La Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025 revela una verdad incómoda en Ecuador: el Estado tiene cada vez menos margen para decidir en qué gasta su dinero. Más del 80% del gasto ya está comprometido. Son recursos que, por mandato legal, constitucional o por el peso de la deuda, no se pueden reducir, mover ni redirigir.

En la práctica, esto significa que de cada 10 dólares que el gobierno planea gastar en 2025, solo dos se pueden considerar realmente “disponibles” para nuevas prioridades, ajustes o inversiones. El resto está atado a salarios, transferencias, intereses o leyes que determinan su destino.

Este fenómeno conocido como rigidez del gasto no es nuevo, pero se ha vuelto más agudo. Y mientras el país sigue enfrentando altos niveles de endeudamiento y demandas sociales insatisfechas, el margen de maniobra se reduce aún más.

¿Qué es la rigidez del gasto y por qué importa?
Uno de los principales problemas que enfrentan las finanzas públicas de Ecuador es la rigidez del gasto fiscal, entendida como la dificultad para reducir o reasignar ciertos componentes del presupuesto. Esta rigidez no es reciente, pero se ha acentuado en los últimos años como resultado de decisiones políticas, compromisos legales y dinámicas macroeconómicas que limitan la capacidad de maniobra del Estado.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para 2025 se estima que el 77% del gasto del Presupuesto General del Estado (PGE) será de carácter permanente, lo que representa alrededor de USD 20.858 millones.

Una parte sustancial del gasto permanente, equivalente al 34,9% del gasto total corresponde al pago de sueldos y salarios, un rubro con alta rigidez a la baja. Esta obligación financia la remuneración de más de 490.000 servidores públicos, concentrados en sectores como educación, salud, seguridad, justicia y defensa.

Otro componente relevante es el servicio de la deuda, que incluye el pago de intereses y amortizaciones. Los intereses, por sí solos, representan el 13,9% del gasto total previsto para 2025, equivalentes a más de USD 3.753 millones. Esta carga ha crecido desde 2014 debido al encarecimiento del financiamiento —en parte por el aumento de tasas internacionales— y al uso intensivo del endeudamiento como fuente de cobertura fiscal.

A ello se suman las transferencias obligatorias, que han ganado peso en la última década. Entre 2014 y 2018, representaban en promedio el 8,9% del gasto total; sin embargo, para el período 2019–2024, este promedio subió al 20,2%, y se estima que en 2025 alcance el 20,9%, es decir, más de USD 5.987 millones.

Estas transferencias incluyen aportes a la seguridad social, bonos sociales, subsidios, transferencias a gobiernos locales y otros compromisos que no pueden reducirse sin una reforma legal o constitucional. En paralelo, el rubro de bienes y servicios —necesario para el funcionamiento básico del Estado— promedió el 8,3% del gasto total en la última década.

Si se suman los componentes rígidos del gasto permanente y no permanente, se concluye que aproximadamente el 83,4% del gasto total del PGE en 2025 está atado a compromisos que no pueden ser fácilmente modificados. Este porcentaje equivale al 133% de los ingresos totales previstos, lo que implica que incluso si se ejecutara el presupuesto tal como está planificado, el Estado no tendría ingresos suficientes para cubrir sus obligaciones fijas.

El resultado global estimado para 2025 es un déficit de USD 5.443 millones, equivalente al -4,4% del PIB, lo que implica que el Estado no solo no logra cubrir sus gastos corrientes y de capital con los ingresos previstos, sino que debe además financiar amortizaciones por montos significativos.

Ante este panorama, el Gobierno se ve forzado a acudir a fuentes de endeudamiento interno y externo, no solo para cubrir el déficit operativo, sino también para pagar obligaciones contractuales previas. Esto refuerza la rigidez del presupuesto a futuro y amplifica la dependencia estructural del financiamiento.

El presupuesto público opera cada vez más en piloto automático. La combinación de leyes rígidas, decisiones políticas difíciles de revertir y una estructura de deuda exigente deja al Gobierno con muy poco margen de acción. Cualquier intento de planificación fiscal o reasignación estratégica parte de una base extremadamente limitada, lo que debilita la capacidad del Estado para adaptarse a nuevas prioridades económicas y sociales.

No solo es el gasto, los ingresos también están inflados
Una de las debilidades de la Proforma 2025 es la posible sobreestimación de los ingresos fiscales. Aunque el Gobierno proyecta una recaudación total de USD 27.440 millones, este monto representa un incremento de más de USD 5.000 millones frente a lo presupuestado en 2024.

Buena parte de este salto en los ingresos no proviene de mejoras estructurales en la recaudación, sino de supuestos extraordinarios. La Proforma incluye, por ejemplo, USD 3.986 millones por anticipos relacionados con licitaciones y adjudicaciones de bloques petroleros, además de USD 750 millones por la concesión del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y USD 460 millones por la concesión del espectro radioeléctrico.

Estos ingresos extraordinarios requieren marcos jurídicos claros, licitaciones públicas, acuerdos contractuales y plazos de ejecución que, en el mejor de los casos, tomarían varios meses.

Dado que ya estamos en septiembre, resulta altamente improbable que todas estas operaciones se concreten —y generen flujos efectivos— antes del cierre del año fiscal. La falta de cronogramas oficiales, documentos contractuales y mecanismos establecidos para la recepción de anticipos refuerzan esa conclusión. Sin esos recursos, el presupuesto pierde sustento real y el déficit podría ser mucho mayor al proyectado oficialmente.

Si bien el incremento del IVA al 15% ha mejorado la recaudación tributaria en los primeros meses del año, los ingresos por impuestos previstos para 2025 apenas crecen respecto a 2024 (de USD 16.501 millones a USD 16.538 millones), lo cual confirma que el espacio de crecimiento por esta vía es limitado.

La confianza de ingresos extraordinarios de difícil concreción genera un efecto contable que sobredimensiona el espacio fiscal y subestima el déficit real. De no concretarse los montos proyectados, el Estado se verá forzado a recortar aún más la inversión pública, acumular atrasos o contratar nueva deuda.

¿Cómo vamos hasta agosto y cómo cerrará el año fiscal?
La trayectoria fiscal del Ecuador en la última década revela un patrón de desequilibrio fiscal. Entre 2015 y 2025, el PGE ha cerrado sus cuentas con déficit en diez de los once años, reflejando una brecha entre ingresos y gastos. Solo en 2022 se registró un superávit fiscal (USD 882 millones). En el resto de los años, el resultado ha sido negativo, con déficits que han llegado hasta USD 4.967 millones en 2020, durante la crisis sanitaria.

Hasta agosto de este año, los ingresos acumulados ascienden a USD 15.852 millones, apenas, mientras que los gastos suman USD 17.290 millones, generando un déficit de USD 1.439 millones. Además, el ritmo de ejecución real del presupuesto está por debajo de lo esperado.

A nivel agregado, solo el 60,5% del presupuesto ha sido devengado y el 55,8% ha sido pagado efectivamente. Este rezago es particularmente marcado en los rubros de inversión, que suelen ser las primeras partidas sacrificadas cuando el financiamiento escasea.

Por ejemplo, la obra pública presenta una ejecución de apenas 16,6%, mientras que la inversión en bienes de larga duración no supera el 6,9%. Las transferencias de capital —que incluyen recursos a gobiernos locales y sectores estratégicos— se sitúan en 43,8%, lejos de niveles que permitan dinamizar la economía o sostener programas de desarrollo.

Además, los atrasos presupuestarios acumulados ya superan los USD 1.335 millones, afectando directamente a proveedores, contratistas y gobiernos autónomos descentralizados. Este desfase no solo afecta a la prestación de servicios públicos, sino que transmite tensiones al resto del sistema económico.

Con casi tres cuartas partes del año fiscal ya transcurridas, resulta poco probable que se materialicen los ingresos extraordinarios contemplados en la Proforma —como concesiones o ventas de activos— en los montos y tiempos estimados. Las cifras disponibles contradicen la idea de una recuperación fiscal sostenida: el déficit persiste, la inversión se estanca y los pagos se atrasan.

Todo indica que el año cerrará con un nuevo resultado negativo. No se trata solo de un problema de liquidez: el desequilibrio es estructural. El presupuesto opera con márgenes mínimos de maniobra, el gasto está atado por normativas inflexibles, y la política fiscal sigue anclada en supuestos optimistas que rara vez se cumplen. La sostenibilidad, más que una meta alcanzable, sigue siendo una promesa aplazada. Fuente: Primicias