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Fiscalía pide la pena máxima para Wilman Terán y Maribel Barreno en el caso Independencia Judicial
La audiencia de juicio en el caso Independencia Judicial, en el que son procesados Wilman Terán y otras 10 personas, se reinstaló la mañana de este viernes 13 de diciembre de 2024.
En este caso, la Fiscalía investiga un presunto delito de obstrucción a la justicia. Este día, las partes procesales presentaron sus alegatos finales.
Wilman Terán testificó en el caso Independencia Judicial: dijo haber sido perseguido por el correísmo y habló de sus supuestos chats con la Fiscal
El fiscal subrogante, Wilson Toaínga, aseguró que, con base en las pruebas presentadas durante el juicio, «se ha probado la comisión del delito de obstrucción de la justicia por parte de los 11 procesados».
Por lo que el fiscal pidió al Tribunal pena de cárcel para los procesados, en calidad de autores y cómplices:
Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, acusado en calidad de autor. Fiscalía pidió una pena de siete años de prisión, más las agravantes, dando en total nueve años y cuatro meses de prisión.
Maribel Barreno, exvocal del Consejo de la Judicatura, acusada en calidad de autora. Fiscalía pidió una pena de siete años de prisión, más las agravantes.
Para los otros nueve procesados, quienes son acusados de cómplices del delito, la Fiscalía pidió una pena de dos años y cuatro meses de prisión.
Tras escuchar los alegatos, el Tribunal dispuso un receso hasta las 14:00, después del cual, las partes procesales continuarán con la presentación de sus alegatos de cierre.
¿De qué se acusa a los procesados?
En su alegato de cierre, el fiscal Toainga aseguró que entre mayo y agosto de 2023, tres vocales principales del Consejo de la Judicatura «ejecutaron varias conductas ilegítimas destinadas a intimidar al juez Walter Macías».
Los tres vocales son Terán, Barreno y Xavier Muñoz, quien colaboró con la justicia, y fue sentenciado a nueve meses de prisión.
El objetivo de esas conductas «ilegítimas» era «interferir» en la actuación del juez en una causa que estaba a su cargo por el delito de tráfico de influencias: el denominado caso Vocales, en el que una de las investigadas es precisamente Maribel Barreno. Fuente: Primicias
Fuente: Ecuavisa
En 162 cantones los ciudadanos acumulan toda la basura en una sola funda o tacho porque no tienen la educación de reciclar residuos. Como no lo hacen, esos cabildos tampoco clasifican los desechos que terminan enterrados en rellenos sanitarios o en botaderos a cielo abierto.
Una práctica que contamina el aire, el suelo y los ríos. Ese problema revela el último informe ambiental del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Viviana Rocha, investigadora de Alianza Basura Cero Ecuador, señaló que muchos municipios tienen separada la dependencia de la recolección, el tratamiento, la educación ambiental. Por eso, no tienen un sistema diseñado acorde a sus necesidades y solo recogen la basura mezclada.
“hay pequeños esfuerzos, pero por ahora la mayoría de municipios tienen este problema porque la tasa de recolección no corresponde a los costos operativos que realmente se necesitan para poder tratar la basura a complejidad y con todos sus flujos”, Viviana Rocha
Cuenca es una de las 59 ciudades que está haciendo esfuerzos. Tiene un programa para recuperar residuos orgánicos en mercados y una planta de compostaje que es el proceso para transformar la basura orgánica en abono.
Desde el 2003, sus ciudadanos por ordenanza tienen la obligación de colocar lo orgánico en fundas negras y materiales reciclados en fundas celestes. En total en la capital azuaya, diariamente recolectan 530 toneladas que van al relleno sanitario en la parroquia Santa Ana y el gas que genera la descomposición de los residuos sirve para producir energía.
El presidente Daniel Noboa, acompañado por la canciller Gabriela Sommerfeld y una delegación oficial, cumplirá una gira internacional por Europa con una agenda centrada en inversión extranjera, cooperación internacional y desarrollo sostenible.
La primera parada será en Davos, Suiza, donde el mandatario participará como expositor en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial. En este espacio, Noboa mantendrá encuentros con jefes de Estado, representantes de organismos multilaterales y directivos de empresas globales, con el fin de promover al Ecuador como un destino atractivo para la inversión.
Según la agenda oficial, el país buscará generar interés en sectores estratégicos como energía, comercio, innovación y tecnología, además de identificar oportunidades para proyectos vinculados a sostenibilidad y transición energética. La presencia ecuatoriana también apunta a fortalecer el vínculo con el WEF en iniciativas relacionadas con crecimiento económico responsable y generación de empleo.
Los temas de seguridad también serán prioridad
Tras su participación en Davos, la delegación ecuatoriana se trasladará a Bélgica para cumplir una visita oficial orientada a reforzar las relaciones bilaterales y el diálogo con las instituciones de la Unión Europea. En esta etapa, uno de los temas centrales será la cooperación en seguridad y justicia, especialmente frente al avance del crimen organizado transnacional.
En este espacio el Gobierno ecuatoriano plantea difundir el potencial del país en áreas como pesca, acuacultura, agroindustria y logística portuaria, con énfasis en modelos de inversión sostenible. También se promoverán oportunidades en economía azul, energías limpias y desarrollo portuario.
Esta es la agenda que cumplirá el presidente en Suiza
Como parte e su ponencia en el World Economic Forum 2026, en Davos Suiza, el presidente Noboa participará de estas reuniones:
Martes 20 de enero
12h00 | Reunión con David Webster, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente de Riesgos, Cargill
14h15 | Reunión con Makhtar Diop, Director Gerente de la Corporación Financiera Internacional – Grupo BM
15h00 | Intervención en el Panel “Rebuilding Trust in Latin America”
16h00 |Reunión con la Sra. Kristalina Georgieva, Presidenta del Fondo Monetario Internacional
17h15 |Intervención en el Foro Transforming Latin America’s Investment Frontier
19h30|Apertura de la 56.ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial – Davos 2026
Miércoles 21 de enero
08h30|Reunión con Alex Karp, CEO de Palantir Technologies
10h00|Reunión con Ilan Goldfajn, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
11h15|Reunión con Ryan McInerney, CEO de Visa
12h00|Almuerzo IGWEL (Informal Gathering of World Economic Leaders):
“Restoring a Spirit of Dialogue in a Divided World”
14h00|Reunión con Philippe Amon, CEO de SICPA
14h45|Reunión con José Raúl Mulino, Presidente de Panamá
16h00|Reunión con Isaac Herzog, Presidente de Israel
17h15|Reunión con Mike Henry, CEO BHP Group
18h15|Reunión con Jacob Safra, Presidente del Grupo Safra
20h15|Cena de trabajo de jefes de Estado latinoamericanos e invitados
“Delivering for Latin America”
Jueves 22 de enero
07h30|Sesión estratégica: “Meeting of the Gender Sprint Champions”
09h00|Reunión con Tharman Shanmugaratnam, Presidente de Singapur
09h45|Intervención en el Foro:
“Leadership Reflections from Young Heads of State and Political Leaders”
11h45|Reunión con Sultan Ahmed bin Sulayem, Presidente y CEO de DP World
12h00|Reunión bilateral con Ajay S. Banga, Presidente del Banco Mundial
12h45|Reunión bilateral con Catherine De Bolle, Directora de Europol
La Asociación de Trabajadores Abacaleros “Caminando Juntos” informó este 15 de enero sobre el incumplimiento de las reparaciones ordenadas por la Corte Constitucional del Ecuador, a más de un año de emitida la sentencia del caso Furukawa.
El fallo reconoció violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, entre ellas el trabajo forzoso, la servidumbre, el trabajo infantil, la falta de acceso a un trabajo digno, a la atención sanitaria, a la educación, a una vivienda adecuada, a la igualdad y a la no discriminación.
La sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el 5 de diciembre de 2024, determinó que el Estado ecuatoriano “no había impedido ni protegido contra estos abusos antes de 2018, permitiendo que persistieran durante décadas”.
Si bien el tribunal ordenó reparaciones integrales para las 342 víctimas -como el pago de más de USD 42 millones por daño inmaterial y material– la aplicación ha sido mínima, limitándose a una disculpa pública del Gobierno en mayo de 2025.
En una rueda de prensa que tuvo lugar en Quito, el pasado 15 de enero de 2026, los demandantes del caso señalaron que existe un incumplimiento prolongado y agravamiento de la crisis humanitaria.
De acuerdo a la asociación, la empresa Furukawa ha incumplido los plazos fijados por la Corte para el pago de las reparaciones. La compañía demandada debía realizar un primer pago en beneficio de las víctimas de esclavitud moderna en marzo de 2025, y hasta la fecha no ha cumplido esta obligación.
Javier Castillo, representante de la Asociación de Trabajadores Abacaleros “Caminando Juntos”, dijo que al menos nueve demandantes han fallecido sin ver cumplido su legítimo anhelo de reparación. La mayoría de los demandantes son personas adultas mayores, con problemas de salud, que viven en la pobreza y extrema pobreza.
Los abacaleros han realizado múltiples actos de protesta ante la Corte Constitucional sin obtener respuestas efectivas. Ante la falta de solución, algunos demandantes han realizado acciones de resistencia pacífica en el ingreso de una hacienda de la empresa, como medida de presión.
Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), expresó que esto sigue siendo una «herida abierta» de la responsabilidad del Estado ecuatoriano con los trabajadores. «Lo que más asombra es que, a pesar de que hay una decisión de la Corte Constitucional para la reparación, no hay quien haga respetar esa orden», apuntó.
La ONU se pronuncia
En un comunicado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que “la empresa Furukawa no solo ha sometido a las personas trabajadoras a una grave explotación laboral durante décadas, sino que también ha revictimizado a los supervivientes en lugar de reconocerlos y cumplir con sus obligaciones establecidas por la Corte Constitucional”.
La organización instó al Estado y a Furukawa a actuar sin más demora para garantizar la plena reparación, la protección de las víctimas y la adopción de políticas que impidan que se repitan estas graves violaciones de los derechos humanos.
“De no hacerlo, se podría producir una escalada de las tensiones actuales, poniendo en peligro la vida de quienes ya han sufrido durante décadas”, destacó.
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