Nacionales
Falleció la funcionaria del SNAI, Katherine Mazón, quien sufrió un ataque armado hace una semana en Quito
Una semana después del ataque armado en el sector El Trébol, en Quito, falleció Katherine Lizbeth Mazón Moreta, funcionaria administrativa del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), quien fue atacada junto a su esposo.
La institución gubernamental comunicó el deceso de Mazón Moreta la mañana de este viernes 27 de septiembre de 2024. A pesar de haber recibido atención médica y estar bajo un estricto cuidado especializado, su estado de salud se complicó y falleció la noche del 26 de septiembre en el hospital.
«Expresamos nuestro profundo pesar por esta irreparable pérdida y extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento. Todo el Sistema Nacional de Rehabilitación Social se une en este dolor», comunicó el SNAI.
En colaboración con la Policía Nacional y la Fiscalía General se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. Sin embargo, hasta el momento, no se han registrado detenidos.
Lo que se sabe del sicariato
Las dos víctimas del ataque, ocurrido aproximadamente a las 7:10 del jueves 19 de septiembre, iban dentro de un vehículo cuando fueron interceptados por una motocicleta con dos hombres, unos de los cuales disparó repetidamente un arma fuego, reportó la Policía Nacional.
La mujer de 33 años recibió un disparo a la altura del cuello, mientras que el hombre de 36 años fue herido en el tórax. Ambos fueron hospitalizados para recibir atención médica urgente.
Luego de aquello, la Policía activó un protocolo de seguridad en torno al hospital al que fueron trasladados las dos víctimas del atentado para evitar que los atacantes puedan regresar e irrumpir en el centro médico para acabar con la vida de ellos.
Este nuevo atentado se produjo menos de una semana después del asesinato de María Daniela Icaza, directora de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador, ubicada en Guayaquil.
En total son al menos tres los directores de prisiones que han sido asesinados por el crimen organizado en este año 2024 en Ecuador. Fuente: Vistazo
Los siniestros viales no solo lideran la cifra de muertes en el Ecuador, sino que también influyen en las estadísticas de salud.
Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), el 25% de las atenciones registradas a enero de 2026 se generaron como producto de siniestros de tránsito, lo que las ubica como la segunda causa de atención en la red pública de salud, solo después de los eventos clínicos. La tendencia se mantiene ya que, en el 2025, estas atenciones representaron el 26%.
“No se trata de hechos aislados en las carreteras, sino de eventos prevenibles que trasladan una enorme presión a hospitales, centros de salud, personal médico, servicios de emergencia y presupuestos públicos”, señaló Gladys Meléndez, vocera de la Coalición Movilidad Segura.
Mayores controles en vías de alta peligrosidad
Este escenario ha llevado a reforzar las acciones de control. En Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito ejecutó 401 operativos enfocados en motocicletas entre enero y abril, como parte de una estrategia para reducir los siniestros viales en la capital.
Durante estos controles se emitieron 6.464 citaciones por infracciones y se retuvieron 1.779 motocicletas. Las autoridades detectaron faltas recurrentes como conducir sin licencia, circular con documentos caducados o incumplir condiciones técnicas del vehículo, factores que inciden directamente en los siniestros viales.
Como parte de estos controles, la AMT también ha intensificado la vigilancia sobre el transporte pesado. Entre el 1 y el 7 de abril, 66 vehículos fueron sancionados por incumplir la restricción de circulación en horario vespertino en la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar, medida aplicada para reducir los siniestros viales en estas vías de alta circulación.
Cifras preocupantes
Además, las cifras nacionales evidencian la magnitud del problema: en 2025 se registraron más de 20.000 siniestros viales, con miles de personas heridas y más de 2.300 fallecidos. La mayoría de estos casos se concentra en provincias como Pichincha y Guayas.
Nacionales
Chats de la red que robaba combustible salen a la luz: Juez dispuso prisión preventiva para cinco policías y tres militares
Alianza Vistazo – Código Vidrio
Éste es uno de los chats que constan en la investigación que desarticuló una estructura que robaba hidrocarburos del poliducto. Cinco policías y tres militares se encuentran entre los involucrados. La madrugada de este jueves 8 de abril, el juez anticorrupción Renán Andrade dispuso prisión preventiva para ellos.
El líder de la red de robo de combustibles, desarticulada este miércoles 7 de abril, era el capitán de la policía Edison M.H. Según las investigaciones, él perfeccionó el mecanismo para la perforación del poliducto, mientras era parte de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos.
La integraban cinco servidores policiales del eje preventivo, para facilitar el traslado de combustible conseguido en forma ilícita. Luego, era transportado en vehículos pesados para su posterior comercialización.
En esta organización delictiva también jugaron un rol clave tres militares activos y ocho civiles. Los militares coordinaban directamente con el oficial de policía, proporcionándole información logística.
La investigación para identificar la red y su entramado tomó un año. Estuvo a cargo de agentes de Asuntos Internos, junto con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía. Los investigadores confirmaron que los uniformados estaban involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico, desvío y uso indebido de hidrocarburos.
El operativo se realizó la madrugada de este miércoles 7 de abril de 2026. La policía, a través de la Sección de Investigación de la Conducta Policial de la Dirección Nacional de Asuntos Internos (Inspectoría) ejecutó la operación denominada “Gran Fortaleza 1”. Se realizaron 16 allanamientos en ocho provincias del país, fueron detenidas 16 personas.
Los allanamientos se ejecutaron en inmuebles ubicados en Guayas, Pichincha, Santo Domingo, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Orellana, donde fueron detenidos los colaboradores e involucrados.
La organización contaba con capacidad operativa para obtener hidrocarburos mediante perforaciones clandestinas a los poliductos, utilizando información sensible. Esto facilitaba tanto la sustracción como la posterior comercialización del combustible.
Una vez concluida la investigación previa, el abogado de Petroecuador Sergio Juan Ruiz Vasco presentó la denuncia por delincuencia organizada y sustracción de hidrocarburos en la Fiscalía.
El foco de las operaciones criminales era la provincia de Santa Elena. Los sitios donde los policías realizaban las perforaciones clandestinas, con coordenadas exactas, se ubicaron en el poliducto Libertad- Pascuales y Libertad-Manta.
Entre las evidencias recopiladas en la investigación se incluyen las conversaciones mantenidas entre los miembros de la red, sobre los pagos.
No habrá impunidad
En una entrevista previa con esta alianza, el general Víctor Herrera, a cargo de la Inspectoría de la policía, advirtió que rige una política de cero tolerancia a actos de corrupción en esas filas.
La institución tiene 57 mil uniformados. “Si deciden servir al crimen organizado, saldrán de las filas y quedarán a merced de las estructuras criminales que ya saben cómo pagan a sus colaboradores”, advirtió Herrera.
El oficial tiene 37 años al servicio de la institución. Explicó, con preocupación, que la entidad intenta depurar sus filas, pero que un preocupante número de servidores separados por actos reñidos con la ley regresan por decisiones judiciales. Según reveló en esta entrevista, en el curso de los últimos 10 años al menos 1.800 servidores policiales separados volvieron.
Para ello utilizaron argucias como recursos de protección, facilitados por jueces. Es más, desde 2021 hasta 2025, 653 policías destituidos se reincorporaron por decisiones jurídicas. Solo en 2025 fue casi un centenar: 97 restituidos a esas filas.
16 personas en esta red
Cinco servidores policiales, entre ellos, dos sargentos, dos cabos y un policía. Además, tres militares, dos sargentos y un cabo. Ocho civiles además fueron identificados como miembros de esta estructura. De ellos, cinco registran antecedentes.
El juez Andrade dispuso el inicio de la etapa de instrucción fiscal por 90 días. Dictaminó prisión preventiva para 15 de los procesados. Además, una mujer cumplirá arresto domiciliario en Milagro. Fuente: Vistazo
La Revolución Ciudadana (RC) pidió este miércoles 8 de abril a un juez electoral que revoque la suspensión por nueve meses que se le impuso por la existencia de una investigación por presunto lavado de dinero, al asegurar que el fiscal general no hizo ese pedido como se señaló inicialmente.
El pasado 6 de marzo, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, admitió a trámite una denuncia presuntamente interpuesta por el fiscal general, Carlos Alarcón, en la que habría pedido la suspensión provisional señalando que el movimiento estaba siendo investigado por un caso relacionado con un presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023, conocido como Caja Chica.
«El fiscal nos ha contestado ayer (martes) diciendo que la Fiscalía no ha enviado ese documento al Tribunal Contencioso Electoral», dijo Rivera, que reiteró que Alarcón «no miente, porque él no lo mandó».
Rivera añadió que esperan que el juez «se reivindique» en «las próximas horas» para que «se respeten los derechos del pueblo ecuatoriano a elegir y ser elegido».
La suspensión de nueve meses ya ponía en duda su participación como movimiento político en los comicios locales previstos para el 14 de febrero de 2027, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió hace dos semanas adelantar las elecciones al 29 de noviembre, lo que dejó sin margen a los correístas para ser candidatos por su partido.
Entonces Correa llamó a sus potenciales candidatos a autoridades locales a que se desafilien de la RC para que no les impidan participar en las elecciones.
En el caso Caja Chica, la Fiscalía investiga a la excandidata presidencial Luisa González, a Correa y a otros miembros de la Revolución Ciudadana, pues presume que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023», lo que el partido ha denominado como una «persecución».
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