Una red que extorsionaba presos para liberarlos fue desmantelada en 2019; cuatro jueces de Manabí fueron investigados por este entramado. Las evidencias inculpaban a dos de ellos, pero solo uno fue sentenciado a seis años de prisión con cuatro implicados más; todos están libres. El otro juzgador fue exculpado porque el fiscal no lo acusó, en medio de duros cuestionamientos a su decisión.

Omar Orellana aún era juez de garantías penitenciarias cuando se descubrió que también integraba una red que extorsionaba a reclusos en las cárceles El Rodeo y Bahía de Caráquez, en la provincia de Manabí. Otros tres jueces fueron investigados por posibles vínculos con esta organización: Banny Molina, Jhandry Sabando y Javier López.

Esta trama, que se conoce como el caso “El Rodeo”, quedó al descubierto a mediados de 2019, por una delación: la pareja de un preso llamado Carlos Mejía, alias Nariz Virada, denunció al grupo de extorsionadores ante la policía porque no cumplieron sus ofertas de excarcelarlo, ya que los jueces estaban despachando otras solicitudes pactadas previamente. Ella había pagado por adelantado 500 dólares al agente penitenciario Eker García y al abogado Marcos Acosta, que acordaba con los juzgadores las liberaciones.

El esquema delictivo se comprobó con escuchas telefónicas y mensajes de texto entre los integrantes de la red, así como por decenas de versiones de los implicados y reportes penitenciarios. El caso fue impulsado por la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura (CJ), que intervino como acusador particular.

Según la investigación fiscal, entre 2015 y 2019 esta red facilitó la excarcelación de unos 90 detenidos por delitos graves, en su mayoría por narcotráfico. Los reclusos obtuvieron privilegios que les permitieron salir en libertad, a pesar de no cumplir con todos los requisitos legales. En otros casos eran obligados a pagar las coimas, pese a que sí reunían las condiciones para su liberación.

Para apurar las liberaciones, los integrantes de la red abordaban a los presos que con ayuda de sus familiares pagaban sobornos que oscilaban entre los 500 y tres mil dólares. Los desembolsos se hacían después de la medianoche. Aprovechando la penumbra del cementerio de Portoviejo, los parientes pagaban a los intermediarios dinero en efectivo y botellas de whisky. Para no despertar sospechas, en otras ocasiones dejaban sobres sellados con dinero debajo de las puertas en las casas de los funcionarios. Cuando estaban más apremiados, los encuentros se realizaban en los parqueaderos de los presidios.

Durante la primera etapa de la investigación, los abogados del CJ y la fiscal Claudia Romero coincidieron en que los principales responsables eran los jueces Orellana y Molina, que fueron procesados cuatro meses después del inicio formal del caso, junto a los jueces Sabando y López. Este último, además, está envuelto en otro juicio por prevaricato: fue sentenciado a tres años de prisión por reducir la condena de 25 a 13 años a varios policías condenados por asesinato, que luego fueron liberados. López pidió la suspensión condicional de la pena, que deberá ser resuelta por la Corte Superior las próximas semanas.

Debido al fuero especial de los cuatro jueces, la causa subió de un juzgado inferior a la Corte. Fue así como el fiscal provincial Alberto Santillán se puso al frente de la investigación.

Cuando se celebró la audiencia de juzgamiento, en noviembre de 2020, Santillán no llamó a declarar a varios testigos, incluidos funcionarios penitenciarios, que en la primera etapa de la investigación habían contado cómo operaba la red y sus conexiones. Algunos de ellos dieron sus versiones por pedido de la anterior fiscal.

Durante sus alegatos finales, Santillán acusó a cinco de los procesados: el juez Orellana, los funcionarios penitenciarios Eker García, Einsten García, Rodrigo Menéndez y el abogado Marcos Acosta. Para ellos pidió la pena de 13 años por asociación ilícita y concusión. Luego de cinco días de audiencia, la Corte Provincial deliberó y los condenó a seis años de prisión.

Sin embargo, durante sus alegatos, Santillán se abstuvo de acusar al juez Banny Molina, aunque existían suficientes pruebas en su contra, según denunciaron las juzgadoras Gina Mora y Carmita García, que por mayoría dictaron la sentencia, con la oposición y voto salvado del tercer juez de la Corte.

Cuando la Fiscalía no acusa a un implicado, los jueces no pueden pronunciarse; quedan atados de manos. No obstante, al anunciar su fallo, en diciembre de 2020, las magistradas Mora y García dejaron sentada su preocupación indicando que el fiscal no actuó con objetividad.

“A nuestro criterio, y una vez que procedió a la valoración de la prueba sobre las demás personas procesadas, existían elementos inculpatorios suficientes que justificarían la participación de Banny Molina en los hechos investigados”, destacaron en la sentencia. No obstante –agregaron–, Santillán retiró los cargos, “imposibilitando a este tribunal analizar la prueba inculpatoria que fue anunciada por la Fiscalía”. Tras describir las contradicciones de Santillán, las juezas pidieron al CJ que investigara su actuación.

El CJ no respondió el pedido que se hizo para esta investigación periodística, con el fin de conocer si a Santillán se le abrió un expediente disciplinario o recibió alguna sanción. Asimismo, se requirió la versión del Fiscal para conocer por qué no acusó a Molina. Envió su respuesta a través de la Dirección de Comunicación de la Fiscalía. En ella advirtió que no podía pronunciarse porque el caso se encontraba en fase de apelación ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Actualmente, Santillán es candidato para ocupar un cargo como Juez Nacional Anticorrupción.

Por su parte, Molina fue reintegrado a su cargo de juez de garantías penales en Portoviejo, en diciembre de 2020, luego de permanecer suspendido nueve meses, desde el 6 de marzo cuando fue enjuiciado.

Él forma parte de una camada de abogados jóvenes que se hicieron jueces durante el gobierno de Rafael Correa, quien, en 2011, llamó a una consulta popular para que se le permitiera “meter la mano en la justicia”. Así empezó una reforma del sistema judicial que implicó el nombramiento de más de mil nuevos jueces y cientos de fiscales. Sus designaciones y posteriores actuaciones fueron cuestionados por organismos nacionales e internacionales debido a su falta de independencia, sobre todo en los casos en los cuales litigaba el gobierno. Eso profundizó la politización de la justicia ecuatoriana.

Banny Molina hoy tiene 33 años. Llegó a la judicatura a los 25 años. Fue nombrado juez pocos meses después de haberse graduado como abogado en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. En su descargo, durante el juicio, declaró que las autoridades de la Judicatura desataron una persecución mediática y policial, forzando pruebas y manipulando evidencias para perjudicarlo. Aseguró que los hechos denunciados por testigos y corroborados por 20 pruebas documentales nunca sucedieron. “O es que acaso que los funcionarios manabitas no tienen derecho a una vida social, a reunirse a llamar a un familiar y amigo”, dijo refiriéndose a las evidencias de las conversaciones que tuvo con otros procesados.

Molina también dijo que no firmó ninguna de las carpetas que dieron paso a la liberación de varios presos, lo cual fue responsabilidad de otros jueces. “Nunca recibí un solo centavo, ningún pago”, destacó.

Hoy, además, este juez de garantías oriundo de Portoviejo, la capital de Manabí, enfrenta otro proceso penal por prevaricato (fallar contra una ley expresa). El caso se remonta a 2018, cuando recibió un pedido de beneficios, interpuesto por Susana Molina Aray, sentenciada a dos años de prisión por abuso de fondos públicos.

Cuando era directora de Recursos Humanos en el municipio de Tosagua, en Esmeraldas, ella formó parte de una red de corrupción que recibió pagos desde cuentas del Banco Central por 218 mil dólares, entre 2008 y 2010. El caso involucró al alcalde y seis autoridades más.

Banny Molina aceptó el recurso de Susana Molina en 2018. Decidió que cumpliera la condena en su domicilio, por motivos de salud, aunque no había probado que sufría una enfermedad catastrófica. El juez no tenía competencia para disponer que la procesada no cumpliera su condena en prisión, según un informe del CJ.

La denuncia por un supuesto delito de prevaricato contra Banny Molina fue presentada por la jueza Carmen García, quien se percató de las irregularidades cuando el juicio por la corrupción en la Alcaldía de Tosagua llegó a su despacho para la ejecución de la pena. García es una de las juezas que dictó la sentencia del caso El Rodeo.

En el llamado a juicio, Molina fue absuelto provisionalmente en abril pasado. Los jueces de la Corte Provincial estimaron que no infringió ley alguna. La Fiscalía y el CJ apelaron la decisión, pero el Tribunal que conocerá la apelación todavía no se integra.

Actualmente ninguno de los sentenciados por asociación ilícita en las cárceles de Manabí está detenido. Recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Deben presentarse periódicamente a la Corte de Manabí y tienen prohibición de salir del país.

Para esta investigación periodística se trató de ubicar al exjuez Orellana a sus números de referencia, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.

El jueves 16 de junio de 2022 también se contactó a Molina a su celular y se le pidió una entrevista, a la cual accedió. Sin embargo, al siguiente día no respondió las llamadas. Las dos siguientes semanas se le volvió a pedir su pronunciamiento y tampoco contestó.

(I) Vistazo