Nacionales
El Presupuesto 2025 de Ecuador muestra un Estado con el 80% del gasto atado y sin margen de acción
La Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025 revela una verdad incómoda en Ecuador: el Estado tiene cada vez menos margen para decidir en qué gasta su dinero. Más del 80% del gasto ya está comprometido. Son recursos que, por mandato legal, constitucional o por el peso de la deuda, no se pueden reducir, mover ni redirigir.
En la práctica, esto significa que de cada 10 dólares que el gobierno planea gastar en 2025, solo dos se pueden considerar realmente “disponibles” para nuevas prioridades, ajustes o inversiones. El resto está atado a salarios, transferencias, intereses o leyes que determinan su destino.
Este fenómeno conocido como rigidez del gasto no es nuevo, pero se ha vuelto más agudo. Y mientras el país sigue enfrentando altos niveles de endeudamiento y demandas sociales insatisfechas, el margen de maniobra se reduce aún más.
¿Qué es la rigidez del gasto y por qué importa?
Uno de los principales problemas que enfrentan las finanzas públicas de Ecuador es la rigidez del gasto fiscal, entendida como la dificultad para reducir o reasignar ciertos componentes del presupuesto. Esta rigidez no es reciente, pero se ha acentuado en los últimos años como resultado de decisiones políticas, compromisos legales y dinámicas macroeconómicas que limitan la capacidad de maniobra del Estado.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para 2025 se estima que el 77% del gasto del Presupuesto General del Estado (PGE) será de carácter permanente, lo que representa alrededor de USD 20.858 millones.
Una parte sustancial del gasto permanente, equivalente al 34,9% del gasto total corresponde al pago de sueldos y salarios, un rubro con alta rigidez a la baja. Esta obligación financia la remuneración de más de 490.000 servidores públicos, concentrados en sectores como educación, salud, seguridad, justicia y defensa.
Otro componente relevante es el servicio de la deuda, que incluye el pago de intereses y amortizaciones. Los intereses, por sí solos, representan el 13,9% del gasto total previsto para 2025, equivalentes a más de USD 3.753 millones. Esta carga ha crecido desde 2014 debido al encarecimiento del financiamiento —en parte por el aumento de tasas internacionales— y al uso intensivo del endeudamiento como fuente de cobertura fiscal.
A ello se suman las transferencias obligatorias, que han ganado peso en la última década. Entre 2014 y 2018, representaban en promedio el 8,9% del gasto total; sin embargo, para el período 2019–2024, este promedio subió al 20,2%, y se estima que en 2025 alcance el 20,9%, es decir, más de USD 5.987 millones.
Estas transferencias incluyen aportes a la seguridad social, bonos sociales, subsidios, transferencias a gobiernos locales y otros compromisos que no pueden reducirse sin una reforma legal o constitucional. En paralelo, el rubro de bienes y servicios —necesario para el funcionamiento básico del Estado— promedió el 8,3% del gasto total en la última década.
Si se suman los componentes rígidos del gasto permanente y no permanente, se concluye que aproximadamente el 83,4% del gasto total del PGE en 2025 está atado a compromisos que no pueden ser fácilmente modificados. Este porcentaje equivale al 133% de los ingresos totales previstos, lo que implica que incluso si se ejecutara el presupuesto tal como está planificado, el Estado no tendría ingresos suficientes para cubrir sus obligaciones fijas.
El resultado global estimado para 2025 es un déficit de USD 5.443 millones, equivalente al -4,4% del PIB, lo que implica que el Estado no solo no logra cubrir sus gastos corrientes y de capital con los ingresos previstos, sino que debe además financiar amortizaciones por montos significativos.
Ante este panorama, el Gobierno se ve forzado a acudir a fuentes de endeudamiento interno y externo, no solo para cubrir el déficit operativo, sino también para pagar obligaciones contractuales previas. Esto refuerza la rigidez del presupuesto a futuro y amplifica la dependencia estructural del financiamiento.
El presupuesto público opera cada vez más en piloto automático. La combinación de leyes rígidas, decisiones políticas difíciles de revertir y una estructura de deuda exigente deja al Gobierno con muy poco margen de acción. Cualquier intento de planificación fiscal o reasignación estratégica parte de una base extremadamente limitada, lo que debilita la capacidad del Estado para adaptarse a nuevas prioridades económicas y sociales.
No solo es el gasto, los ingresos también están inflados
Una de las debilidades de la Proforma 2025 es la posible sobreestimación de los ingresos fiscales. Aunque el Gobierno proyecta una recaudación total de USD 27.440 millones, este monto representa un incremento de más de USD 5.000 millones frente a lo presupuestado en 2024.
Buena parte de este salto en los ingresos no proviene de mejoras estructurales en la recaudación, sino de supuestos extraordinarios. La Proforma incluye, por ejemplo, USD 3.986 millones por anticipos relacionados con licitaciones y adjudicaciones de bloques petroleros, además de USD 750 millones por la concesión del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y USD 460 millones por la concesión del espectro radioeléctrico.
Estos ingresos extraordinarios requieren marcos jurídicos claros, licitaciones públicas, acuerdos contractuales y plazos de ejecución que, en el mejor de los casos, tomarían varios meses.
Dado que ya estamos en septiembre, resulta altamente improbable que todas estas operaciones se concreten —y generen flujos efectivos— antes del cierre del año fiscal. La falta de cronogramas oficiales, documentos contractuales y mecanismos establecidos para la recepción de anticipos refuerzan esa conclusión. Sin esos recursos, el presupuesto pierde sustento real y el déficit podría ser mucho mayor al proyectado oficialmente.
Si bien el incremento del IVA al 15% ha mejorado la recaudación tributaria en los primeros meses del año, los ingresos por impuestos previstos para 2025 apenas crecen respecto a 2024 (de USD 16.501 millones a USD 16.538 millones), lo cual confirma que el espacio de crecimiento por esta vía es limitado.
La confianza de ingresos extraordinarios de difícil concreción genera un efecto contable que sobredimensiona el espacio fiscal y subestima el déficit real. De no concretarse los montos proyectados, el Estado se verá forzado a recortar aún más la inversión pública, acumular atrasos o contratar nueva deuda.
¿Cómo vamos hasta agosto y cómo cerrará el año fiscal?
La trayectoria fiscal del Ecuador en la última década revela un patrón de desequilibrio fiscal. Entre 2015 y 2025, el PGE ha cerrado sus cuentas con déficit en diez de los once años, reflejando una brecha entre ingresos y gastos. Solo en 2022 se registró un superávit fiscal (USD 882 millones). En el resto de los años, el resultado ha sido negativo, con déficits que han llegado hasta USD 4.967 millones en 2020, durante la crisis sanitaria.
Hasta agosto de este año, los ingresos acumulados ascienden a USD 15.852 millones, apenas, mientras que los gastos suman USD 17.290 millones, generando un déficit de USD 1.439 millones. Además, el ritmo de ejecución real del presupuesto está por debajo de lo esperado.
A nivel agregado, solo el 60,5% del presupuesto ha sido devengado y el 55,8% ha sido pagado efectivamente. Este rezago es particularmente marcado en los rubros de inversión, que suelen ser las primeras partidas sacrificadas cuando el financiamiento escasea.
Por ejemplo, la obra pública presenta una ejecución de apenas 16,6%, mientras que la inversión en bienes de larga duración no supera el 6,9%. Las transferencias de capital —que incluyen recursos a gobiernos locales y sectores estratégicos— se sitúan en 43,8%, lejos de niveles que permitan dinamizar la economía o sostener programas de desarrollo.
Además, los atrasos presupuestarios acumulados ya superan los USD 1.335 millones, afectando directamente a proveedores, contratistas y gobiernos autónomos descentralizados. Este desfase no solo afecta a la prestación de servicios públicos, sino que transmite tensiones al resto del sistema económico.
Con casi tres cuartas partes del año fiscal ya transcurridas, resulta poco probable que se materialicen los ingresos extraordinarios contemplados en la Proforma —como concesiones o ventas de activos— en los montos y tiempos estimados. Las cifras disponibles contradicen la idea de una recuperación fiscal sostenida: el déficit persiste, la inversión se estanca y los pagos se atrasan.
Todo indica que el año cerrará con un nuevo resultado negativo. No se trata solo de un problema de liquidez: el desequilibrio es estructural. El presupuesto opera con márgenes mínimos de maniobra, el gasto está atado por normativas inflexibles, y la política fiscal sigue anclada en supuestos optimistas que rara vez se cumplen. La sostenibilidad, más que una meta alcanzable, sigue siendo una promesa aplazada. Fuente: Primicias
Nacionales
El cacao ecuatoriano arrancó 2026 con sus peores cifras de exportaciones en 22 meses
El cacao ecuatoriano cerró enero de 2026 con la cifra de exportaciones más baja en 22 meses, debido a la caída que ha tenido el precio de la fruta en el mercado internacional.
Según el Banco Central, el valor de las exportaciones de cacao y elaborados fue de USD 223,5 millones, lo que representa una caída de 57% frente a igual mes de 2025. En volumen, también hubo una caída de 32%.
Ese comportamiento está relacionado con el desplome que ha tenido el precio en el mercado internacional en el último año. Este 13 de marzo de 2026, el precio de la tonelada de cacao, para contratos futuros, cerró en USD 3.336 en el mercado bursátil, según el portal financiero Investing.com.
Si se compara con un año atrás, el precio ha caído en 59%. Y sigue con tendencia a la baja, tomando en cuenta que en los últimos siete días ha disminuido 9%.
Exportaciones no petroleras
Pese a la caída del cacao, las exportaciones no petroleras de Ecuador siguen con crecimiento. En enero de 2026, cerraron con un monto de USD 2.491 millones, lo que representa un alza de 8,6%. En volumen, tuvieron un mayor impulso, con un incremento de 14,7%.
El camarón se mantiene como el producto líder de las exportaciones del país, con un valor de USD 728,9 millones, en enero de 2026, lo que representa un alza de 22%.
Sin embargo, la minería tuvo el mejor desempeño en enero, con un crecimiento en valor de 77,6%, para un monto de USD 483,6 millones, impulsado por los buenos precios del oro en el mercado internacional. En volumen, también crecieron en 55%.
En Ecuador, hay dos grandes minas a gran escala, en producción: Fruta del Norte, de oro, y Mirador, de cobre; ambas ubicadas en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.
Con las cifras alcanzadas en enero, la minería sigue superando al banano y plátano, que en el primer mes del año, cerraron con un valor de exportaciones por USD 419,4 millones. No obstante, los envíos de estas frutas tropicales también tuvieron un crecimiento de 18,7% en valor y de 13,6% en volumen.
Exportaciones totales
Las exportaciones totales del país cerraron enero con un valor de USD 3.100 millones, para una caída de 2,2%, arrastradas por el bajo desempeño de las exportaciones petroleras del país.
Los envíos de crudo y sus derivados llegaron a un monto de USD 609,8 millones, lo que refleja una disminución de 30%. También tuvieron un caída en volumen de 11%.
Ese comportamiento está atado a una caída de la producción petrolera, que en enero fue de 2% y para febrero, siguió a la baja. De igual manera, en ese mes, el precio del crudo ecuatoriano fue de USD 53,1 por barril, cuando un año antes estaba en USD 67,3.
Sin embargo, el precio del petróleo WTI, que sirve de referencia para Ecuador, ha estado subiendo en el mes de marzo por el impacto de la guerra en Medio Oriente en la oferta de crudo. Fuente: Primicias
Nacionales
Gobierno amplía modelo de alimentación escolar para fortalecer la nutrición estudiantil en Ecuador
En el marco del Día Internacional de la Alimentación Escolar, que se conmemora el 12 de marzo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (WFP), anunció la ampliación del nuevo modelo de alimentación escolar con el objetivo de beneficiar a más de 85.000 estudiantes del Sistema Nacional de Educación del Ecuador, fortaleciendo la nutrición de niñas, niños y adolescentes y promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de las economías locales.
Esta iniciativa se desarrolla mediante la articulación entre el Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Educación del Ecuador y la Vicepresidencia de la República del Ecuador, instituciones que impulsan un modelo de comidas escolares orientado a vincular la producción local con la nutrición y el bienestar de las comunidades educativas.
El modelo implementado en Ecuador plantea un enfoque integral que trasciende la entrega tradicional de raciones alimenticias. Este sistema incorpora acciones en los ámbitos de nutrición, salud, agricultura y educación, con el propósito de fortalecer las capacidades de las comunidades educativas y fomentar hábitos alimenticios saludables desde las primeras etapas de la vida escolar.
Para la ampliación del programa se ha previsto una inversión estimada de 13,5 millones de dólares, lo que permitirá extender la cobertura a más de 85.000 niñas, niños y adolescentes, alcanzando al menos 20 provincias del país priorizadas en función de sus niveles de vulnerabilidad social y nutricional.
Actualmente, el modelo de comidas escolares ya beneficia a 37.800 estudiantes pertenecientes a los ciclos educativos de la Costa y la Sierra, mediante una inversión de 6,2 millones de dólares. Esta intervención ha contribuido a mejorar la nutrición, el rendimiento escolar y el bienestar integral de la población estudiantil participante.
El fortalecimiento de la alimentación escolar forma parte de las políticas públicas que impulsa el Estado ecuatoriano para consolidar la seguridad alimentaria y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje, reconociendo que una alimentación saludable constituye un pilar fundamental para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
De esta manera, el programa busca no solo mejorar la calidad nutricional de los estudiantes, sino también dinamizar los sistemas productivos locales, promover la agricultura familiar y fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas y los territorios donde se desarrollan.
Nacionales
Análisis jurídico sobre la formulación de cargos centró el programa “La Tertulia”
En una nueva emisión del programa “La Tertulia Jurídica”, espacio de análisis y reflexión dirigido a la comunidad jurídica y a estudiantes de Derecho, se desarrolló un conversatorio especializado con la participación de José Charry Dávalos, quien abordó el tema “La formulación de cargos en el proceso penal”, una figura clave dentro del sistema de justicia.
Durante su intervención, el jurista explicó que la formulación de cargos constituye una decisión adoptada por la Fiscalía General del Estado, mediante la cual se inicia formalmente un proceso penal contra una persona determinada. Según indicó, antes de este momento procesal suele existir una etapa previa de investigación, pero es con la formulación de cargos cuando se activa oficialmente la instrucción fiscal dentro del sistema penal.
El especialista señaló que esta decisión implica que la Fiscalía identifique con claridad tres elementos fundamentales: el hecho delictivo ocurrido, la persona presuntamente responsable y los elementos de convicción o evidencias que permitan sostener la hipótesis acusatoria. Asimismo, explicó que es indispensable establecer una calificación jurídica del delito, es decir, determinar el tipo penal aplicable al hecho investigado.
Charry enfatizó que, aunque el marco normativo no establece un momento exacto para formular cargos, sí exige requisitos de fondo que deben cumplirse previamente. En ese sentido, sostuvo que la Fiscalía debe contar con suficientes elementos que permitan justificar la existencia del delito y la participación del presunto responsable antes de iniciar formalmente el proceso penal.
Consecuencias jurídicas de la formulación de cargos
Durante el análisis, el abogado penalista explicó que la formulación de cargos genera varias consecuencias jurídicas relevantes dentro del proceso penal.
La primera es el inicio formal de la instrucción fiscal, etapa en la que se investiga el caso con mayor profundidad y en la que se notifica al procesado sobre la apertura del proceso penal en su contra.
La segunda consecuencia es la posibilidad de restricción de derechos del procesado, ya que en la audiencia respectiva la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares que limiten su libertad o su patrimonio, como la prisión preventiva, la presentación periódica ante la autoridad judicial o la prohibición de salida del país.
Finalmente, el jurista destacó una tercera consecuencia que, a su criterio, suele ser poco comprendida dentro del sistema judicial: la formulación de cargos delimita los contornos del proceso penal, es decir, fija los hechos, las personas y los elementos sobre los cuales la Fiscalía podrá acusar posteriormente durante el desarrollo del caso.
Desarrollo de la audiencia de formulación de cargos
En el conversatorio también se explicó cómo se desarrolla una audiencia de formulación de cargos. De acuerdo con Charry, el procedimiento inicia con la intervención del fiscal, quien expone de manera oral los hechos investigados, identifica al presunto responsable, establece la calificación jurídica del delito y presenta los elementos de convicción que sustentan su acusación inicial.
Posteriormente, se fija el tiempo de duración de la instrucción fiscal, que puede variar dependiendo del tipo de delito, y se abre un periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa pueden incorporar evidencias, pericias, testimonios y documentos que permitan sustentar sus respectivas posiciones dentro del proceso.
En esta misma audiencia, la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares contra el procesado, las cuales son debatidas por la defensa y finalmente resueltas por el juez competente, quien debe fundamentar su decisión bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.
Rol del juez y de la defensa
José explicó que la formulación de cargos es una facultad exclusiva de la Fiscalía, por lo que el juez no puede negar su realización. Sin embargo, el magistrado sí tiene competencia para resolver sobre las medidas restrictivas de derechos solicitadas por el fiscal.
En este contexto, destacó que el papel de la defensa consiste en argumentar jurídicamente por qué las medidas solicitadas no son necesarias o proporcionales, evitando discutir el fondo del caso en una etapa procesal que no corresponde al juicio.
Finalmente, el especialista subrayó que el análisis de medidas cautelares, especialmente la prisión preventiva, exige una evaluación rigurosa de los elementos presentados por la Fiscalía, ya que la restricción de la libertad personal debe responder a criterios jurídicos sólidos y no únicamente a presunciones.
El programa concluyó con un espacio de diálogo abierto con los participantes, quienes pudieron plantear inquietudes y reflexiones sobre la aplicación práctica de esta figura procesal dentro del sistema penal ecuatoriano.
-
Entretenimiento5 años agoAdriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Politica5 años agoEl defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Internacionales4 años agoMuere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales4 años agoTiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Nacionales4 años ago¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Fashion9 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Politica1 año ago‘No soy contratista del Estado’, asegura Topic con certificado de Sercop en mano
-
Deportes4 años agoFEF solicita al COE Nacional 60% de aforo para partido Ecuador vs. Brasil
