue funciones y suspenda a la máxima autoridad”.
La información se difundió este lunes, 29 de mayo de 2023, a través de su cuenta de Twitter. En ese espacio también se explica que el informe es elaborado de forma “maliciosa” y “sin sustento legal”.
Diana Salazar, fiscal general, también se pronunció sobre el tema. Recordó que “la Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura”.
Y señaló que “este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía. Ya expliqué para qué. Actuaré con toda contundencia”.
La Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. Este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía. Ya expliqué para qué. Actuaré con toda contundencia. https://t.co/gfGl3CQ8sx
— Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) May 30, 2023
Según el medio Ecuavisa, en el informe de la Subcomisión de Control Disciplinario de la Judicatura se recomienda emitir la medida preventiva de suspensión en contra de Salazar con tres meses sin sueldo y un sumario administrativo que pueda concluir en su destitución. La sesión del Consejo estaba programada para este lunes, a las 19:40.
El Colectivo Acción Jurídica Popular alega que supuestamente la fiscal habría plagiado su tesis de grado.
¿Qué dice la norma?
En la Constitución de la República, en el artículo 194, se aclara que la Fiscalía es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera.
En el mismo cuerpo legal, en su artículo 131, se habla sobre si se prevé un enjuiciamiento a la Fiscal. «La Asamblea Nacional podrá proceder con el enjuiciamiento, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras y ministros de Estado» y máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado, Contraloría, Fiscalía, etc.
¿Qué dicen los abogados sobre este tema?
Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, explicó que el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para suspender temporalmente ni destituir a la Fiscal General del Estado. Sólo la Asamblea Nacional tiene la facultad de enjuiciarla políticamente, a través del artículo 131, en donde se habla sobre las funciones del Legislativo. De hecho, para la censura y destitución se requiere la mayoría absoluta.
Muñoz, incluso, señaló que «el informe (elaborado por la Judicatura) es ilegal e inconstitucional«, porque se están arrogando funciones que no les corresponden. Sí pueden sancionar a otros funcionarios de menor rango, incluidos, notarios, fiscales y demás.
Rubén Aguirre, abogado y especialista en derecho civil, confirma en que sólo la Asamblea podría ejercer alguna sanción contra la Fiscal General. «En las leyes se dice claramente que la Fiscal no puede ser sancionada por el Consejo de la Judicatura. Es un hecho forzado el que están realizando. La Fiscal sólo podría ser sancionada por la Asamblea y, mediante juicio político, ser destituida. Sin embargo -recordó- este momento estamos sin Legislativo».
Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, también se pronunció sobre el tema. Dijo que «Llamo a respetar institucionalidad de la Función Judicial por la que siempre lucho.El @CJudicaturaEc no puede suspender ni sumariar a la Fiscal General @FiscaliaEcuador Hace un año hubo otro atropello, mi suspensión de funciones.El respeto al poder judicial no se cede ni negocia!».
Llamo a respetar institucionalidad de la Función Judicial por la que siempre lucho.El @CJudicaturaEc no puede suspender ni sumariar a la Fiscal General @FiscaliaEcuador Hace un año hubo otro atropello, mi suspensión de funciones.El respeto al poder judicial no se cede ni negocia!
— Iván Saquicela Rodas :. (@ivansaquicela) May 30, 2023
Fuente: Ecuavisa
En 162 cantones los ciudadanos acumulan toda la basura en una sola funda o tacho porque no tienen la educación de reciclar residuos. Como no lo hacen, esos cabildos tampoco clasifican los desechos que terminan enterrados en rellenos sanitarios o en botaderos a cielo abierto.
Una práctica que contamina el aire, el suelo y los ríos. Ese problema revela el último informe ambiental del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Viviana Rocha, investigadora de Alianza Basura Cero Ecuador, señaló que muchos municipios tienen separada la dependencia de la recolección, el tratamiento, la educación ambiental. Por eso, no tienen un sistema diseñado acorde a sus necesidades y solo recogen la basura mezclada.
“hay pequeños esfuerzos, pero por ahora la mayoría de municipios tienen este problema porque la tasa de recolección no corresponde a los costos operativos que realmente se necesitan para poder tratar la basura a complejidad y con todos sus flujos”, Viviana Rocha
Cuenca es una de las 59 ciudades que está haciendo esfuerzos. Tiene un programa para recuperar residuos orgánicos en mercados y una planta de compostaje que es el proceso para transformar la basura orgánica en abono.
Desde el 2003, sus ciudadanos por ordenanza tienen la obligación de colocar lo orgánico en fundas negras y materiales reciclados en fundas celestes. En total en la capital azuaya, diariamente recolectan 530 toneladas que van al relleno sanitario en la parroquia Santa Ana y el gas que genera la descomposición de los residuos sirve para producir energía.
El presidente Daniel Noboa, acompañado por la canciller Gabriela Sommerfeld y una delegación oficial, cumplirá una gira internacional por Europa con una agenda centrada en inversión extranjera, cooperación internacional y desarrollo sostenible.
La primera parada será en Davos, Suiza, donde el mandatario participará como expositor en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial. En este espacio, Noboa mantendrá encuentros con jefes de Estado, representantes de organismos multilaterales y directivos de empresas globales, con el fin de promover al Ecuador como un destino atractivo para la inversión.
Según la agenda oficial, el país buscará generar interés en sectores estratégicos como energía, comercio, innovación y tecnología, además de identificar oportunidades para proyectos vinculados a sostenibilidad y transición energética. La presencia ecuatoriana también apunta a fortalecer el vínculo con el WEF en iniciativas relacionadas con crecimiento económico responsable y generación de empleo.
Los temas de seguridad también serán prioridad
Tras su participación en Davos, la delegación ecuatoriana se trasladará a Bélgica para cumplir una visita oficial orientada a reforzar las relaciones bilaterales y el diálogo con las instituciones de la Unión Europea. En esta etapa, uno de los temas centrales será la cooperación en seguridad y justicia, especialmente frente al avance del crimen organizado transnacional.
En este espacio el Gobierno ecuatoriano plantea difundir el potencial del país en áreas como pesca, acuacultura, agroindustria y logística portuaria, con énfasis en modelos de inversión sostenible. También se promoverán oportunidades en economía azul, energías limpias y desarrollo portuario.
Esta es la agenda que cumplirá el presidente en Suiza
Como parte e su ponencia en el World Economic Forum 2026, en Davos Suiza, el presidente Noboa participará de estas reuniones:
Martes 20 de enero
12h00 | Reunión con David Webster, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente de Riesgos, Cargill
14h15 | Reunión con Makhtar Diop, Director Gerente de la Corporación Financiera Internacional – Grupo BM
15h00 | Intervención en el Panel “Rebuilding Trust in Latin America”
16h00 |Reunión con la Sra. Kristalina Georgieva, Presidenta del Fondo Monetario Internacional
17h15 |Intervención en el Foro Transforming Latin America’s Investment Frontier
19h30|Apertura de la 56.ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial – Davos 2026
Miércoles 21 de enero
08h30|Reunión con Alex Karp, CEO de Palantir Technologies
10h00|Reunión con Ilan Goldfajn, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
11h15|Reunión con Ryan McInerney, CEO de Visa
12h00|Almuerzo IGWEL (Informal Gathering of World Economic Leaders):
“Restoring a Spirit of Dialogue in a Divided World”
14h00|Reunión con Philippe Amon, CEO de SICPA
14h45|Reunión con José Raúl Mulino, Presidente de Panamá
16h00|Reunión con Isaac Herzog, Presidente de Israel
17h15|Reunión con Mike Henry, CEO BHP Group
18h15|Reunión con Jacob Safra, Presidente del Grupo Safra
20h15|Cena de trabajo de jefes de Estado latinoamericanos e invitados
“Delivering for Latin America”
Jueves 22 de enero
07h30|Sesión estratégica: “Meeting of the Gender Sprint Champions”
09h00|Reunión con Tharman Shanmugaratnam, Presidente de Singapur
09h45|Intervención en el Foro:
“Leadership Reflections from Young Heads of State and Political Leaders”
11h45|Reunión con Sultan Ahmed bin Sulayem, Presidente y CEO de DP World
12h00|Reunión bilateral con Ajay S. Banga, Presidente del Banco Mundial
12h45|Reunión bilateral con Catherine De Bolle, Directora de Europol
La Asociación de Trabajadores Abacaleros “Caminando Juntos” informó este 15 de enero sobre el incumplimiento de las reparaciones ordenadas por la Corte Constitucional del Ecuador, a más de un año de emitida la sentencia del caso Furukawa.
El fallo reconoció violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, entre ellas el trabajo forzoso, la servidumbre, el trabajo infantil, la falta de acceso a un trabajo digno, a la atención sanitaria, a la educación, a una vivienda adecuada, a la igualdad y a la no discriminación.
La sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el 5 de diciembre de 2024, determinó que el Estado ecuatoriano “no había impedido ni protegido contra estos abusos antes de 2018, permitiendo que persistieran durante décadas”.
Si bien el tribunal ordenó reparaciones integrales para las 342 víctimas -como el pago de más de USD 42 millones por daño inmaterial y material– la aplicación ha sido mínima, limitándose a una disculpa pública del Gobierno en mayo de 2025.
En una rueda de prensa que tuvo lugar en Quito, el pasado 15 de enero de 2026, los demandantes del caso señalaron que existe un incumplimiento prolongado y agravamiento de la crisis humanitaria.
De acuerdo a la asociación, la empresa Furukawa ha incumplido los plazos fijados por la Corte para el pago de las reparaciones. La compañía demandada debía realizar un primer pago en beneficio de las víctimas de esclavitud moderna en marzo de 2025, y hasta la fecha no ha cumplido esta obligación.
Javier Castillo, representante de la Asociación de Trabajadores Abacaleros “Caminando Juntos”, dijo que al menos nueve demandantes han fallecido sin ver cumplido su legítimo anhelo de reparación. La mayoría de los demandantes son personas adultas mayores, con problemas de salud, que viven en la pobreza y extrema pobreza.
Los abacaleros han realizado múltiples actos de protesta ante la Corte Constitucional sin obtener respuestas efectivas. Ante la falta de solución, algunos demandantes han realizado acciones de resistencia pacífica en el ingreso de una hacienda de la empresa, como medida de presión.
Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), expresó que esto sigue siendo una «herida abierta» de la responsabilidad del Estado ecuatoriano con los trabajadores. «Lo que más asombra es que, a pesar de que hay una decisión de la Corte Constitucional para la reparación, no hay quien haga respetar esa orden», apuntó.
La ONU se pronuncia
En un comunicado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que “la empresa Furukawa no solo ha sometido a las personas trabajadoras a una grave explotación laboral durante décadas, sino que también ha revictimizado a los supervivientes en lugar de reconocerlos y cumplir con sus obligaciones establecidas por la Corte Constitucional”.
La organización instó al Estado y a Furukawa a actuar sin más demora para garantizar la plena reparación, la protección de las víctimas y la adopción de políticas que impidan que se repitan estas graves violaciones de los derechos humanos.
“De no hacerlo, se podría producir una escalada de las tensiones actuales, poniendo en peligro la vida de quienes ya han sufrido durante décadas”, destacó.
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