Nacionales
Expediente El Rodeo: Jueces al banquillo por rebajas y extorsiones
Una red que extorsionaba presos para liberarlos fue desmantelada en 2019; cuatro jueces de Manabí fueron investigados por este entramado. Las evidencias inculpaban a dos de ellos, pero solo uno fue sentenciado a seis años de prisión con cuatro implicados más; todos están libres. El otro juzgador fue exculpado porque el fiscal no lo acusó, en medio de duros cuestionamientos a su decisión.
Omar Orellana aún era juez de garantías penitenciarias cuando se descubrió que también integraba una red que extorsionaba a reclusos en las cárceles El Rodeo y Bahía de Caráquez, en la provincia de Manabí. Otros tres jueces fueron investigados por posibles vínculos con esta organización: Banny Molina, Jhandry Sabando y Javier López.
Esta trama, que se conoce como el caso “El Rodeo”, quedó al descubierto a mediados de 2019, por una delación: la pareja de un preso llamado Carlos Mejía, alias Nariz Virada, denunció al grupo de extorsionadores ante la policía porque no cumplieron sus ofertas de excarcelarlo, ya que los jueces estaban despachando otras solicitudes pactadas previamente. Ella había pagado por adelantado 500 dólares al agente penitenciario Eker García y al abogado Marcos Acosta, que acordaba con los juzgadores las liberaciones.
El esquema delictivo se comprobó con escuchas telefónicas y mensajes de texto entre los integrantes de la red, así como por decenas de versiones de los implicados y reportes penitenciarios. El caso fue impulsado por la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura (CJ), que intervino como acusador particular.
Según la investigación fiscal, entre 2015 y 2019 esta red facilitó la excarcelación de unos 90 detenidos por delitos graves, en su mayoría por narcotráfico. Los reclusos obtuvieron privilegios que les permitieron salir en libertad, a pesar de no cumplir con todos los requisitos legales. En otros casos eran obligados a pagar las coimas, pese a que sí reunían las condiciones para su liberación.
Para apurar las liberaciones, los integrantes de la red abordaban a los presos que con ayuda de sus familiares pagaban sobornos que oscilaban entre los 500 y tres mil dólares. Los desembolsos se hacían después de la medianoche. Aprovechando la penumbra del cementerio de Portoviejo, los parientes pagaban a los intermediarios dinero en efectivo y botellas de whisky. Para no despertar sospechas, en otras ocasiones dejaban sobres sellados con dinero debajo de las puertas en las casas de los funcionarios. Cuando estaban más apremiados, los encuentros se realizaban en los parqueaderos de los presidios.
Durante la primera etapa de la investigación, los abogados del CJ y la fiscal Claudia Romero coincidieron en que los principales responsables eran los jueces Orellana y Molina, que fueron procesados cuatro meses después del inicio formal del caso, junto a los jueces Sabando y López. Este último, además, está envuelto en otro juicio por prevaricato: fue sentenciado a tres años de prisión por reducir la condena de 25 a 13 años a varios policías condenados por asesinato, que luego fueron liberados. López pidió la suspensión condicional de la pena, que deberá ser resuelta por la Corte Superior las próximas semanas.
Debido al fuero especial de los cuatro jueces, la causa subió de un juzgado inferior a la Corte. Fue así como el fiscal provincial Alberto Santillán se puso al frente de la investigación.
Cuando se celebró la audiencia de juzgamiento, en noviembre de 2020, Santillán no llamó a declarar a varios testigos, incluidos funcionarios penitenciarios, que en la primera etapa de la investigación habían contado cómo operaba la red y sus conexiones. Algunos de ellos dieron sus versiones por pedido de la anterior fiscal.
Durante sus alegatos finales, Santillán acusó a cinco de los procesados: el juez Orellana, los funcionarios penitenciarios Eker García, Einsten García, Rodrigo Menéndez y el abogado Marcos Acosta. Para ellos pidió la pena de 13 años por asociación ilícita y concusión. Luego de cinco días de audiencia, la Corte Provincial deliberó y los condenó a seis años de prisión.
Sin embargo, durante sus alegatos, Santillán se abstuvo de acusar al juez Banny Molina, aunque existían suficientes pruebas en su contra, según denunciaron las juzgadoras Gina Mora y Carmita García, que por mayoría dictaron la sentencia, con la oposición y voto salvado del tercer juez de la Corte.
Cuando la Fiscalía no acusa a un implicado, los jueces no pueden pronunciarse; quedan atados de manos. No obstante, al anunciar su fallo, en diciembre de 2020, las magistradas Mora y García dejaron sentada su preocupación indicando que el fiscal no actuó con objetividad.
“A nuestro criterio, y una vez que procedió a la valoración de la prueba sobre las demás personas procesadas, existían elementos inculpatorios suficientes que justificarían la participación de Banny Molina en los hechos investigados”, destacaron en la sentencia. No obstante –agregaron–, Santillán retiró los cargos, “imposibilitando a este tribunal analizar la prueba inculpatoria que fue anunciada por la Fiscalía”. Tras describir las contradicciones de Santillán, las juezas pidieron al CJ que investigara su actuación.
El CJ no respondió el pedido que se hizo para esta investigación periodística, con el fin de conocer si a Santillán se le abrió un expediente disciplinario o recibió alguna sanción. Asimismo, se requirió la versión del Fiscal para conocer por qué no acusó a Molina. Envió su respuesta a través de la Dirección de Comunicación de la Fiscalía. En ella advirtió que no podía pronunciarse porque el caso se encontraba en fase de apelación ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Actualmente, Santillán es candidato para ocupar un cargo como Juez Nacional Anticorrupción.
Por su parte, Molina fue reintegrado a su cargo de juez de garantías penales en Portoviejo, en diciembre de 2020, luego de permanecer suspendido nueve meses, desde el 6 de marzo cuando fue enjuiciado.
Él forma parte de una camada de abogados jóvenes que se hicieron jueces durante el gobierno de Rafael Correa, quien, en 2011, llamó a una consulta popular para que se le permitiera “meter la mano en la justicia”. Así empezó una reforma del sistema judicial que implicó el nombramiento de más de mil nuevos jueces y cientos de fiscales. Sus designaciones y posteriores actuaciones fueron cuestionados por organismos nacionales e internacionales debido a su falta de independencia, sobre todo en los casos en los cuales litigaba el gobierno. Eso profundizó la politización de la justicia ecuatoriana.
Banny Molina hoy tiene 33 años. Llegó a la judicatura a los 25 años. Fue nombrado juez pocos meses después de haberse graduado como abogado en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. En su descargo, durante el juicio, declaró que las autoridades de la Judicatura desataron una persecución mediática y policial, forzando pruebas y manipulando evidencias para perjudicarlo. Aseguró que los hechos denunciados por testigos y corroborados por 20 pruebas documentales nunca sucedieron. “O es que acaso que los funcionarios manabitas no tienen derecho a una vida social, a reunirse a llamar a un familiar y amigo”, dijo refiriéndose a las evidencias de las conversaciones que tuvo con otros procesados.
Molina también dijo que no firmó ninguna de las carpetas que dieron paso a la liberación de varios presos, lo cual fue responsabilidad de otros jueces. “Nunca recibí un solo centavo, ningún pago”, destacó.
Hoy, además, este juez de garantías oriundo de Portoviejo, la capital de Manabí, enfrenta otro proceso penal por prevaricato (fallar contra una ley expresa). El caso se remonta a 2018, cuando recibió un pedido de beneficios, interpuesto por Susana Molina Aray, sentenciada a dos años de prisión por abuso de fondos públicos.
Cuando era directora de Recursos Humanos en el municipio de Tosagua, en Esmeraldas, ella formó parte de una red de corrupción que recibió pagos desde cuentas del Banco Central por 218 mil dólares, entre 2008 y 2010. El caso involucró al alcalde y seis autoridades más.
Banny Molina aceptó el recurso de Susana Molina en 2018. Decidió que cumpliera la condena en su domicilio, por motivos de salud, aunque no había probado que sufría una enfermedad catastrófica. El juez no tenía competencia para disponer que la procesada no cumpliera su condena en prisión, según un informe del CJ.
La denuncia por un supuesto delito de prevaricato contra Banny Molina fue presentada por la jueza Carmen García, quien se percató de las irregularidades cuando el juicio por la corrupción en la Alcaldía de Tosagua llegó a su despacho para la ejecución de la pena. García es una de las juezas que dictó la sentencia del caso El Rodeo.
En el llamado a juicio, Molina fue absuelto provisionalmente en abril pasado. Los jueces de la Corte Provincial estimaron que no infringió ley alguna. La Fiscalía y el CJ apelaron la decisión, pero el Tribunal que conocerá la apelación todavía no se integra.
Actualmente ninguno de los sentenciados por asociación ilícita en las cárceles de Manabí está detenido. Recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Deben presentarse periódicamente a la Corte de Manabí y tienen prohibición de salir del país.
Para esta investigación periodística se trató de ubicar al exjuez Orellana a sus números de referencia, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.
El jueves 16 de junio de 2022 también se contactó a Molina a su celular y se le pidió una entrevista, a la cual accedió. Sin embargo, al siguiente día no respondió las llamadas. Las dos siguientes semanas se le volvió a pedir su pronunciamiento y tampoco contestó.
(I) Vistazo
Nacionales
¿Cuánto costará el cacao, el oro y el petróleo en 2025? Esto proyecta el Banco Mundial para estos productos clave de Ecuador
El Banco Mundial prevé una caída en el precio del petróleo en 2025 y 2026, del cual dependen la economía y el presupuesto estatal de Ecuador, pero el país se beneficiaría con un alza de los precios del cacao y el oro, en medio de un escenario volátil por las tensiones comerciales globales.
Según su informe Perspectivas del Mercado de Materias Primas (descargue aquí el documento), publicado este 29 de abril de 2025, el Banco Mundial prevé que los precios de la energía caigan un 17% en 2025 y en un 6% en 2026.
De hecho, el multilateral calcula que el precio del petróleo tipo Brent (de referencia para Europa) promedie los USD 64 por barril en 2025.
Esto es una caída de USD 17 respecto al último año. Para 2026, el multilateral prevé que el precio esté en USD 60 por barril en 2026.
Lea: La incertidumbre ronda precios del cacao y el chocolate ¿Qué esperar en 2025?
Golpe al presupuesto de Ecuador
Y es que las tensiones comerciales por la política de aranceles de Donald Trump amenazan con disminuir el crecimiento global.
Esto tendrá un golpe en Ecuador, cuya economía y presupuesto general del Estado dependen de los ingresos petroleros. En 2024, el sector generó ingresos por USD 15.000 millones, que representaron un 12% de la actividad económica del país.
Lea: ¿Cuánto pesa el petróleo en la economía de Ecuador?
Para financiar su presupuesto estatal, Ecuador necesita un precio de USD 63,7 por barril, pero actualmente se vende en USD 56,49 por barril considerando que recibe un castigo o descuento por ser de menor calidad frente a su crudo referente, el WTI.
Aunque si se promedian los precios de los tres primeros meses, el crudo ecuatoriano se ha vendido a un promedio de USD 64,6 por barril, todavía por encima de la proyección de presupuesto del Estado.
Para el banco de inversión británico Barclays, si los precios del petróleo siguen en el rango de los USD 60 por barril o menos, hay riesgo de que los ingresos petroleros de Ecuador se reduzcan en, al menos, unos USD 1.000 millones en 2025.
El precio del cacao crecerá 9% en 2025
En contrataste, las materias primas agrícolas tendrán un buen desempeño, proyecta el Banco Mundial, y el cacao será uno de los ganadores, con un aumento sostenido en su precio.
El precio proyectado por el Banco Mundial es de USD 8.000 por tonelada en promedio durante 2025 frente a USD 7.330 la tonelada en 2024, esto es, un aumento del 9,1% anual.
Ayer, 28 de marzo de 2025, la tonelada del cacao se cotizó en casi USD 9.000 por tonelada.
Ecuador, el principal productor de América Latina, está aprovechando un entorno en el que los países africanos como Ghana y Costa de Marfil han visto disminuir su oferta por eventos climáticos severos y enfermedades en los cultivos.
El buen momento de precios permitió al cacao ecuatoriano trepar en el ranking de productos no petroleros de mayor exportación de Ecuador, pasó del quinto lugar en 2022 al tercer lugar en 2024.
Y entre enero y febrero de 2025, el cacao ya se convirtió en el segundo producto de mayor exportación, desplazando al banano que ahora está en tercer lugar.
¿Y el oro y el cobre?
En cambio, el Banco Mundial prevé que los precios de los metales y minerales bajen en un 10% anuales en 2025, pese al alza de precios de algunas materias primas como el oro.
De hecho, después de alcanzar un récord en 2024, el oro está listo para subir de nuevo este año antes de estabilizarse en 2026.
Se espera que los precios del oro se mantengan durante los años 2025 y 2026 un 150% por encima de su promedio alcanzado entre 2015- 2019. Todo esto, sostenido por una fuerte demanda del activo visto por los inversionistas como refugio seguro, en medio de la incertidumbre provocada por las políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En cambio, los precios del cobre tendrán una caída del 10% en 2025, según proyecciones del Banco Mundial. En caso de una recesión más marcada, la caída será del 19%.
Las exportaciones de metales (principalmente, oro y cobre) sumaron USD 3.075 millones en 2024, que se explica sobre todo por los envíos al exterior de la producción de las dos minas a gran escala que tiene el país en explotación:
Fruta del Norte, a cargo de Aurelian, subsidiaria de la canadiense Lundin Gold. La mina de oro está ubicada en Zamora Chinchipe.
Mirador, a cargo Ecuacorriente, empresa de capitales chinos. La mina es de cobre y también está en Zamora Chinchipe.
Un escenario volátil
A pesar de las diferencias entre grupos de productos, el Banco Mundial advierte que en el período pospandemia de Covid-19 las materias primas experimentaron una volatilidad récord, y los ciclos mostraron diferencias significativas en comparación con los anteriores, presentando períodos de auge cada vez más intensos.
En 2023-y 2024, los precios de los productos básicos han disminuido algo, pero siguen superando los niveles previos a la pandemia.
Según el multilateral, este cambio parece estar impulsado por una confluencia de eventos adversos, incluida la pandemia mundial, recesión, desastres naturales y conflictos geopolíticos, y tendencias a largo plazo como la transición energética y creciente fragmentación geoeconómica.
Más recientemente, en medio de una mayor incertidumbre global, políticas comerciales cambiantes y un crecimiento moderado, las perspectivas de los precios de las materias primas han experimentado renovadas fluctuaciones.
Finalmente, el Banco Mundial proyecta que la volatilidad en los mercados de materias primas seguirá siendo elevada.
Así, los precios de las materias primas caerá en un 12% en 2025 y en 5% para 2026, aunque en precios nominales siguen por encima de los valores del período 2015-2019, dice el Banco Mundial. Fuente: Primicias
Ikiam tenía siete años. Antes de morir, el último 22 de abril, agonizó durante horas en los brazos de su madre, que intentaba calmarlo con golpecitos en la espalda. Llevaba tres días con malestar de estómago, fiebre, vómito y diarrea con sangre.
Vivía en la comunidad Achuar, de Surik Nuevo, en la selva, en Huasaga, la parroquia rural más grande de las cuatro que tiene el cantón Taisha, en la provincia de Morona Santiago.
El puesto de salud más cercano, que funciona en una precaria casa, está en Wampuik, a tres horas a pie, entre barro, selva espesa y caminos que se pierden entre la humedad.
Una avioneta, que fue solicitada por los pobladores al Ministerio de Salud Pública (MSP) para transportarlo de emergencia hasta el hospital de Taisha o Macas para que reciba ayuda, se tardó en llegar.
Su pequeño cuerpo, consumido por la fiebre e hinchado, parecía arder por dentro. El sudor le corría como agua sobre la piel. Quedó con la mirada perdida y los ojos cargados de angustia, como si supiera que había perdido la batalla.
En otras dos comunidades de este mismo cantón desde diciembre de 2024 hasta ahora han fallecido cinco niños más con estos síntomas: dolor de estómago, fiebre, vómito y diarrea con sangre.
Mashium: comunidad Achuar
En Mashuim, ubicada en Huasaga, la misma parroquia donde está Surik Nuevo, el 20 de diciembre de 2024 murió Margoth, una niña de nueve años. El 23 de marzo de 2025 fue Danny, de seis; y el 9 de abril, Elías, de 10.
En Pampants, que, en cambio, está en Tuutientza, que es otra parroquia de Taisha, el 14 de abril murieron Jhonny, de 10 años y Tatiana, de 13. Esta es una población Shuar.
Una séptima muerte con estos síntomas ocurrió en Kaspaim, en la parroquia San José de Morona, en el cantón Tiwintza, que limita con Taisha. Allí, donde también está la nacionalidad Shuar, murió el 12 de abril una niña: Amay, de siete años.
En estas comunidades es tradición velar brevemente a los fallecidos y luego enterrarlos en el terreno de sus propias casas o incluso al interior de estas, como un modo íntimo y ancestral de despedirlos.
No se han tomado muestras de los fallecidos
De ninguno de los fallecidos, según los deudos, se extrajeron pruebas de sangre para determinar la causa exacta de la muerte, lo que deja a las comunidades sumidas en la incertidumbre y el temor.
En Kuserua, que está a unos 15 minutos a pie de Mashuim, también hay otros casos de niños y adolescentes con fiebre; dolor de estómago y cabeza; y vómito, pero no ha habido fallecidos.
Algo similar pasa en Wampuik, que también está en Huasaga, a unas cuatro horas caminando desde Mashuim, donde al menos cuatro menores de edad más, entre los dos y 14 años, tienen estos síntomas.
Algunos pobladores, que fueron previamente capacitados, les aplican pruebas rápidas de sangre, que les dejó el MSP, para detectar malaria, una enfermedad causada por parásitos que se trasmite por la picadura de mosquitos.
En todas estas comunidades es común ver a los niños descalzos y con poca ropa, bajo el sol o la lluvia. Muchos tienen el abdomen abultado y los brazos delgados, signos visibles de desnutrición.
Otros presentan malformaciones visibles y duermen casi a la intemperie, pues las viviendas tradicionales son chozas sin paredes, abiertas al viento, la lluvia y al calor sofocante de la selva.
Aunque este es tradicionalmente el modo de vida de los pueblos Shuar y Achuar, hoy viven con preocupación frente a esta serie de muertes inexplicables que rompe con la rutina ancestral.
Centro educativo en emergencia
Carlos Uwiti es rector del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe (CECIB) “Tanchim”, en Mashuim, donde murieron tres menores de edad. Todos eran alumnos de esta institución.
“Eran 58 estudiantes y ahora somos 55…”, dijo Uwiti, quien además es papá de Margoth, una de las fallecidas. Los padres de familia de esta institución se reunieron el último 11 de abril y la declararon en emergencia.
En una asamblea, cumplida el último 22 de abril, Uwiti leyó las resoluciones que se tomaron en dicha reunión, entre las que están la suspensión de clases (hasta el 23 de abril) para prevenir posibles contagios y más muertes.
Una resolución también fue informar esta decisión al “Distrito de Educación,” “Distrito de Salud Taisha,” Tenencia Política de Huasaga y gobernador de Morona Santiago para que emitan alguna resolución favorable…”.
Otra fue: “coordinar con el Distrito de Salud Taisha, para que entre la brigada médica de manera inmediata a la comunidad de Mashuim…”, para que además haga pruebas del agua que consumen del río Kuserua y de un pozo.
Además resolvieron “solicitar a las autoridades gubernamentales y no gubernamentales el apoyo social, con la dotación de kits de alimentos y kits de aseo personal…”
Uwiti pidió la intervención urgente de las autoridades de salud para que hagan exámenes de sangre a pacientes que están con estos síntomas, además para que lleven muestras de agua para que sean analizadas.
En Tiwintza
Arutam Washikiat es tío de Amay, la niña quien murió en Tiwintza. Contó que la pequeña un día antes de morir asistió con normalidad a la escuela. Comenzó con dolor de estómago seguido de vómito y fiebre.
“No tenemos con qué reportar cuando hay esta situación al centro de salud más cercano, no tenemos ni la radio para reportar y decir que se está presentando esa enfermedad para que venga alguien…”, indicó.
Contó: “nadie llegó a valorarle y le tuvimos que enterrar sin saber por qué causa murió, no vino ni un médico… Después de la muerte nos sorprendió de que al parecer se le rompió el cuello y comenzó a hacerse como moretones…”
Recordó: “un tiempo se comenzó a hablar de una enfermedad que les mordía el murciélago y moría la gente, pero desde allí no habíamos visto un tipo de enfermedad con la que están muriendo los niños…”
Federación Interprovincial de Centros Shuar
David Tankamash, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), también solicitó la intervención urgente del MSP para aplicar un plan de prevención y detectar las causas que han provocado estos decesos.
Informó que en la comunidad de Shiramentza, que es una pequeña aldea ubicada en Tuutinentza, también en Taisha, se han reportado otros casos de pacientes con sintomatología similar.
“Pedimos a las autoridades de salud que den atención médica urgente pues son comunidades que están bastante alejadas, que hagan un diagnóstico para conocer qué es la enfermedad que está matando a los niños…”, señaló.
Asimismo sostuvo que algunos de estos casos no se hacen públicos debido a que son zonas donde no hay internet ni energía eléctrica, y la única forma de ingreso a la mayoría de estas es mediante avioneta.
Advirtió: “si es que no controlamos esto a tiempo esto puede ir de manera masiva a más comunidades y por eso se requiere que los médicos estén presentes de forma urgente…”.
Lloran en silencio
En la espera de una asistencia efectiva por parte de las autoridades de salud, estos pueblos de la selva lloran en silencio. La muerte ronda sin nombre ni explicación, y las respuestas no llegan.
Los pequeños no entienden de burocracia ni demoras. Son inocentes, juegan descalzos entre árboles, lodo, tierra, ríos y animales, mientras la muerte los acecha. Solo esperan una oportunidad.
En la comunidad de Saapapentsa también se reportó el caso de seis niños más con síntomas como intenso dolor de estómago, fiebre, vómito y diarrea con sangre.
Datos
- Según la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI), en Taisha la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) se ubica sobre el 40 % en niños menores de dos años.
- La Desnutrición Crónica Infantil (DCI) es a menudo el resultado de una alimentación deficiente a largo plazo, infecciones repetidas y condiciones socioeconómicas precarias.
- En 2022 en Taisha, en Morona Santiago, se hizo una mesa cantonal intersectorial para recibir al equipo técnico del Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés).
- En Charapacocha, que es una comunidad Achuar que está Pastaza, también se han reportado caso de pobladores con síntomas como dolor de estómago, diarrea con sangre y fiebre.
- Según consta en el Censo de Población y Vivienda 2022, el 19,4 % de los hogares en Taisha tienen niños que cinco a 14 años que no asisten a un establecimiento educativo.
- El Ministerio de Salud Pública (MSP) puede emitir una alerta epidemiológica cuando se identifican condiciones que podrían representar una amenaza para la salud pública y se requiere respuesta inmediata. Fuente: El Mercurio
Nacionales
Augusto Verduga le responde a Luisa González y acusa al correísmo de dejarlo solo en el caso ‘Ligados’
Augusto Verduga, exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y procesado en el caso ‘Ligados’ por presunta asociación ilícita, respondió públicamente a las declaraciones de Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana (RC), quien lo acusó de ser “maquiavélico” por supuestamente grabar conversaciones privadas con miembros del correísmo.
La polémica surge luego de que la Fiscalía General del Estado difundiera, hace más de un mes, una serie de chats extraídos del celular de Verduga, en los que se evidenciaría un supuesto intento de la RC por cooptar instituciones del Estado.
González, en entrevista con el programa Primera Plana, calificó los hechos como “maquiavélicos” y sostuvo que las filtraciones revelan “una falta absoluta de transparencia, de honestidad, de lealtad, principios y valores”.
Verduga publicó la noche del lunes 28 de abril un video en redes sociales negando haber grabado conversaciones.
“¡NO! No grabé esas conversaciones, no ordené grabarlas, ni participé en ninguna acción que vulnerara la privacidad de nadie”, aseguró.
El exvocal del CPCCS sostuvo que las pruebas difundidas fueron obtenidas de manera ilegal. “Algunas conversaciones son parcialmente reales, pero totalmente descontextualizadas, otras abiertamente manipuladas de forma selectiva”, denunció.
Verduga también cuestionó el contexto político en el que se desarrolló el proceso judicial y afirmó que se trata de un caso “fabricado a toda prisa en tiempos electorales” con la intención de “fracturar un proyecto político”.
“Es, ni más ni menos, la crónica de una sentencia anunciada”, dijo, al tiempo que lamentó el silencio de sus antiguos compañeros políticos.
“Lo que duele de verdad es que esta sentencia espuria que caerá sobre mí la recibiré sin el respaldo de personas a quienes guardé gran estima y a quienes consideré compañeros en la lucha por un Ecuador más justo”, expresó, refiriéndose implícitamente a la dirigencia de la RC.
Verduga finalizó su declaración asegurando que enfrentará las consecuencias con entereza. “Supongo que para muchos ya soy un fusible quemado. Lo acepto. Pero recibiré ese abandono, como recibiré la sentencia, con la frente en alto y con la dignidad intacta”. Fuente: Vistazo
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