Nacionales
Erosión está a pocos kilómetros de Coca Codo Sinclair y aún hay obras pendientes para protegerla
La erosión en el río Coca ha cobrado una fuerza inusual en 2025, tras las crecidas históricas registradas en junio y julio de 2025 en la provincia amazónica de Napo. Y esta situación ha puesto a prueba las defensas levantadas por el holding estatal Celec para proteger a Coca Codo Sinclair, la central hidroeléctrica más grande de Ecuador.
Con eso, este extraño fenómeno se reactivó y ya se ubica a 3,6 kilómetros de las obras de captación de Coca Codo Sinclair, según los reportes oficiales de Celec con corte al 15 de agosto de 2025.
La cercanía resulta preocupante si se considera que este fenómeno empezó hace cinco años a 20 kilómetros de distancia de la captación de Coca Codo Sinclair.
El mayor temor es que la erosión, que carcome el lecho del río y sus márgenes, afecte gravemente esta infraestructura que se asienta sobre el río Coca e incluso la destruya, lo que dejaría fuera de operación a la central, que cubre con el 25% de la demanda de electricidad del país.
Lluvias torrenciales y atípicas
La hidróloga y miembro de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, Carolina Bernal, explica que la erosión regresiva había tenido un período de acelerado avance en 2020 y 2021.
Luego viene una fase de relativa estabilidad entre 2022 y 2023 por la presencia de un tramo de roca dura en el lecho del río, ubicado en la confluencia de uno de sus afluentes, el río Malo.
Pero la erosión se reactivó en 2024, cuando el río rompió ese “obstáculo natural” y en 2025 se ha acelerado debido a un invierto particularmente intenso.
El río Coca suele registrar crecidas de 2.000 metros cúbicos por segundo cada dos años y crecidas de 3.000 metros por segundo cada 10 años.
Pero en junio y julio de 2025, se dieron cinco crecidas de 2.000 metros cúbicos por segundo e incluso una de 3.000 metros cúbicos por segundo, pese a que solo pasó un año de la última crecida de esa magnitud, explica Bernal.
Gran poder destructivo
La situación preocupa no solo por el riesgo a la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, sino también por el impacto en carreteras, puentes y oleoductos.
Una muestra del poder destructivo de la erosión regresiva en el río Coca se vio en julio de 2025 cuando, en pocos días, se llevó 500 metros de la vía E-45 y destruyó un puente, dejando incomunicados a los pobladores de la zona.
Además, ante la amenaza, los dos oleoductos petroleros tuvieron que paralizar sus operaciones por hasta 26 días para realizar variantes, quedando prácticamente al borde de la pendiente.
De ahí que, Bernal advierte que es urgente que el Gobierno construya el nuevo trazado para los oleoductos y la vía E45, que se ubicarían en el margen derecho, que no está afectado por la erosión y de esa manera evitar nuevas pérdidas económicas para el país.
“En los últimos meses, ya hemos perdido tramos de vía, un puente y dos oleoductos. Es urgente reubicar la infraestructura crítica, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedarnos sin electricidad y sin transporte de crudo”, insistió Bernal.
Celec dice que la erosión sí se ha desacelerado
Frente al avance de la erosión regresiva del río Coca, el holding estatal Celec, propietario de la obra, y el Ministerio de Energía informaron, mediante un comunicado emitido el 15 de agosto de 2025, que desde 2020, cuando empezó el fenómeno, ejecutan acciones urgentes para proteger la captación de agua de Coca Codo Sinclair.
Las medidas temporales incluyen muros de rocas de gran tamaño, estabilización de taludes y desvíos parciales del río. En paralelo, Celec dijo que, con la asesoría del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE), desarrolla un Plan de Estructuras de Protección que contempla:
–Etapa 0: Estructura subterránea de 279 pilotes de 24 metros de profundidad y 1,20 metros de diámetro, con 220 metros de longitud en el lecho del río, ubicada 1,2 km aguas abajo de la captación. Concluida a finales de 2023.-
–Dique permeable: Ampliación del cauce para reducir la fuerza del agua, con pilotes de hormigón armado y rocas de gran tamaño, además de un puente para mantenimiento. Avance del 60%
– Desvíos del río: En análisis para reorientar el caudal hacia formaciones rocosas más resistentes, en los kilómetros 3 y 9 aguas abajo de la captación.
– Vertedero escalonado: En fase de estudios definitivos, disipará la energía erosiva del agua y se ubicará aguas abajo de la Etapa 0.
Según Celec, con la combinación de obras provisionales y permanentes, «se ha desacelerado significativamente la erosión, asegurando la operación de la principal hidroeléctrica del Ecuador».
«No nos podemos confiar»
Bernal cree que la construcción de las pantallas de protección, ubicadas a 1,2 kilómetros de las obras de captación y que se levantaron en 2023, sí han ayudado a frenar de alguna manera la erosión. Sin eso, cree que la erosión habría llegado a las obras de captación en uno o dos años.
Pero si bien esas obras pueden dar un poco más de tiempo, advierte que «es fundamental monitorear su comportamiento en las crecidas que están por venir” y sobre todo terminar las «obras pendientes».
“No podemos confiarnos. Este fenómeno no se ha detenido y, si seguimos postergando las intervenciones, el próximo invierno podría provocar un avance importante, incluso antes de lo previsto”, dijo.
Falta de obras complementarias
De hecho, Bernal criticó que aún no hayan avanzado algunas obras complementarias. La principal es el «vertedero escalonado», que se ubicaría aguas abajo de la captación de Coca Codo Sinclair, en el lado derecho del río, donde se ha detectado material más fácil de erosionar. Algunos expertos hablan de que el río se podría erosionarse hasta 200 metros lecho abajo.
Justamente en la parte derecha están ubicadas partes fundamentales de la hidroeléctrica, pues además de la captación, existe el desarenador y la bocatoma que desvía el agua hacia los túneles y luego hacia las turbinas para generar electricidad.
Pero Bernal cree que Celec está totalmente fuera de tiempo para realizar estas obras, pues los estudios aún no se terminan.
Desde este mes y hasta abril de 2026 suele bajar el nivel de lluvias en la zona por ser la época de sequía, pero aun así es una “ventana muy corta” para ejecutar esta obra.
«Los diseños de ese vertedero debían haberse terminado y ahora ya estar construyéndose. Hay que acelerar al máximo estas obras», dice.
Insistió en que las decisiones deben basarse en datos técnicos actualizados, que se alimenten constantemente los modelos fluvio-geomorfológicos con el monitoreo de caudales, tipos de material y velocidad del avance erosivo. Aquí hay un riesgo inminente y el tiempo juega en contra, concluyó. Fuente: Primicias
Nacionales
Polémica entre ADN y el correísmo por la investigación a asambleístas que ingresaron al hospital Baca Ortiz de Quito
La fiscalización a la situación de los hospitales del sistema público de salud abrió una nueva disputa entre las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional.
Esto ocurre luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió, el 1 de diciembre, dar paso a un proceso de investigación contra seis legisladores del correísmo por una presunta extralimitación en sus funciones.
La investigación responde a un pedido de la gerente del Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito, Frances Fuenmayor, quien acusó a Viviana Veloz, Franklin Samaniego, Luis Molina, Raúl Chávez, Ricardo Patiño y Ana Belén Yela, de ingresar de forma inapropiada a esa casa de salud.
«En defensa de las niñas, niños y adolescentes, y de la dignidad del personal médico y administrativo», justificó la funcionaria en el pedido de investigación a esos legisladores.
Respuesta correísta
En filas de Revolución Ciudadana hubo cierta cautela este 2 de diciembre al hablar del tema, porque si bien los canales oficiales de la Asamblea anunciaron el inicio de la investigación, a los pocos minutos eliminaron la publicación.
El legislador Raúl Chávez dijo que no ha sido notificado oficialmente con el inicio de la investigación, pero se enteró a través de los medios de comunicación. «Si me investigan por trabajar, me motivan y ahora vamos a fiscalizar el doble», advirtió.
Chávez, que es parte de la alianza RC-Reto, negó que hayan ingresado al Baca Ortiz en una actitud inapropiada o que se haya vulnerado el derecho de los niños atendidos en ese hospital o sus familiares.
«La visita al Hospital Baca Ortiz fue por pedido precisamente de los padres de familia que tienen a sus hijos ahí, y que por temor a represalias preferían que fuéramos nosotros como autoridad». Raúl Chávez, asambleísta de RC-Reto
Juan Andrés González, jefe de la bancada correísta, dijo que esta investigación que deberá llevar a cabo la Comisión de Salud, de mayoría gobiernista, es una de las tantas formas de «persecución» en la Asamblea.
«Vivimos un momento en el que la salud pública se cae a pedazos y eso el Ecuador lo sabe. Cuando la bancada a la que represento decide fiscalizar, la persecución inicia desde el CAL ¿Cuál es el papel de los asambleístas que no sea legislar y fiscalizar?», cuestionó González.
«Fiscalizar y no hacer show»
Diana Jácome, de Acción Democrática Nacional, reconfirmó que efectivamente los asambleístas tienen la potestad de fiscalizar, «pero sin que esto altere los derechos de los niños, niñas y adolescentes».
Según la legisladora oficialista, es mejor no adelantar un criterio y esperar la investigación que lleve adelante la Comisión de Salud a donde deberán comparecer los directivos del Baca Ortiz así como los asambleístas investigados.
«Lo que si es que hay que ser responsables con la fiscalización haciendo las cosas de manera correcta y no convertir a la fiscalización en un show», añadió Jácome. Fuente: Primicias
Nacionales
La Comisión Técnica denuncia incumplimientos en el avance para la creación de las nuevas universidades amazónicas
La Comisión Técnica para la creación de las nuevas universidades amazónicas informó que la sesión convocada para este 2 de diciembre quedó incompleta debido a la ausencia del rector de la Universidad Estatal Amazónica (UEA), llamado a presentar los avances del proceso para la futura Universidad de Sucumbíos.
La presidenta de la Comisión, Esperanza Rogel, lamentó esta inasistencia y la calificó como un “acto de falta de compromiso y empatía” con las provincias de Sucumbíos y Zamora Chinchipe, territorios directamente beneficiados por la implementación de estas nuevas instituciones de educación superior.
Rogel señaló que la ausencia del rector podría constituir un incumplimiento de la normativa establecida en la Ley Amazónica, la cual designa a la Universidad Estatal Amazónica como entidad promotora, obligada a rendir cuentas a la Comisión Técnica, instancia que cuenta, además, con el aval de la Asamblea Nacional.
“Seguiremos firmes exigiendo respuestas. Hay más dudas que certezas, no existe transparencia y no se ha entregado la información requerida”, expresó la presidenta.
Exigencia de cumplimiento de la LOES
La Comisión aclaró que no se opone a la creación de las universidades amazónicas en Sucumbíos y Zamora Chinchipe; por el contrario, respalda su implementación. Sin embargo, recordó que el rector debe avanzar en los 12 requisitos establecidos en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
El plazo para la presentación del expediente técnico–académico venció en julio del presente año, sin que se haya cumplido con esta obligación. Ante esta falta de avances, la Comisión resolvió por unanimidad otorgar un último plazo hasta el 19 de diciembre para la entrega de los expedientes técnico–académicos, los cuales deberán ser remitidos al Consejo de Educación Superior (CES) para su respectiva aprobación. Una vez cumplido este paso, podrán presentarse los proyectos de ley que formalicen la creación de ambas universidades.
Observaciones sobre la adquisición de terrenos
Durante la sesión, la Comisión Técnica también señaló que la Universidad Estatal Amazónica ya realizó la compra de un terreno en Sucumbíos sin un estudio técnico previo, lo que calificó como una responsabilidad directa del rector.
De acuerdo con los documentos revisados, no existe un estudio de pertinencia que determine las carreras necesarias para la región ni la ubicación adecuada para la nueva institución. Esta falta de planificación, indicó Rogel, ha generado tensiones entre cantones de Sucumbíos y Zamora Chinchipe.
Inicio del proceso de fiscalización
Frente a estos hechos, la Comisión Técnica anunció el inicio inmediato de un proceso de fiscalización en coordinación con la Contraloría General del Estado y las entidades competentes, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
“Seguiremos firmes en la lucha para que Sucumbíos tenga su universidad. Si el 19 de diciembre no se cumple, activaremos los mecanismos de control. La Asamblea Nacional no permitirá que se burlen de estas provincias”, afirmó Rogel.
Asimismo, se enfatizó que los recursos asignados por el Gobierno Nacional a la UEA ya fueron entregados, por lo que no existe justificación para la falta de avances. La Comisión reiteró que los fondos de la Amazonía deben ser administrados con responsabilidad, eficiencia y absoluta transparencia.
Nacionales
Las claves del caso Magnicidio FV tras 90 días de investigación: testimonios, amenazas y ‘Pipo’
Los primeros 90 días de instrucción fiscal del caso Magnicidio FV, que investiga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, terminan en medio del cambio de testimonio de un testigo clave y el presunto intento de comprar a otro. Algunos cooperantes también han sido víctimas de atentados. Mientras que, la versión de alias ‘Pipo’, máximo líder de Los Lobos, podría ser determinante.
El excandidato presidencial fue asesinado el 9 de agosto de 2023 tras salir de un mitin político en un coliseo del norte de Quito. Posteriormente, la Fiscalía inició una causa contra 13 personas como autores materiales. Se trataba de un grupo de ecuatorianos y colombianos, ligados a la banda criminal ‘Los Lobos’, quienes ejecutaron el crimen al estilo sicariato.
En paralelo, iniciaba una investigación reservada para dar con los autores intelectuales, que finalmente apuntó contra José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo.
La primera investigación, luego de casi un año del magnicidio, terminó con cinco sentenciados como autores materiales, entre ellos Carlos Angulo, alias ‘Invisible’, quien habría encabezado el operativo criminal junto a Laura Castillo, alias ‘La flaca’. También recibieron condena como cómplices: Érick Párraga, Alexandra Chimbo y Víctor Flores. Mientras que José M. murió en la cárcel El Inca de Quito y Óscar Andrés F. quedó sobreseído por falta de elementos.
Por inoperancia del Estado y falta de control en las cárceles, los seis gatilleros colombianos, que quedaron detenidos al poco tiempo del magnicidio, fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral.
PRIMEROS INDICIOS DE LOS AUTORES INTELECTUALES
Tras casi dos años, en 2025, empezaron a filtrarse los primeros resultados de la investigación de quienes habrían contratado a los sicarios. Los chats del caso Metástasis fueron fundamentales para el expediente que la Fiscalía bautizó como caso Magnicidio FV.
En mensajes expuestos por el Ministerio Público entre el narco fallecido Leandro Norero y Xavier Jordán, hoy procesado como presunto autor intelectual, se hablaba de vigilancias y seguimientos contra el excandidato presidencial. “Ññ se metió con mis hijas, con mi mamá y con toda mi familia”, justificaba el usuario ‘B54REAXN-Po’, atribuido a Jordán en un mensaje a Norero.
Por otro lado, durante el juicio contra los autores materiales, en junio del 2024, la Fiscalía presentó el testimonio de un testigo protegido, identificado como José Patricio A., quien estuvo en reuniones previas con la banda que ejecutó el magnicidio, pero no participó en el hecho. El sujeto manifestó: “Esa cabeza (la de Fernando Villavicencio) valía 200.000 dólares y la mandó a hacer el Gobierno de Correa”.
Hasta ese momento, el caso de los autores intelectuales aún seguía bajo reserva, pero en mayo del 2025 salió a la luz una versión de Lenin Vimos, condenado en el caso Plaga, quien señaló a José Serrano, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y Xavier Jordán como los mentalizadores. Incluso, nombró al exvicepresidente Jorge Glas.
DANIEL SALCEDO ROMPE EL SILENCIO
Un mes después, en junio del 2025, Daniel Salcedo sufrió un intento de asesinato en la cárcel de Riobamaba, del cual salió librado gracias a la protección de su hermano Noé, quien quedó herido. Después, los dos reos fueron trasladados a la cárcel 4 de Quito.
Por el hecho, la Fiscalía procesó a cuatro privados de la libertad. Uno de ellos, le habría dicho a Salcedo: “Pepe te manda saludos”. Salcedo dijo que Pepe es José Serrano.
El intento de asesinato motivó al sentenciado por corrupción hospitalaria a colaborar con la justicia y aseguró que contaría todo lo que sabía. Además, compareció en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde señaló a Xavier Jordán y Ronny Aleaga.
También, se conoce que la Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de intimidación a favor de Salcedo, quien habría entregado un CD con información.
TESTIMONIO CUESTIONADO
El 18 de agosto del 2025, el Ministerio Público señaló oficialmente a José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.
Tras una audiencia fallida, el tres de septiembre, la fiscal Ana Hidalgo formuló cargos contra los cuatro individuos. Según su teoría, Jordán financió el crimen, Serrano tuvo contacto con los autores materiales y un grupo de policías de avanzada, Alegada participó en reuniones de planificación y Salcedo ejecutó rastreos.
Actualmente, sobre los cuatro pesan órdenes de prisión preventiva. Sin embargo, solo Salcedo está retenido, Aleaga es prófugo de la justicia, Jordán sigue libre por Estados Unidos y Serrano permanece recluido en el Centro de Detención de Miami Krome por una cuestión migratoria.
Tanto Jordán como Serrano han desvirtuado las acusaciones y dicen que la investigación es una persecución política en su contra. Mientras Aleaga no ha emitido pronunciamiento alguno.
La Fiscalía ha argumentado su acusación con base en más de 14 elementos de convicción. Entre los principales consta el testimonio de Marcelo Lasso Saavedra, persona de confianza de Norero, quien señaló a Jordán “como el mentor y financista del atentado contra Villavicencio por un monto estimado de un millón de dólares, destinado a la contratación de integrantes de ‘Los Lobos’ y disidentes del ‘Frente Oliver Sinisterra’”.
Además, Lasso afirmó que Serrano habría manipulado la seguridad del excandidato e incluso mencionó a Rafael Correa y Jorge Glas como otros de los organizadores. Todos ellos, habrían pedido permiso a alias ‘Pipo’, máximo líder de Los Lobos, para llevar a cabo el magnicidio tras la muerte de Norero.
Sin embargo, este testigo ha sido cuestionado porque dio una versión completamente distinta en Estados Unidos. En una reunión virtual difundida en redes sociales, el sujeto señaló al expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera y a alias ‘Pipo’ como los supuestos responsables del crimen.
Esta teoría curiosamente fue amplificada en redes sociales justamente por los procesados Jordán y Serrano e incluso Rafael Correa compartió la información.
Por su parte, el expresidente Guillermo Lasso rechazó la declaración y recordó que él solicitó la colaboración del FBI. “Que un delincuente, convicto y confeso, asistente personal del narcotraficante Leandro Norero, quien además afirma que se dedica a hacer declaraciones falsas por miedo o rebajas carcelarias, aparezca ahora con una amañada declaración es solo un burdo intento de desviar la atención”, escribió en redes sociales.
La Fiscalía también ha iniciado una investigación previa por presunta asociación ilícita con fines de fraude procesal contra sospechosos y procesados en el caso Magnicidio FV tras la difusión de la supuesta nueva versión de Lasso Saavedra.
¿COMPRA DE TESTIGOS?
Otro testimonio clave proviene de Ronal H., alias ‘Jonathan’, un exoficial de la Policía, quien confesó que Serrano le solicitó seguimientos contra Villavicencio. Los datos fueron enviados con material fotográfico a través de la plataforma Threema.
El sujeto ha advertido a las autoridades sobre varios intentos de asesinarlo. En su primera versión, comentó que el 15 de enero del 2025, seis privados de la libertad ingresaron a su celda en la cárcel de Turi y lo intentaron ahorcar. Luego, lo cambiaron de pabellón, pero volvieron a atentar contra su vida. Esta vez le dieron comida con vidrio molido en una sopa.
De hecho, responsabilizó por su vida a una funcionaria que actualmente trabajaría en ese centro penitenciario de Cuenca. “Esta abogada un día llegó hasta el pabellón de máxima A y me manifestó que por mi cabeza había USD 20 mil, que es mejor me quite la vida antes que les pase algo a mis familiares o que me mantenga callado”.
Aquella funcionaria también le habría comentado al exagente que un abogado lo estaba buscando porque quería entregarle “un dinero para que permanezca callado”.
Posteriormente, alias ‘Jonathan’ fue trasladado a la cárcel de Latacunga, donde volvió a sufrir un intento de asesinato. El tres de julio del 2025, advirtió que lo intentaron apuñalar en el patio del reclusorio y en agosto algunos compañeros lo amenazaron con quitarle la vida.
Y las ofertas para que se quede callado han continuado. En su testimonio anticipado, ‘Jonathan’ aseguró que Xavier Jordán habría tratado de comprarlo con USD 300.000 para que cambie su versión. Además, manifestó que Marcel Lasso recibió USD 200.000 para emitir declaraciones en Estados Unidos.
El expolicía indicó que fue contactado por Lasso, a través de mensajes escritos, en nombre de Jordán y Serrano, para que declare que la exfiscal general Diana Salazar manipuló los casos Metástasis y Villavicencio.
Agregó que en las conversaciones con Jordán por Instagram y con Lasso Saavedra por WhatsApp se nombró a ‘Paco Alcocer’ como la persona que entregó el dinero a Saavedra. Aquel sujeto junto a María Paula Christiansen, expareja de Serrano, y otras cuatro personas más también fueron llamados a rendir versión el pasado lunes primero de diciembre.
ALIAS ‘PIPO’: ¿LA VERSIÓN CLAVE?
La fiscal Ana Hidalgo indicó que cuenta con nuevos elementos que le hacen presumir que Wilmer Chavarría (alias ‘Pipo’), Ángel Aguilar (alias ‘Lobo Menor’) y Luis Arboleda (alias ‘Gordo Luis’) participaron en la planificación del magnicidio.
Por ello, el lunes primero de diciembre, pidió que se instale la audiencia de vinculación contra los tres sujetos. Con esta diligencia, la investigación se extendería por 30 días más.
Asimismo, había solicitado a las autoridades judiciales de España que colaboren en la toma de versión de ‘Pipo’, quien se encuentra detenido en una cárcel de Málaga.
Por su parte, ‘Godo Luis’ permanece en la Cárcel del Encuentro en Santa Elena y ‘Lobo Menor’ estaría libre.
‘Pipo’, quien supuestamente estaba muerto, habría sido quien dio luz verde para el asesinato del excandidato presidencial. De acuerdo al testimonio de Lasso Saavedra, este cabecilla mantuvo contacto con Serrano al pasarle información sobre los seguimientos de la víctima. Fuente: Vistazo
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