Nacionales
Fiscalía pide la pena máxima para Wilman Terán y Maribel Barreno en el caso Independencia Judicial
La audiencia de juicio en el caso Independencia Judicial, en el que son procesados Wilman Terán y otras 10 personas, se reinstaló la mañana de este viernes 13 de diciembre de 2024.
En este caso, la Fiscalía investiga un presunto delito de obstrucción a la justicia. Este día, las partes procesales presentaron sus alegatos finales.
Wilman Terán testificó en el caso Independencia Judicial: dijo haber sido perseguido por el correísmo y habló de sus supuestos chats con la Fiscal
El fiscal subrogante, Wilson Toaínga, aseguró que, con base en las pruebas presentadas durante el juicio, «se ha probado la comisión del delito de obstrucción de la justicia por parte de los 11 procesados».
Por lo que el fiscal pidió al Tribunal pena de cárcel para los procesados, en calidad de autores y cómplices:
Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, acusado en calidad de autor. Fiscalía pidió una pena de siete años de prisión, más las agravantes, dando en total nueve años y cuatro meses de prisión.
Maribel Barreno, exvocal del Consejo de la Judicatura, acusada en calidad de autora. Fiscalía pidió una pena de siete años de prisión, más las agravantes.
Para los otros nueve procesados, quienes son acusados de cómplices del delito, la Fiscalía pidió una pena de dos años y cuatro meses de prisión.
Tras escuchar los alegatos, el Tribunal dispuso un receso hasta las 14:00, después del cual, las partes procesales continuarán con la presentación de sus alegatos de cierre.
¿De qué se acusa a los procesados?
En su alegato de cierre, el fiscal Toainga aseguró que entre mayo y agosto de 2023, tres vocales principales del Consejo de la Judicatura «ejecutaron varias conductas ilegítimas destinadas a intimidar al juez Walter Macías».
Los tres vocales son Terán, Barreno y Xavier Muñoz, quien colaboró con la justicia, y fue sentenciado a nueve meses de prisión.
El objetivo de esas conductas «ilegítimas» era «interferir» en la actuación del juez en una causa que estaba a su cargo por el delito de tráfico de influencias: el denominado caso Vocales, en el que una de las investigadas es precisamente Maribel Barreno. Fuente: Primicias
Los aranceles del 100 % impuestos por Ecuador a importaciones colombianas entraron en vigor desde este viernes, primero de mayo, lo que recrudece la guerra comercial iniciada en febrero por el presidente Daniel Noboa, bajo el argumento de que el vecino país no hace lo suficiente para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado en la frontera común.
La medida se aplica a las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia, con algunas excepciones, como importaciones petroleras y de generación energética y afines, entre otras, según se detalla en una resolución emitida por el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) el pasado 9 de abril.
Empresarios, exportadores y trabajadores de la frontera han rechazado el alza de aranceles y han instado a los presidentes de ambos países a que se sienten a conversar para encontrar soluciones que contribuyan a la seguridad sin que causen más impactos de los que, dicen, ya están provocando tarifas de entre el 30 % y 50 %.
Así escaló la tensa relación entre Ecuador y Colombia
En enero pasado, el presidente Noboa anunció que desde el 1 de febrero entraría en vigor una «tasa de seguridad» del 30 % a las importaciones colombianas hasta que «exista un compromiso real» de Bogotá para enfrentar al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.
Colombia respondió con una medida similar, cortó la interconexión eléctrica con Ecuador y cerró su frontera terrestre al ingreso de varios productos ecuatorianos, como el arroz y el banano.
Un mes después, el Gobierno ecuatoriano señaló que la tarifa subiría desde este viernes al 100 % «tras constatar la falta de implementación de medidas concretas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia».
Confrontación entre Daniel Noboa y Gustavo Petro
La guerra comercial también ha estado marcada por acusaciones cruzadas entre Noboa y el presidente colombiano, Gustavo Petro, que ha llevado a los gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores.
A inicios de marzo, militares ecuatorianos bombardearon supuestos campamentos de bandas criminales en la frontera con Colombia con apoyo de Estados Unidos.
Una de esas bombas apareció en un campo de cultivos de coca de Colombia, un incidente que quedó solventado después de que se determinó que el artefacto había rebotado en territorio vecino sin llegar a detonar.
La relación bilateral se volvió a tensar cuando Petro insistió en llamar al encarcelado exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, un «preso político».
Posteriormente, Noboa lo acusó de haberse relacionado con personas cercanas al narcotraficante José Adolfo Macías (‘Fito’), líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua de Ecuador, durante su estancia de dos días en la ciudad costera de Manta en 2025 tras acudir a Quito a la posesión del presidente ecuatoriano, algo que el mandatario colombiano niega.
El último episodio se produjo el miércoles, cuando Noboa señaló a Petro por haber impulsado una supuesta incursión de guerrilleros colombianos en territorio ecuatoriano, y el presidente colombiano le dijo que «deje de creer mentiras» y le propuso un encuentro en la frontera común para «construir la paz». Fuente: Vistazo
Nacionales
Unidad Popular presenta recursos legales ante el CNE y denuncia presuntas irregularidades en el proceso electoral
En el marco del actual proceso preelectoral, Sebastián Cevallos, subdirector nacional de Unidad Popular, informó sobre las acciones jurídicas emprendidas por esta organización política frente a su suspensión temporal, al tiempo que cuestionó el manejo institucional del proceso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Durante una entrevista, Cevallos señaló que Unidad Popular ha presentado formalmente una impugnación y apelación ante el CNE, con el objetivo de revertir la medida que pretende excluirlos del registro de organizaciones políticas habilitadas para participar en las próximas elecciones. En caso de no obtener una resolución favorable, anunció que recurrirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y, de ser necesario, a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la solicitud de medidas cautelares.
El dirigente sostuvo que la organización se mantiene en ejercicio de sus derechos, argumentando que no existe una sentencia firme que justifique su cancelación. En ese sentido, indicó que el 3 de mayo se publicará el registro oficial de partidos políticos, fecha en la cual confían en constar formalmente.
En relación con su estructura interna, Cevallos afirmó que Unidad Popular cuenta con más de 200 mil afiliados a nivel nacional, registrando aproximadamente 1.400 desafiliaciones en los últimos seis años, lo que —según indicó— la posiciona como una de las organizaciones con mayor estabilidad en su militancia. Además, recordó que el propio CNE validó en su momento estos registros, incluso mediante procesos técnicos de verificación de firmas.
En el ámbito electoral, el subdirector nacional señaló que, pese a la coyuntura, la organización continúa avanzando en la construcción de alianzas políticas en varias provincias, incluyendo Zamora Chinchipe, así como en la estructuración de candidaturas en más de 150 cantones del país. Asimismo, confirmó que participarán en los procesos de elecciones primarias previstas a partir del 18 de junio, conforme al calendario electoral vigente.
Cevallos también expresó críticas al adelanto del cronograma electoral, señalando que esta medida obliga a las organizaciones políticas a acelerar sus procesos internos de selección de candidaturas, lo que —a su criterio— podría afectar la participación democrática. No obstante, reiteró que Unidad Popular continuará cumpliendo con los plazos establecidos en la normativa electoral.
En cuanto al contexto político, el dirigente hizo referencia a la situación económica y social del país, destacando el incremento del costo de vida y los desafíos estructurales que enfrentan diversos sectores. En este sentido, confirmó la participación de la organización en las movilizaciones conmemorativas del 1 de mayo, Día del Trabajo, como un espacio de expresión ciudadana y de reivindicación de derechos laborales.
Finalmente, Cevallos subrayó que la defensa de la participación política de Unidad Popular se enmarca —según su criterio— en la necesidad de garantizar el pluralismo y la vigencia del sistema democrático en el país.
Nacionales
Superintendencia de Bancos alerta sobre 14 entidades no autorizadas para captar dinero en 2026
La Superintendencia de Bancos informó que, durante los primeros cuatro meses de 2026, ha identificado 14 entidades que operan sin autorización para captar dinero de la ciudadanía, lo que representa un riesgo para los intereses económicos de quienes confían sus recursos a estos centros.
Ante esta situación, la entidad de control hizo un llamado a la población a extremar precauciones y evitar entregar dinero a organizaciones que no forman parte del sistema financiero nacional.
Las entidades señaladas son: PLATA PUNTUAL-PRÉSTAMO LISTO, RICO-CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, DINEROFÁCIL-PRÉSTAMO FÁCIL, CREDITO SMART, PRESTAMOS ECUADOR, CRECE CREDIT, CREDIPAGUITOS, COOPERATIVA PRO CREDIT, CREDIALIANZA S.A.S., CRÉDITOFAST-PRÉSTAMO FAST, FINANCIAHORA-PRÉSTAMO SEGURO, CREDICER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, CREDIQUITO y CONSULTING GLOBAL ECUADOR LMJP S.A.
El organismo recordó que tanto personas naturales como jurídicas que no están autorizadas tienen prohibido captar recursos de terceros o realizar actividades financieras de manera habitual. Asimismo, advirtió que estas entidades tampoco pueden promocionarse mediante publicidad, avisos o cualquier otro mecanismo que sugiera que operan como instituciones financieras.
En 2025, la Superintendencia detectó un total de 60 entidades no autorizadas, lo que evidencia la persistencia de este tipo de prácticas en el país.
Generalmente, estas organizaciones ofrecen altos rendimientos en plazos cortos, con tasas muy superiores a las de bancos y cooperativas, lo que suele ser una señal de alerta.
La Superintendencia de Bancos instó a la ciudadanía a denunciar este tipo de actividades a través de sus canales oficiales, con el fin de prevenir posibles estafas y proteger el sistema financiero.
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