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Extrabajadores de la EMSETUR exigen ser reintegrados a sus puestos de trabajo

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14 extrabajadores del municipio y que fueron parte de la Empresa Pública Municipal de Servicios Turísticos del cantón Zamora (EMSETUR) E.P., reclaman al cabildo de Zamora su reintegración laboral, que además fue una sentencia dispuesta por un juzgado del cantón. La empresa ya entró a etapa de liquidación, pero los exempleados exigen que se los reubique en sus puestos de trabajo. En defensa del proceso se encuentra Eduardo Ochoa, abogado que brinda sus servicios a los afectados.

Los trabajadores interpusieron una acción de protección que inicialmente fue negada por la Unidad Penal de Zamora y posteriormente con dos votos de tres, fue revocada. Esta decisión benefició a cuatro extrabajadores. En esta sentencia la sala provincial dispuso y ordeno que cuatro de estas personas, mantienen situaciones de vulnerabilidad, como enfermedades catastróficas o de alta complejidad, que deben ser reintegradas al municipio y si no se da la posibilidad, debe ser justificada a través de un informe el motivo de dicho impedimento y sea indemnizada conforme a la ley de discapacidades.

El municipio de Zamora a través del alcalde desatendió esta orden judicial al no reintegrar a los extrabajadores, pero si se ha procedido a contratar nuevo personal dentro de la misma jefatura de turismo que se creó en vez de la empresa pública de turismo, ya extinta.

Aproximadamente son 11 trabajadores solo en el terminal terrestre y 3 servidoras públicas para la jefatura de turismo. Es decir que, para suplir esas vacantes ha contratado a nuevo personal para que cubra ese espacio. Por su parte, la defensa ha hecho conocer esta situación al Juez de ejecución y él emitió un pronunciamiento de que se las debe reintegrar por no tener una justificación debida para no cumplir con esta disposición. En base a ello, se ven en la necesidad de interponer una acción de incumplimiento de sentencia ante la Corte Constitucional.

Los nuevos trabajadores fueron contratados a inicios del año 2022; siendo beneficiados con un contrato indefinido, precisamente dentro de las partidas que utilizaban los extrabajadores. Lo que están dando a entender es el incumplimiento injustificado de una sentencia, para que consecuentemente este órgano de control tome las medidas necesarias en contra del municipio por no acatar disposiciones y reintegrar a estas personas.

A pesar de que sea cual sea la disposición de juez, los trabajadores, sean los nuevos o antiguos serán los perjudicados por los errores cometidos por la administración. Por ello, según el abogado defensor las consecuencias directamente las debe afrontar el alcalde por haber desacatado una sentencia.

Aparte de no haber sido reintegradas a sus labores diarias, no se les ha cancelado sus haberes pendientes. Por esta razón, Ochoa considera como un trato inhumano por parte del personero municipal hacia los extrabajadores de esta institución, que por varios años la han servido.

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El IV Eje Vial y la paciencia de un pueblo fronterizo

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Por: Alonzo Cueva Rojas

Nacer en Palanda y Chinchipe es, sin duda, un privilegio, pero también una prueba constante de coraje; pues, implica enfrentarse al lodo, los derrumbes, el aislamiento y cargar con el peso de una promesa incumplida que persiste desde hace casi 28 años.

Para quienes hemos tenido ese privilegio de nacer o crecer en esta parte geográfica de Zamora Chinchipe, el tramo Bellavista-Zumba-La Balsa representa mucho más que una simple carretera; simboliza una deuda histórica derivada del centralismo y la indiferencia burocrática. Hoy, tenemos frente a nosotros una oportunidad crucial, pero la experiencia nos obliga a demandar una fiscalización estricta e integrada.

La retórica oficial ya no puede escudarse en la falta de presupuesto.  BID mantiene etiquetado un crédito de 150 millones de dólares exclusivamente para estos 54 kilómetros estratégicos. Sin embargo, mientras el dinero está seguro, la obra sigue atrapada en el laberinto de los trámites en Quito.

Revisando el historial de esta licitación internacional (Proceso EC-L1295-P00001), las fases se han cumplido. Tras el lanzamiento de pliegos y las visitas técnicas de 2025, el hito más crítico ocurrió el 12 de enero de 2026 con la apertura pública de las ofertas físicas.

Desde entonces, el proceso entró en un preocupante hermetismo. El concurso aún no ha sido adjudicado y ninguna empresa ha ganado todavía. Las propuestas siguen bajo la evaluación reservada del Ministerio de Infraestructura y Transporte y el BID. Para Palanda y Chinchipe, cada semana de retraso se traduce en pérdidas agrícolas y vías intransitables.

Es aquí donde los Asambleístas de Zamora Chinchipe deben justificar su curul de manera urgente. Los legisladores locales no pueden ser espectadores en Quito; su rol exige tres acciones inmediatas:

Fiscalizar a los evaluadores: Auditar la calificación para evitar que la obra se entregue a consorcios con historial de abandono.

Blindar los recursos: Presionar al Ministerio de Finanzas para que los fondos del BID no se desvíen a otros gastos estatales.

Exigir empleo local: Garantizar que el contrato obligue a priorizar a los transportistas y trabajadores de nuestra provincia.

Los datos que hoy hago conocer a la opinión pública son reales y constan en los portales del BID y las gacetas del MIT. Lo único que queda en duda es la voluntad del Gobierno para firmar el contrato. Ya es hora de exigir con firmeza que se rompa el letargo burocrático. El sur amazónico ya no quiere discursos; exige maquinaria trabajando en la vía.

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Municipio de Palanda y Prefectura de Zamora Chinchipe ejecutan trabajos de mantenimiento vial en el barrio Pucarón

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Con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad para la ciudadanía, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palanda, en coordinación con la Prefectura de Zamora Chinchipe, ejecuta trabajos de mantenimiento y adecuación en las principales calles del barrio Pucarón.

Las labores comprenden el mejoramiento de la superficie de rodadura y la intervención de varios tramos viales estratégicos del sector, permitiendo optimizar las condiciones de circulación tanto para peatones como para conductores. Estas acciones buscan garantizar una movilidad más segura, eficiente y acorde a las necesidades de los habitantes del barrio.

De acuerdo con la planificación institucional, los trabajos forman parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno Municipal de Palanda y la Prefectura de Zamora Chinchipe para fortalecer la conectividad urbana, mejorar el acceso a los diferentes sectores poblados y contribuir al desarrollo integral del cantón.

La coordinación interinstitucional entre el Municipio de Palanda y la Prefectura de Zamora Chinchipe evidencia el compromiso de ambas entidades con el fortalecimiento de la obra pública y la atención oportuna de las necesidades prioritarias de las comunidades.

Con estas acciones, las instituciones ratifican su compromiso de continuar impulsando proyectos de mejoramiento vial que contribuyan al bienestar ciudadano, la integración territorial y el desarrollo sostenible del cantón Palanda y de la provincia de Zamora Chinchipe.

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Arcsa detecta irregularidades sanitarias en establecimiento de alimentación de El Pangui

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La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), a través de su Coordinación Zonal 7 y en coordinación con la Comisaría Nacional de Policía del cantón El Pangui, desarrolló una serie de operativos de control en distintos establecimientos comerciales de esta jurisdicción de la provincia de Zamora Chinchipe, con el propósito de proteger la salud de la población y verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

Las acciones de vigilancia iniciaron durante la jornada nocturna con inspecciones en licorerías del cantón, así como con la verificación del cumplimiento de los turnos de atención en farmacias. Posteriormente, durante la mañana, los técnicos de Arcsa realizaron controles en cuatro establecimientos de alimentación colectiva, donde se evaluaron las condiciones sanitarias y operativas para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo de la ciudadanía.

Durante las inspecciones, los funcionarios verificaron aspectos fundamentales relacionados con las buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos, el uso adecuado de indumentaria por parte del personal, las condiciones generales de limpieza de las instalaciones y la implementación de medidas de control de plagas, elementos considerados esenciales para prevenir riesgos sanitarios.

Como resultado de estos operativos, Arcsa identificó que uno de los establecimientos inspeccionados incumplía las disposiciones establecidas en la normativa sanitaria. Entre las principales observaciones realizadas constan indicios de presencia de plagas, deficiencias en los procesos de limpieza y prácticas inadecuadas de higiene, situaciones que representan un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

Ante estos hallazgos, la entidad reguladora informó que iniciará los procesos administrativos correspondientes, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Salud. Dependiendo de los resultados de las investigaciones y del procedimiento legal respectivo, el establecimiento podría enfrentar las sanciones contempladas en la normativa vigente.

Arcsa destacó que estos controles forman parte de las acciones permanentes de vigilancia sanitaria que se ejecutan en la Zona 7, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria, promover el cumplimiento de las normas de higiene y garantizar condiciones adecuadas para la prestación de servicios a la ciudadanía.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la población para que participe activamente en la vigilancia sanitaria mediante el uso de la aplicación móvil Arcsa Móvil, herramienta digital que permite reportar irregularidades, generar alertas sanitarias y contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de control.

Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir riesgos a la salud pública y fomentar una cultura de responsabilidad sanitaria entre los establecimientos comerciales y de servicios.

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