En una nueva edición del programa “Tertulia Jurídica”, se contó con la destacada participación de la doctora Mirella Tonato Chica, reconocida profesional del Derecho, quien expuso el tema “El control de convencionalidad de los derechos humanos en la actual administración del Ecuador”, destacando la importancia de la responsabilidad estatal en la garantía, respeto y protección de los derechos humanos.

La Dra. Tonato es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, experta en Metodología de la Investigación Educativa por la Universidad Tex y especialista superior en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Durante su intervención, agradeció al equipo de coordinación de literatura jurídica por la invitación y resaltó que espacios como este permiten reflexionar sobre la consolidación del Estado de Derecho en el país.

“Analizar el control de convencionalidad en nuestro contexto actual requiere un trabajo conjunto de toda la ciudadanía, no sólo de la academia o del gremio jurídico”, enfatizó Tonato.

La expositora explicó que el control de convencionalidad implica someter la actuación de los Estados al examen de los estándares internacionales de derechos humanos, verificando si las políticas, normas o prácticas nacionales se ajustan a los tratados y obligaciones asumidas por el Ecuador en el ámbito internacional. Subrayó que esta tarea debe ser asumida no únicamente por jueces y fiscales, sino por todo funcionario público, ya que cada uno representa al Estado en su función.

Asimismo, la jurista precisó que los derechos humanos deben entenderse como universales, indivisibles e interdependientes, recordando que estos no son concesiones estatales, sino atributos inherentes a la dignidad humana. En este sentido, señaló que el Estado es el principal garante de su cumplimiento, y que la ciudadanía tiene el deber de exigir su respeto y aplicación en todos los niveles institucionales.

Durante su exposición, la doctora Tonato realizó un recorrido histórico sobre la evolución de los derechos humanos, desde los derechos civiles y políticos de primera generación hasta los derechos emergentes de séptima generación, vinculados al acceso a nuevas tecnologías.

Explicó que este desarrollo responde a luchas sociales históricas, y que la positivización de estos derechos en los textos constitucionales es una conquista colectiva que fortalece la justicia social y la igualdad.

La especialista también abordó la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, aclarando que los primeros corresponden al ámbito internacional, mientras que los segundos constituyen su materialización en la normativa interna, particularmente en la Constitución ecuatoriana. “Nuestra Carta Magna es la manifestación más clara del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos”, puntualizó.

En otro punto de su intervención, la doctora analizó la situación de las personas privadas de libertad, recordando que el Estado tiene una doble obligación de custodia sobre ellas: como parte de la sociedad y como población bajo control penitenciario. En ese sentido, destacó la vigencia de instrumentos como las Reglas Mandela y las Reglas de Beijing, que establecen estándares mínimos para garantizar condiciones de dignidad, rehabilitación y no tortura en los centros de detención.

Finalmente, la Dra. Tonato destacó que programas como “Tertulia Jurídica” contribuyen a la formación ciudadana y al debate académico sobre temas de alta relevancia para la democracia y el fortalecimiento del sistema de justicia.

“Este espacio es muy necesario y oportuno. Permite abrir un análisis más accesible y cercano sobre temas que nos competen a todos, como la defensa de los derechos humanos”, concluyó.

Andreina L. S., una contadora de 32 años, constaba en calidad de garante dentro de un juicio por la compra de un vehículo adquirido por sus padres, Luis Gustavo L. M. y Martha Cecilia S. C., asesinada con el cable de un celular que le provocó la asfixia hasta la muerte.

“Para completar el valor de la compra del vehículo, los deudores y la garante suscribieron un pagaré por la suma de USD 19.986, pagaderos dentro de un plazo de 1.760 días, mediante 58 dividendos sucesivos mensuales de capital, obligándose al pago de los intereses en caso de mora”, señala la querella iniciada por la concesionaria del vehículo adquirido.

La compra se realizó el 11 de julio de 2018 y se pagaron 27 cuotas puntualmente, detalló la concesionaria en su reclamo judicial. Sin embargo, hasta febrero de 2023, la familia acumulaba 31 cuotas impagas, por lo que se presentó la demanda en marzo de ese año.

“Pese a los múltiples requerimientos de nuestra parte, solicitando el pago al demandado, no se ha tenido respuesta y en otros casos se han presentado evasivas, negándose a cancelar los valores acordados, incumpliendo con sus obligaciones”. Concesionaria demandante.

Las 31 cuotas pendientes de pago sumaban USD 10.679, sin embargo, la concesionaria reclamaba además el pago de los intereses y los gastos por los honorarios de sus abogados. No obstante, Martha Cecilia S.C. alegó irregularidades en el endoso de la deuda contraída y un juez dispuso el archivo de la demanda en mayo de 2023.

«Con total frialdad»
Martha Cecilia S. C., de 49 años, era reconocida como ‘abogada’ entre sus vecinos en el bloque 12 de la ciudadela Sauces 9, en el norte de la ciudad, aunque la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt) no registra a su nombre ningún título de tercer nivel.

Desde el 5 de octubre de 2025, Martha Cecilia se encontraba desaparecida. En los registros de denuncias de la Fiscalía consta que, al día siguiente, el 6 de octubre, uno de sus tres hijos, Sebastián L. S., presentó la denuncia por ‘desaparición involuntaria’ en la oficina de la Fiscalía, en el edificio Montecristi, ubicado en las calles José de Antepara y Nueve de Octubre.

Ese día, su hermana Andreina lo acompañó, pero no firmó la denuncia porque aseguró que no contaba con su cédula de identidad. Para entonces, Andreina sabía exactamente lo que le había sucedido a su mamá, a quien había asfixiado y luego desmembrado su cuerpo en cinco partes y ocultado en una lavadora y en fundas, según el informe policial del 16 de octubre.

Ese día, con una orden de allanamiento, la Policía ingresó al departamento donde vivían Andreina y su madre, el mismo departamento al que Andreina le negaba el acceso a sus familiares, quienes podrían descubrir el crimen y las herramientas compradas con ese objetivo.

“Ante el hallazgo dentro del inmueble, la hoy aprehendida manifestó espontáneamente, y con total frialdad, haber sido ella quien mató mediante asfixia a su mamá y que compró herramientas e implementos para desmembrar el cadáver y deshacerse del mismo”. Informe policial.

Las evidencias decomisadas por la Policía durante el allanamiento comprendían siete cuchillos metálicos, un cuchillo eléctrico, una sierra eléctrica y una amoladora, esta última herramienta se utiliza para cortar piezas de alta resistencia como el metal o acero, el concreto y la piedra.

“Hay indicios de cometimiento de un delito. Tenemos la cadena de custodia, un sinnúmero de evidencias que son muchos cuchillos, un machete metálico, una tijera manual. También hay un acta de levantamiento de cadáver de una persona”, señaló Errol Elizalde, fiscal que presentó la acusación durante la audiencia de formulación de cargos.

La Policía también decomisó un teléfono celular y una computadora portátil, en donde se constató que Andreina L. S. había realizado búsquedas de información relacionadas con estas temáticas: ‘como desintegrar huesos’, ‘como combatir el putrefacto olor de un cadáver’ y ‘horarios de recolección de basura’. La Policía también incautó una balanza y “una sustancia rocosa de color blanco’, que se envió a analizar en el Centro de Acopio de Antinarcóticos.

Video con inteligencia artificial
El día del crimen, Andreina “pidió una carrera de taxi en la aplicación Didi con la intención de hacerse pasar por su mamá y dejar abandonados en el interior del vehículo un par de zapatos de su madre con el fin de desorientar la investigación”.

Con este mismo propósito, la hija contadora “se subió a un segundo taxi con dirección al hospital del Guasmo, llevando consigo el teléfono de su mamá”. La Policía contactó a los taxistas y confirmó que se trataba de una táctica para confundir a los investigadores.

Pero no solo eso. El titular de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, muertes violentas, desapariciones, secuestros y extorsión de la Policía Nacional (Dinased), Galo Muñoz, dijo que la hoy detenida ‘había sedado a su madre, luego la estranguló y procedió a desmembrarla’.

Incluso, aseguró Muñoz, Andreina elaboró un video con la ayuda de la inteligencia artificial, simulando ser su mamá, con la ropa de ella y enviando un mensaje a sus familiares, diciendo que ‘estaba bien, que continuaba con vida y que no la busquen’. Mientras, en sus redes sociales, Andreina posteaba: “Creer que todo va a salir bien es un superpoder”.

La Dinased señaló que la causa del asesinato habría sido el factor económico, pues Andreina le pedía a su madre la cantidad de USD 6.000, a lo que ella se había negado.

Denuncia por asesinato
Dos días antes de matar a su mamá, Andreina presentó una denuncia por secuestro, en la que figuraba como víctima o denunciante. El caso lo presentó en la Fiscalía número 14 cerca del mediodía del 3 de octubre de 2025, en el edificio de la Merced, en las calles Víctor Manuel Rendón y General Córdova, centro de Guayaquil. En la denuncia no consta ningún acusado.

Andreina tenía formación contable. En su plataforma social para crear contactos laborales ella se identificaba como Contadora Pública Autorizada (CPA), no obstante, en los registros de la Senescyt no consta algún título profesional a su nombre.

“Tengo más de siete años de experiencia en el área de contabilidad y tributación. Manejo de página del IESS, Ministerio de Trabajo, actas de finiquito, manejo de página de Superintendencia de Compañías”. Andreina L.

Ahí mencionaba que desde 2015 se desempeñaba como coordinadora contable en una importadora de propiedad de Gerardo V. D., ubicada en el kilómetro 12 de la vía a Daule, y que antes había sido cajera vendedora en un local de venta de productos de cafetería.

A su nombre, Andreina había obtenido un RUC del Servicio de Rentas Internas el 20 de julio de 2018, para dedicarse a la actividad de “puestos de refrigerios, restaurantes de comidas rápidas, fuente de soda, etc”. El año pasado, el 22 de agosto, había actualizado su actividad económica.

Andreina confesó el asesinato de su madre ante los agentes de policía el 16 de octubre de 2025, pero tres años atrás la Fiscalía registraba una denuncia en su contra por el mismo delito, y que había sido presentada el 27 de julio de 2022.

En esa fecha, el hijo del dueño de la importadora para la que trabajaba, Gerardo V. L., un ingeniero electrónico de 33 años, denunció a Andreina por asesinato, en la Fiscalía del edificio de la Merced, en el centro de Guayaquil.

En los registros consta que Gerardo V. L. incluso presentó dos testigos del hecho, sin embargo, la denuncia no pasó a las cortes judiciales como sí ocurrió con el asesinato de su mamá, por el que dos jueces dispusieron la prisión preventiva y su traslado a un centro penitenciario femenino de Guayaquil. Fuente: Primicias

Este lunes 20 de octubre de 2025 se cumple el día 29 del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Lo que comenzó como una protesta por la eliminación del subsidio al diésel, hoy combina demandas económicas, sociales y ambientales. La protesta mantiene bloqueadas varias vías en Imbabura y, por ahora, las puertas del diálogo con el Gobierno están cerradas.

Durante estas cuatro semanas, las peticiones de los dirigentes indígenas han ido mutando, ampliándose y diferenciándose entre las distintas regionales del movimiento (la Sierra, la Amazonía y la Costa).

A la exigencia inicial de derogar el Decreto Ejecutivo No. 126, que eliminó el subsidio al diésel, se sumaron temas como la reducción del IVA, inversión en salud y educación, rechazo a la Consulta Popular y a la Asamblea Constituyente y, en los últimos días, la defensa del territorio frente a la minería y el petróleo.

Las primeras demandas: economía y subsidios
A inicios de octubre, la Conaie difundió su primer pliego formal de demandas. El 4 de octubre publicó en su cuenta oficial que exigía “derogar el Decreto 126, bajar el IVA al 12% y mayor inversión en salud y educación”, rechazando las compensaciones temporales propuestas por el Gobierno.

“No queremos bonos ni dádivas, sino políticas públicas para el bienestar colectivo”. Conaie

La dirigencia indígena incluyó en su pliego de reclamos el alto costo de la vida, los despidos masivos, e incluso mencionó la falta de medicinas en los hospitales.

En esos días, las movilizaciones se concentraban principalmente en la Sierra norte y centro. Imbabura se convirtió rápidamente en el epicentro de las protestas, con Otavalo y Cotacachi como los puntos más conflictivos. Los cierres de vías han derivado en desabastecimiento de gas, alimentos y combustible.

Imbabura: del diálogo al desacuerdo
El 15 de octubre, tras una jornada de enfrentamientos y la segunda muerte registrada en el contexto de las manifestaciones en Otavalo, los dirigentes de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y del cantón Otavalo anunciaron un preacuerdo con el Gobierno: levantar los bloqueos a cambio de la instalación de mesas técnicas de trabajo.

En esa mesa de conversaciones, la agenda indígena fue ampliándose: congelamiento de precios, infraestructura social, la liberación y reparación para los heridos y detenidos, retiro de militares de los territorios y mesas territoriales de diálogo.

Sin embargo, ese acuerdo se desvaneció. Para este lunes 20, el Gobierno acusó a la dirigencia indígena de «cerrar la puera del diálogo». La Conaie argumentó que «no existen las condiciones para dialogar», mientras los dirigentes locales dijeron que el Estado “no mostró voluntad política”.

El discurso se endureció desde la Amazonía
El 19 de octubre, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, aseguró desde la Amazonía que el paro no se reduce al tema del combustible.

“La Amazonía exige respeto a todas las estructuras que el Gobierno ha intentado fragmentar. (…) Ya han saqueado por más de 50 años nuestros territorios, nuestros ríos y cascadas están contaminados”. Marlon Vargas

Vargas agregó nuevas demandas: el fin de la explotación petrolera y minera y un aumento del salario básico a USD 650 para los trabajadores públicos y comunitarios.

Ese mismo día, en un video difundido por el Pueblo Karanki, se ratificó que la resistencia continuará hasta que se derogue el Decreto 126, reforzando el mensaje de unidad frente a los intentos de negociación parcial.

Y, finalmente, los indígenas ratificaron su posición en contra de la consulta popular convocada por el Gobierno y la posible instalación de una Asamblea Constituyente «por atentar contra los derechos conquistados».

En cerca de un mes, el paro ha pasado de un reclamo económico a un movimiento con reclamos sociales, ambientales y políticas.

Los analistas señalan que el Gobierno enfrenta ahora un movimiento más descentralizado, con actores locales que toman decisiones propias, y con demandas que van desde la política fiscal hasta la soberanía territorial.

El escenario se mantiene incierto: las vías en Imbabura continúan cerradas y el diálogo sigue en pausa.