Nacionales
Fiscalía pide la pena máxima para Wilman Terán y Maribel Barreno en el caso Independencia Judicial
La audiencia de juicio en el caso Independencia Judicial, en el que son procesados Wilman Terán y otras 10 personas, se reinstaló la mañana de este viernes 13 de diciembre de 2024.
En este caso, la Fiscalía investiga un presunto delito de obstrucción a la justicia. Este día, las partes procesales presentaron sus alegatos finales.
Wilman Terán testificó en el caso Independencia Judicial: dijo haber sido perseguido por el correísmo y habló de sus supuestos chats con la Fiscal
El fiscal subrogante, Wilson Toaínga, aseguró que, con base en las pruebas presentadas durante el juicio, «se ha probado la comisión del delito de obstrucción de la justicia por parte de los 11 procesados».
Por lo que el fiscal pidió al Tribunal pena de cárcel para los procesados, en calidad de autores y cómplices:
Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, acusado en calidad de autor. Fiscalía pidió una pena de siete años de prisión, más las agravantes, dando en total nueve años y cuatro meses de prisión.
Maribel Barreno, exvocal del Consejo de la Judicatura, acusada en calidad de autora. Fiscalía pidió una pena de siete años de prisión, más las agravantes.
Para los otros nueve procesados, quienes son acusados de cómplices del delito, la Fiscalía pidió una pena de dos años y cuatro meses de prisión.
Tras escuchar los alegatos, el Tribunal dispuso un receso hasta las 14:00, después del cual, las partes procesales continuarán con la presentación de sus alegatos de cierre.
¿De qué se acusa a los procesados?
En su alegato de cierre, el fiscal Toainga aseguró que entre mayo y agosto de 2023, tres vocales principales del Consejo de la Judicatura «ejecutaron varias conductas ilegítimas destinadas a intimidar al juez Walter Macías».
Los tres vocales son Terán, Barreno y Xavier Muñoz, quien colaboró con la justicia, y fue sentenciado a nueve meses de prisión.
El objetivo de esas conductas «ilegítimas» era «interferir» en la actuación del juez en una causa que estaba a su cargo por el delito de tráfico de influencias: el denominado caso Vocales, en el que una de las investigadas es precisamente Maribel Barreno. Fuente: Primicias
La Policía Nacional del Ecuador inició una nueva convocatoria nacional para incorporar a 728 profesionales a sus filas, como parte de su proceso de fortalecimiento institucional en 2026.
Del total de vacantes, 220 están destinadas a aspirantes a oficiales, quienes se graduarán con el grado de subtenientes, mientras que 508 corresponden a personal de tropa que se formará como técnicos operativos. Así lo informó Jorge Cevallos, quien detalló que el periodo de formación será de seis meses.
Las inscripciones comenzarán el lunes 13 de abril y se realizarán de forma virtual a través del portal oficial de la institución, siguiendo un cronograma organizado por el último dígito de la cédula. El registro se distribuirá durante la semana y se habilitará para todos los números los fines de semana.
Perfil y requisitos
La convocatoria está dirigida a ciudadanos ecuatorianos con título de tercer o cuarto nivel —como licenciaturas, ingenierías, tecnologías o posgrados— y al menos dos años de experiencia profesional.
Entre los requisitos se incluyen no tener antecedentes penales, no pertenecer a organizaciones políticas, no portar tatuajes y cumplir con una estatura mínima de 1,60 metros para hombres y 1,55 metros para mujeres.
El límite de edad es de hasta 34 años, 11 meses y 30 días, con una excepción para el área de salud, donde se permite hasta 36 años.
Etapas del proceso
Los aspirantes deberán superar varias fases de evaluación, que incluyen pruebas académicas, físicas, médicas, psicológicas, entrevistas personales y exámenes de confianza.
Una vez aprobado el proceso, los seleccionados ingresarán a las escuelas de formación en septiembre de 2026, y su graduación está prevista para marzo de 2027.
Áreas de especialización
La institución busca incorporar talento en áreas clave como:
- Jurídica
- Técnica
- Salud
- Administrativa
Los aspirantes serán asignados según su formación académica y experiencia profesional.
Los siniestros viales no solo lideran la cifra de muertes en el Ecuador, sino que también influyen en las estadísticas de salud.
Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), el 25% de las atenciones registradas a enero de 2026 se generaron como producto de siniestros de tránsito, lo que las ubica como la segunda causa de atención en la red pública de salud, solo después de los eventos clínicos. La tendencia se mantiene ya que, en el 2025, estas atenciones representaron el 26%.
“No se trata de hechos aislados en las carreteras, sino de eventos prevenibles que trasladan una enorme presión a hospitales, centros de salud, personal médico, servicios de emergencia y presupuestos públicos”, señaló Gladys Meléndez, vocera de la Coalición Movilidad Segura.
Mayores controles en vías de alta peligrosidad
Este escenario ha llevado a reforzar las acciones de control. En Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito ejecutó 401 operativos enfocados en motocicletas entre enero y abril, como parte de una estrategia para reducir los siniestros viales en la capital.
Durante estos controles se emitieron 6.464 citaciones por infracciones y se retuvieron 1.779 motocicletas. Las autoridades detectaron faltas recurrentes como conducir sin licencia, circular con documentos caducados o incumplir condiciones técnicas del vehículo, factores que inciden directamente en los siniestros viales.
Como parte de estos controles, la AMT también ha intensificado la vigilancia sobre el transporte pesado. Entre el 1 y el 7 de abril, 66 vehículos fueron sancionados por incumplir la restricción de circulación en horario vespertino en la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar, medida aplicada para reducir los siniestros viales en estas vías de alta circulación.
Cifras preocupantes
Además, las cifras nacionales evidencian la magnitud del problema: en 2025 se registraron más de 20.000 siniestros viales, con miles de personas heridas y más de 2.300 fallecidos. La mayoría de estos casos se concentra en provincias como Pichincha y Guayas.
Nacionales
Chats de la red que robaba combustible salen a la luz: Juez dispuso prisión preventiva para cinco policías y tres militares
Alianza Vistazo – Código Vidrio
Éste es uno de los chats que constan en la investigación que desarticuló una estructura que robaba hidrocarburos del poliducto. Cinco policías y tres militares se encuentran entre los involucrados. La madrugada de este jueves 8 de abril, el juez anticorrupción Renán Andrade dispuso prisión preventiva para ellos.
El líder de la red de robo de combustibles, desarticulada este miércoles 7 de abril, era el capitán de la policía Edison M.H. Según las investigaciones, él perfeccionó el mecanismo para la perforación del poliducto, mientras era parte de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos.
La integraban cinco servidores policiales del eje preventivo, para facilitar el traslado de combustible conseguido en forma ilícita. Luego, era transportado en vehículos pesados para su posterior comercialización.
En esta organización delictiva también jugaron un rol clave tres militares activos y ocho civiles. Los militares coordinaban directamente con el oficial de policía, proporcionándole información logística.
La investigación para identificar la red y su entramado tomó un año. Estuvo a cargo de agentes de Asuntos Internos, junto con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía. Los investigadores confirmaron que los uniformados estaban involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico, desvío y uso indebido de hidrocarburos.
El operativo se realizó la madrugada de este miércoles 7 de abril de 2026. La policía, a través de la Sección de Investigación de la Conducta Policial de la Dirección Nacional de Asuntos Internos (Inspectoría) ejecutó la operación denominada “Gran Fortaleza 1”. Se realizaron 16 allanamientos en ocho provincias del país, fueron detenidas 16 personas.
Los allanamientos se ejecutaron en inmuebles ubicados en Guayas, Pichincha, Santo Domingo, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Orellana, donde fueron detenidos los colaboradores e involucrados.
La organización contaba con capacidad operativa para obtener hidrocarburos mediante perforaciones clandestinas a los poliductos, utilizando información sensible. Esto facilitaba tanto la sustracción como la posterior comercialización del combustible.
Una vez concluida la investigación previa, el abogado de Petroecuador Sergio Juan Ruiz Vasco presentó la denuncia por delincuencia organizada y sustracción de hidrocarburos en la Fiscalía.
El foco de las operaciones criminales era la provincia de Santa Elena. Los sitios donde los policías realizaban las perforaciones clandestinas, con coordenadas exactas, se ubicaron en el poliducto Libertad- Pascuales y Libertad-Manta.
Entre las evidencias recopiladas en la investigación se incluyen las conversaciones mantenidas entre los miembros de la red, sobre los pagos.
No habrá impunidad
En una entrevista previa con esta alianza, el general Víctor Herrera, a cargo de la Inspectoría de la policía, advirtió que rige una política de cero tolerancia a actos de corrupción en esas filas.
La institución tiene 57 mil uniformados. “Si deciden servir al crimen organizado, saldrán de las filas y quedarán a merced de las estructuras criminales que ya saben cómo pagan a sus colaboradores”, advirtió Herrera.
El oficial tiene 37 años al servicio de la institución. Explicó, con preocupación, que la entidad intenta depurar sus filas, pero que un preocupante número de servidores separados por actos reñidos con la ley regresan por decisiones judiciales. Según reveló en esta entrevista, en el curso de los últimos 10 años al menos 1.800 servidores policiales separados volvieron.
Para ello utilizaron argucias como recursos de protección, facilitados por jueces. Es más, desde 2021 hasta 2025, 653 policías destituidos se reincorporaron por decisiones jurídicas. Solo en 2025 fue casi un centenar: 97 restituidos a esas filas.
16 personas en esta red
Cinco servidores policiales, entre ellos, dos sargentos, dos cabos y un policía. Además, tres militares, dos sargentos y un cabo. Ocho civiles además fueron identificados como miembros de esta estructura. De ellos, cinco registran antecedentes.
El juez Andrade dispuso el inicio de la etapa de instrucción fiscal por 90 días. Dictaminó prisión preventiva para 15 de los procesados. Además, una mujer cumplirá arresto domiciliario en Milagro. Fuente: Vistazo
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