Decenas de viviendas abandonadas, sin puertas ni ventanas, casas con fachadas y muros derrumbados o domicilios con los accesos clausurados con bloque y cemento. Ese fue el panorama que halló la Policía a finales de marzo pasado en la parroquia urbana de Puerto Bolívar, en Machala (El Oro). El escenario de desolación y captación criminal motivó una nueva intervención del Bloque de Seguridad, este jueves 14 de mayo de 2026, en una apuesta por «presencia militar permanente» en la población.

Pasajes y callejones de barrios como El Pampón, 5 de Diciembre y 4 de Abril, hasta hace dos años marcados por el dinamismo del comercio de mariscos y por la pesca artesanal, ahora lucen desiertos.

Los barrios más afectados se ubican cerca a la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar y al puerto marítimo que le da nombre a la población o a las orillas del estero Huaylá, en la parte posterior de la población (riberas sur y sur-este de la parroquia).

Se trata de sitios estratégicos para el narcotráfico, pues ofrecen facilidades para ingreso y salida de embarcaciones de pesca artesanal, vinculadas a labores de contaminación con droga de contenedores marítimos y de los propios buques internacionales que recalan en los cercanos muelles portuarios. El estero con salida al archipiélago de Jambelí -y al mar abierto- ofrece también un punto de recalada a lanchas usadas para transportar armas y ejecutar delitos como piratería, según fuentes militares.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló que con la intervención se ha militarizado “uno de los cuarteles de contaminación de droga más grande del país”. En 2025, antinarcóticos reportó incautaciones de 10,8 toneladas de droga con la terminal machaleña como puerto de origen, lo que representa el 11,24% de la droga decomisada en todas las terminales marítimas de Ecuador.

Puerto Bolívar es la cuarta terminal con el mayor número de incautaciones de cocaína de Ecuador, solo superada por tres puertos de Guayaquil -y su parroquia rural, Posorja-, según datos de antinarcóticos.

*Revise en este mapa la ubicación de la parroquia de Puerto Bolívar en relación a Machala y a su terminal marítima:

300 familias desplazadas, hasta 500 casas tomadas
La violencia ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 300 familias en Puerto Bolívar, en medio de amenazas, ataques armados, cuerpos desmembrados, crímenes múltiples y explosiones contra casas o negocios en los últimos dos años.

El número de viviendas tomadas por la banda criminal Los Lobos en la parroquia podría ascender a 500, según las autoridades. Por lo que en los próximos cuatro días, más de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía prevén revisar 85 manzanas y 1.642 viviendas, de acuerdo a Loffredo.

El poblado, de cerca de 75.000 habitantes, otrora enclave de familias dedicadas a la pesca y al negocio gastronómico, se convirtió en territorio de violentas disputas criminales tras el fraccionamiento del grupo armado Los Lobos, que se dividió en Sao Box y Espejos en 2024.

El general de Ejército, Henry Delgado, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señaló que se trata de facciones que cuentan con vínculos transaccionales como el Cártel Nueva Generación de México y grupos ilegales armados de Colombia.

Con la nueva intervención se busca ejercer control permanente en tierra y agua en Puerto Bolívar y realizar un censo sobre la propiedad de unas 2.000 embarcaciones, que atracan sobre muelles irregulares -extensiones desde las casas- a lo largo de casi cuatro kilómetros sobre el estero Huaylá.

El plan contempla regresar inmuebles a familias víctimas de desplazamiento forzado y derribar viviendas sin propietarios identificados, ocupadas por grupos criminales como escondites o centros de operación delictiva. El pasado 28 de marzo, en una primera incursión la Policía, detonó cinco casas.

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Tres factores que convirtieron a Puerto Bolívar en un enclave criminal:
La parroquia urbana de Puerto Bolívar, cuya economía depende principalmente de la pesca, el comercio y el turismo en un sector aledaño al archipiélago de Jambelí, se convirtió en un enclave criminal por al menos tres razones clave que aprovechan las organizaciones criminales para su logística y operación:

1.- La cercanía al puerto y la conexión terrestre de Machala  
La terminal marítima de Puerto Bolívar, vecina a los barrios afectados por la violencia, se ubica a solo cuatro millas de mar abierto, un punto clave para el comercio internacional y el narcotráfico. Se trata de un puerto especializado en la exportación de banano y camarón. Los grupos armados usan rutas por tierra y mar, además de embarcaciones pesqueras y contenedores en puertos para el trafico de cargamentos ilegales. Además, la parroquia urbana está solo a seis kilómetros del centro de Machala, la capital de la provincia de El Oro, que, según informes de inteligencia militar, cumple una función de «paso, conexión y proyección logística» hacia la frontera sur y las rutas marítimas. El eje vial Machala–Puerto Bolívar y la avenida 25 de Junio son usadas por grupos criminales como ruta logística hacia cantones aledaños como Pasaje, Santa Rosa y El Guabo, agregan los informes. La zona de cuatro cantones también goza de conexión terrestre con Loja (Loja), Cuenca (Azuay), Guayaquil (Guayas) y la frontera con Perú.

2.- Tres kilómetros de riberas y muelles en el Estero Huaylá
Este cuerpo de agua, ubicado en la orilla sur y sureste de la parroquia, es una ruta vital de recalado para embarcaciones de pesca artesanal, que los grupos criminales se tomaron por su conexión fluvial con el archipiélago de Jambelí,  con los muelles del puerto vecino y con la salida a mar abierto . El estero, que conecta con camaroneras y con el mar cuenta con decenas de muelles improvisados irregulares, que en un tiempo fueron utilizados por los pescadores como extensiones de sus propias casas,  pero que luego fueron aprovechados por los delincuentes de forma estratégica para actividades criminales. En marzo pasado la Policía Nacional inició la destrucción de muelles ilegales sobre el estero Huaylá y se contempla la destrucción progresiva de estas estructuras.

3.- Capacidad de control territorial sobre un sector marginal 
Los grupos armados organizados relacionados al tráfico internacional de drogas y al microtráfico de sustancias encontraron en un sector marginal, olvidado y empobrecido el caldo de cultivo ideal para reclutar a jóvenes y pescadores, y para convertir a Puerto Bolívar en enclave criminal. En la provincia de El Oro las organizaciones criminales mantienen el control de zonas importantes mediante extorsiones y cobros ilegales (tipo vacunas extorsivas), utilizando amenazas, ataques armados y con explosivos. Al Estado le ha tomado tres años proponer un plan de intervención permanente en la zona luego de que se disparara la violencia a niveles históricos desde 2023. La disputa por el territorio se evidencia en homicidios por encargo, cometidos principalmente por sicarios que se movilizan en motocicletas o vehículos robados. Estos grupos participan en el contrabando de mercancías, combustible y armas por pasos fronterizos legales e ilegales, y usan el secuestro extorsivo como una forma de obtener dinero.

Lobos y Choneros, dos GAO operando en El Oro
En El Oro, el Grupo Armado Organizado (GAO) Los Choneros mantiene posicionamiento en Machala, Pasaje, Santa Rosa y Huaquillas, según la caracterización de inteligencia militar. Pero su accionar delictivo abarca principalmente el narcotráfico y el sicariato.

El GAO Lobos tiene incluso mayor prominencia en la provincia y se dedica a actividades como sicariato, tráfico internacional y microtráfico de drogas, minería ilegal, robo de vehículos y extorsión.

Los Lobos mantienen una pugna territorial con el Grupo de Delincuencia Común (GDC) Sao Box -en Machala y Puerto Bolívar-,  «disponiendo para los enfrentamientos de armamento de corto y largo alcance, incluyendo pistolas, revólveres, metralletas, granadas, explosivos improvisados y fusiles». Fuente: Primicias

«Cinco días bajo custodia del Sebin»

La madrugada de la Navidad de 2024, un comando armado ejecutó un ataque coordinado contra la construcción de la cárcel del Encuentro en Santa Elena, bajo una estrategia de engaño y de terrorismo de «falsa bandera». Unos 30 hombres, disfrazados con uniformes militares, instalaron en la prisión 15 artefactos explosivos improvisados elaborados con cilindros de gas.

Las detonaciones provocaron cuantiosos daños materiales,  provocaron la muerte de un trabajador y dejaron a un militar gravemente herido, con secuelas permanentes, y retrasaron la entrega de la obra -que finalmente entró en funcionamiento casi un año después-.

Aunque la banda criminal se identificó verbalmente con el grupo de Los Tiguerones y amenazó a  trabajadores secuestrados gritando que cumplían órdenes del «Comandante Fito» -en referencia a José Adolfo Macías Villamar, extraditado líder de Los Choneros- un proceso judicial revela que el ataque fue orquestado por la facción R29 de Los Lobos.

Sabotear la construcción de la cárcel culpando a los rivales
El acta de audiencia de formulación de cargos, realizada el 8 de mayo de 2026, contra tres procesados por el caso, detalla que el objetivo del atentado era el sabotaje: Se trató de impedir que se termine la cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, para desviar la atención, los atacantes utilizaron el nombre de bandas rivales.

Durante la incursión se produjo el secuestro temporal de seis trabajadores, entre ellos el jefe del campamento, un ingeniero en sistemas, un técnico hidrosanitario y guardias privados. Los criminales los golpearon, los amenazaron de muerte y le demostraron tener información precisa de sus familiares.

Al los secuestrados -quienes más tarde fueron dejados en libertad- les dejaron un mensaje intimidatorio: «Dejen de construir la cárcel, esto es orden del Comandante Fito, no les vamos a permitir que construyan esa mierda aquí».

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Uno de los guardias testificó haber escuchado a los atacantes preguntarse: «¿A los guardias, los matamos?.

A pesar de la amenaza y de la supuesta identificación de los atacantes con Los Tiguerones -aliados de Los Choneros-, el análisis de los tatuajes de los detenidos y cruce de datos periciadas en sus celulares confirmaron que los procesados pertenecían en realidad a Los Lobos.

La frialdad del ataque quedó registrada en las comunicaciones internas de los delincuentes. Tras someter a los guardias, uno de los atacantes se comunicó por radio pronunciando una frase en clave: «Mi teniente, se activó la fiestita».  «¿A los guardias, los matamos?, escuchó otro de los secuestrado.

Así fue el atentado contra la cárcel del Encuentro
El atentado, planificado inicialmente para mediados de diciembre, y abortado por «órdenes superiores» de sujetos identificados con los alias de «Diablo» y «Vico», se consumó finalmente en la madrugada del 25 de diciembre de 2024, aprovechando la vulnerabilidad durante las fiestas navideñas. (Los implicados se habían replegado días antes a Ambato (Tungurahua) para reorganizar el atentado).

Los atacantes trasladaron en el balde de una camioneta los explosivos para plantarlos en el recinto. Se movilizaron desde Guayaquil 15 cilindros de gas amarillos, equipados con un sistema de mechas lentas  que ofrecían un retardo de más de 37,5 minutos, según consta en el expediente.

En el convoy criminal participaron cuatro vehículos con placas alteradas. La vestimenta militar y el uso de vehículos con logotipos del Ejército contribuyeron a facilitar el sometimiento del personal de guardia.

De los 15 cilindros bomba, 11 artefactos lograron detonar, dejando cráteres y destruyendo parte de la infraestructura por entonces en construcción. Además, dos de los artefactos explosivos improvisados fueron neutralizados posteriormente por el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

La toma de las instalaciones y la plantación de los explosivos les tomó a los perpetradores una media hora. Y el ataque se saldó con la muerte de un trabajador y con un cabo segundo del Ejército herido de gravedad por la onda expansiva, a quien el atentado lo dejó con discapacidad permanente.

Aunque un pelotón militar de apoyo con base en la cercana comuna de Juntas del pacífico fue alertado a las 02:30 horas de la incursión en la cárcel, el equipo tardó 25 minutos en llegar al campamento en medio de las fiestas navideñas, debido a la lluvia y el lodo en la ruta de cinco kilómetros sin asfaltar que conduce a la cárcel. La acción de este pelotón de respuesta se centró en la evacuación del personal.

La trama del infiltrado y el error que condujo a las capturas
La Policía Nacional logró afectar a parte de la red tras un año y medio de investigaciones, gracias a los errores de los perpetradores, que obtuvieron información privilegiada de un infiltrado.

• Las autoridades identificaron días antes del ataque a un operador de grúa, Cristian Alexander V. I., quien filtró videos del interior de la construcción a través de su celular. Aunque las autoridades lo despidieron por vulnerar el acuerdo de confidencialidad, la información ya había llegado a la banda.
• Una de las mayores pistas la proporcionó uno de los atacantes, horas después del atentado. A las 03:55 del 25 de diciembre, Joan Sebastián Mora Jácome -uno de los tres procesados-, cometió el error de abastecer de combustible al vehículo KIA negro usado en el atentado. Solicitó una factura electrónica en una gasolinera de la vía Perimetral en Guayaquil y registró su número de cédula real, dejando un rastro documental clave para la investigación.
• Con ese nombre, los investigadores descubrieron que Joan Sebastián Mora Jácome había sido detenido nueve días antes junto a otro implicado en el caso: Luis Fernando Romero Calle.
• Ambos resultaron detenidos el 16 de diciembre de 2024 en Durán (Guayas), por receptación (adquirir, recibir, ocultar o comercializar bienes robados). Se los aprendió en posesión de un vehículo Cherry rojo robado y con placas clonadas, pero quedaron en libertad poco tiempo después lo que le dio el margen de maniobra para atentar contra la cárcel, según la acusación del caso.
• Las pericias a un teléfono incautado previamente en Durán a los sospechosos revelaron chats donde se coordinaba la logística, se atrasó la fecha del atentado y se emitían directrices de reserva sobre los detalles de la planificación: «Pilas muchachos con la info a nadie más».

«Quería darle por la cabeza a esos manes, pero llamaron de arriba para la otra misión» Chat entre dos de los procesados por el atentado.

Captura de presunto cabecilla
En un megaoperativo policial ejecutado el pasado 6 de mayo de 2026 se logró detener a los tres procesados, presuntos miembros de la facción R29 de Los Lobos.

• Ángel Luis Macías García (alias «Monito» o «Luna y Túnez»): Señalado como el líder de la facción R29 y objetivo de alto valor. Según las autoridades coordinó el ataque, transmitió «órdenes superiores» («abortar la misión» o cambiar de carro) y condujo una furgoneta en la caravana criminal. La Policía lo capturó en Guayaquil.
• Joan Sebastián Mora Jácome: Identificado en las cámaras de los peajes como conductor de un de vehículo todoterreno implicado y señalado por el desliz de colocar gasolina con su cédula. La información clave sobre la logística del caso se extrajo de su celular.
  Luis Fernando Romero Calle: Se lo identificó en los videos de los peajes y se vinculó a la organización por sus tatuajes y fotografías incautadas. La caravana criminal ingresó por el peaje de Chongón -desde Guayaquil- y escapó por el peaje de Olmedo -en dirección a Santa Elena-.
• La Fiscalía formuló cargos a los tres sospechosos por el delito de terrorismo el 8 de mayo de 2026, y un juez les dictó prisión preventiva. A pesar de los argumentos de la defensa, que alegó que uno estaba en rehabilitación en Riobamba (Chimborazo) y otro en Portoviejo (Manabí), el juez ordenó su reclusión.

La defensa de Joan Sebastián Mora solicitó medidas especiales de seguridad advirtiendo de un supuesto peligro inminente contra su vida si era trasladado a la cárcel de Latacunga (Cotopaxi) debido a la presencia de «enemigos manifiestos». Fuente: Primicias