Nacionales
Escuelas del milenio de origen chino terminaron abandonadas y costando millones

En la parroquia La Villegas, un pequeño poblado rural de La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas, una escuela del milenio lleva abandonada varios años; sus pobladores ni siquiera recuerdan cuántos. La escuela, llamada Unidad Educativa Manuel Villegas Plaza, en honor al fundador de esta parroquia, es un recordatorio constante del abandono estatal a la educación.
Pero no siempre estuvo abandonada. Los pobladores recuerdan que sí estuvo en funcionamiento, y que incluso varias generaciones de estudiantes se graduaron allí. No saben por qué el Ministerio de Educación dispuso su cierre hace algunos años, por lo que los estudiantes tuvieron que regresar a la escuela y colegio antiguos, que no tienen la infraestructura necesaria para albergar a los niños y adolescentes de la parroquia.
Esta escuela fue construida en 2016 por la empresa China Railway no. 9, como parte de un millonario contrato lleno de problemas firmado durante el correísmo, y cuyos efectos se sienten hasta la actualidad. Costó USD 984.000, pero ahora en 2025, la edificación ubicada al final de una vía lastrada está abandonada, con vidrios rotos, llena de maleza y óxido. Sus aulas, con las ventanas abiertas, están vacías.
La empresa china debía levantar 200 escuelas del milenio a lo largo de todo Ecuador, por un costo total de USD 196 millones. El contrato buscaba que se construya unidades educativas prefabricadas de forma extremadamente rápida, una cada 3,15 días. Pero la realidad es que apenas se logró llegar apenas al 25% del contrato.
Empresas chinas lograron USD 4.000 millones en contratos entre 2013 y 2021
China Railway no. 9 terminó de construir solamente entre 50 y 60 escuelas; informes revisados por PRIMICIAS e información enviada por el Ministerio de Educación para este reportaje revela que no hay un consenso ni siquiera en esa cifra. Pero los problemas con el contrato no son imputables solamente a la empresa, sino también al Ministerio, según quedó en evidencia en un proceso judicial que ambas partes enfrentaron y en un informe de la Contraloría.
La gran conclusión es que, desde un inicio, las cosas no se hicieron bien, y las consecuencias se mantienen, y esto termina afectando directamente a los estudiantes. El Ministerio de Educación informó a PRIMICIAS que de este contrato apenas 10 de las escuelas siguen estando «en tenencia» estatal; mientras que 31 están en manos del contratista, nueve fueron desmanteladas y dos están inconclusas.
Un contrato que acumuló problemas
El contrato entre el Ministerio de Educación y China Railway no. 9 se suscribió el 18 de agosto de 2015, en el tiempo en el que Augusto Espinosa era ministro. Este contrato, adjudicado «a dedo» por régimen especial, es uno de los financiados con préstamos chinos, específicamente por un crédito del Bank of China Limited.
El objeto por el que se firmó el contrato, sin embargo, no fue la construcción de las escuelas, sino su adquisición, ensamblaje y puesta en operación. Es decir, el Ministerio contrató un bien, no una obra, una de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Esto es importante, pues quiere decir que la empresa china sólo se debía encargar de levantar las unidades educativas, mientras que el Ministerio se debía encargar de entregar los terrenos listos para hacerlo.
Estas eran unidades educativas prefabricadas, con paneles en las paredes, estructura de acero y techos de metal. Cada escuela debía tener 30 aulas, dos salones de uso múltiple, cuatro laboratorios, biblioteca y administración.
El tema de los terrenos es la clave para los problemas del contrato, pues para que se cumpla el tiempo de entrega de las escuelas (una cada 3,15 días) era necesario que el ritmo de entrega de los terrenos sea el mismo. Pero esto no fue así.
Por ello, el 5 de mayo de 2016 se firmó un contrato modificatorio que aumentó el monto del anticipo del 5% (USD 9,8 millones) al 15% (USD 29,5 millones). Esto, según la Contraloría, fue otra irregularidad pues no existía un criterio jurídico que justifique la modificación.
Finalmente, algunas escuelas se construyeron, pero con múltiples demoras. Por ello, en julio de 2018, el Gobierno de Lenín Moreno terminó unilateralmente el contrato. Lo que derivó en una demanda contencioso administrativa de China Railway no. 9.
La empresa china argumenta que 60 escuelas fueron entregadas o estaban en proceso de construcción: 15 en Santo Domingo, 31 en Manabí, siete en Esmeraldas, cuatro en Guayas, una en Imbabura, una en Azuay y una no está especificada. De ellas, 20 ya habían sido recibidas oficialmente por el Ministerio, 10 no habían sido recibidas pero estaban en funcionamiento, 18 estaban terminadas sin funcionamiento, y cuatro estaban en construcción.
Por ello, China Railway reclamaba que se eche abajo la terminación unilateral y que el Ministerio pague el valor de las escuelas construidas. La sentencia de primera instancia, en abril de 2021, ordenó al Ministerio pagar USD 67 millones, que cubre las escuelas terminadas más las garantías que ya se habían ejecutado.
Y luego, en casación en diciembre de 2023, la Corte Nacional resolvió reducir el pago que debe recibir la empresa china a USD 59 millones más intereses. Esta causa apareció en el caso Plaga, en un testimonio que apunta a que hubo reuniones de representantes chinos con los jueces nacionales Iván Saquicela y Felipe Córdoba, que integraban el tribunal de apelación.
PRIMICIAS consultó a Educación si ya pagó este dinero. Su respuesta no fue clara: «Los USD 85’982.496,36 que debe indemnizar a China Railway representan una pérdida significativa, recursos que podrían haberse invertido en proyectos y servicios sociales». Esto quiere decir, según los cálculos del actual Gobierno, que cada una de las 20 escuelas recibidas terminó costando USD 5 millones.
También consultamos a China Railway vía correo electrónico, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Las escuelas que quedan
Cuántas escuelas de las 200 contratadas realmente se levantaron es una duda que no se puede aclarar. Según China Railway, son 60. Según un informe del Ministerio de Educación de 2022, son 50. Y según la información enviada por el Ministerio de Educación a PRIMICIAS, son 52.
La realidad es que apenas 10 están en funcionamiento en la actualidad. Es decir que 40 o más escuelas que fueron construidas, al menos parcialmente, dentro de este contrato están abandonadas o fueron desmanteladas.
Una de ellas es la de La Villegas, que luce totalmente abandonada, con los vidrios rotos y llena de maleza. Pero a pocos kilómetros de allí, también en Santo Domingo, hay otra escuela abandonada: en la ciudad de La Concordia, en el sector de La Emanuel. Se trata de la Unidad Educativa 10 de Agosto, que nunca funcionó, según recuerdan los vecinos del sector. Y con el paso del tiempo, lo que era la cancha luce totalmente tomado por la maleza y las bases oxidadas.
Un hombre y su familia habitan en el interior de esta escuela desde hace más de dos años. Fueron contratados por la empresa china para cuidar la edificación, pero no saben los detalles, sólo que hay un proceso judicial en marcha. El armado de esta unidad educativa también costó USD 984.000.
Esta escuela queda al final de una angosta vía adoquinada que llega exclusivamente hasta allí. Ahora, la vía se usa para que mujeres que van a lavar ropa y sus hijos bajen hasta un riachuelo ubicado unos metros más allá.
A media hora del centro de La Concordia, otra escuela está en similares condiciones, rodeada de maleza y óxido. Pero esta sí está en funcionamiento: la Unidad Educativa San Jacinto del Buá, en la parroquia del mismo nombre.
Esta es una de las 10 escuelas del milenio de este contrato que sí recibe estudiantes en la actualidad, aunque ahora los niños están de vacaciones. Su acceso es a través de una vía de tierra, y está detrás de un muro y unas puertas de metal, que protegen la entrada principal.
Las escuelas que nunca hubo
El proceso judicial impulsado por China Railway contra el Ministerio de Educación dejó al descubierto los problemas de este proceso. El principal principal, según queda en evidencia en la sentencia, fue la entrega de los terrenos.
Según la empresa china, el Ministerio hizo entregas «intermitentes» de los terrenos, y algunos de ellos no estaban en condiciones de instalar y levantar las escuelas, tal como lo establecía el contrato. Además había terrenos que no estaban a nombre de la cartera de Educación ni tenían permiso de ingreso, lo que dificultó el trabajo.
El informe de la Contraloría sobre este contrato también revela que en algunos casos no había estudios de suelos, que definan el tipo de cimentación, profundidad de desplante, capacidad portante, asentamientos calculados, tipos de estructuras de contención y parámetros de diseño de la cimentación.
Además la Contraloría detectó que había terrenos que presentaban «situaciones de riesgo» por inestabilidad de taludes, inundaciones o afectación por accidentes.
Justamente ese fue el caso de la escuela del milenio de Valle Hermoso, también en Santo Domingo. Allí, el terreno que se designó para la construcción es uno en el que estaba una cancha de fútbol, pero está al lado del Río Blanco, que atraviesa el poblado.
China Railway argumentó que ese terreno tenía un nivel freático elevado (agua subterránea) y presentaba hundimientos. Aun así, según su argumentación en el proceso judicial, construyeron los canales de hormigón, instalaciones sanitarias y bases de las aulas en 2017. Pero no pudieron avanzar más.
Los habitantes de Valle Hermoso recuerdan el ofrecimiento de la escuela y cómo se comenzó a levantar. Pero en un momento las obras pararon y quedaron abandonadas, dice una vecina, y luego llegó personal a desarmar las estructuras. Algún tiempo después, la cancha de fútbol volvió a ser armada.
Al final, creen que igual la escuela hubiera sufrido graves daños en 2023, cuando el río Blanco se desbordó e inundó la ciudad. Y los niños y jóvenes siguen asistiendo a la escuela y colegio viejos de esta parroquia.
Según el Ministerio de Educación, se desarrolló un plan de contingencia desde 2019 para reubicar y rehabilitar las instituciones afectadas, «con avances progresivos en distintas fases». El actual Gobierno asegura que ha recuperado seis unidades educativas abandonadas en los cantones de Paján, Guayaquil, Mejía, Naranjito, Quito y Otavalo. Sin embargo, no hay mención de Santo Domingo ni La Concordia. Fuente: Primicias
Nacionales
Policía decomisa media tonelada de droga escondida en una volqueta

Un operativo ejecutado por la Policía Nacional permitió la captura del conductor de una volqueta en la que se encontró droga.
En su cuenta de X, la Policía informó que en el vehículo, que se movilizaba por la localidad de Ahuano, en la provincia de Napo, encontró media tonelada de droga. «Mediante técnicas de observación y perfilamiento, se detuvo la marcha de una volqueta, en la se identificó una estructura de doble fondo, dentro de la cual se encontraron 500 envolturas de bloques rectangulares, con 499.000 gramos de pasta base de cocaína», detalló la autoridad.
Además de esta sustancia, la Policía encontró un celular, que fue democisado. El sujeto detenido fue puesto a las órdenes de la justicia.
Fuente: Primicias
Nacionales
Ecuador reabre el catastro minero tras siete años: ¿qué significa este cambio para el país?

El catastro minero volverá a abrirse en Ecuador el lunes 16 de junio de 2025, después de permanecer cerrado por más de siete años. La última vez que el país permitió nuevas concesiones mineras fue en 2018, cuando el entonces presidente Lenín Moreno clausuró el sistema, alegando irregularidades y la necesidad de una evaluación ambiental.
Desde entonces, los siguientes gobiernos anunciaron su reapertura sin concretarla. Incluso, el expresidente Guillermo Lasso la prometió como parte de su agenda de atracción de inversiones, pero no logró implementarla.
Ahora, el gobierno de Daniel Noboa ha dado el paso definitivo: el lunes 2 de junio, la vocera Carolina Jaramillo, anunció –entre otras medidas- la reactivación del sistema en fases, empezando por la mediana y gran minería. Esto se suma a una estrategia más amplia de posicionar al país como un destino atractivo para la inversión minera. De hecho, el mandatario viajó en 2024 a Canadá para promocionar al país en The Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la mayor feria minera del mundo.
El catastro minero es una herramienta técnica y jurídica: un registro oficial que delimita las áreas del país disponibles -o no- para actividades mineras. Es, en palabras de Rodrigo Darquea, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, “el mapa del país” que establece dónde puede operar una empresa, y bajo qué condiciones.
El cierre del catastro, según el experto, provocó un fuerte freno en la inversión extranjera. Mientras en 2024 países como Chile, Perú y Argentina captaron entre 493 y 637 millones de dólares solo en exploración, Ecuador no accedió a ese capital. Además, advierte que la minería ilegal se ha expandido de forma alarmante durante este período de inactividad.
Para el consultor minero Santiago Yépez, el catastro es más que un software de geolocalización:
Yépez destaca también que no todas las concesiones terminan en minas: apenas 3 de cada 1.333 proyectos exploratorios llegan a etapa de producción. De ahí que reabrir el sistema sea solo el primer paso de un proceso largo, complejo y costoso.
Para noviembre de 2024, se habían exportado 689 toneladas de minerales de Ecuador, equivalente a 2.814 millones de dólares. Esto representó una caída de 9% en comparación con el mismo periodo de 2023, debido principalmente a apagones y mayor control fiscal e investigativo a causas de irregularidades
Reacciones a la nueva tasa minera: ¿oportunidad o freno?
La reapertura del catastro llega acompañada de una nueva tasa minera, anunciada por el gobierno como parte del esfuerzo por financiar la lucha contra la minería ilegal. Se espera que esta recaudación supere los 200 millones de dólares solo en el primer año, con pagos exigidos en junio y diciembre.
El sector, sin embargo, ha reaccionado con cautela.
Yépez, por su parte, considera que cualquier esfuerzo conjunto para ordenar el sector es bienvenido, pero cuestiona la magnitud de la nueva carga fiscal.
Ambos expertos coinciden en que el sector está abierto al diálogo, pero insisten en la necesidad de seguridad jurídica y una política tributaria razonable para atraer inversión sostenible.
Crítica desde la sociedad civil
Si bien algunos expertos consideran que la reapertura del catastro minero es una oportunidad para atraer inversión formal y frenar el avance del crimen organizado, desde sectores sociales y ambientalistas la reacción ha sido radicalmente distinta.
David Fajardo, representante del colectivo Cabildo por el Agua, sostiene que la medida es “preocupante, irresponsable e incluso inconstitucional”. Según explica, el regreso del catastro implica “la reactivación de procesos de concesión de territorios ecuatorianos para los intereses mineros, sobre todo de empresas transnacionales”.
“No se puede abrir un catastro sin que previamente existan leyes orgánicas que regulen la consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas, afrodescendientes, montubios y campesinos”, afirma.
Fajardo subraya que estas leyes son condiciones indispensables para que cualquier concesión sea legal, y advierte que sin ellas no se puede garantizar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios. En su lectura, sin esos instrumentos legales, la apertura del catastro vulnera derechos constitucionales y colectivos.
Además, critica el argumento del gobierno de que la nueva tasa minera servirá para financiar la lucha contra la minería ilegal. “Esa justificación no tiene sustento legal ni operativo. No hay certeza de que ese dinero se use para lo que se promete y, además, es parte de un entendimiento erróneo del problema”, señala.
Desde su visión, en Ecuador no existe minería plenamente legal, ya que la mayoría de los proyectos no cumple con todos los requisitos constitucionales, particularmente los relacionados con la consulta y los derechos de la naturaleza. Para Fajardo, lo que el Estado y el sector privado llaman “minería ilegal” incluye tanto actividades informales como operaciones criminales, pero también aquellas que no respetan los procesos de legalización en sentido estricto.
Finalmente, anticipa que la medida generará resistencia.
Nacionales
Presidente Noboa presentó su tercer proyecto económico urgente: Ley para la Recuperación de Áreas Protegidas y Desarrollo Local

El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, envió a la Asamblea Nacional su tercer proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, con el objetivo de establecer un nuevo modelo de gestión para las áreas naturales protegidas del país y fomentar el desarrollo económico local de manera sostenible.
El proyecto, denominado Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, propone ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que han sido afectados por economías ilegales, actividades criminales y abandono institucional, pese a estar legalmente reconocidos como zonas protegidas.
La propuesta incluye mecanismos contractuales que permitirían la participación del sector privado, nacional e internacional, en la administración, operación y protección de estas áreas bajo estrictos lineamientos ambientales. Además, promueve actividades sostenibles como el turismo ecológico, la investigación científica, la prestación de servicios ambientales y la generación de empleo digno, en especial para comunidades locales.
Entre las medidas destacadas también se incluye la remisión del 100% de deudas vencidas por uso de infraestructura pesquera artesanal, como parte de un paquete de acciones para apoyar a sectores históricamente excluidos y fomentar la economía popular y solidaria.
El Gobierno justifica la urgencia del proyecto debido al deterioro de las condiciones de seguridad y conservación en los ecosistemas estratégicos del país, agravado por la minería ilegal, la tala indiscriminada, el narcotráfico y el conflicto armado interno. Según el proyecto, estas amenazas han convertido a las áreas protegidas en blancos de grupos criminales, afectando también al sector turístico y a las comunidades que dependen de él.
Con este tercer proyecto de ley urgente, el presidente Noboa continúa impulsando una agenda legislativa enfocada en dinamizar la economía, garantizar la seguridad y atraer inversión responsable. La Asamblea Nacional deberá tramitar y pronunciarse sobre esta propuesta en un plazo máximo de 30 días. Fuente: El Telégrafo
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