En la sesión ordinaria desarrollada el jueves 29 de junio de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el informe técnico previo a la cesación de funciones de los jueces acogidos al “Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación de las y los Servidores de Nombramiento Permanente del Consejo de la Judicatura 2026”.

Como resultado del análisis técnico-jurídico efectuado por el organismo, un total de 62 jueces cesaron oficialmente en sus funciones desde el martes 30 de junio de 2026, en distintas dependencias judiciales del país.

En la provincia de Loja, trece servidores de la Función Judicial dejaron sus cargos, entre ellos magistrados y funcionarios jurisdiccionales que se desempeñaban en áreas penales y civiles. Los jueces cesados son:
• Fernando Guerrero Córdova y Wilson Rodas Ochoa, jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Loja.
• Juan Rafael Cuenca, juez de la Unidad Judicial Penal de Loja.
• Ángel Valle Vera, integrante del Tribunal de Garantías Penales de Loja.
• Hernán Peñaherrera y Franco Astudillo, de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del cantón Catamayo.
• Oswaldo Saritama, de la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Chaguarpamba.

A esta desvinculación se suman además seis servidores judiciales entre secretarios y ayudantes judiciales, quienes también concluyeron sus funciones dentro del sistema judicial provincial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura procederá a designar jueces temporales mientras se desarrollan los procesos para el nombramiento de jueces titulares.

Sobre este procedimiento, el presidente de la Corte Provincial de Justicia y director provincial del Consejo de la Judicatura en Loja, doctor Adriano Loján Zumba, informó que, mientras se concretan las designaciones definitivas, algunos despachos judiciales serán encargados a otros jueces en funciones.

La medida genera preocupación en el ámbito judicial debido a la sobrecarga procesal que podría producirse en varias dependencias. Según se advirtió, un mismo juez podría asumir temporalmente la responsabilidad de dos juzgados, situación que incidiría directamente en el tiempo de trámite, despacho y resolución de causas legales en la provincia.

El proceso de desvinculación forma parte de la política institucional de renovación administrativa impulsada por el Consejo de la Judicatura durante el presente año, en el marco del régimen de jubilación para servidores con nombramiento permanente.

En la audiencia preparatoria de juicio del caso Grillete, este 1 de julio de 2026, la jueza Karen Alarcón resolvió llamar a juicio al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, cuya pena va de uno a tres años de prisión.

En esta diligencia -que inició pasadas las 08:00- le correspondía a la defensa del alcalde presentar sus argumentos de inocencia. Aquiles Alvarez estuvo representado por un abogado particular y un defensor público designado por el Consejo de la Judicatura.

Ambos defensores señalaron el lunes pasado que no habían tenido suficiente tiempo para revisar los seis cuerpos (600 páginas) del expediente judicial en vista de que no habían logrado reunirse con el alcalde, recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Luego de casi tres horas de alegatos de los abogados del alcalde, la Fiscalía informó en su cuenta de X que la jueza había dado por “concluida la intervención de los sujetos procesales” y que había dispuesto “un receso para analizar lo expuesto en la audiencia y emitir su decisión sobre si llama o no a juicio al procesado Aquiles Alvarez”.

La audiencia se reanudó cerca de las 15:00 y luego de tres horas de lectura de su decisión, la jueza Karen Alarcón acogió el pedido de la fiscal Lisset Barragán, de la Unidad de Administración Pública 1, y dictó el auto de llamamiento a juicio contra Aquiles Alvarez.

«Decisión será impugnada»

La decisión provocó el rechazo de la defensa técnica del alcalde. En un comunicado de prensa anunció que impugnará la decisión de la jueza: “Hemos sido notificados con la resolución de llamamiento a juicio dictada dentro del denominado caso Grillete, decisión que será impugnada por las vías previstas en el ordenamiento jurídico”.

Según los abogados, el llamado a juicio “evidenciar serios cuestionamientos sobre la motivación judicial, el control de legalidad y la admisión de elementos que, a criterio de esta defensa, no podían superar la audiencia preparatoria de juicio”.

“La resolución recoge sustancialmente la tesis acusatoria de Fiscalía, pero no desarrolla un análisis autónomo, suficiente e individualizado de los argumentos de descargo planteados por la defensa”. Defensa técnica de Aquiles Alvarez

Los defensores del alcalde cuestionaron que se hayan admitido “elementos cuya utilización como prueba se encuentra expresamente prohibida por la normativa procesal penal”. “Observamos con preocupación la celeridad con la que se condujo esta fase procesal, la rapidez no puede utilizarse para restringir materialmente el ejercicio de la defensa”, señalaron. Pruebas de cargo y descargo

En la primera parte de la audiencia, el lunes 29 de junio de 2026, la fiscal Lisset Barragán presentó ante la jueza Karen Alarcón dos listados de pruebas contra el alcalde, uno con 25 testimonios, principalmente de agentes policiales, y otro con 26 documentos, entre ellos peritajes técnicos del estado del grillete e informes de las alertas emitidas por el dispositivo.

Entre los testimonios, la fiscal presentó las versiones de los policías de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), quienes participaron en el operativo de allanamiento en la casa del alcalde, en la urbanización Blue Bay, en Isla Mocolí.

“Ingresaron al dormitorio principal, donde encontraron al señor Aquiles Alvarez junto a su esposa y, al levantarse de la cama, pudieron apreciar que no portaba en su tobillo el dispositivo de vigilancia electrónica, el cual se encontraba a un costado de la cama, en el suelo”. Lisset Barragán, fiscal

La misma fiscal también incluyó entre las pruebas de descargo la versión libre y voluntaria del alcalde, en la que señalaba que no fue detenido huyendo sino en su domicilio y que la zona donde vive aparece en el sistema del SNAI como ‘fuera de servicio’, razón por la cual se generaban alertas en el dispositivo electrónico.

“Cuando el SNAI me entrega y me coloca el grillete, el acta dice bien clarito, después de hacer un análisis tecnológico, que mi domicilio registra movimientos offline, no por mi culpa ni por culpa de mi casa, sino por el sistema antiguo que tiene el SNAI, el grillete y el ECU 911. Yo duermo ahí, es mi casa, y siempre se generaron alertas”. Aquiles Alvarez, alcalde

Alvarez remarcó: “esa es la tecnología de los grilletes, del SNAI y del ECU 911. En vez de perseguirme a mí, deberían perseguir a los de Progen, que se robaron los USD 240 millones. En vez de perseguirme y armar el proceso como lo han armado, deberían comprar nuevos grilletes y renovar la tecnología del ECU 911, que es una porquería”.

Sin embargo, el dato del alcalde sobre Progen no es correcto. La Fiscalía impulsa un proceso penal por el perjuicio de USD 104 millones en la fallida compra de generadores eléctricos a la empresa estadounidense Progen.

Caso Goleada, pendiente
El llamado a juicio contra el alcalde en el caso Grillete se produce dos días día después de que el 29 de junio de 2026 concluyera la etapa de instrucción fiscal en el caso Goleada, en el que Alvarez consta como procesado por el delito de lavado de activos.

En esta causa, las fases siguientes corresponden a la presentación del dictamen del fiscal Dennis Villavicencio y la posterior audiencia preparatoria de juicio, en la que la Fiscalía presenta las pruebas de cargo y descargo obtenidas para llevar a juzgamiento al alcalde.

Paralelamente, este mes de julio, a partir del día 18, se ha previsto la reinstalación de la audiencia de juzgamiento de Aquiles Alvarez en el caso Triple A, que comenzó en julio de 2024 y que lo procesa por el delito de comercialización ilegal de combustibles en las zonas fronterizas.

Origen del caso Grillete

• El caso Grillete surgió a raíz del allanamiento que realizó la Fiscalía a la residencia del alcalde el 10 de febrero de 2026, cuando agentes policiales dijeron haberlo encontrado sin el dispositivo electrónico que le había ordenado el juez Renán Andrade, en el caso Triple A.
• El allanamiento fue una acción judicial dentro de una investigación por el delito de lavado de activos, conocida hoy como caso Goleada. El 11 de febrero, el fiscal Dennis Villavicencio formuló cargos contra Aquiles Alvarez y un juez le dictó prisión preventiva.
• Paralelamente, la fiscal Lisset Barragán inició de oficio una investigación previa contra el alcalde, en esta ocasión por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, por uno portar el grillete electrónico. En este caso, Barragán formuló cargos contra el alcalde el 16 de marzo y ese mismo día un juez le ordenó privación de libertad. Fuente: Primicias