Nacionales
El presidente Daniel Noboa podría quedarse sin su ‘mano derecha’: Mónica Palencia
En medio de la crisis de inseguridad y violencia que vive el país, el Ministerio del Interior es una institución clave para el Gobierno. Por lo tanto, su titular, Mónica Palencia, es una figura central en la gestión del presidente Daniel Noboa.
Pero la funcionaria está en la mira de la Asamblea Nacional, específicamente de la bancada de la Revolución Ciudadana. Los legisladores Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas presentaron, cada uno, un pedido de juicio político contra Palencia.
Dentro del incumplimiento de funciones del que la acusan hay dos motivos principales: el primero es el asalto policial a la Embajada de México en Quito y el segundo es la permanente crisis de inseguridad ciudadana.
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El primer pedido fue presentado el 7 de abril y el segundo, este 18 de julio. Pero el correísmo espera que, una vez que ambos procesos estén en la Comisión de Fiscalización, mesa presidida por su coidearia, Pamela Aguirre, los unifique.
De todas formas, aunque terminen manteniéndose como procesos separados, la Revolución Ciudadana contaría con los votos para lograr el objetivo: censurar y destituir a Mónica Palencia.
Mónica Palencia, una figura clave
La abogada mexicana Mónica Palencia forma parte del equipo de Daniel Noboa desde antes de su posesión, cuando anunció que sería su ministra de Gobierno y participó en el proceso de transición. Y, cuando tomó el poder, el Mandatario tuvo que otorgarle la nacionalidad, requisito constitucional para que pueda ser parte del gabinete.
Una vez que saldó ese pendiente, ese mismo 23 de noviembre, Noboa la designó como titular de Gobierno y, a la par, encargada del Ministerio del Interior, que había sido la gran incógnita por el silencio respecto a quién enfrentaría la grave crisis nacional de inseguridad.
En ese momento, circuló el rumor de que la intención del Mandatario era fusionar nuevamente los dos ministerios bajo la tutela de Palencia. Pero la avalancha de críticas ahogó esa posibilidad inmediatamente.
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Desde entonces, la funcionaria se dedicó principalmente a esa tarea, aunque, en papeles, era un encargo provisional. Sin embargo, las semanas pasaron y, el 13 de diciembre, el Ministerio de Gobierno pasó a tener otro rostro, el del exlegislador socialcristiano Esteban Torres, designado como viceministro de Gobernabilidad.
Mientras tanto, públicamente, la ministra encargada del Interior se dedicó a defender el secreto Plan Fénix de seguridad y a representar a la Policía Nacional.
Además, en abril, el mismo presidente Noboa le adjudicó a ella gran parte del triunfo en la consulta popular y referendo. Y la misma noche de las votaciones la nombró, finalmente, como titular del Ministerio del Interior y la liberó del de Gobierno.
Sin embargo, las cifras oficiales de violencia relatan una realidad diferente a la que vive la ciudadanía. Y Ecuador se ha convertido en el país más peligroso de la región.
Pero no es nuevo que el Gobierno de turno esconda o maquille las cifras de la violencia. Lo hicieron Lenín Moreno y Guillermo Lasso y, ahora, Daniel Noboa. Ninguno ha permitido que se transparente la evolución constante de la tasa de muertes violentas y mucho menos por ciudades.
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Pese a la declaratoria de guerra y la presencia de los militares en las calles, por ejemplo, hay cantones en los que los asesinatos crecieron hasta un 400%. Y, entre febrero y junio, durante el conflicto armado interno, las muertes violentas subieron un 61% en Ecuador. Pese a que el discurso gubernamental afirma que se redujeron un 17% en el primer semestre.
Y esto coincide con el argumento que esgrimirán los correístas contra Palencia en su pedido de juicio político en la Asamblea. La acusan de no solo invadir una sede diplomática extranjera, sino de incumplir funciones por sus contradicciones sobre el Plan Fénix y sobre las cifras de violencia.
Además, Cabezas agregó que no ha sido capaz de combatir la inseguridad ni de presentar un plan de ejecución presupuestaria en la materia, pese a que el presidente Noboa insiste en sostener que la guerra es cara y que se necesita recursos para mantenerla.
Y, si la Revolución Ciudadana cuenta con los votos de Construye, el Partido Social Cristiano, Pachakutik y otros independientes, como lo aseguraron, el Primer Mandatario podría quedarse sin su mano derecha, en un gabinete en el que ninguno de sus principales funcionarios tiene un perfil con experiencia en materia de seguridad pública.
El Gobierno ecuatoriano presentó tres reclamos formales contra Colombia ante la Comunidad Andina (CAN) por presuntas vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional.
Así lo anunció la Cancillería a través de un comunicado en el que explica que Ecuador activó los mecanismos institucionales previstos en el Acuerdo de Cartagena “para la defensa de sus derechos frente a medidas previamente adoptadas por la República de Colombia que afectan el comercio bilateral y el funcionamiento de sectores estratégicos”.
Agrega que se han identificado incumplimientos por parte de Colombia sobre decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, “así como medidas que resultan incompatibles con los compromisos asumidos a nivel comunitario”.
Los reclamos de Ecuador se han en medio de una guerra comercial con Colombia luego de que el Gobierno de Daniel Noboa interpuso una tasa del 30% a los productos que ingresen desde ese país por razones de seguridad nacional “ante la falta de acciones firmes” por parte de la nación vecina en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
COLOMBIA IMPUGNA ANTE LA CAN
Mientras tanto, Colombia también presentó una impugnación ante la Comunidad Andina (CAN) para que se revise y se levante la tasa del 30 % impuesta por Ecuador.
La solicitud fue presentada el 9 de febrero ante la Secretaría General de la CAN y admitida a trámite el 16 de febrero, lo que dio inicio a un procedimiento de investigación.
De acuerdo con la documentación divulgada por medios colombianos, la demanda busca que la tasa por servicio de control aduanero sea calificada como un gravamen, al considerar que equivale a un arancel encubierto.
En un oficio firmado por el secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, el organismo confirmó que la solicitud colombiana cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 425, por lo que se inició formalmente el proceso de análisis.
Por su parte, Ecuador ha ratificado su voluntad de resolver estas diferencias en el marco de la institucionalidad y de garantizar un comercio bilateral basado en reglas claras, condiciones equitativas y respeto mutuo a los compromisos comunitarios y a la lucha conjunta en materia de seguridad. Fuente: Vistazo
Nacionales
90 días de María José Pinto en el Ministerio de Salud | Brechas en medicinas y alerta por tuberculosis
Han transcurrido 90 días desde que el presidente Daniel Noboa, tras el revés en la consulta popular, designara a la vicepresidenta María José Pinto como encargada del Ministerio de Salud Pública. Fue nombrada, mediante decreto ejecutivo, el 18 de noviembre de 2025.
La llegada de la Vicepresidenta parecía una medida para frenar una vorágine administrativa que ha impedido la continuidad de las políticas públicas: desde noviembre de 2023, el Ministerio de Salud ha visto el paso de cinco titulares, convirtiéndose en una de las entidades más inestables del Ejecutivo.
Entre los antecesores de Pinto estuvieron:
Franklin Encalada, quien duró alrededor de seis meses.
Manuel Antonio Naranjo, quien tuvo la gestión más extensa con ocho meses en el cargo.
Juan Bernardo Sánchez, quien dirigió la institución apenas 37 días, entre mayo y julio de 2025.
Édgar Lama, quien renunció a los tres meses para presidir el Directorio del IESS.
Jimmy Martín, el último ministro antes del encargo a Pinto, quien dejó sus funciones tras decretar una emergencia institucional, en septiembre de 2025, que no logró los resultados esperados de abastecimiento de medicinas.
Ninguno de los cinco ministros logró desmontar la corrupción estructural en el sistema público de salud —sobre todo en los procesos de compras públicas— ni el desabastecimiento de medicinas en los hospitales que hoy gestiona la Vicepresidenta todavía sin resultados visibles.
La vicepresidenta Pinto inició su encargo marcada por la promesa de aplicar una lógica gerencial para enfrentar la crisis sanitaria. El mismo día que asumió publicó un video en sus redes sociales en el que anunció que realizaría un “análisis profundo de la situación de hospitales, centros de salud y compras de medicinas”. También aseguró que, a través de las mismas redes sociales, informaría sobre “las primeras acciones”. Tres meses después, ese anuncio aún no se concreta.
Pinto dijo que, para eso, trabajaría con todo su equipo. Pocos días después de asumir el Ministerio hizo un primer nombramiento importante: Stalin Andino fue designado como Viceministro de Atención Integral en Salud tras dejar la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
E incluyó a cuatro personas de su confianza. En diciembre la Vicepresidenta incorporó asesores en la nómina del Ministerio: Mateo Wray, Fernando Pérez, Juan Carlos Ramos y al director de asesoría jurídica Lucas Salazar, según datos del portal de transparencia de la entidad.
El nudo crítico: Medicinas e insumos
La expectativa principal sobre el encargo de Pinto giró en torno a la urgencia por atender el desabastecimiento de medicinas e insumos en casas de salud públicas.
Los datos oficiales, al cierre de 2025 e inicio de 2026, muestran que la emergencia decretada en septiembre había alcanzado resultados parciales. En esa fecha, los hospitales de la red publica necesitaban 765 tipos de medicamentos e insumos médicos. Se concretaron 256 contratos, lo que dejó la mayor parte sin adjudicar.
Luego de los procesos de compra fallidos, el 17 de enero de 2026, el Gobierno emitió el Decreto N.º 289, reformando el reglamento para permitir la «Adquisición por Abastecimiento Centralizado».
Esta es la última estrategia que incluyó reformas que permitan, entre otras, realizar adquisiciones por excepción a través de organismos internacionales o convenios intergubernamentales, cuando no cuenten con la oferta nacional disponible.
En febrero, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) lanzó un nuevo proceso de “subasta inversa corporativa fallida” para la compra de 193 fármacos que serían distribuidos a la red pública de salud (Ministerio de Salud, IESS, Isspol e Issfa). Estos medicamentos buscan satisfacer la necesidad de 12 meses y fueron priorizados por el Comité Nacional de Salud.
La expansión silenciosa de tuberculosis
Aunque el Ministerio de Salud dirigido por María José Pinto descarta una epidemia, expertos en el área de salud alertan un incremento «inusual» de los casos de tuberculosis en Ecuador durante 2025 y piden, hasta ahora sin éxito, medidas concretas al Gobierno. PRIMICIAS contó, con datos de la Gaceta Epidemiológica del Ministerio, que el año pasado cerró con 9.142 casos de tuberculosis, un aumento del 67 % frente al año anterior.
En Guayas, provincia que concentra el 58 % de los infectados (5.316 casos), expertos como el epidemiólogo Ricardo Cañizares ya hablan de una «epidemia» alimentada por la pobreza y el descuido de los programas de prevención post-pandemia.
Pero el dato más alarmante es la mortalidad: los decesos por tuberculosis aumentaron un 127 %, pasando de 131 en 2024 a 297 fallecidos registrados oficialmente en 2025, aunque organismos de Derechos Humanos estiman que, sumando las muertes en cárceles, la cifra real podría rondar los 1.000 muertos por esta enfermedad.
El Ministerio de Salud en rueda de prensa reconoció más de 600 muertes por tuberculosis en las cárceles de Ecuador.
«Improvisación»; «error estructural»
Para Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, el encargo de la Cartera de Salud a la Vicepresidenta fue una «improvisación» que debe concluir. El problema, sostiene, trasciende la compra de fármacos: «Necesitamos a alguien que entienda de gestión hospitalaria (…). La salud pública no es solamente comprar medicamentos, es actuar sobre los factores estructurales».
Rodas enfatiza que la corrupción sigue drenando recursos: «Mucho dinero se va en la corrupción. Nosotros hemos dado seguimiento y remitimos a la vicepresidenta denuncias detalladas con los nombres de los proveedores, pero se sigue insistiendo con estas personas».
Por su lado, Mónica Padilla, experta en sistemas de salud y exfuncionaria de la OMS/OPS, considera que la alta rotación de autoridades agrava el problema, pues los procesos de compra pública tienen una complejidad técnica que requiere experiencia específica.
«Si usted tiene un equipo que recién empieza a entender los procesos, hay un problema de gestión», dice Padilla.
Sobre la estrategia de centralizar las compras, establecida en el Decreto Ejecutivo No. 289, Padilla advierte riesgos: «Centralizar la compra no necesariamente permite responder con la velocidad que se requiere a la población».
La experta sugiere que el país requiere dos frentes: uno de respuesta rápida descentralizada para la emergencia actual y otro de análisis estructural. «Trabajar frente al mercado sin regularlo adecuadamente nos genera también este desabastecimiento», concluye.
La gestión de la Vicepresidenta
La administración de Pinto ha reportado, a través de las redes sociales, entrega de obras y equipamiento o visitas «en territorio» en estos tres meses de gestión.
Entre esas obras están, por ejemplo:
En diciembre se desarrolló una campaña de vacunación contra la influenza que alcanzó a más de 716.000 personas en todo el país. La campaña se mantendrá hasta marzo 2026.
-El 10 de diciembre de 2025, en un evento solemne, la Vicepresidencia lanzó la «Política Nacional de Salud Mental 2025-2030». El plan ofrece reducir la tasa de suicidios y aumentar la inversión.
- Ambato: Entrega de dos equipos de rayos X ‘Arco en C’ al Hospital General Docente Ambato, con una inversión de USD 230.000. El Gobierno dice que eso permitió realizar 45 cirugías de traumatología y urología.
- Guayaquil: Repotenciación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Infectología con nuevos sistemas de climatización y camas eléctricas hemodinámica, según el boletín del Gobierno.
- Quito: Inauguración del Centro de Salud Tipo A «Santa Bárbara» en el sur de la capital, el 5 de febrero de 2026.
- Tratamientos: El ministerio informó que realizaron tratamientos para Hepatitis C en Azogues, logrando la cura de cuatro pacientes mediante fármacos de alto costoPRIMICIAS ha solicitado -en distintas ocasiones durante estos tres meses- una entrevista con la vicepresidenta Pinto o con un vocero del Ministerio de Salud, sin lograr resultados positivos.
La gestión de Pinto, a tono con la politica de comunicación del Palacio de Carondelet, se ha caracterizado por una fuerte presencia en redes sociales.
El 23 de enero de 2026, por ejemplo, se volvió viral un video de la vicepresidenta realizando una visita sorpresa al Centro de Salud San Antonio de Pichincha, en el norte de Quito. En las imágenes se vio a María José Pinto gritando a una funcionaria por la falta de atención a los pacientes. Un problema que es recurrente en todos los hospitales públicos, no solo en ese centro de salud.
El 20 de enero también publicó un video limpiando el lente de la cámara acompañado de un texto que informaba la entrega de 210 ítems en Machala, 236.000 unidades de fármacos en Cuenca, y 5,9 millones de insumos en 11 hospitales de Manabí y Santo Domingo.
Para Germán Rodas Chaves, estos actos mediáticos no reemplazan la política pública: «El país y la salud no se mueven con las cámaras… la pregunta es ¿cuáles son las políticas públicas que se están implementando? Y la respuesta es ninguna», enfatizó. Fuente: Primicias
Mario Godoy presentó este miércoles, 18 de febrero, su renuncia irrevocable al cargo de presidente del Consejo de la Judicatura, previo al inicio de su juicio político en la Asamblea Nacional.
“Ha sido un honor servir a la institución y al país en esta alta responsabilidad”, escribió en redes sociales junto a un documento enviado al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y al Legislativo.
Godoy explica en la carta que cada decisión adoptada durante su gestión, “respondió a la firme determinación de consolidar una justicia técnica, moderna y al servicio del ciudadano”.
Sin embargo, indica que “la coyuntura política actual evidencia que los intereses y cálculos partidistas, han adquirido una fuerza que supera la voluntad de servicio y los grandes esfuerzos institucionales realizados”.
Recalcó que “la institucionalidad debe estar por encima de cualquier persona y que, cuando las condiciones políticas impiden avanzar con coherencia y responsabilidad, corresponde actuar con consecuencia”.
Godoy estuvo al frente de la Judicatura durante un año y siete meses, en los cuales enfrentó múltiples polémicas. De hecho, desde que fue nombrado salió a la luz que había defendido a Eduardo y Juan Pablo Larrea, hermanos vinculados con el Cártel de Sinaloa.
En desarrollo … Fuente: Vistazo
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