La excandidata del correísmo tacha de persecución política

La alarma se encendió en la semana del 17 de noviembre de 2025. En esos días circularon imágenes en redes sociales que mostraban a hombres armados con fusiles de largo alcance, equipos de combate y comunicación caminando por las calles de la parroquia Goaltal, cantón Espejo, provincia de Carchi.

En su indumentaria eran visibles distintivos que pertenecerían a los Comuneros del Sur. Aunque, inicialmente, no hubo un pronunciamiento público de las Fuerzas Armadas, Policía o autoridades gubernamentales de Ecuador, la respuesta se concretó días después a través de una operación espejo y coordinada con el Ejército de Colombia.

El operativo conjunto culminó en un combate de dos horas en territorio colombiano, específicamente en el municipio de Cumbal, Nariño; a pocos kilómetros del límite fronterizo. Como resultado, mandos del Ejército de Colombia confirmaron la muerte de dos guerrilleros del Frente Comuneros del Sur en la vereda Tiuquer.

La operación militar mostró más resultados, el 28 de noviembre de 2025. El Ministerio de Defensa de Ecuador informó del desmantelamiento de dos campamentos en el cantón Espejo. Estos sitios fueron identificados como “centros de abastecimiento logístico” del los Comuneros del Sur.

En el lugar, soldados ecuatorianos incautaron 2.360 municiones, uniformes “tipo guerrillero” y neutralizaron un artefacto explosivo tipo trampa. Según la cartera de Estado, esta operación generó una afectación de USD 120.000 a la disidencia, debilitando “significativamente su capacidad operativa y de sostenimiento”.

Esta es la primera vez que se evidencia la presencia de este grupo guerrillero en el lado ecuatoriano de la frontera. Esto luego de la decisión del presidente Daniel Noboa, tomada en mayo de 2025, de catalogar como grupos armados organizados al Frente Comuneros del Sur, el Frente Oliver Sinisterra y a los Comandos de la Frontera.

Una nueva disidencia al panorama
El Frente Comuneros del Sur es una facción disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero de origen de izquierda que experimentó una considerable expansión en Colombia —en los territorios cercanos a Ecuador— tras la desmovilización de las FARC, en 2016.

Según reportes de medios colombianos, la disidencia surgió de las divisiones internas relacionadas con el proceso de paz en Colombia y la economía del narcotráfico. El ELN mantiene una considerable presencia en los departamentos colombianos de Putumayo, Nariño y Cauca, con el Frente de Guerra Suroccidental que agrupa a unos diez frentes y cuenta con aproximadamente 520 combatientes.

El Frente Comuneros del Sur, bajo el liderazgo de alias ‘HH’, opera principalmente en las zonas rurales de Tumaco y Barbacoas, Nariño (fronterizo con Ecuador). Las autoridades colombianas señalan que este frente está involucrado en el narcotráfico, encargado de transportar la coca producida localmente, proteger los laboratorios y cobrar un «impuesto al gramaje» por cada kilo de coca procesado por otros grupos.

Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, en 2022 se detectaron 59.746 hectáreas de cultivos de coca solo en Nariño. Además, informes de inteligencia de la Policía y de las  Fuerzas Armadas de Ecuador indican que el Frente Comuneros del Sur también está involucrado en la minería ilegal y el cobro de extorsiones en áreas de Carchi y Esmeraldas.

Este grupo se distanció de la cúpula central del ELN (Comando Central o COCE) por su voluntad de adherirse a los diálogos regionales de paz impulsados por el gobierno de Gustavo Petro. El 12 de marzo de 2024, el frente expresó públicamente su «voluntad, compromiso y participación de paz desde los territorios», en Nariño.

La presencia de la disidencia Comuneros del Sur en Ecuador, según datos militares ecuatorianos, se enmarca en la expansión del ELN que se ha apalancado por ingresos del narcotráfico, la minería ilegal, secuestros y extorsiones.

Los informes indican que el Frente Comuneros del Sur usan Carchi y Esmeraldas como sitios de descanso, refugio y corredores logísticos para abastecimiento de armas, explosivos, combustibles y víveres. Adicionalmente, hay registros de reclutamiento forzado de jóvenes de 17 a 20 años para enviarlos a centros de adiestramiento en Colombia.

Un acto más en la conflictiva frontera norte
La presencia de los Comuneros del Sur en Ecuador forma parte de una realidad más amplia y complicado. En los últimos años, según los informes anuales de la Unodc, el país ha dejado de ser un simple corredor logístico de la cocaína para convertirse en un campo de operaciones para grupos criminales transnacionales.

Incluso, en octubre de 2024, el presidente Daniel Noboa reportó la existencia de 2.000 hectáreas de cultivos de coca en la frontera norte ecuatoriana, una cifra sin precedentes basada en un Informe Geoespacial de Cultivos Ilícitos entregado por el Gobierno de Estados Unidos a Ecuador. Aunque, finalmente, ni hubo ninguna confirmación oficial de esa cantidad de hectáreas supuestamente sembradas.

Ese mismo documento identificó a 11 bandas criminales que operan en la frontera, seis ecuatorianas y cinco colombianas. Del lado ecuatoriano, el documento señala la operación de Los Lobos en Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas. En Esmeraldas, también se identifican a Choneros, Águilas, Patones, Tiguerones y Gángsters.

Del lado colombiano, se ha identificado la operación de disidencias de las FARC como el Frente Alonso Cano y el Frente Urías Rondón en Esmeraldas; el ELN (del cual se escindieron los Comuneros del Sur) y el Frente Alonso Cano en Carchi; y los Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez en Sucumbíos. A los que se sumarían los Comuneros del Sur.

Los grupos colombianos que operan en esta frontera son residuales de guerrillas, y han mutado hacia el narcotráfico como principal fuente de financiamiento. Estos grupos han generado alianzas con cárteles mexicanos y con bandas ecuatorianas, que brindan servicios logísticos esenciales como el transporte y el almacenamiento de droga. Fuente: Primicias

Después de las fiestas de diciembre, la Revolución Ciudadana (RC) entrará en un año decisivo para su futuro en la vida política: debe elegir a su nuevo presidente nacional. Esto después del fracaso de la doble candidatura de Luis González, quien además ha estado a la cabeza de la agrupación.

Y aunque casa adentro lo nieguen, el malestar de varios cuadros al interior de la agrupación, debido al manejo del movimiento por parte de ciertos líderes, es cada vez más público y notorio. Y el principal grupo que enfrenta esa discordia es el de las autoridades locales electas por la lista 5.

Una primera evidencia salió a la luz con la carta que le enviaron al expresidente cuatro prefectos y un alcalde, para solicitar un espacio de diálogo. Después de que Correa y González iniciaran una campaña para descalificar los resultados electorales de 2025 bajo la sombra de un fraude que nunca lograron probar.

Ese distanciamiento había sido evidente desde mucho antes, pero solo en ese momento se confirmó que las cinco figuras consideraban que la RC vive una desconexión de los problemas profundos del país y que ponían en duda la dirección de González.

Como es usual, esto desencadenó la indignación de Correa, que puso como tarima para la discusión a las redes sociales. Desde entonces las cosas no han mejorado. Y estos perfiles de la Revolución han optado por mantener su rumbo individual, sin atreverse tampoco a optar por una desafiliación.

Y el problema es que ambos dependen mutuamente del otro. La mayoría de perfiles de la lista 5 no conseguirían mantener sus puestos sin el membrete correísta y Correa, sin sus candidatos con más experiencia, no podría ocupar espacios de poder en las siguientes elecciones.

Sin embargo, al exmandatario parece no importarle incrementar esa brecha entre sus representantes locales. Correa no ha tardado en lanzar críticas públicas en ningún caso y los demás también mantienen la tradición de exponer sus diferencias:

«Me opondré a cualquier candidato tibio», dijo Correa tras el anuncio de Pabel Muñoz de buscar la reelección de la alcaldía de Quito.
«Si esto se acepta, soy yo el que estoy de más», amenazó Correa tras la reunión entre Marcela Aguiñaga y Lourdes Tibán y le quitó el respaldo para la reelección a la Prefectura de Guayas.

Luisa González dijo públicamente que «muchas autoridades no deberían repetir como candidatos», refiriéndose a Aguiñaga y Aquiles Alvarez.
Mientras que Alvarez le pidió a la excandidata presidencial que se tranquilice.

Aguiñaga fustigó a González diciéndole que «quisiera que vivas lo que significa ganar una seccional».
Estas escenas en la tarima digital refuerzan la tradición del correísmo de no resolver sus pugnas a lo interno y ratifican que el debate dentro de la organización no existe, corroborando lo que han dicho quienes abandonan el movimiento o son declarados traidores.

Y justamente eso es lo que estará en juego en la elección del próximo presidente nacional de la agrupación, en la convención que se realizará en enero, para nombrar al sucesor de González y acordar el futuro del movimiento.

Sin embargo, pese a que la Revolución Ciudadana tiene como ventaja contar con más perfiles que todos los demás partidos políticos, el único nombre que se ha anunciado ha sido el de Felipe Vega de la Cuadra, considerado un leal aliado de Rafael Correa, pero que no ha estado públicamente en las filas del movimiento desde hace mucho tiempo.

Esto refleja otro problema, que pese a captar cuadros jóvenes y evidenciar en las elecciones nacionales los cambios que exige el electorado, el correísmo sigue atorado en la fidelidad a su máximo líder y no en la renovación de propuestas y estrategias.

Pero quien sea que encabece el próximo buró del movimiento deberá enfrentarse al reto de canalizar la selección de miles de candidatos para las elecciones locales de 2027. Esos resultados definirán la supervivencia de la que fue la mayor fuerza política del país hasta 2017, que podría recuperar espacios o desaparecer del mapa electoral.

Un contexto que no cambia
El correísmo enfrenta su peor momento desde su renacimiento, en agosto de 2021, cuando se apropió de la lista 5, antes inscrita como Fuerza Compromiso Social. Ese movimiento les ha permitido participar bajo una bandera propia en las elecciones seccionales de febrero 2023, las extraordinarias de agosto de 2023, y las presidenciales de 2025.

Sin embargo, su popularidad electoral ha ido disminuyendo, especialmente con los constantes escándalos de corrupción que rodean a sus principales figuras y a muchos de sus antiguos cuadros y aliados, con los que compartieron el poder entre 2007 y 2017.

Pero, pese a ello, la tendencia política mantiene todavía una base electoral representativa, especialmente en comparación a la mayoría de agrupaciones políticas nacionales que agonizan en su intento de sobrevivir a los ciclos electorales. Y esto le ha permitido mantener espacios en la Asamblea Nacional y en los gobiernos locales.

Por ejemplo, en 2023 lograron quedarse con las alcaldías de Quito, Guayaquil, Santo Domingo y Esmeraldas y las prefecturas de Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Imbabura, Sucumbíos. A esto sumaron después 67 curules legislativas en 2025.

No obstante, toda esa representación política ha ido diluyéndose. Y el factor común en la mayoría de disputas internas son los choques con su presidente vitalicio y líder histórico, Rafael Correa. Con el que varios miembros de la Revolución han preferido mantener distancia.

Más allá de que la bancada correísta ha ido perdiendo miembros y hay lealtades cuestionadas, el exmandatario ha mantenido una férrea defensa de la que escogió como su heredera, pese al fracaso que tuvo en la dirección de la Revolución Ciudadana.

Y gran parte de los resultados electorales negativos, en las últimas dos presidenciales, se debió justamente a que Luisa González mantuvo las mismas líneas de Correa, sin emitir ni un solo criterio que difiriese del suyo. Lo que la llevó a sostener, por ejemplo, el reconocimiento del vilipendiado Nicolás Maduro.

En eso también ha contribuido el mismo expresidente, con cada estallido en redes sociales, que ponía en apuros a los militantes de la lista 5 que permanecen en Ecuador y que ocupan espacios de poder. La magnitud de ese problema fue corroborada con la difusión de los chats del caso «ligados», donde algunos jóvenes perfiles de la Revolución pedían que alguien le quite el teléfono a su líder. Fuente: Primicias