Un estudio reciente realizado por investigadores de la UTPL junto a académicos de la Universidad de Oviedo responde a una pregunta clave: ¿existe una relación entre el tamaño de las ciudades y la discriminación salarial por origen étnico en Ecuador?

El estudio, publicado en The Annals of Regional Science, utiliza micro datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de 2023, con información de 80.178 trabajadores. Los resultados parten de una realidad desigual: mientras la población blanca percibe un salario promedio mensual de USD 731,39, los trabajadores indígenas reciben en promedio USD 383,21.

Para el análisis, el territorio ecuatoriano se clasificó en regiones funcionales según tamaño urbano y cercanía a grandes ciudades. Mediante modelos econométricos, los autores lograron distinguir qué parte de la brecha salarial se explica por características como educación, experiencia laboral, sector económico, tipo de contrato o género, y qué parte responde directa mente a discriminación étnica.

Los resultados confirman que las grandes aglomeraciones urbanas, como Quito y Guayaquil, actúan como espacios de integración donde la brecha salarial se reduce significativamente. En estos entornos cosmopolitas, la mayor interacción social parece disminuir los prejuicios, generando salarios más altos y relativamente más equitativos.

Por el contrario, la discriminación se intensifica en las áreas rurales periféricas y en las pequeñas ciudades alejadas de los grandes centros urbanos, identificadas como los entornos más desfavorables para la equidad salarial.

El estudio revela que la ubicación geográfica explica por sí sola el 33,2 % de la brecha salarial en el caso de los afroecuatorianos, y el 25,3 % en el de los indígenas. En otras palabras, entre una cuarta y una tercera parte de la desigualdad salarial que enfrentan estos grupos se reduciría si tuvieran una distribución territorial similar a la de la población mestiza.

Aunque la investigación demuestra que las grandes ciudades amortiguan la discriminación salarial por origen étnico, también evidencia que esta desigualdad sigue siendo una realidad extendida en el país. Los resultados sugieren que las políticas públicas de inclusión no deberían ser homogéneas, sino incorporar un enfoque territorial que atienda las barreras específicas de las zonas rurales y periféricas donde la discriminación resulta más intensa.

El presidente Daniel Noboa anunció el segundo toque de queda del año que regirá entre el 3 y el 18 de mayo de 2026. La medida, que restringe la libertad de circular entre las 23:00 y las 05:00, se aplicará en nueve provincias y cuatro cantones de Ecuador.

Esta disposición, anunciada por Noboa en la red social X el 20 de abril, se ejecutará apenas semanas después de que finalizara la restricción de movilización nocturna impuesta entre el 15 y el 30 de marzo de 2026 en cuatro provincias: Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

A partir de mayo, la medida de seguridad regirá en las provincias de Manabí, Santa Elena, Pichincha (incluido Quito), Esmeraldas, Sucumbíos, Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo. Así como en los cantones Las Naves y Echeandía (Bolívar); La Maná (Cotopaxi), y La Troncal (Cañar).

¿Qué pasó en el primer toque de queda?
Al revisar las estadísticas de violencia criminal en las cuatro provincias intervenidas durante el primer toque de queda, se evidencia una reducción general en las cifras de muertes violentas frente a los 16 días previos.

Entre el 27 de febrero y el 14 de marzo, antes del primer toque de queda, los datos oficiales contabilizaron 272 muertes violentas a nivel general en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo.

En contraste, durante la vigencia de la medida excepcional entre el 15 y el 30 de marzo, la cifra global en estos territorios cayó a 215 víctimas mortales. La reducción fue del 20,96%.

Guayas, por ejemplo, pasó de 180 homicidios a 139, mientras que El Oro redujo sus asesinatos de 56 a 30 en ese mismo lapso de análisis general.

Crímenes en la madrugada
El impacto de la militarización y el cerco policial se sintió con mayor contundencia durante las horas exactas de restricción de movilidad, es decir, en la franja comprendida entre las 23:00 y las 05:00, durante el primer toque de queda del año.

Al comparar el periodo inmediato anterior, que abarca del 27 de febrero al 14 de marzo, los registros documentan un total de 66 muertes violentas durante la madrugada en las cuatro provincias.

Durante el toque de queda, del 15 al 30 de marzo, los asesinatos en ese horario cayeron de forma abrupta a 15 casos, lo que representa una reducción del 77,27% en El Oro, Los Ríos, Santo Domingo y Guayas. En esta última provincia, los crímenes de madrugada se desplomaron de 48 a siete, a la par que en El Oro disminuyeron de 15 a cuatro.

La tendencia estadística a la baja, sin embargo, tuvo una excepción. En Los Ríos hubo cuatro muertes violentas durante el horario del toque de queda. Antes de las restricciones, entre el 27 de febrero y el 14 de marzo, esta localidad registró tres asesinatos entre las 23:00 y las 05:00.

El peor inicio de año después de 2025
A pesar de estas reducciones parciales derivadas de los operativos de excepción, el contexto histórico revela una realidad para Ecuador: en el primer trimestre de 2026 hubo 2.086 muertes violentas.

Si se examinan los datos históricos de homicidios acumulados de enero a marzo desde 2014, la crisis de violencia continúa en el país.

En el primer trimestre de 2025 Ecuador alcanzó los 2.400 crímenes. En igual período de este año se registró una reducción del 13%; sin embargo, es el segundo peor inicio de año de la historia. Fuente: Primicias

Toque de queda en zonas clave del narcotráfico