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Estas son los cinco faltas y omisiones sobre la desaparición de los cuatro niños de Malvinas, en Guayaquil

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El caso de los cuatro niños desaparecidos el 8 de diciembre tras su detención en el sur de Guayaquil deja en evidencia una serie de irregularidades en los procedimientos adoptados tras su captura por parte de personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Una audiencia de habeas corpus, celebrada el 24 de diciembre de 2024 y en la que una jueza elevó la investigación a desaparición forzada, reveló vacíos, faltas y omisiones en el caso, conocido como el de los los cuatro de Las Malvinas.

En sus declaraciones, 16 militares de dos patrullas de la Infantería Aérea afirman que “liberaron” a los menores en la parroquia rural Taura (Naranjal, Guayas), a las afueras de Durán, a más de 40 kilómetros del sitio de la detención. Según las familias, habrían sido golpeados y abandonados de noche y sin ropa.

A pesar de la gravedad del caso, no se ha precisado el lugar exacto donde supuestamente se produjo una “liberación” que además careció de orden judicial expresa.

Tampoco existen registros de un parte militar que informe a superiores sobre las detenciones por el presunto robo a una mujer, la supuesta causa de las detenciones de Ismael y Josué Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años.

Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, quien acompañó a las familias en la audiencia de habeas corpus en el norte de Guayaquil, detalló para PRIMICIAS las irregularidades e interrogantes del caso expuestos en la audiencia:

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Billy Navarrete (derecha), director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, acompaña a familiares de cuatro niños desaparecidos a una diligencia de reconocimiento en la morgue de Guayaquil, el 25 de diciembre de 2024, tras el hallazgo de cuatro cuerpos incinerados en Taura (Naranjal, Guayas). Entre los familiares está Luis Arroyo (izquierda), padre de dos de los niños.AFP

1.-Falta de registro oficial de la detención
No existe un parte militar oficial dirigido a un superior informando sobre la detención de los menores la noche del 8 de diciembre (cerca de las 20:00, en el sector de la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil) como lo exige el protocolo en estos casos. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, reconoció este jueves 26 de diciembre en una entrevista en Radio Centro que la patrulla «no notificó al mando superior» en ese momento. Por eso se instaló un Tribunal de Disciplina Militar. Y el ministro habló de “errores en el procedimiento, omisiones, faltas, por las que van a tener que responder” los 16 militares retenidos.

2.-Falta de indicios sobre el supuesto robo
La detención se produjo cuando las patrullas de la FAE, que operan en Durán, volvían de la Aduana, en el sur de Guayaquil, luego de custodiar un camión con contrabando. Los militares señalan en un informe posterior que se percataron de un supuesto robo a una mujer y detuvieron a tres de ocho presuntos implicados. La ciudadanía entregó a un cuarto niño y, según el Ministro de Defensa, esto se observa en un video. Pero el fiscal Christian Fárez señaló en la audiencia que no existen ni testigos, ni versiones, ni un denuncia que apunten a algún «acto ilícito que hayan cometido los niños».

3.-Ausencia de un reporte al ECU-911 o la Dinapen
Las Fuerzas Armadas tampoco reportaron el presunto robo al sistema de emergencias ECU-911, lo cual habría sido el paso inicial en una acción legítima, lo que, según el fiscal, hace parte del “procedimiento obligatorio» para la intervención la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen). Tampoco informaron ni entregaron a los menores a la Dinapen, como correspondía, la entidad especializada en casos relacionados con niños y adolescentes.

4.-Se desconoce sitio preciso de la supuesta liberación
Según las declaraciones de representantes de las Fuerzas Armadas en la audiencia, los menores nunca ingresaron a la Ala de Combate 22 de la Base Aérea de Taura. Sin embargo, no se precisó el lugar exacto donde habrían sido abandonados. El abogado de los militares señala que fue en la parroquia rural, a 15 kilómetros de la base militar. En la CDH señalan que el sitio sigue siendo “indefinido”. “Taura es un lugar tremendamente inseguro y extenso. Esta ‘liberación’ tampoco es que permitía a los chicos volver a casa de forma segura, desde una zona rural y oscura a más de 40 kilómetros de su barrio”, dice Navarrete.

5.-Tampoco hubo orden de liberación judicial
La jueza que aceptó el hábeas corpus y declaró la desaparición forzada de los menores también cuestionó la falta de una orden de liberación judicial, algo que debe ser dispuesto por una autoridad civil de justicia, es decir por un juez. Los representantes de las Fuerzas Armadas tampoco pudieron responder a las preguntas de la jueza en este sentido y reconocieron un «mal procedimiento administrativo», que se convirtió en un asunto penal una vez que por eso mismo no se pudo garantizar el derecho a la vida o a la integridad física de los niños.

CDH cuestiona custodia militar de detenidos
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ratificó este 26 de diciembre que los 16 militares involucrados en la desaparición de los cuatro de Las Malvinas están retenidos “bajo custodia militar por oficiales y personal de inteligencia”, a fin de evitar fugas.

El Ministerio de Defensa, que había convocado a una rueda de prensa este jueves 26 de diciembre en la Gobernación del Guayas, para ofrecer información del caso, canceló el evento una hora y media antes de su inicio.

“No sabemos en qué dependencia están. Los detenidos tienen que estar en un lugar de privación de libertad regular y las bases militares no son sitios para mantener privado de la libertad a nadie, incluso para este tipo de funcionarios estatales”, cuestionó Billy Navarrete, de la CDH.

El activista de derechos humanos aseguró que toda esta serie de errores de procedimiento se enmarcan en la figura típica de la desaparición forzada, que incluye la detención arbitraria, la ausencia de información sobre el paradero del detenido y la confabulación para intimidar o atacar al denunciante.

Jueza acepta habeas corpus y declara desaparición forzada de los cuatro menores de Guayaquil
Las familias de los niños han reportado «visitas intimidatorias por parte de la Policía», que incluyen la toma de fotografías a los domicilios y a un vehículo de uno de los padres, denunció el director ejecutivo de la CDH Guayaquil.

“Nada de lo que hayan hecho los niños justifica que estén desaparecidos (…) Los errores que cometieron los 16 miembros de la patrulla no son representativos de las Fuerzas Armadas”

Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa. 
En tanto, con el fallo del habeas corpus, la jueza ordenó como parte del mecanismo protección constitucional de derechos la conformación de una comisión multidisciplinaria de cinco miembros, para que investigue de forma independiente los hechos. Esa comisión deberá ser convocada y conformada por la Defensoría del Pueblo.

Cuerpos incinerados en el recinto Casa de Zinc
En tanto, el hallazgo de cuatro cuerpos incinerados se reportó la tarde del martes 24 de diciembre en una zona agreste y de difícil acceso, entre manglares, del recinto Casa de Zinc de Taura, ubicado a unos 16 kilómetros de la Base Aérea.

Unidades fluviales del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional dieron con los “cuerpos destruidos e incinerados de forma premeditada” y algunos de los cuales están incompletos, pues fueron expuestos a los elementos y a los animales, según representantes de la CDH.

Policía halla cadáveres en Taura mientras buscaba a los cuatro menores desaparecidos
En ese estado se descartó por completo la posibilidad de una identificación dactilar de los cadáveres.

El siguiente paso es realizar una pericia antropológica, un cotejamiento de heridas previas, prótesis dentales, fracturas, cirugías y otros rasgos distintivos, por lo que familiares de los niños acudieron este miércoles 25 de diciembre al Laboratorio de Criminalística Ciencias Forenses de Guayaquil.

Los resultados de esta prueba antropológica estarán listos a lo sumo hasta el lunes, 30 de diciembre de 2024. Y si no son concluyentes se deberá proceder con pruebas de ADN que podrían tomar entre 30 y 40 días. Se está buscando acelerar el proceso fuera del país.

De confirmarse que se trata de los menores desaparecidos, el estado de los restos podría implicar una eventual reconfiguración del tipo penal de desaparición forzada a ejecución extrajudicial, según el abogado Abraham Aguirre, del área jurídica de la CDH.

La desaparición forzada, considerada delito de lesa humanidad, está tipificada en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años, la misma pena establecida para la ejecución extrajudicial (artículo 85 del COIP). Fuente: Primicias

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Paquisha conmemoró 45 años de la Gesta Heroica y fue sede del IX Encuentro Binacional de Veteranos de Guerra Ecuador–Perú

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El cantón Paquisha fue el escenario del acto solemne por la conmemoración de los 45 años de la Gesta Heroica de Paquisha (1981) y el 31 aniversario de la Gesta del Alto Cenepa (1995), evento que se desarrolló mediante una Ceremonia Civil y el Noveno Encuentro Binacional de Veteranos de Guerra Ecuador–Perú, como símbolo de memoria histórica, reconocimiento y compromiso con la paz.

La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa encargada del cantón Paquisha, María Velásquez, autoridades civiles y militares, representantes de la Gobernación de Zamora Chinchipe, delegados del Batallón de Selva N.º 62 Zamora, miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, delegaciones de veteranos de guerra de Ecuador y del Perú, instituciones educativas, organizaciones de paz y ciudadanía en general.

En sus palabras de bienvenida, la alcaldesa encargada María Velásquez, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, destacó que la fecha “no es un día cualquiera”, sino un momento en el que la historia exige memoria, respeto y gratitud. Subrayó que Paquisha no solo representa un punto geográfico, sino un símbolo de dignidad, soberanía y amor profundo por la patria, reafirmando el compromiso institucional de preservar la memoria histórica y promover valores de unidad, justicia social y paz duradera.

Por su parte, el capitán Luis Eras, delegado del Batallón de Selva N.º 62 Zamora y del teniente coronel Héctor Chimborazo Martínez, transmitió un mensaje de reconocimiento a los veteranos de las gestas de Paquisha, Mayaico, Machinaza y Alto Cenepa, resaltando el legado de patriotismo, disciplina y sacrificio que constituye un ejemplo para las nuevas generaciones militares y civiles. En su intervención, enfatizó que la paz alcanzada es fruto del valor y la entrega de quienes defendieron la soberanía nacional.

Durante el acto, el coronel Guillermo Vélez, miembro del Comité Mundial de la Paz, realizó una reflexión histórica y humanista sobre el significado de Paquisha como territorio de patriotismo, progreso y reconciliación binacional. Recordó su participación en los acontecimientos de 1981 y resaltó que el mayor triunfo de los pueblos no es la guerra, sino la construcción de una paz basada en justicia, democracia y libertad. Asimismo, destacó el crecimiento y desarrollo del cantón como evidencia del valor de la paz consolidada.

En el marco del encuentro binacional, Jorge Acuña, obispo y representante de la delegación del Perú, señaló que este noveno encuentro bilateral forma parte de un proceso sostenido de integración iniciado en 2018, orientado a promover la amistad, la convivencia y el desarrollo entre Ecuador y Perú. Recordó que la Unión Binacional de Veteranos de Guerra Ecuador–Perú fue nominada en 2019 al Premio Nobel de la Paz y al Premio Princesa de Asturias, como reconocimiento a su labor por la reconciliación y la paz.

A su vez, Emilio González, en representación de los veteranos de guerra, enfatizó el rol de los excombatientes como constructores de paz y guardianes de la memoria histórica, destacando que la historia de los conflictos de 1941, 1981 y 1995 debe ser comprendida desde una mirada ética y humana, orientada a evitar la repetición de la violencia. Subrayó que la verdadera victoria no se mide en territorios, sino en la capacidad de preservar la vida y fortalecer el diálogo entre los pueblos.

Uno de los momentos más emotivos del evento fue el reconocimiento público al señor Job Sarango, héroe civil de la provincia de Zamora Chinchipe, destacado por su apoyo y guía a las tropas durante la Gesta Heroica de Paquisha, resaltando el papel fundamental de la población civil en la defensa del territorio nacional.

El Noveno Encuentro Binacional de Veteranos de Guerra ratificó el compromiso de Ecuador y Perú con la paz, la integración y la cooperación, dejando como mensaje central que recordar la historia no divide a los pueblos, sino que los fortalece, y que la memoria es una herramienta fundamental para construir un futuro de convivencia, desarrollo y esperanza para las nuevas generaciones.

¡Que viva Paquisha! ¡Que viva Zamora Chinchipe! ¡Que viva el Ecuador y la paz entre los pueblos!

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Minería en disputa: Zamora Chinchipe reivindica autonomía gremial frente al centralismo del sector industrial

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La Cámara de Minería del Ecuador (CME), organismo gremial con 47 años de trayectoria institucional, reafirmó públicamente su rol como entidad técnica y empresarial encargada de agrupar y representar a las empresas del sector minero industrial, promoviendo una actividad minera responsable, legal y en estricto apego al marco normativo vigente.

En su pronunciamiento oficial, la CME precisó que el ciudadano Paul Pineda, de la provincia de Zamora Chinchipe, no integra esta organización, por lo cual la institución no reconoce ni valida ninguna vocería, representación o declaración atribuida al sector minero industrial que provenga de personas u organizaciones ajenas a su estructura formal. En ese contexto, la Cámara Nacional reiteró que no avala manifestaciones realizadas a nombre de la industria minera por actores externos al gremio.

Posición institucional de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe

Frente a este comunicado, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe (CAMIZ) emitió una aclaración pública dirigida a la ciudadanía y al sector minero nacional, en la que ratifica su constitución legal, su autonomía gremial y su ámbito legítimo de representación.

La CAMIZ explicó que su presidente, el Sr. Paul Pineda, ejerce su liderazgo exclusivamente en representación de los pequeños mineros y mineros artesanales de la provincia, sin que exista pretensión alguna de representar a la minería industrial o transnacional, competencia propia de la CME. La organización enfatizó que su legitimidad se sustenta en la base productiva local, vinculada directamente al territorio y a la economía provincial.

Regularización minera y derechos constitucionales

En su pronunciamiento, la Cámara provincial advirtió sobre la necesidad de centrar el debate público en los procesos de regularización minera pendientes, señalando que la falta de cumplimiento estatal constituye un factor de inseguridad jurídica para miles de familias que dependen históricamente de esta actividad.

La CAMIZ recordó que la Constitución del Ecuador garantiza el derecho al trabajo, así como la seguridad jurídica para quienes, por tradición productiva, han ocupado y trabajado el territorio. En este sentido, reiteró su oposición a cualquier iniciativa que implique desplazamiento o despojo territorial en favor de intereses económicos externos a la provincia.

Autonomía gremial y ética institucional

Desde una perspectiva jurídica, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe subrayó que el derecho de asociación, reconocido por el ordenamiento legal ecuatoriano, garantiza la independencia organizativa de los gremios, por lo que no existe relación de subordinación entre la CAMIZ y la Cámara Nacional.

Asimismo, la organización hizo un llamado a la ética institucional, instando a que el debate minero se conduzca con responsabilidad, evitando prácticas de desinformación o confrontación política que afecten la credibilidad del sector y la convivencia social en los territorios.

Compromiso con una minería justa y soberana

La Cámara de Minería de Zamora Chinchipe reiteró su compromiso con una minería justa, soberana y socialmente responsable, orientada al desarrollo local, al respeto de la historia productiva de la provincia y a la defensa de los derechos de los pequeños productores.

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Estudiantes de derecho de la UTPL presentan el primer boletín jurídico del sur del país

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En una entrevista concedida al programa informativo de Diario El Amazónico, Gabriela Durán, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), dio a conocer los alcances, objetivos y proyección académica del Primer Boletín Jurídico del sur del Ecuador, una iniciativa inédita impulsada desde la comunidad estudiantil universitaria.

Durante su intervención, Durán explicó que este proyecto surge como resultado del interés de los estudiantes de Derecho por materializar ideas académicas generadas en espacios de reflexión, diálogo con docentes y trabajo colaborativo entre compañeros. El boletín tiene un doble propósito: constituirse en un aporte tangible a la sociedad y, a su vez, funcionar como una escuela de formación académica para futuros abogados y abogadas del país.

La entrevistada señaló que el boletín busca cubrir vacíos de información jurídica en la región sur, ofreciendo perspectivas estudiantiles sobre derecho, política y sociedad. Al tratarse de un proyecto “de estudiantes para estudiantes”, su enfoque se centra en brindar información actualizada, verídica, accesible y de alta calidad, dirigida no solo a jueces, fiscales y profesionales del Derecho, sino también a la ciudadanía en general.

Desde el ámbito formativo, Gabriela Durán destacó que el valor del boletín trasciende lo material, pues constituye un referente simbólico y académico, al ser una de las primeras iniciativas de este tipo en la región. Asimismo, subrayó que el proyecto demuestra que los estudiantes no deben esperar al ejercicio profesional para liderar propuestas de impacto, sino que pueden hacerlo desde su etapa universitaria, con el respaldo institucional correspondiente.

En cuanto al proceso editorial, Durán informó que para esta primera edición se recibieron alrededor de 150 artículos a nivel nacional, provenientes de estudiantes de Derecho de la UTPL en modalidad presencial y a distancia. Los criterios de selección se centraron en aspectos técnicos, estructura, argumentación jurídica y redacción, brindando además un acompañamiento personalizado a cada autor, lo que fortaleció el carácter formativo del proyecto.

Los contenidos del boletín abarcan diversas ramas del Derecho, entre ellas Derecho Constitucional, Penal, Ambiental y Derecho Comparado, así como análisis de coyuntura social y política internacional. Entre los artículos destacados constan trabajos sobre los derechos de la naturaleza, temática en la que Ecuador es referente mundial, y estudios comparativos sobre figuras jurídicas como el infanticidio y la cadena perpetua en Ecuador y Perú.

Gabriela Durán resaltó que los estudiantes cumplen un rol central como investigadores y protagonistas del boletín, lo que contribuye a fortalecer el pensamiento crítico, la capacidad analítica y el compromiso social desde la academia. En este sentido, enfatizó la importancia de democratizar el conocimiento jurídico, promoviendo el acceso ciudadano a información que permita comprender y ejercer los derechos establecidos en la normativa vigente.

Finalmente, la estudiante agradeció el apoyo brindado por las autoridades y docentes de la UTPL, quienes respaldaron el proyecto tanto en el ámbito técnico como logístico y presupuestario, posibilitando la publicación del boletín en formato físico y digital, disponible en las plataformas oficiales de la universidad, en la sección de novedades.

Al cierre de la entrevista, Gabriela Durán invitó a la comunidad académica, jurídica y a la ciudadanía en general a leer el boletín, señalando que este no está dirigido exclusivamente a especialistas, sino a toda persona interesada en la justicia y en la construcción de un país más informado. “Aquí el derecho deja de ser herencia para convertirse en porvenir”, concluyó.

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