El asambleísta por Zamora Chinchipe, Héctor Valladarez, realizó una evaluación de su primer año de gestión legislativa correspondiente al periodo 2025–2029, abordando temas relacionados con la situación política nacional, la fiscalización de recursos amazónicos, presuntos actos de corrupción y problemáticas vinculadas a la minería y el transporte pesado en la provincia.

Durante la entrevista en Diario El Amazónico, Valladarez recordó que el pasado 14 de mayo se cumplió un año desde el inicio del actual periodo legislativo y aseguró que la dinámica de la Asamblea Nacional cambió radicalmente tras la conformación de la nueva mayoría parlamentaria.

El legislador criticó el funcionamiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), señalando que el oficialismo habría incorporado a exintegrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana que posteriormente se declararon independientes. Según indicó, esta situación habría alterado la representación política dentro del Parlamento.

“Estamos frente a un régimen que no respeta ni la ética, ni la moral, ni la Constitución. Han cooptado la Asamblea Nacional y bloqueado la fiscalización”, sostuvo.

Valladarez afirmó que actualmente existen restricciones para la participación de legisladores de oposición en el pleno, denunciando limitaciones en el uso de la palabra y un control político ejercido desde la mayoría legislativa.

En el ámbito de fiscalización, el asambleísta aseguró que uno de los principales temas investigados durante este periodo corresponde al manejo de los recursos amazónicos. Explicó que, tras analizar los ingresos generados por la actividad minera y energética en la región, se detectaron presuntas inconsistencias en la distribución de recursos contemplados en la Ley Amazónica.

De acuerdo con sus declaraciones, los ingresos provenientes de regalías mineras, hidroeléctricas y utilidades relacionadas con proyectos extractivos habrían superado los 360 millones de dólares anuales, cifra que, según indicó, podría alcanzar los 400 millones si se incluyen otros rubros energéticos.

El legislador sostuvo que, pese a esos montos, la Amazonía únicamente habría recibido cerca de 100 millones de dólares, situación que motivó nuevas acciones de fiscalización y solicitudes de exámenes especiales ante la Contraloría General del Estado.

En ese contexto, informó que se solicitó una revisión patrimonial a exautoridades y actuales representantes del Consejo Amazónico y de la Secretaría Técnica Amazónica, con el objetivo de transparentar el manejo de dichos recursos.

Asimismo, Valladarez indicó que también impulsó denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), señalando supuestos cobros ilegales que afectarían a mineros artesanales y pequeños productores de la provincia.
El asambleísta manifestó que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General del Estado y espera que el proceso investigativo determine responsabilidades dentro de una presunta red de corrupción vinculada al sector minero.

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el caso Progen, relacionado con contratos energéticos suscritos durante la crisis eléctrica de 2024. Valladarez cuestionó el pago anticipado de aproximadamente 110 millones de dólares para proyectos que, según afirmó, hasta la fecha no habrían generado energía para el país.

Además, expresó preocupación por el acuerdo comercial firmado entre Ecuador y Estados Unidos, señalando posibles afectaciones al sector agrícola nacional debido al ingreso de productos subsidiados provenientes del mercado estadounidense.

En materia provincial, el legislador informó que inició procesos de fiscalización relacionados con contratos de transporte pesado vinculados a la empresa minera ECSA, tras recibir denuncias de transportistas locales sobre retrasos en pagos, presuntas amenazas y afectaciones económicas.

Según indicó, transportistas habrían denunciado que empresas subcontratistas de origen extranjero estarían desplazando a operadores locales mediante la importación de maquinaria pesada usada.

“No podemos permitir que se lleven la riqueza de la provincia mientras nuestros emprendedores y trabajadores son perjudicados”, expresó.
Valladarez insistió en que la provincia de Zamora Chinchipe genera importantes ingresos económicos para el país gracias a la minería, señalando que para 2026 se proyecta una facturación cercana a los 4.500 millones de dólares por concepto de producción minera.

El legislador sostuvo que una adecuada redistribución de esos recursos permitiría financiar obras estratégicas para la provincia, entre ellas el nuevo hospital, la universidad amazónica y el avance del cuarto eje vial.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar impulsando procesos de fiscalización y defensa de los intereses de Zamora Chinchipe y la región amazónica. “Seguiremos trabajando con valentía y sin claudicar en la defensa de las causas del pueblo”, concluyó.

El exalcalde del cantón Zamora, Smilcar Rodríguez, se pronunció sobre la situación del actual Hospital Julio Doepfner y el proceso de gestión para la construcción de un nuevo hospital general provincial para Zamora Chinchipe, señalando que la infraestructura existente ya cumplió su vida útil tras 58 años de funcionamiento.

Rodríguez, quien actualmente lidera el colectivo ciudadano que impulsa esta propuesta, manifestó que la lucha por el nuevo hospital responde a un derecho fundamental contemplado en la Constitución de la República, relacionado con el acceso a la salud pública y la atención digna para la ciudadanía.

“El tema de la salud no puede tomarse a la ligera. El hospital provincial atiende no solamente a Zamora Chinchipe, sino también a sectores de Loja y Morona Santiago. Necesitamos una infraestructura acorde a las necesidades actuales de la provincia”, sostuvo.

Durante la entrevista, explicó que uno de los principales avances alcanzados ha sido la obtención de un terreno de aproximadamente 35 mil metros cuadrados en el sector La Chacra, límites con Tunantza, destinado exclusivamente para la construcción del nuevo hospital. Indicó que el predio cuenta con servicios básicos, acceso energético, estudios previos e incluso una línea eléctrica denominada “Hospital de Zamora”.

Rodríguez recordó que el terreno fue entregado durante su administración municipal y aseguró que, pese a existir estudios técnicos iniciales, estos no fueron validados por el Gobierno Nacional de turno debido a discrepancias políticas registradas en el año 2014.

El exalcalde cuestionó la falta de respaldo efectivo de algunas autoridades locales y nacionales, señalando que gran parte de la presión y gestión ha recaído sobre la ciudadanía organizada. “La colectividad ha tomado la posta porque no tiene compromisos políticos con los gobiernos de turno, mientras que algunas autoridades han actuado con pasividad”, afirmó.

Asimismo, expresó preocupación por el deterioro actual del terreno destinado al hospital, señalando que existen escombros, maleza e incluso riesgos de invasiones debido a la falta de mantenimiento y control institucional.

En ese contexto, propuso la realización de una minga ciudadana para adecentar el predio y demostrar al Gobierno Nacional que la provincia mantiene firme el interés de concretar el proyecto hospitalario.

Rodríguez explicó que actualmente ya existe una partida presupuestaria destinada para la contratación de los estudios técnicos definitivos, recursos que reposan en la cédula presupuestaria del Hospital Julio Doepfner. Indicó que el siguiente paso es que el Ministerio de Salud Pública y las autoridades hospitalarias ejecuten de manera inmediata el proceso de contratación.

“El estudio es la herramienta técnica fundamental. Sin estudios aprobados no se puede gestionar financiamiento ni presentar proyectos ante el Ministerio de Finanzas, la Secretaría Técnica Amazónica o incluso organismos privados”, señaló.

El dirigente ciudadano indicó que el objetivo es que los estudios técnicos, ambientales, arquitectónicos y estructurales puedan estar aprobados hasta finales del presente año, lo que permitiría iniciar la gestión de recursos económicos en 2027.

De igual manera, insistió en la necesidad de que los gobiernos autónomos descentralizados participen mediante convenios de competencias concurrentes, aportando recursos y articulando esfuerzos con el Gobierno Nacional para hacer viable la obra.

“El argumento de que no es competencia de los municipios o de la prefectura no puede convertirse en excusa. Las competencias concurrentes permiten unir recursos y esfuerzos para obras prioritarias como esta”, enfatizó.

Rodríguez también criticó el estado actual del sistema de salud pública a nivel nacional, mencionando deficiencias en ambulancias, alimentación hospitalaria, dotación de médicos, enfermeras, seguridad e insumos médicos.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía, autoridades para mantener activa la presión social para garantizar que el proyecto no quede archivado. “Las grandes obras de la provincia han nacido de la lucha social del pueblo. El nuevo hospital debe convertirse en una causa provincial”, concluyó.

El coordinador provincial del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Salvador Quishpe, se pronunció sobre la reciente designación de Cléver Jiménez como precandidato a la Prefectura de Zamora Chinchipe, en el marco de una reunión política desarrollada el pasado sábado con la participación de aproximadamente 150 dirigentes de la organización, entre hombres y mujeres.

Durante la entrevista, Quishpe calificó el encuentro como “una reunión común y corriente”, descartando que se trate de un hecho extraordinario. No obstante, reconoció que la decisión generó reacciones diversas en redes sociales y en distintos sectores políticos, especialmente por el acercamiento político entre él y Jiménez, luego de diferencias públicas mantenidas en años anteriores.

El dirigente de Pachakutik defendió el proceso de reconciliación y sostuvo que la política debe construirse sobre la capacidad de superar conflictos. “¿Quieren que vivamos peleados? ¿No se supone que el perdón y el reencuentro son mejores que permanecer enfrentados?”, expresó, señalando que no es la primera vez que en su vida pública opta por dejar atrás disputas personales o judiciales.

En ese contexto, recordó episodios de procesos legales y denuncias que enfrentó en años anteriores, afirmando que en varias ocasiones decidió otorgar el perdón a quienes promovieron acciones en su contra. Según indicó, la reconciliación política y social debe verse como un ejercicio democrático y no como motivo de escándalo.

Más allá de la designación de la precandidatura, Quishpe aseguró que el principal objetivo del encuentro fue iniciar la construcción de una propuesta integral de desarrollo para Zamora Chinchipe con visión a diez años. Explicó que el planteamiento se estructura en siete ejes estratégicos: salud, educación, productividad, conectividad, minería, pueblos indígenas y medio ambiente.

El ex prefecto sostuvo que la propuesta no se limita a un plan de gobierno electoral, sino que busca recoger “los sueños y anhelos de toda la provincia”, incluyendo temas cuya solución depende del Gobierno Nacional y no exclusivamente de los gobiernos autónomos descentralizados.

En materia minera, enfatizó la necesidad de implementar un ordenamiento territorial que permita definir las zonas aptas para actividades extractivas y aquellas donde las comunidades no desean minería. Citó como ejemplo el sector de Ortega Alto, donde, según dijo, la población mantiene una postura contraria a la explotación minera.

Asimismo, propuso impulsar infraestructura para fortalecer la economía provincial, entre ellas una planta de beneficio minero en Zamora Chinchipe para evitar el traslado de material aurífero hacia Portovelo, así como la construcción de una planta de faenamiento tecnificada que permita mejorar la comercialización de productos cárnicos y abrir posibilidades de exportación.

Quishpe también insistió en la necesidad de una mayor unidad provincial para exigir obras estratégicas como el nuevo hospital para Zamora Chinchipe, la universidad amazónica y el avance del Eje Vial 4. En ese sentido, planteó la conformación de una gran asamblea provincial liderada por autoridades locales y ciudadanía para solicitar audiencias al Presidente de la República y reclamar atención a las necesidades históricas de la provincia.

Respecto al proyecto universitario para Zamora Chinchipe, cuestionó el archivo de la propuesta por parte del Consejo de Educación Superior y criticó la falta de reacción de los representantes legislativos de la provincia. “No podemos dar brazo a torcer en un sueño tan anhelado por la juventud y los padres de familia”, manifestó.

Durante la entrevista también respondió a las declaraciones del asambleísta Héctor Valladarez, quien habría cuestionado la decisión de Pachakutik de respaldar a Jiménez. Quishpe defendió la autonomía de las organizaciones políticas para definir sus candidaturas y rechazó lo que calificó como intentos de interferencia externa en decisiones internas del movimiento.

Finalmente, informó que Pachakutik continúa trabajando en la definición de candidaturas para alcaldías, juntas parroquiales y viceprefectura, cuyos nombres serán anunciados en los próximos días. Además, reiteró que la organización priorizará propuestas orientadas a la gestión de recursos y obras para la provincia, más allá de las competencias tradicionales de los gobiernos locales.

“Cuando se quiere, se hace”, concluyó Quishpe, insistiendo en que la provincia debe mantenerse unida para exigir atención estatal en temas de salud, educación superior, conectividad vial y desarrollo productivo.