Nacionales
Fiscalía pide la pena máxima para Wilman Terán y Maribel Barreno en el caso Independencia Judicial
La audiencia de juicio en el caso Independencia Judicial, en el que son procesados Wilman Terán y otras 10 personas, se reinstaló la mañana de este viernes 13 de diciembre de 2024.
En este caso, la Fiscalía investiga un presunto delito de obstrucción a la justicia. Este día, las partes procesales presentaron sus alegatos finales.
Wilman Terán testificó en el caso Independencia Judicial: dijo haber sido perseguido por el correísmo y habló de sus supuestos chats con la Fiscal
El fiscal subrogante, Wilson Toaínga, aseguró que, con base en las pruebas presentadas durante el juicio, «se ha probado la comisión del delito de obstrucción de la justicia por parte de los 11 procesados».
Por lo que el fiscal pidió al Tribunal pena de cárcel para los procesados, en calidad de autores y cómplices:
Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, acusado en calidad de autor. Fiscalía pidió una pena de siete años de prisión, más las agravantes, dando en total nueve años y cuatro meses de prisión.
Maribel Barreno, exvocal del Consejo de la Judicatura, acusada en calidad de autora. Fiscalía pidió una pena de siete años de prisión, más las agravantes.
Para los otros nueve procesados, quienes son acusados de cómplices del delito, la Fiscalía pidió una pena de dos años y cuatro meses de prisión.
Tras escuchar los alegatos, el Tribunal dispuso un receso hasta las 14:00, después del cual, las partes procesales continuarán con la presentación de sus alegatos de cierre.
¿De qué se acusa a los procesados?
En su alegato de cierre, el fiscal Toainga aseguró que entre mayo y agosto de 2023, tres vocales principales del Consejo de la Judicatura «ejecutaron varias conductas ilegítimas destinadas a intimidar al juez Walter Macías».
Los tres vocales son Terán, Barreno y Xavier Muñoz, quien colaboró con la justicia, y fue sentenciado a nueve meses de prisión.
El objetivo de esas conductas «ilegítimas» era «interferir» en la actuación del juez en una causa que estaba a su cargo por el delito de tráfico de influencias: el denominado caso Vocales, en el que una de las investigadas es precisamente Maribel Barreno. Fuente: Primicias
Nacionales
MSP elimina coordinaciones zonales y crea 24 direcciones provinciales en nueva reorganización territorial
Nacionales
Ministerio de Trabajo: Ningún empleador puede obligar a trabajadores a asistir a eventos o movilizaciones
A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo advirtió que los empleadores no pueden obligar a sus trabajadores a asistir a eventos, concentraciones o movilizaciones de ninguna índole. La información se difundió este viernes, 20 de febrero de 2026.
En el documento se explica que esta medida rige para trabajadores del sector público y privado.
Se pueden hacer denuncias
Si el trabajador es obligado a ser parte de estas prácticas puede denunciar a los canales del Ministerio de Trabajo. Se garantizará el anonimato y la confidencialidad del denunciante para garantizar su estabilidad laboral y su integridad.
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Luego de recibir las denuncias, la cartera del ramo procederá con las inspecciones y medidas correspondientes de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Pueden darse sanciones para quienes incurran en estas faltas.
Los canales habilitados
El Ministerio de Trabajo habilitó estos canales:
Canal web: https://www.contactociudadano.gob.ec/
Línea telefónica: 1800 266 822
Presencial: ventanillas de atención de las direcciones regionales del Trabajo en todo el país.
Unas 400 personas marcharon este jueves por el centro de Quito para protestar contra el nuevo proyecto de ley impulsado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que busca reformar el esquema de gasto de los gobiernos locales, entre ellos municipios y prefecturas provinciales.
La iniciativa, denominada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), fue enviada por Noboa con carácter económico urgente, una figura constitucional que obliga al Legislativo a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, tras lo cual el proyecto podría entrar en vigor automáticamente si no es aprobado o archivado.
El proyecto plantea que los gobiernos locales destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.
La propuesta enfrenta al oficialismo, representado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que defiende su aprobación; y al correísmo, que gobierna las prefecturas y municipios más grandes del país, como Quito y Guayaquil.
Ellos sostienen que la norma reduciría su autonomía financiera y afectaría servicios municipales como la educación.
Entre los manifestantes hubo personas de distintas edades, desde adultos mayores hasta jóvenes con uniforme escolar.
Una de las presentes, Silvia Alviar, explicó a EFE que se había sumado a la marcha para «rechazar una ley que nos afecta a todo el pueblo, ya que nos quieren quitar un presupuesto, una gran parte». «Por ende, no vamos a poder tener buenos profesores, buenos profesionales para nuestros hijos», dijo.
De esta forma, Romero insistió en pedir al Gobierno central que archive la ley y que, si realmente busca la eficiencia y sostenibilidad de los gobiernos autónomos, escuche al pueblo y a los beneficiarios y elabore una norma que no perjudique a los más pobres y que garantice esa eficiencia y sostenibilidad.
La propuesta se tratará en segundo debate este viernes en el pleno del Parlamento ecuatoriano. EFE (I)
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