El sector conocido como San Luis, ubicado en el corazón del Parque Nacional Podocarpus, en la provincia de Zamora Chinchipe y en los límites con Loja, ha sido identificado en los últimos años como uno de los frentes más afectados por la minería ilegal dentro de esta área de conservación nacional. El Parque Nacional Podocarpus, con una extensión de más de 146 000 hectáreas, forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador y alberga una de las biodiversidades más ricas del país, con cientos de especies de flora y fauna endémica y amenazada.

San Luis: minería ilegal en una zona protegida

El frente minero de San Luis ha pasado, entre 2019 y 2022, de 3,7 hectáreas afectadas a más de 11 hectáreas de impacto ambiental, principalmente por la minería subterránea con excavación de túneles, tala de bosques y depósito de sedimentos, junto a la instalación de campamentos mineros, que en este sector se estiman en alrededor de 68 asentamientos ilegales, según un monitoreo ambiental basado en imágenes satelitales.

Este tipo de actividad no solo contraviene la normativa nacional que prohíbe la extracción de recursos no renovables en áreas protegidas, sino que además ha generado presión sobre los recursos hídricos, erosión de suelos y degradación de ecosistemas estratégicos dentro del parque.

Organizaciones de conservación y fuentes periodísticas especializadas han alertado que la proliferación de campamentos y operaciones de extracción ilegal se da en múltiples sectores del Podocarpus, siendo San Luis uno de los más extensamente afectados por la expansión de estas actividades ilícitas, en desmedro de la integridad ecológica de esta área protegida.

Operativos de control y seguridad ciudadana

En este contexto, las autoridades ecuatorianas han reforzado acciones de control territorial con operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ante el incremento de incidentes vinculados a violencia y presencia de grupos armados en las rutas de acceso al sector San Luis.

Desde el domingo 18 de enero de 2026, la Policía Nacional del Ecuador ha mantenido operativos permanentes en los sectores de barrio Loyola, El Porvenir del Carmen y Romerillos Alto, en la jurisdicción de Zamora Chinchipe, con el objetivo declarado de garantizar la seguridad ciudadana, fortalecer el control territorial y preservar el orden público. La acción institucional se dio en respuesta a una alerta por una persona herida con arma de fuego durante actividades laborales en el sector San Luis, lo que motivó la coordinación con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y el Ejército Ecuatoriano para verificar el hecho, controlar el tránsito de vehículos y personas y brindar apoyo médico al ciudadano afectado.

Los operativos policiales han incluido la detención de vehículos, patrullajes preventivos y controles en puntos estratégicos de los accesos que comunican a San Luis desde los cantones Palanda y Zamora. Durante la jornada, alrededor de 190 ciudadanos ecuatorianos descendieron de San Luis por las rutas de Loyola y Yangana, y se reportaron tres personas heridas, sin que se haya divulgado información detallada sobre la identidad o el contexto específico de cada caso.

Por razones de seguridad y reserva operativa, la información oficial se difundió con retraso, con el objeto de no interferir con las acciones en curso, las cuales permanecen activas mientras se busca restablecer la tranquilidad en la zona.

La presencia continua de minería ilegal dentro del Parque Nacional Podocarpus plantea retos significativos no solo para la protección ambiental, sino también para la seguridad y la gobernanza territorial. El impacto acumulado de la minería sobre suelos, cuerpos de agua y bosques nubosos, así como las tensiones sociales derivadas de la presencia de grupos armados o no regulados en zonas remotas, subrayan la complejidad de articular políticas públicas que armonicen la conservación de áreas protegidas con la protección de derechos humanos y la seguridad comunitaria.

La Feria Agropecuaria, prevista para el sábado 24 de enero desde las 08h00, contará con la participación de productores agrícolas, pecuarios, ganaderos y emprendedores locales y provinciales. En este espacio se desarrollarán concursos productivos, gastronómicos y comerciales, destacándose la premiación a la mejor vaca lechera, con incentivos económicos de USD 1.000 para el primer lugar, USD 700 para el segundo, USD 500 para el tercero y además de múltiples categorías en ganado bovino lechero y de carne.

Asimismo, se realizará el Festival Parrillero, proyecto impulsado desde hace más de un año y medio, con la presentación de cortes de carne de ganado Angus, reproducido en la localidad, y la participación del reconocido parrillero Juan Boya, referente nacional en gastronomía cárnica.

El GAD Parroquial también resaltó el avance del programa agroproductivo permanente, que incluye ferias todos los viernes en el parque central, incentivos a los mejores invernaderos comerciales y asistencia técnica veterinaria, acciones que han permitido que productores de Los Encuentros obtengan reconocimientos en ferias provinciales.

Cierre de las festividades
La agenda contempla además actividades culturales y juveniles el viernes 30 y sábado 31 de enero, como la Noche Cultural y Festival de Danzas Regionales, con la participación del artista amazónico Sangre Shuar, competencias deportivas como el ecuavóley, y la presentación del artista de trayectoria nacional e internacional WaldoKinc “El Troyano”.

Finalmente, el presidente del GAD Parroquial extendió una cordial invitación a la ciudadanía local, cantonal, provincial y nacional a sumarse a estas festividades, resaltando el respaldo de la empresa privada, instituciones públicas como Agropzachin EP, y el apoyo del GAD Municipal, encabezado por la alcaldesa María Lalangui, así como de autoridades provinciales, entre ellas la prefecta Karla Reátegui.

Las celebraciones por los 45 años de vida política de la parroquia Los Encuentros se proyectan como un espacio de integración, identidad cultural y fortalecimiento del desarrollo productivo y social del territorio.

Paúl Pineda Cordero, presidente de la Cámara de Minería de la provincia de Zamora Chinchipe, expuso una serie de observaciones técnicas, legales e institucionales en torno al inicio de operaciones de comercialización de oro por parte del Banco Central del Ecuador (BCE) en la provincia.

En su intervención, Pineda destacó que según información de las mismas autoridades Zamora Chinchipe aporta cerca del 50 % de la comercialización de oro al Banco Central, lo que convierte a la provincia en un eje estratégico para el erario nacional, tanto en términos tributarios como de exportación de minerales. No obstante, señaló contradicciones en la forma en que se ha concretado la apertura de las oficinas del BCE, actualmente ubicadas en un espacio provisional dentro del garaje de la Gobernación.

El dirigente gremial recordó que el espíritu original del proyecto contemplaba la construcción de una infraestructura propia y técnicamente adecuada para la compra y comercialización de oro, iniciativa que fue socializada en jornadas técnicas impulsadas por la Cámara de Minería, con la participación de delegados del Banco Central, el Municipio de Zamora y otras instituciones del Estado. Según indicó, incluso existía un presupuesto estimado de aproximadamente USD 1,2 millones destinado a la edificación de estas oficinas, así como acuerdos orientados a generar empleo local mediante la contratación de mano de obra zamorana calificada.

Pineda cuestionó que, pese a estudios técnicos previos que advertían limitaciones de seguridad e idoneidad en ciertos espacios, hoy se celebre la apertura de una oficina provisional, dejando de lado el proyecto de infraestructura definitiva. Asimismo, expresó su preocupación por la exclusión de la Cámara de Minería del evento institucional de inauguración, lo que —a su criterio— refleja una desconexión entre la institucionalidad del sector minero y las decisiones del Ejecutivo en territorio.

Uno de los puntos centrales de su análisis fue la viabilidad real del modelo de comercialización. Explicó que la Ley de Minería faculta únicamente a los mineros artesanales y pequeños mineros a vender oro al Banco Central, mientras que los proyectos de mediana y gran minería no están habilitados para ello. Sin embargo, precisó que en Zamora Chinchipe apenas alrededor del 10 % de la actividad minera se encuentra bajo los regímenes de minería artesanal y pequeña minería, mientras que el 90 % restante corresponde a actores que, desde hace décadas, solicitan procesos de legalización.

En este contexto, el presidente de la Cámara planteó interrogantes sobre a quién se comprará efectivamente el oro y advirtió que, sin un proceso serio de regularización minera, la iniciativa podría carecer de sostenibilidad. Reiteró que la Cámara ha propuesto reiteradamente un enfoque técnico y legal para la legalización, que considere la protección de los ecosistemas, la prevención de conflictos sociales y el respeto a las comunidades.

Pineda también alertó sobre operativos y desalojos recientes en la provincia, particularmente en el sector Congüime–Piedras Blancas, donde, según relató, familias con décadas de residencia habrían sido desalojadas a solicitud de concesiones mineras, pese a no encontrarse realizando actividades extractivas. Estos hechos, señaló, evidencian un uso desproporcionado de la fuerza pública y una criminalización de mineros artesanales y pequeños productores.

Finalmente, el dirigente afirmó que la Cámara de Minería continuará impulsando acciones institucionales y legales para exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos, incluyendo un acta de compromiso firmada entre el BCE, el Municipio de Zamora y la Cámara.

Anunció que se dará seguimiento jurídico a estos compromisos y convocó a la ciudadanía y al sector minero a mantenerse informados y unidos, participando en los espacios de socialización y diálogo que se convocarán en los próximos días.

“La minería es un pilar económico de Zamora Chinchipe. Lo que exigimos es respeto, políticas claras y una gobernanza minera participativa, transparente y apegada a la ley, que garantice el beneficio colectivo de la provincia”, concluyó Pineda.