El esfuerzo que lideran los empresarios del Transporte Pesado de Zamora Chinchipe, en coordinación con empresas como Ecuacorriente S.A. (ECSA), Transolórzano y Transtundayme, para habilitar la vía afectada por múltiples derrumbos en la zona de Chaguarpamba, provincia de Loja. Ante el prolongado cierre de este importante eje vial, Un equipo periodístico de Diario El Amazónico se trasladó al lugar para registrar los testimonios, avances y desafíos de esta acción patriótica en beneficio de toda la región sur del país.

César Rogel, representante de los transportistas zamoranos, informó que desde hace diez días se encuentran trabajando en la zona con 16 volquetas, 5 retroexcavadoras, 2 gallinetas y personal técnico, con el objetivo de reabrir el paso vehicular entre las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro. “El compromiso es claro: devolver la conectividad vial con trabajo planificado, puntualidad y responsabilidad. Aquí estamos desde Zamora con maquinaria y voluntad para resolver este problema”, afirmó.

Durante los últimos cuatro meses, derrumbes provocados por intensas lluvias han bloqueado el tránsito, generando pérdidas económicas para comerciantes, agricultores y transportistas. La vía, que conecta zonas productivas del sur del Ecuador, se encontraba virtualmente inhabilitada, afectando seriamente a los negocios locales y emprendimientos familiares.

Robert Solórzano, representante de Transolórzano, explicó que la intervención es una respuesta a los pedidos de la ciudadanía, alcaldías y sectores productivos: “Este derrumbe lo asumimos como un reto. Hemos trabajado en cada emergencia vial durante los últimos cinco años, porque sabemos lo que está en juego: economía, salud, transporte y dignidad”.

Subrayó además que el aporte de la empresa privada no se limita a maquinaria: “Estamos aquí sin contratos, sin pagos anticipados. Confiamos en la palabra y en la necesidad. Vamos a entregar planillas con detalle del trabajo realizado y el costo de inversión para conocimiento de la población, esto lo hacemos como un agradecimiento al estado, por todo lo que nos ha dado. No venimos a improvisar; venimos a construir soluciones”.

El derrumbe más complejo, en el cerro Tintanil, fue asumido como prioridad y se espera habilitar completamente la vía en los próximos días. Además, se está interviniendo en dos puntos críticos adicionales en la provincia de El Oro.

La acción conjunta de empresas zamoranas, como TransSolórzano, Transtundayme y ECSA, junto con el apoyo técnico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), hemos demostrado que cuando hay voluntad, los obstáculos se transforman en caminos. “Es el momento de que otras empresas nacionales que se benefician de esta ruta —como cadenas comerciales y distribuidoras— se sumen al esfuerzo, aunque sea con un gesto, con agua, con una cola, o simplemente con su presencia”, expresó Solórzano.

Los testimonios de moradores y comerciantes del sector confirman el impacto positivo del trabajo ejecutado. Una comerciante expresó: “Si no fuera por la empresa privada, nuestros negocios estarían quebrados. El Estado ha estado ausente. Llevamos meses sin vender, sin transporte, sin clientes”.

Por su parte, Enrique Loaiza, habitante del lugar, agregó: “Obras Públicas no ha hecho nada. Aquí la gente ha donado hasta el combustible. Si no fuera por la voluntad de los señores de la carga pesada, seguiríamos incomunicados”.

Un propietario de restaurante también se sumó al agradecimiento: “Gracias a Dios y a estos empresarios que han puesto el hombro, ahora volvemos a tener movimiento, a tener esperanza. La vía es vida, y sin ella estábamos al borde del colapso”.

Los líderes del sector hacen un llamado urgente al Presidente de la República y a los representantes del MTOP para que supervisen personalmente el estado de las vías y asignen los recursos necesarios. Reconocen que la inclemencia climática no es responsabilidad directa del Gobierno, pero la falta de reacción oportuna sí lo es.

“Esta vía no solo mueve productos, también mueve personas, emergencias, servicios. La vida humana no tiene precio”, afirmaron con convicción.

La intervención liderada por el transporte pesado de Zamora Chinchipe representa un ejemplo de gestión solidaria, eficaz y con profundo compromiso social. Mientras las instituciones del Estado siguen ausentes o reaccionan con lentitud, la empresa privada y la ciudadanía organizada están abriendo caminos —literalmente— en medio de la adversidad.

En el marco de un ejercicio de transparencia institucional, la Policía Nacional del Ecuador, a través del Teniente Coronel Juan Carlos Rojas Orozco, Comandante de la Subzona Zamora Chinchipe N.° 19, en una rueda de prensa informo a la ciudadanía sobre el presunto hurto de material aurífero incautado, ocurrido en las instalaciones del área de evidencias de la Policía Judicial de esta jurisdicción.

Durante su intervención, el alto oficial confirmó que, efectivamente, se produjo un hurto de evidencias, específicamente de gramos de material aurífero que formaban parte de un proceso judicial en curso. La Fiscalía General del Estado fue notificada de manera inmediata del suceso y ha asumido el conocimiento formal del caso, dentro del marco de sus competencias investigativas.

En concordancia con los principios de autodepuración institucional, el Teniente Coronel Rojas informó que ya se encuentra detenido un servidor policial presuntamente implicado en este acto ilícito. La Dirección de Asuntos Internos ha activado los protocolos correspondientes para establecer responsabilidades administrativas, mientras que desde el eje penal se articula una coordinación directa con la Fiscalía para el avance de las investigaciones.

“La Policía Nacional es la primera en fomentar y garantizar la autodepuración institucional. Hemos actuado con firmeza en casos anteriores y lo seguiremos haciendo cada vez que sea necesario. No permitiremos que actos individuales manchen el compromiso y la integridad de toda una institución”, expresó el Comandante Rojas.

Así también, la autoridad policial explicó que el manejo y la custodia de evidencias corresponde a una dirección distinta a la Policía Judicial, lo que implica que el hecho se encuentra bajo una línea investigativa más compleja, en la que ya se han iniciado las diligencias necesarias para esclarecer los mecanismos del hurto.
Adicionalmente, se anunció que es miércoles se mantendrá una reunión interinstitucional con la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura, con el objetivo de establecer una línea directa de cooperación y agilización de los procedimientos legales y administrativos relacionados con este y otros casos similares. La finalidad es garantizar que las evidencias judiciales, especialmente aquellas de alta sensibilidad como el material aurífero, cuenten con un sistema de resguardo más seguro y confiable.

“Somos conscientes de que Zamora Chinchipe es una provincia con alta actividad minera y, por tanto, constantemente ingresan evidencias vinculadas a este sector. Por ello, trabajamos en evacuar este tipo de elementos hacia espacios con mayores niveles de seguridad, en coordinación con las entidades competentes”, subrayó el comandante.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la transparencia, el combate frontal a la corrupción y la garantía del debido proceso, poniendo a disposición de la ciudadanía y de las autoridades de control todos los elementos necesarios para que este caso no quede en la impunidad.

Mediante declaraciones ofrecidas por los abogados Fernando Gaón y Fredy Castillo, se dio a conocer públicamente un presunto robo de material aurífero ocurrido en el Centro de Acopio de Evidencias de la Policía Judicial de Zamora, hecho que ha generado alarma en la ciudadanía y plantea serias interrogantes sobre los protocolos de custodia y seguridad dentro de la institución.

De acuerdo con la información proporcionada por el abogado Fredy Castillo, el material aurífero —presumiblemente oro— fue incautado el pasado 3 de mayo de 2025 en el sector La Pista, de la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora, como parte de un operativo dirigido por la Fiscalía de Medio Ambiente de la ciudad de Quito. Posteriormente, y tras las debidas justificaciones legales sobre la legitimidad del mineral, la Fiscalía autorizó la devolución del material el día 19 de junio de 2025.

Fue precisamente en ese momento, cuando los abogados acudieron a realizar el retiro del material, que se percataron de la sustracción del contenido aurífero, estimado en 2.6 kilogramos, lo que representa un valor aproximado de 250.000 dólares según la cotización actual del oro.

Graves irregularidades en la custodia de evidencias

Según expuso el abogado Gaón, resulta sumamente preocupante que el supuesto robo ocurriera justo el mismo día y hora en que estaba prevista la devolución del oro incautado, sin que existiera un informe inmediato ni una alerta oportuna por parte de los responsables del centro de acopio. Esto plantea la posibilidad de participación interna en el hecho delictivo, dada la localización precisa del archivador violentado y la aparente selectividad del robo —pues otros objetos de valor, como celulares iPhone, no fueron sustraídos.

«Nos parece inadmisible que dentro de una institución encargada de brindar seguridad, como lo es la Policía Nacional, se pueda cometer un acto de esta magnitud sin una respuesta oportuna y sin que se active un protocolo de emergencia», expresó Gaón.

Exigen reformulación del tipo penal e intervención de altos niveles de control
Los representantes legales indicaron que el mineral pertenece al ingeniero Jackson Zambrano, quien posee un permiso legal de operación minera en el sector de Guayzimi, además de las guías de transporte, títulos mineros y licencia de comercialización debidamente justificadas ante la Fiscalía General del Estado.
Por esta razón, solicitarán la reformulación del tipo penal, actualmente tipificado como «hurto», y exigirán su clasificación como robo con agravantes, dadas las condiciones del delito y el lugar donde fue cometido. Asimismo, anunciaron que se oficiará a la Comandancia General de Policía, Asuntos Internos, el Ministerio de Gobierno y otros entes de control para que se inicien las investigaciones correspondientes y se identifique al personal que estaba en funciones el día del suceso.
“Este hecho no puede quedar en la impunidad. Si se quiere depurar la justicia y luchar contra la corrupción, debe comenzarse desde el interior de las propias instituciones del Estado”, señaló el abogado Gaón.

Sobre el transporte aéreo y la legalidad del material

En relación al medio de transporte utilizado, se informó que el oro iba a ser trasladado vía aérea hacia la ciudad de Guayaquil, como parte de su proceso de comercialización y eventual venta al Banco Central del Ecuador. La aeronave utilizada pertenece al propio concesionario y fue seleccionada como medida de seguridad, considerando el alto valor del mineral y los riesgos asociados al transporte terrestre.

La defensa aclaró que la retención inicial se debió a que el personal encargado del transporte no portaba en ese momento los documentos correspondientes, pero todos los permisos fueron posteriormente justificados en sede fiscal, por lo cual el material debía ser devuelto al legítimo propietario.

Este caso representa un grave precedente que compromete la credibilidad de los procesos judiciales y de custodia de evidencias en la provincia de Zamora Chinchipe. La ciudadanía y la defensa técnica del propietario exigen transparencia, celeridad en las investigaciones y que los responsables —internos o externos— sean identificados y sancionados conforme a la ley.
Se espera en los próximos días un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional sobre los avances de esta investigación que involucra no solo un perjuicio económico considerable, sino también un cuestionamiento profundo a las instituciones encargadas de garantizar la justicia y la seguridad en el país.