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Estas son las 65 propiedades incautadas que fueron ya restituidas a los hermanos Isaías
El trabajo de restitución de los bienes de los hermanos Isaías, exdueños del Filanbanco, se ha llevado con muy bajo perfil y en un ámbito meramente judicial. Después de la sentencia del juez Johnny Lituma, que ordenó la devolución, los hermanos William y Roberto Isaías Dassum han logrado recuperar, al menos, 65 bienes inmuebles en todo el país.
Esta sentencia, de mayo de 2022, dispuso la «restitución de todos los bienes, derechos, acciones y activos en general que fueron objeto del proceso de incautación ejecutado por el Estado» en 2008. La base fue un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que determinó la violación a los derechos de los Isaías, específicamente, en la aprobación del Mandato 13.
Para recibir sus bienes, los Isaías crearon el Fideicomiso Mercantil Comité DH-ONU Reparación Integral Trust. Su beneficiario es otro fideicomiso, con el mismo nombre, constituido en Miami y cuyos beneficiarios son, a su vez, los hermanos Isaías Dassum.
El enredo legal que permitió que los bienes incautados a los hermanos Isaías pasen de mano en mano hasta volver a ellos
El fideicomiso se creó el 10 de noviembre de 2022, mediante escritura pública en una notaría del cantón Daule, en la provincia del Guayas. En ese documento consta el primer bien que lograron registrar a su nombre: un inmueble de 309 metros cuadrados ubicado en el centro de Guayaquil, en las calles Chimborazo y Clemente Ballén. Según la escritura, está avaluado en USD 800.000.
Esa descripción coincide con la de un edificio ubicado en la esquina de esta dirección, diagonal a la Catedral de Guayaquil.
Edificio ubicado en las calles Chimborazo y Clemente Ballén, en el centro de Guayaquil.PRIMICIAS
Desde su creación hasta la actualidad, el Fideicomiso Comité DH ONU ha aumentado su patrimonio poco a poco. De acuerdo con la información disponible en la Superintendencia de Compañías, el patrimonio neto del fideicomiso es, a julio de 2024, de USD 4,16 millones.
65 bienes al fideicomiso de los Isaías
Una parte de los bienes inmuebles que fueron incautados a los hermanos Isaías en 2008, tras pasar por varias manos, terminó en la Secretaría de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar). De acuerdo con información que envió esa institución a PRIMICIAS, Inmobiliar recibió 1.704 predios de la Unidad de Gestión de Derecho Público, que administraba los bienes de la banca cerrada (no sólo del Filanbanco).
La mayoría de estos bienes sigue en manos de Inmobiliar, pero 358 ya fueron vendidos, 20 transferidos a otras instituciones públicas y 65 restituidos al fideicomiso de los Isaías.
PRIMICIAS contactó a Leonardo Stagg, apoderado del fideicomiso de los Isaías, para conocer el estado del proceso de restitución, sin embargo, rechazó nuestro pedido de entrevista.
Los 65 bienes que ya fueron restituidos al fideicomiso de los Isaías están avaluados en USD 43,6 millones, según un listado que entregó Inmobiliar con base en el Sistema de Administración de Bienes Inmuebles de esta Secretaría. Estos son:
De edificios a hoteles
Entre los 65 bienes restituidos a los hermanos Isaías, hay nueve que tienen avalúos de más de USD 1 millón.
El más caro es el terreno ubicado en el sector de La Pradera, en Quito, en el que funcionaba una de las escuelas de conducción de Aneta (detrás del Ministerio de Agricultura). Tiene 22.000 m2 y está avaluado en más de USD 11 millones. Allí guardia privado custodia el ingreso, y no da más información sobre el predio.
Además, entre los inmuebles más costosos está un predio industrial ubicado en el sector de La Luz, también en Quito, que tiene más de 32.000 m2, y está avaluado en más de USD 7 millones. PRIMICIAS constató que este parece abandonado y no tiene vigilancia privada.
En la lista asimismo aparece el Hotel Ramada, en el centro de Guayaquil. Este edificio incluso fue vendido por el fideicomiso de los Isaías, razón por la cual los trabajadores del hotel, que crearon una empresa para administrarlo y operar, decidieron liquidarla. Está avaluado en USD 5 millones.
Otro terreno con un avalúo de más de USD 5 millones que ya fue restituido al fideicomiso está en el norte de Guayaquil, sobre la Vía a La Costa. Este terreno pertenecía a Komatsu, otra de las empresas incautadas a los Isaías.
Y en el listado aparecen también dos inmuebles, un edificio y un galpón, en el sector de Urdenor, avaluados en más de USD 1 millón cada uno.
Hay otros predios grandes en el listado, por ejemplo, uno en el sector de Carcelén, en Quito, donde funcionaban Maxigraf y Megragraf, imprentas del Grupo Isaías. En ese terreno, que PRIMICIAS visitó, todavía funciona el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Está avaluado en USD 1,8 millones.
El fideicomiso también logró recuperar una casa patrimonial ubicada en el sector de La Mariscal, en el centro norte de Quito, en donde funcionó durante un tiempo el Instituto Brasileiro-Equatoriano de Cultura, con un contrato de comodato.
En un recorrido por estas propiedades el 14 de octubre de 2024, PRIMICIAS identificó que algunos de ellos tienen rótulos que evidencian que están a la venta. Sin embargo, en los números de contacto se negaron a dar información sobre los propietarios.
De acuerdo a la información del Registro de la Propiedad de Quito, sólo en este cantón, el fideicomiso Comité DH-ONU tiene 33 predios. Entre ellos están también una decena de departamentos en varias partes de la ciudad, además de bodegas y parqueaderos.
Aunque no están en el listado de Inmobiliar, PRIMICIAS constató que en Quito, ya están registrados a nombre del fideicomiso los terrenos y edificios en donde funcionan los canales incautados GamaTV y TC Televisión, en el norte de la ciudad.
En el listado tampoco aparece un terreno que pertenecía a TC Televisión en Guayaquil. Los trabajadores de esa empresa (aún en manos estatales) tuvieron que desalojar una sección de las instalaciones, en donde funcionaba el comedor.
Las renuncias de los Isaías
Uno de los bienes más costosos incautados a los hermanos Isaías en Quito fue una mansión ubicada en el sector de Lumbisí, en Cumbayá. Esta era la casa de William Isaías en la capital, y en su interior se guardaba una colección de autos clásicos de lujo, que fueron rematados por Inmobiliar, en 2011.
Dicha casa fue adquirida por la Secretaría de Inteligencia (Senain) en 2012, dirigida en ese entonces por Rommy Vallejo. Una investigación de diario El Comercio reveló que esa institución se comprometió a pagar USD 3,3 millones.
Ahora, la casa sigue en manos de la sucesora de la Senain, el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). Pero ese bien no será restituido a los Isaías, pues renunciaron a recuperarlo.
Según consta en el proceso judicial ante el juez Jhonny Lituma, el entonces apoderado de los Isaías, Jorge Zavala Egas, pidió en agosto de 2023 que se excluya de los efectos de la sentencia el predio que actualmente pertenece al CIES. Este es un terreno de 41.000 m2, con 5.800 m2 de construcción, que incluyen una piscina.
Zavala Egas también pidió que se excluya de la sentencia la planta baja y mezzanine del edificio La Previsora, en Quito, donde actualmente funciona la matriz del Registro Civil. Fuente: Primicias
Dos llamadas realizó el sargento segundo Eduardo Castro Vásquez, de 40 años, antes de suicidarse en la casa de su mamá en Pascuales, norte de Guayaquil. Una fue a su cuñada, para pedirle perdón y que cuide a sus hijos. La otra, a su hija, una joven que compartió en redes sociales fotos con él y los últimos mensajes.
Castro se disparó en la cabeza dos horas después de asesinar a su pareja, Solange Arellano, en el Puente de la Unidad Nacional que conecta Guayaquil con Samborondón y Durán. Ella trabajaba en la Agencia de Tránsito de Durán y él, en el área jurídica de la Policía en el cantón El Carmen, en Manabí.
La Policía confirmó el femicidio de Solange y el suicidio de Castro. Un caso que no es aislado en Ecuador. Según registros periodísticos, entre 2022 y 2026 se han registrado al menos nueve femicidios perpetrados por miembros de la Policía Nacional. De esos casos, tres terminaron en un suicidio y el resto, con la sentencia de los uniformados implicados.
El año pasado, Andy Sebastián V.S., fue señalado como responsable de la muerte de Nicole de 21 años en Santa Rosa, en Tungurahua. La joven falleció de un disparo con un arma de dotación en una habitación. El principal sospechoso declaró que ocurrió cuando supuestamente estaban jugando. Pero sus declaraciones fueron contradictorias y eso generó las sospechas de los uniformados.
En 2024 hubo dos casos de femicidio que conmocionaron al país y en los que estuvieron implicados policías. Uno fue en junio, en la provincia de Imbabura.
El mayor Carlos Rodríguez mató a Dayana Lamiña, otra uniformada de la institución, al pie de la Unidad Policial de Atuntaqui. Tras sorprenderla y atacarla, Rodríguez se disparó en la cabeza y quedó tendido en el piso.
El oficia fue llevado hasta un hospital en Ibarra, donde falleció al día siguiente. La Fiscalía tomó las versiones de testigos y ordenó otras diligencias entorno al caso. Se conoció que el agresor usó su arma de dotación para asesinar a Dayana, quien era el segundo compromiso del uniformado y además tenía una niña de seis años.
Ese mismo año, pero en diciembre, hubo otro femicidio y suicidio cometido por un policía. Un sargento segundo fue hasta unas oficinas en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil, donde trabaja su esposa y le disparó.
Además de atacarla, hirió a su hija, que recibió disparos en el tórax y el brazo. Posteriormente, el uniformado se suicidó.
En 2023 y 2022 ocurrieron los casos más estremecedores. En mayo de 2023, Paola Ortega murió tras recibir 13 puñaladas cuando estaba dentro de su auto en el sector de Sangolquí, en Pichincha. Ocurrió cuando su esposo (Cristian N.) se bajó a comprar comida, en ese momento, unos delincuentes se acercaron y la asesinaron por robarle USD 600 y una cadena de oro.
Cristian N. fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión. Minutos después del crimen, él se transfirió USD 2 000 desde la cuenta de su esposa. Las grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona revelaron también que él dio varias vueltas antes de acercarse al auto donde estaba Paola y tampoco la llevó al hospital que estaba cerca.
Otro caso se reportó en mayo de 2023. Katherine C. conducía su vehículo cuando su esposo le disparó y se chocaron contra un muro en el sector El Inca, en el norte de Quito. El uniformado Jonathan T. fue el principal sospechoso y posterior sentenciado por femicidio.
Pero su versión no pudo ser corroborada. En el juicio, la Fiscalía detalló que Katherine había sido víctima de reiteradas agresiones y el día de su asesinato, Jonathan dejó su oficina en la Comandancia de Policía para irla a buscar. Recibió una condena de 34 años y ocho meses.
En septiembre de 2023, la comunidad de Tena intentó linchar a un policía que apuñaló y mató a su expareja Ledy, de 30 años.
María Belén Bernal, asesinada dentro de la Escuela de Policía
María Belén Bernal llegó a la Escuela Superior de la Policía en el norte de Quito, donde fue vista con vida por última vez. Iba a ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres. Fue en septiembre de 2022 y después, desapareció.
11 días después, sus restos fueron hallados en el cerro Casitagua. María Belén Bernal era abogada, tenía 34 años y un hijo de 13 años. En 2017 se había casado con Cáceres, a quien sorprendió la noche de su desaparición con una cadete.
Eso motivó una discusión que terminó en gritos de auxilio. La Fiscalía investigó el caso y recabó una versión en la que un cadete aseguró haber visto a Cáceres subiendo un bulto en el auto esa madrugada. En su habitación, se encontraron manchas de sangre en el colchón y la huella de una mano en la pared.
Cáceres estuvo prófugo algunos meses hasta diciembre de 2022, cuando fue capturado en Colombia. Recibió una sentencia de 34 años y ocho meses, la cual apeló, pero el recurso fue rechazado. El caso generó indignación y motivó multitudinarias manifestaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca pidiendo justicia por ese y decenas de femicidios en Ecuador.
Uniformados deben ser valorados psicológicamente de forma constante, advierte especialista
La exposición a niveles de violencia, consumo de alcohol, drogas y hasta horarios laborales extremos de los uniformados, son algunos de los factores que pueden afectar la salud mental de los agentes. Así lo explicó la psiquiatra Julieta Sagnay, que conversó con Ecuavisa.com.
Sagnay explicó que el perfil de los agresores incluye rasgos de personalidad narcisista, con necesidad de dominio y superioridad. La especialista indicó que también siguen patrones relacionados con lo que viven en la formación y su trabajo, el ser subordinados o humillados, y eso traspasa al entorno familiar.
Por eso, Sagnay agregó que se deberían realizar valoraciones psicológicas a los uniformados para detectar índices o patrones, de forma preventiva, y así reducir el riesgo de este tipo de casos. Comentó también que los uniformados tienen un riesgo mayor, que es la facilidad para acceder a armas de fuego. Debido a eso, se debe considerar la atención especializada.
Ecuador recibirá un nuevo desembolso de USD 394 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el primero que recibirá en este 2026.
La aprobación se realizó este miércoles, 22 de abril, por parte del directorio del FMI. Es la quinta revisión de metas dentro del programa de crédito que alcanza un monto de USD 5.000 millones.
Representantes del FMI mantuvieron conversaciones con autoridades ecuatorianas entre el 26 de febrero y 6 de marzo en Quito. Posteriormente, estuvieron en Washington, entre el 16 y 27 de marzo.
Programa de crédito del FMI
Con el nombre de Servicio Ampliado del FMI, el programa de crédito es de 48 meses. Comenzó en mayo de 2024 y terminará en 2028.
Hasta el momento se han recibido USD 3.330 millones del FMI.
Medidas tomadas por Ecuador
El FMI ha destacado que la economía ecuatoriana sigue superando las expectativas iniciales. Entre los hitos positivos están el fortalecimiento de las reservas internacionales, lo que llevó a que Ecuador retorne a los mercados internacionales de capital en enero de este año.
El equipo del FMI, encabezado por Patricia Tumbarello, sostuvo que el Gobierno ha cumplido con sus objetivos como la lucha contra el lavado de activos y el régimen fiscal minero; la racionalización de los gastos tributarios, la eficiencia del gasto y las reformas mineras.
“Las autoridades ecuatorianas siguen demostrando un firme compromiso con su programa económico”, señaló Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI.
La reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador de conceder la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, vuelve a poner en el foco a uno de los nombres clave dentro de la estructura criminal de Los Choneros.
Peñafiel Nieto inició su actividad delictiva en 2016, cuando tenía 26 años. De profesión topógrafo —origen de su alias— fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.
Ese mismo año fue capturado y, en 2017, sentenciado a 11 años de prisión por secuestro y a 3 años adicionales por asociación ilícita. Fue recluido en la Cárcel Regional del Guayas.
Con el tiempo, se convirtió en una persona de confianza dentro de la estructura y asumió el liderazgo de “Los Fatales”, una facción vinculada a actividades de sicariato, a la par que «Fito» se consolidaba como líder de «Los Choneros» tras el asesinato de Zambrano González en una cafetería del centro comercial Mall del Pacífico, en Manta, el 28 de diciembre de 2020.
En 2022, «Topo» inició el trámite para acceder a beneficios penitenciarios y el 3 de junio de 2023 obtuvo el régimen semiabierto, tras cumplir la totalidad de la pena por asociación ilícita y el 60% de la condena por secuestro. Ese proceso derivó en su liberación.
Ya en libertad, su rol dentro de la organización se fortaleció en un contexto marcado por la disputa entre Los Choneros y otras bandas como Los Lobos.
En ese escenario, “Topo” participó en la expansión hacia economías ilegales como la minería ilegal, especialmente en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde «Los Choneros» protagonizaron enfrentamientos enfrentamientos con los «Comandos de la Frontera», una disidencia de las FARC.
En septiembre de 2025 fue nuevamente detenido en la provincia de Napo por presunto tráfico de armas. Para entonces, también tenía vigente una orden de captura por el asesinato de un policía en 2024, además de antecedentes por asociación ilícita, secuestro extorsivo y otros delitos. En algunos procesos fue liberado con medidas sustitutivas.
Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Cárcel del Encuentro”, situada en la provincia costera de Santa Elena.
“Este angelito le hará compañía a Fito»
Alias “Topo” es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York por presunto tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.
El 22 de abril de 2026, tras una audiencia de extradición pasiva, la Corte Nacional autorizó su entrega a Estados Unidos, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y recibir las garantías diplomáticas correspondientes.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el objetivo del Gobierno es que la extradición se concrete “muy pronto”, para que el procesado enfrente a la justicia estadounidense, donde ya se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, extraditado en 2025.
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