Durante una entrevista difundida en la cuenta Fabián Armijos Informa, el abogado Jorge Jaramillo se pronunció sobre la situación jurídica del exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo, y sostuvo que, conforme a la normativa vigente, no existe impedimento legal que le impida participar como candidato en las próximas elecciones seccionales, cuyo proceso de inscripción de candidaturas se desarrollará durante el mes de agosto.

Al ser consultado sobre si una presunta mora con el Estado impediría la participación política de Castillo, Jaramillo explicó que ni la Constitución de la República del Ecuador ni el Código de la Democracia contemplan la mora ordinaria con el Estado como una causal para suspender los derechos políticos.

En ese sentido, precisó que el derecho constitucional de elegir y ser elegido permanece vigente, por lo que, desde su interpretación jurídica, José Bolívar Castillo podría inscribirse como candidato sin que exista una prohibición legal que limite su participación electoral.

Respecto a la polémica generada en torno al tema, el abogado señaló que el debate público debe desarrollarse con objetividad y buena fe, reconociendo el papel de los medios de comunicación en la fiscalización de asuntos de interés ciudadano. No obstante, manifestó que también debe respetarse el debido proceso y evitar que las discusiones públicas se conviertan en mecanismos de descalificación política.

Jaramillo indicó que el exalcalde ha sido objeto de diversos actos administrativos y procesos de control por parte de organismos competentes, situación que —afirmó— forma parte de los mecanismos de fiscalización previstos para quienes ejercen funciones públicas.

Asimismo, sostuvo que José Bolívar Castillo ha enfrentado dichas actuaciones administrativas «con valentía, determinación, claridad y transparencia», señalando que, hasta el momento, los resultados de esos procesos han sido favorables para el exalcalde. En ese contexto, añadió que la revisión de las actuaciones públicas por parte de los medios de comunicación resulta legítima siempre que se realice con responsabilidad y permita explicar los antecedentes de cada caso.

Durante la entrevista también hizo referencia a los cuestionamientos existentes sobre determinadas actuaciones de organismos de control en administraciones anteriores, señalando que algunas de las resoluciones emitidas en esos períodos han sido objeto de controversia jurídica y pública, aspecto que, a su criterio, también debe considerarse al analizar este tipo de procesos.

Finalmente, Jorge Jaramillo reiteró que, desde el punto de vista jurídico, José Bolívar Castillo no registra ninguna causal que suspenda sus derechos políticos, por lo que considera que puede ejercer plenamente su derecho constitucional a participar como candidato en las próximas elecciones seccionales.

Además, afirmó que existe un importante grupo de ciudadanos lojanos que respaldan el proyecto político encabezado por el exalcalde, el cual —según indicó— busca impulsar propuestas orientadas al progreso y a la transformación del cantón Loja.

José Delgado, presentador de televisión, descartó oficialmente su participación electoral para ocupar una concejalía en la ciudad tras recibir una propuesta formal del equipo de trabajo del presidente de la República, Daniel Noboa.

Asuntos familiares impidieron al presentador aceptar la candidatura para el Cabildo

La confirmación de su negativa trascendió el 23 de julio a través de un documento público. Esto ocurrió horas después de que el primer mandatario, durante un diálogo con Radio Centro, reconociera que mantenían acercamientos con el reportero, aunque aclaró que todavía no existía una respuesta definitiva sobre su integración a las listas.

En su escrito dirigido a la opinión pública, el radiodifusor explicó los motivos detrás de su resolución. «Lamentablemente, después de analizar dicha invitación por asuntos estrictamente de índole personal, decidí que no era el momento indicado», detalló el involucrado, subrayando que sus compromisos actuales le impedirían otorgar el espacio y tiempo que demanda un cargo en la función pública.

Pese a la declinación, la figura mediática expresó su agradecimiento por haber sido considerado para representar a la urbe y deseó éxito a quienes finalmente resulten designados por las autoridades para la contienda política en representación de los guayaquileños. Fuente: El Expreso

El abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, Julio César Cueva, respondió a las recientes declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre el caso Triple A. A través de su cuenta personal, sostuvo que la causa «no solo está caída, sino procesal y probatoriamente enterrada».

Cueva afirmó que la Fiscalía y los acusadores conocen el estado del proceso y cuestionó que el mandatario se haya pronunciado sobre el juicio. Según escribió, en su cuenta personal de X, «tan evidente es el naufragio de la acusación que ahora necesitan sacar al propio Presidente de la República a dar declaraciones, como si un pronunciamiento político pudiera darle oxígeno a un muerto jurídico».

El jurista también señaló que los procesos penales deben sustentarse en elementos probatorios y no en discursos públicos. «Los procesos penales se sostienen con prueba, no con micrófonos; con hechos, no con narrativa», manifestó en su publicación.

Además, criticó el trabajo de la Fiscalía dentro del caso Triple A y aseguró que el desarrollo del juicio ha evidenciado debilidades en la investigación. «Del embarazoso papel que ha hecho la Fiscalía en este caso será muy difícil volver. Cada día de juicio ha dejado más preguntas sobre la investigación que respuestas sobre el supuesto delito», escribió.

Las declaraciones del presidente sobre el juicio

Las declaraciones de Cueva se producen después de que el presidente Daniel Noboa rechazara que el proceso contra Aquiles Álvarez tenga motivaciones políticas. En una entrevista, el lunes 27 de julio de 2026, con Radio Sucre, el mandatario calificó esa versión como un «manotazo de abogado» y afirmó que el alcalde «nunca pensó que le iba a caer la ley».

Durante ese diálogo, Noboa sostuvo que el proceso debe seguir su curso en las instancias judiciales y afirmó que, de comprobarse las acusaciones, el perjuicio económico para el Estado superaría los $ 60 millones. Sus declaraciones se dieron mientras continúa el juicio contra Álvarez, quien durante su testimonio cuestionó la no comparecencia de la denunciante original del caso, Nicole Dixiana Bermúdez Peña, exfuncionaria de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), en el juicio. Fuente: expreso.ec