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Elecciones en Ecuador: Tesis del fraude electoral se diluye dentro y fuera de las filas del correísmo

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La vehemente denuncia de fraude electoral que salió de las filas de la Revolución Ciudadana (RC) luego de conocer los resultados electorales preliminares, la noche del 13 de abril, se han ido desinflando con el paso de las horas y el silencio de sus principales impulsores.

Ni la candidata Luisa González, que rechazó los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ni el encargado del control electoral correísta, Andrés Arauz, se han vuelto a pronunciar hasta la tarde de este lunes 14 de abril sobre la victoria de Noboa.

Solo el expresidente Rafael Correa transitó del reclamo, sin aportar pruebas, a hacerse eco de publicaciones de militantes de la RC que pasaron de hablar de un fraude en el conteo de votos a otro al que llaman fraude estructural o sistémico.

Para RC, por ejemplo, es fraudulento que no se haya permitido fotografiar las papeletas marcadas por una de las opciones o el «excesivo» control militar que habría impedido el trabajo de los observadores independientes y de los encuestadores.

También, sería parte de este fraude, según los militantes correístas, que los resultados oficiales contradigan lo que les decían 11 encuestadoras, que les daban una ventaja sobre Daniel Noboa, a lo que llaman «evidencia científica y estadística».

Para el abogado en temas electorales, Diego Zambrano, todos esos aspectos pueden entrar en el debate político, pero en términos prácticos no sirvirán para demostrar que se alteraron los resultados numéricos de la elección.

El especialista señala que se debe cumplir, al menos, uno de tres requisitos que establece el Código de la Democracia para reclamar la nulidad del escrutinio:

Que la junta provincial electoral haya sesionado sin quórum.
Que las actas carezcan de las firmas del presidente y secretario.
Que se compruebe la falsedad del acta.
«Para probar esto último no puedo decir solo quiero que me abran todas las urnas. Es en la etapa de la sesión pública de escrutinios que, como delegado de la organización política, puedo objetar una mesa, doy mis razones y se puede recontar los votos», explicó Zambrano.

Objetar en esa fase es clave, porque de no dar paso al recuento, el reclamo puede ser elevado hasta el Tribunal Contencioso Electoral. No hacerlo, en cambio, deja en firme el resultado del acta de escrutinio.

El reclamo debe ser individualizado por mesa. Es decir, para que se revierta la diferencia del 11% que existe entre la votación de Noboa y González deberían ser identificadas miles de mesas con irregularidades para su objeción.

Pero no es lo único. Para dar paso a un reconteo mayor de votos la revisión debe ser determinante. «Si la diferencia es un millón de votos y la supuesta afectación es a 200.000 votos, la autoridad electoral no debería declarar la nulidad en ninguna mesa», añadió Zambrano.

«Se debería demostrar que, por lo menos, 700.000 votos pasaron de una candidatura a otra. En el sistema electoral ecuatoriano es difícil configurar un fraude y debería suceder a vista y paciencia de los delegados de las propias organizaciones políticas». Diego Zambrano, experto electoral.

Extraoficialmente, se conoció con los principales dirigente del correísmo se reunieron este 14 de abril para conocer y analizar las actas que reclamarán ante los organismos electorales.

Reconocimiento casa adentro
El reclamo de Luisa González, Andrés Arauz y Rafael Correa también perdió fuerza por la postura de otros militantes de la RC como Paola Pabón, Marcela Aguiñaga, Leonardo Orlando, Pabel Muñoz y Juan Lloret, autoridades locales, que reconocieron el triunfo de Noboa.

Incluso, el binomio de González, Diego Borja, se hizo eco de la publicación de Pabón en X en el que llama «presidente reelecto» a Daniel Noboa.

El académico y analista político Giuseppe Cabrera, coincide con Zambrano en que será muy complicado para la facción del correísmo que sostiene que hubo fraude, probarlo y, por eso, el silencio de las horas posteriores a la elección.

«Deben estar encerrados tirándose de los pelos entre ellos, y buscando culpables por la derrota». Giuseppe Cabrera, analista político.

Su lectura es que, aún sabiendo que nada va a cambiar con respecto a los resultados del 13 de abril, actores como Arauz y Correa ya están pensando en el futuro.

«Hay un nuevo sujeto político que ha nacido y es el noboísmo. Entonces la Revolución Ciudadana está pensando de aquí a cuatro años y no puede dejar huérfana la etiqueta del antinoboísmo, además de evitar una desbandada que podría suponer esta nueva derrota», dijo Cabrera

A eso se suma el pronunciamiento preliminar de la misión de observadores de la OEA, que este 14 de abril señaló que no hay indicio que le haga dudar de los resultados emitidos por el CNE.

Mas bien, el organismo resalta que los datos arrojados por el Sistema Informático de Escrutinios y Resultados del CNE coinciden con la información compilada por los observadores desplegados en el país. Fuente: Primicias

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El hueco fiscal del presupuesto del Estado aumenta en 2025 a USD 5.624 millones

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El Gobierno de Daniel Noboa prevé que en 2025 el déficit o hueco fiscal en el Presupuesto General del Estado sea de USD 5.624 millones, según la proforma presentada por el Presidente Daniel Noboa el 22 de agosto de 2025 a la Asamblea Nacional.

¿Pero qué es el déficit fiscal y cómo afecta al Presupuesto del Estado?

El Presupuesto General del Estado detalla cómo un gobierno administra las finanzas de un país; es decir, en qué gasta el dinero que recauda de sus ciudadanos y los ingresos que percibe por la venta de petróleo o por endeudamiento público.

Cuánta plata necesita el Gobierno de Noboa para lo que resta de 2025 y para 2026 ; ya alista los nuevos presupuestos
Pero cuando los ingresos del Estado no son suficientes para pagar todos los gastos, se crea lo que conoce como déficit fiscal; pues el Estado está gastando más de los ingresos que percibe. Y para cubrir este hueco en el presupuesto, el Gobierno debe endeudarse y pagar intereses.

En la proforma presentada por Noboa, los ingresos previstos para 2025 suman USD 27.439 millones, pero los gastos suman USD 33.064 millones.

La vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, explicó el 25 de agosto de 2025 que el Gobierno de Daniel Noboa ha estado haciendo esfuerzos para reducir el déficit fiscal.

Gobierno prevé que los subsidios costarán USD 7.915 millones al Estado en 2025, ¿cuáles serán los más altos?
«Hay un déficit que no es desconocido, lo venimos arrastrando hace muchas décadas como país, pero cada vez nos esforzamos para que sea menor… Sí, el déficit es de casi USD 6.000 millones, pero no es extremadamente superior al déficit de la proforma anterior», dijo.

Además, Jaramillo enfatizó que lo ideal al hablar del déficit fiscal es referirse a cuánto equivale frente al Producto Interno Bruto del país (PIB). De ahí que dijo que el déficit de 2025 será de alrededor de 4,3% del PIB.

«Tenemos que reconocer que ahora mismo en la proforma se ha priorizado la salud, educación y seguridad, cumpliendo lo que manda la Constitución. Además, la proforma es un ejercicio referencial, no está escrita en piedra», agregó.

Y sí, cuando se compara el déficit fiscal con la proforma de 2024, es decir, con USD 4.800 millones, que es lo que inicialmente preveía el Estado, la diferencia con el hueco que tendrá el Presupuesto en 2025 no es tan amplia.

Sin embargo, a lo largo de 2024 o durante la ejecución del gasto, ese hueco fiscal se fue acortando y cerró diciembre de 2024 con una cifra de USD 2.483 millones, mucho más baja que la inicialmente prevista para 2024 y también más «chica» que la proyectada para 2025. Fuente: Vistazo

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El ministro John Reimberg denuncia a jueza de Zamora por no dar prisión preventiva a hombre investigado por sicariato

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El ministro del Interior, John Reimberg, continúa con las denuncias a funcionarios judiciales que dejan en libertad a peligrosos delincuentes. Este 25 de agosto de 2025, cuestionó que la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Yantzaza (Zamora Chinchipe), rechazó el pedido de prisión preventiva en contra de Rolando M., presunto sicario acusado de tentativa de homicidio y detenido por la Policía Nacional, el jueves 21 de agosto.

Se trata de una «resolución inexplicable», expresó el funcionario en su cuenta de X. Le otorgó «ridículas medidas cautelares» como presentación ante el fiscal de la causa y prohibición de salida del país.

El funcionario preguntó ¿hasta cuándo la Función Judicial del país tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?

«Tenemos acusado recibo de la denuncia por parte del Consejo de la Judicatura. Esperamos el procedimiento del caso», concluyó.

Funcionarios judiciales sancionados

Hasta el pasado 10 de junio, 90 servidores judiciales han sido destituidos en los últimos 11 meses por la Judicatura. Se trata de 46 jueces de 13 provincias, fiscales, asistentes administrativos, ayudantes judiciales, citadores, coordinadores provinciales, gestores de archivo, secretarios, técnicos de ventanilla, entre otros.

Este es el número de jueces sancionados:

  • Cotopaxi: 1.
  • El Oro: 7.
  • Tungurahua: 1.
  • Los Ríos: 8.
  • Bolívar: 2.
  • Manabí: 3.
  • Guayas: 8.
  • Esmeraldas: 3.
  • Chimborazo: 4.
  • Pastaza: 1.
  • Santa Elena: 1.
  • Loja: 1.
  • Santo Domingo: 6
  • Total: 46.

 

Los 90 servidores judiciales destituidos corresponden a:

  • Jueces: 46.
  • Fiscales: 11.
  • Analistas: 2.
  • Asistentes administrativos: 3.
  • Ayudantes judiciales: 5.
  • Citadores: 1.
  • Coordinadores provinciales: 1.
  • Directores provinciales: 5.
  • Gestores de archivo: 2.
  • Secretarios: 10.
  • Técnicos de ventanilla: 3.
  • Peritos de Fiscalía: 1.
  • Total: 90.    Fuente: Ecuavisa
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‘Vidrio Libre’: vinculan a funcionario por liberación ilegítima de Jorge Glas y revelan cómo se habría tramado

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En el marco del caso ‘Vidrio Libre‘, la Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó este lunes 25 de agosto al funcionario judicial Edison Andrés V. por el presunto delito de asociación ilícita.

En esta causa se investiga a funcionarios públicos y abogados en libre ejercicio, quienes se habrían asociado para lograr la liberación ilegítima del exvicepresidente, Jorge Glas, evadiendo la acción de la justicia.

Liberación ilegítima de Glas

Con base en los elementos de convicción, el fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga detalló en la audiencia cómo se habría tramado la liberación ilegítima del exvicepresidente Glas, con la participación del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.

Según la investigación, Terán habría mantenido reuniones con el entonces juez Emerson Curipallo en el domicilio de la exjueza Anabel Torres, donde le solicitó que emita una medida que permita la excarcelación de Glas, a cambio de archivar sus expedientes disciplinarios y de un supuesto “blindaje” desde el Gobierno.

Este accionar habría contado con el respaldo del entonces fiscal de Santo Domingo, Víctor Hugo Alcívar, quien habría pedido al juez proceder con la medida, garantizando que el abogado Edison L. evitaría una reacción institucional por parte del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores).

Posteriormente, Wilman Terán habría redactado la acción constitucional de medida cautelar, mientras que Anabel Torres habría coordinado el sorteo en la Unidad Judicial de Santo Domingo a través de Edison Andrés V. (recién vinculado al caso ‘Vidrio Libre’), quien habría manipulado el sistema para que Emerson Curipallo sea el juez asignado y habilitado para recibir la causa. El patrocinio, presentación y tramitación recayó en el abogado Cristhian P.

El 26 de noviembre de 2022, en Santo Domingo, Cristhian P. presentó la demanda constitucional en beneficio del exvicepresidente. Fue sorteada al despacho del juez Emerson Curipallo, quien dos días después, el 28 de noviembre, resolvió a favor del solicitante.

Mediante esa resolución, se ordenó que Jorge Glas se presentara una vez por semana en la Penitenciaría del Litoral, se le prohibió salir del país y se emitió la boleta de excarcelamiento.

Al término de la audiencia, el Juez que conoce el caso dictó medidas cautelares contra Edison Andrés V.: prohibición de ausentarse del país y presentación periódica cada quince días en la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En esta causa también están procesados el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; el exfiscal Víctor Hugo Alcívar; la exjueza Anabel Torres; y los abogados Cristhian P. y Edison L., como presuntos autores directos del delito. Fuente: Vistazo

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