El martes 14 de octubre de 2025, el paro indígena llegó a su punto más violento y conflictivo. Comuneros imbabureños y agentes policiales y militares se enfrentaron durante ocho horas en la entrada norte de Otavalo.

Durante esa jornada, que llenó a las calles y avenidas de ese cantón de palos, piedras, bombas lacrimógenas, además de largas y densas nubes de humo y gas, al menos 43 indígenas fueron detenidos. Y decenas de uniformados resultaron heridos.

Los familiares de los detenidos y los representantes de la Iglesia Católica pidieron espacio para un diálogo con el Gobierno después de 23 días de movilizaciones en Imbabura. Entre la tarde y noche de ese mismo día se acordó liberar a menores de edad y adultos mayores.

Pero al mediodía del miércoles siguiente debería instalarse la mesa de diálogo definitiva. Participarían los dirigentes de las 58 cabildos indígenas de la zona y John Reimberg, ministro del Interior y quien comandaba la intervención policial en el paro. Además, se esperaba la presencia de un representante más del presidente Daniel Noboa, que sería anunciado minutos antes de la instalación de la mesa.

Llegaron las 12:00 y la confirmación nunca llegó. En Otavalo se especulaba con dos nombres: la vicepresidenta María José Pinto o Zaida Rovira, ministra de Gobierno. Pero ninguna de las dos llegó a la provincia.

Pasado el mediodía, un helicóptero llegó desde Quito hasta el Comando de Policía de Otavalo y la delegación del Gobierno cruzó la avenida Luis Ponce de León para ingresar al Hotel Continental, donde se instalaría la mesa.

Los manifestantes presentes gritaron consignas contra el gobierno y a John Reimberg, la cara más conocida de ese grupo de personas. Junto a él, vestido de negro completo, apareció Fausto Jarrín, una figura con relativamente bajo perfil, pero que llamó a atención a los periodistas locales y nacionales que cubrían el diálogo.

Pese a que ya tuvo cargos menores en el correísmo, Jarrín ganó relevancia pública desde 2019, cuando colaboró con la defensa jurídica de líderes de esa organización política como Paola Pabón y Virgilio Hernández, procesados por las violentas manifestaciones de octubre de 2019.

Luego, por esa misma época, por asumir la defensa del expresidente Rafael Correa en el caso sobornos 2012-2016, en el que el exmandatario fue sentenciado a ocho años de cárcel.

Ese litigio, además, le permitió ganar espacio en la Revolución Ciudadana, que lo candidatizó a asambleísta para el período 2021-2025. Ganó esa curul, pero renunció en julio de 2022 para -supuestamente- volver a la defensa jurídica de los políticos del correísmo.

Desde noviembre de 2023, cuando Daniel Noboa llegó a la Presidencia de la República, se empezó a especular con que Jarrín era uno de sus asesores. El rumor creció cuando el abogado asistió a la posesión presidencial de mayo de 2025 y se lo vio entrando varias veces a Carondelet.

Finalmente, esa relación se confirmó con la presencia de Jarrín el diálogo con la dirigencia indígena, que  fracasó por la negativa de las bases de plegar a lo resuelto. Siete días después de esa aparición, la ministra Zaida Rovira confirmó en una entrevista con Teleamazonas que «es asesor de la Presidencia de la República y lo han visto algunas ocasiones conmigo también».

Un asesor sin cargo
Si bien la declaración de Rovira confirmó que Jarrín asesora a Noboa, nacieron nuevas dudas. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es la figura legal que se usa para su vinculación? ¿Cuánto y de qué forma se paga esa asesoría?

Según el portal oficial de la Contraloría General, el último cargo público de Jarrín fue como asambleísta, hasta 2022. Es decir, oficialmente no está en la nómina del Gobierno y tampoco se sabe desde cuando está.

El alejamiento de Jarrín de la Revolución Ciudadana fue progresivo. Tras su renuncia a la Asamblea, públicamente siguió apoyando al correísmo, pero algo empezó a cambiar en abril de 2023. El cayambeño dejó de usar el logo de la RC en sus publicaciones en redes sociales.

El distanciamiento se hizo más notorio desde 2024, ya con Noboa en el poder. En sus publicaciones, que cada vez eran menores, mostraba su apoyo a las medidas del Mandatario, como la declaratoria del conflicto armado interno. Aunque, en abril de 2024, sí criticó la incursión en la Embajada de México para arrestar a Jorge Glas.

La captura de Glas y la consulta popular del 21 de abril de 2024, en la que Noboa ganó en nueve de las 11 preguntas planteadas, supusieron la ruptura definitiva entre la RC y el Gobierno. Al mismo tiempo, el Mandatario optó por hacer un cambio en su frente político para apuntalar su trabajo en la Asamblea. Michele Sensi-Contugi reemplazó a Mónica Palencia en el Ministerio de Gobierno.

Ahí aparece Jarrín en la escena gobiernista por una supuesta cercanía con Sensi-Contugi, que ahora dirige el Centro de Inteligencia Nacional (CNI). Para esa época ya no participaba de actividades partidistas de la RC ni hacía públicas demostraciones de militancia

¿Asesor o lobista?
Justamente, en los primeros meses de 2024 -cuando se habría dado el acercamiento de Jarrín con el Gobierno de Noboa- hubo un cambio en el perfil profesional de Jarrín. Hasta ese momento, al menos públicamente, se lo había conocido como abogado y político.

El 27 de febrero de 2025, según la Superintendencia de Compañías, en Ecuador se fundó la empresa Praees Intelligence S.A.S. Su actividad económica es el «asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y a la administración pública en materia de actividades de cabildeo, grupos de presión y lobbies».

Desde su fundación, el gerente general y representante legal de la empresa es Fausto Jarrín. Según los documentos públicos, esa empresa no genero movimientos económicos en su primer año de vida.

Sin embargo, en su informe anual de gestiones, el propio Jarrín indicó que en 2024 la empresa tuvo «gran cantidad de trabajo» y que uno de sus objetivos fue «captar más clientes».

¿Qué es Praees Intelligence?
El único dueño de Praees Intelligence es el español José Luis Rodríguez Clemente, quien en 2010 fundó una empresa con el mismo nombre en su país. Esta compañía se especializa en consultoría en servicios de inteligencia.

Como proveedor de servicios de inteligencia y seguridad, de manera pública hay muy pocos registros de la actividad de la empresa de Rodríguez en España.

Aunque, la misma empresa reveló que en 2016 hubo un cambio en su historia, ya que se creó Shadow Lynx, una división especializada en la rama de los «servicios especiales de seguridad, internacionales». Además, en 2018 se fundó Vanguard, centro de entrenamiento en seguridad; y Shadw Lynx Armeria, una extensión en el ámbito de la venta de armamento y equipos de seguridad.

Entre 2022 y 2024, en cambio, la empresa empezó su expansión Internacional. En estos dos años abrió oficinas en Kuwait, Sudán del Sur, Ecuador, Colombia y Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Según la web Shadow Lynx España, su oficina en Ecuador funciona en la misma dirección que Praees Intelligence, la empresa que gerencia y representa Fausto Jarrín.

Además, desde agosto de 2024, en Ecuador funciona una sucursal de Shadow Lynx España con el mismo nombre, aunque en otra dirección. En la Superintendencia de Compañías, no hay datos sobre sus accionistas y el administrador es otra persona. Sin embargo, los trámites de domiciliación los hizo el propio Jarrín.

Entre su portafolio de servicios, esta compañía ofrece:

Ciberseguridad: Pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades.
Inteligencia: Equipos especiales para la búsqueda de fuentes confiables para obtener información valiosa.
Equipos especiales: Servicios de seguridad en entornos complejos y hostiles.
Formación: Entrenamiento para la supervivencia en el campo de batalla en un ambiente bélico.
Material de defensa: Planteamientos de materiales, servicios, sistemas y suministros de defensa que equilibren presupuestos, capacidades y tiempos. Dirigidos a clientes gubernamentales.
UAVs: Vehículos aéreos no tripulados de alta calidad.

Armamento: Distribuidor oficial de DoubeStar USA, empresa que fabrica armas de fuego, especialmente rifles AR-15.
Blindaje y protección personas: Distribuidor oficial de Miguel Caballero, empresa colombiana especializada en la venta de chalecos y más prendas blindadas.

En el Portal de Compras Públicas ni Praees Intteligences ni Shadow Lynx figuran como proveedores del Estado, al menos, de manera oficial. Aunque las compras de todos sus productos, por considerarse de defensa y de seguridad, se hacen a través de compras reservadas. Así lo ha manejado el Gobierno de Daniel Noboa.

PRIMICIAS consultó de manera oficial al Ministerio de Gobierno y al Centro de Inteligencia Nacional si tienen algún tipo de relación contractual con estas empresas. Solo el Ministerio de Gobierno respondió descartándolo, pero el CNI no dio ninguna respuesta. Fuente: Primicias