El Plan Nacional de Seguridad del presidente Daniel Noboa no fija en su texto una cifra de presupuesto ni fuentes de financiamiento específicas, y reparte su ejecución entre cuatro carteras de Estado sin una autoridad única de coordinación.
El documento plantea siete objetivos, entre ellos recuperar la gobernanza en zonas fronterizas, reconstruir el sistema penitenciario y neutralizar amenazas, sin establecer plazos concretos. Su ejecución queda a cargo de los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gestión de Riesgos.
Para César Paz, analista de seguridad y exagente del FBI, esa dispersión institucional, sumada a la falta de cifras, debilita la credibilidad de la estrategia. Manifestó que se estima que el programa de Ecuador implique monto de entre USD 180 y USD 230 millones, cuando el Plan Colombia, en el que fue parte, se tasó en cerca de USD 13 000 millones. “Controlar 22 o 23 bandas u organizaciones narcotraficantes o narcoterroristas con ese tipo de presupuesto (de Ecuador) lo veo bastante difícil”, dijo el experto en una entrevista en Contacto Directo.
Riesgo por dinero
El asesor calificó de riesgoso que el gobierno dependa de gestionar líneas de crédito o cooperación internacional sin certeza de obtenerlas, en un contexto en el que países como Estados Unidos podrían priorizar otros intereses antes que destinar fondos a Ecuador.
Según Paz, uno de los cinco frentes en los que debería concentrarse el gobierno es el control de fronteras, puertos y aeropuertos, donde persisten fallas estructurales de revisión y escaneo.
El asesor apuntó que el Gobierno es quien debe tomar las riendas del plan de seguridad, pero también se debe tener en cuenta a las personas que hayan tenido la experiencia comprobada en cómo manejar este tipo de crímenes, pero no de manera excesiva. «El Ecuador no puede poner a la sociedad, o a la empresa privada, todo el peso o toda la responsabilidad de la seguridad del país. Tiene que llevar el gobierno del Ecuador el peso», afirmó.
Paz abordó como ejemplo el puerto de Guayaquil, que según dijo es el que más contenedores refrigerados moviliza en el mundo, con unos 6 000 despachos semanales, el 30 % con destino a Europa. Pese a ese volumen, sostuvo que el puerto carece de un plan de seguridad real para los exportadores y que, de someterse a una auditoría forense, se comprobaría que ni siquiera los escáneres están funcionando correctamente.
La justicia y las cárceles, el eslabón débil
Para Paz, ningún esfuerzo de control militar o territorial tendrá efecto duradero si no se reforma el sistema judicial y penitenciario, al que calificó como una puerta giratoria para los criminales. «El sistema judicial y el sistema penitenciario es un torniquete: entran y salen. Y si no hay una reforma de ambos sistemas, estamos perdiendo el tiempo«, advirtió.
El asesor vinculó este problema con la corrupción pública, a la que consideró clave en la expansión del crimen organizado. Cuestionó además que, pese a la inteligencia que Estados Unidos ofrece a la Policía y las Fuerzas Armadas ecuatorianas, esta no se enfoque directamente en las estructuras de narcotráfico vinculadas a México y Colombia, mientras el peso de la seguridad recae sobre empresas del sector privado.
Riesgo de un «efecto dominó» desde Colombia
El asesor también alertó sobre el impacto que podrían tener en la frontera norte los anuncios de bombardeos contra grupos armados en el sur de Colombia, adelantados por el presidente electo colombiano Abelardo de la Espriella. Según Paz, ese tipo de operativos suele desplazar a las estructuras criminales hacia territorio ecuatoriano, un escenario que el plan debería anticipar con una respuesta específica.
Paz señaló que, ante ese movimiento, el Hobierno debe controlar no solo las fronteras sino también las zonas aledañas, ya que los grupos criminales suelen buscar otros puntos de cruce, fluviales o terrestres, menos vigilados.
