Nacionales
El presidente Daniel Noboa podría quedarse sin su ‘mano derecha’: Mónica Palencia
En medio de la crisis de inseguridad y violencia que vive el país, el Ministerio del Interior es una institución clave para el Gobierno. Por lo tanto, su titular, Mónica Palencia, es una figura central en la gestión del presidente Daniel Noboa.
Pero la funcionaria está en la mira de la Asamblea Nacional, específicamente de la bancada de la Revolución Ciudadana. Los legisladores Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas presentaron, cada uno, un pedido de juicio político contra Palencia.
Dentro del incumplimiento de funciones del que la acusan hay dos motivos principales: el primero es el asalto policial a la Embajada de México en Quito y el segundo es la permanente crisis de inseguridad ciudadana.
Asamblea: Estas son las razones de los dos juicios políticos que amenazan al gabinete de Noboa
El primer pedido fue presentado el 7 de abril y el segundo, este 18 de julio. Pero el correísmo espera que, una vez que ambos procesos estén en la Comisión de Fiscalización, mesa presidida por su coidearia, Pamela Aguirre, los unifique.
De todas formas, aunque terminen manteniéndose como procesos separados, la Revolución Ciudadana contaría con los votos para lograr el objetivo: censurar y destituir a Mónica Palencia.
Mónica Palencia, una figura clave
La abogada mexicana Mónica Palencia forma parte del equipo de Daniel Noboa desde antes de su posesión, cuando anunció que sería su ministra de Gobierno y participó en el proceso de transición. Y, cuando tomó el poder, el Mandatario tuvo que otorgarle la nacionalidad, requisito constitucional para que pueda ser parte del gabinete.
Una vez que saldó ese pendiente, ese mismo 23 de noviembre, Noboa la designó como titular de Gobierno y, a la par, encargada del Ministerio del Interior, que había sido la gran incógnita por el silencio respecto a quién enfrentaría la grave crisis nacional de inseguridad.
En ese momento, circuló el rumor de que la intención del Mandatario era fusionar nuevamente los dos ministerios bajo la tutela de Palencia. Pero la avalancha de críticas ahogó esa posibilidad inmediatamente.
Estas son las ciudades de Ecuador con más asesinatos en 2024
Desde entonces, la funcionaria se dedicó principalmente a esa tarea, aunque, en papeles, era un encargo provisional. Sin embargo, las semanas pasaron y, el 13 de diciembre, el Ministerio de Gobierno pasó a tener otro rostro, el del exlegislador socialcristiano Esteban Torres, designado como viceministro de Gobernabilidad.
Mientras tanto, públicamente, la ministra encargada del Interior se dedicó a defender el secreto Plan Fénix de seguridad y a representar a la Policía Nacional.
Además, en abril, el mismo presidente Noboa le adjudicó a ella gran parte del triunfo en la consulta popular y referendo. Y la misma noche de las votaciones la nombró, finalmente, como titular del Ministerio del Interior y la liberó del de Gobierno.
Sin embargo, las cifras oficiales de violencia relatan una realidad diferente a la que vive la ciudadanía. Y Ecuador se ha convertido en el país más peligroso de la región.
Pero no es nuevo que el Gobierno de turno esconda o maquille las cifras de la violencia. Lo hicieron Lenín Moreno y Guillermo Lasso y, ahora, Daniel Noboa. Ninguno ha permitido que se transparente la evolución constante de la tasa de muertes violentas y mucho menos por ciudades.
Junio fue el mes más violento de 2024 en Ecuador: 592 personas fueron asesinadas
Pese a la declaratoria de guerra y la presencia de los militares en las calles, por ejemplo, hay cantones en los que los asesinatos crecieron hasta un 400%. Y, entre febrero y junio, durante el conflicto armado interno, las muertes violentas subieron un 61% en Ecuador. Pese a que el discurso gubernamental afirma que se redujeron un 17% en el primer semestre.
Y esto coincide con el argumento que esgrimirán los correístas contra Palencia en su pedido de juicio político en la Asamblea. La acusan de no solo invadir una sede diplomática extranjera, sino de incumplir funciones por sus contradicciones sobre el Plan Fénix y sobre las cifras de violencia.
Además, Cabezas agregó que no ha sido capaz de combatir la inseguridad ni de presentar un plan de ejecución presupuestaria en la materia, pese a que el presidente Noboa insiste en sostener que la guerra es cara y que se necesita recursos para mantenerla.
Y, si la Revolución Ciudadana cuenta con los votos de Construye, el Partido Social Cristiano, Pachakutik y otros independientes, como lo aseguraron, el Primer Mandatario podría quedarse sin su mano derecha, en un gabinete en el que ninguno de sus principales funcionarios tiene un perfil con experiencia en materia de seguridad pública.
Por: José Benavidez. Estudiante de derecho
La expansión incontrolada de la minería no autorizada en la provincia de Zamora Chinchipe constituye uno de los dilemas socioambientales y dogmáticos más críticos para el Estado ecuatoriano. Ante la evidente insuficiencia del modelo punitivo tradicional del Código Orgánico Integral Penal (COIP) cuyo enfoque retributivo no logra revertir el colapso ecológico ni tutelar de forma efectiva los derechos del ecosistema, la dogmática penal contemporánea exige una reorientación hacia paradigmas complementarios orientados a la reparación integral y la sostenibilidad.
Contexto socio ambiental en Zamora Chinchipe
Zamora Chinchipe alberga importantes cuencas hidrográficas como los ríos Zamora, Bombuscaro, Nangaritza y Yacuambi, y ecosistemas de alta biodiversidad. Sin embargo, la proliferación de minería no regularizada en sectores como Yantzaza, El Pangui y la cuenca del Nangaritza ha derivado en:
1.- Degradación sistémica del suelo: Destrucción de la capa vegetal, deforestación masiva y alteración del cauce de los ríos por el uso de maquinaria pesada
2.- Contaminación por metales pesados: Vertimiento irrestricto de mercurio y cianuro, afectando la calidad del agua y la fauna acuática.
3.- Impacto comunitario y social: Desplazamiento de economías tradicionales, conflictividad social e intromisión en territorios de comunidades indígenas y locales.
El modelo punitivo actual y sus limitaciones
El ordenamiento jurídico ecuatoriano tipifica los delitos contra los recursos naturales y la minería ilegal en el COIP. No obstante, la vía penal ordinaria presenta serias limitaciones operativas frente a los daños ambientales de Zamora Chinchipe:
1.- Insuficiencia de la pena privativa de libertad: La prisión del infractor de último eslabón no logra la remediación del ecosistema ni la compensación a las comunidades afectadas.
2.- Incapacidad de remediación técnica: Las sentencias penales tradicionales priorizan la sanción retributiva, dejando en segundo plano los planes de manejo ambiental y la restauración ecológica a largo plazo.
3.- Saturación del sistema de justicia: La persecución penal individualizada no desarticula las redes financieras detrás del extractivismo ilegal ni ofrece respuestas oportunas a las zonas impactadas.
- Marco conceptual de la justicia restaurativa ambiental
A diferencia de la justicia retributiva centrada en el castigo estatal al infractor, la justicia restaurativa en materia ambiental redefine el concepto de «víctima», incluyendo tanto a las comunidades locales como a la propia naturaleza o Pachamama, reconocida como sujeto de derechos en el artículo 71 de la Constitución del Ecuador.
En lugar de contraponer la sanción a la reparación mediante un esquema tabular, la tutela penal ambiental contemporánea exige integrar ambos enfoques: mientras la justicia retributiva tradicional focaliza su mecanismo en el juicio penal adversarial para sancionar al infractor con la privación de libertad y tutelar el cumplimiento abstracto de la norma estatal, la justicia restaurativa ambiental desplaza el centro de gravedad procesal hacia la Naturaleza y las comunidades afectadas como sujetos protegidos, priorizando acuerdos reparatorios y planes de remediación técnica cuyos resultados concretos trascienden el mero cumplimiento de una condena, garantizando la reforestación, la descontaminación y la efectiva restauración de los ecosistemas impactados.
Viabilidad de aplicación en Zamora Chinchipe
Para que la justicia restaurativa sea aplicable en casos de minería ilegal en Zamora Chinchipe, la doctrina y la praxis penal exigen diferenciar la tipología de los actores involucrados:
Minera artesanal / de pequeña escala no regularizada: Mecanismo: Acuerdos de mediación penal ambiental u homologación de planes de reparación.
Acciones: Obligación técnica de reforestación de riberas, descontaminación de pasivos ambientales, sustitución gradual de tecnologías, eliminación del mercurio y trabajo comunitario de restauración.
Minería a gran escala no autorizada:
Mecanismo: Vía penal estrictamente retributiva, con decomiso de bienes y activos para financiar fondos públicos de reparación ambiental en la provincia. Consideraciones finales y propuestas de reforma La aplicación rigurosa de la justicia restaurativa en Zamora Chinchipe no implica impunidad ante la minería ilegal ni una concesión de lenidad hacia el infractor; por el contrario, representa una reorientación estratégica y pragmática de la tutela judicial efectiva. El castigo punitivo tradicional y el encarcelamiento no sanan las cuencas hidrográficas contaminadas ni devuelven la cobertura vegetal destruida; por ello, el sistema procesal debe trascender la fijación dogmática con la pena y enfocarse en una retribución directa, tangible y obligatoria hacia la sociedad y la Naturaleza.
Para materializar este cambio de paradigma, se requiere una articulación técnica e interdisciplinaria entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), la fiscalía general del Estado, la judicatura y las comunidades locales afectadas. Convertir la remediación ecológica, el trabajo comunitario especializado y la restitución del tejido social en la máxima prioridad del proceso penal es el único camino jurídicamente viable para frenar el colapso ambiental en la Amazonía sur.
Nacionales
Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo son sentenciados a 9 años y 4 meses de prisión por caso Pruebas COVID-19
El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley fueron sentenciados este miércoles 9 de septiembre a 9 años y 4 meses de prisión como colaboradores del delito de delincuencia organizada, dentro del caso Pruebas COVID-19 Agentes AMT.
El proceso investiga una estructura que habría operado durante la emergencia sanitaria de 2020 para lucrar de manera irregular con la comercialización de más de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico y otros insumos médicos, en momentos en que Ecuador atravesaba uno de los periodos más críticos de la pandemia de COVID-19.
Según la acusación, Bucaram habría mantenido almacenadas en su vivienda de Guayaquil miles de pruebas rápidas, mascarillas y lancetas relacionadas con la operación investigada.
Un proceso marcado por audiencias fallidas
El caso se ha extendido durante varios años y su avance estuvo marcado por reiteradas audiencias que no pudieron concretarse, entre ellas diligencias suspendidas por la ausencia del expresidente.
Una de las últimas audiencias fallidas ocurrió el 31 de agosto de 2026, Posteriormente, el Tribunal dispuso nuevas acciones para conseguir la comparecencia de Bucaram, quien permanecía hospitalizado, asegurando que sufría de afectaciones cardiacas.
Este miércoles, horas antes de su sentencia, Bucarám publicó una carta en la que dio a conocer que pidió el alta médica “a pesar de estar en peligro de muerte súbita”. Además, anticipó que sería sentenciado por el delito de delincuencia organizada.
A través de sus redes sociales, el exmandatario explicó que tomó esa decisión pese a tener “13K arritmias ventriculares». «Debemos entender que una sola puede originar mi muerte”, afirmó.
Nacionales
Noboa dice que Dedalus trae a Ecuador el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo
El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles 9 de septiembre que Ecuador incorporará el sistema de gestión hospitalaria Dedalus, una plataforma tecnológica con la que el Gobierno prevé interconectar 1.742 centros de salud y centralizar información sobre pacientes, citas, medicamentos, insumos y equipos médicos.
Según el presidente, uno de los principales cambios será contar con un único historial clínico para los ecuatorianos, de manera que la información de un paciente pueda estar disponible dentro de la red de establecimientos conectados.
La plataforma también apunta a agilizar el agendamiento de citas médicas, mediante herramientas que automaticen la asignación de turnos y reduzcan la dependencia de intermediarios para acceder a una consulta.
Otro componente estará dirigido al inventario y control de medicamentos, insumos y equipos médicos disponibles en los establecimientos de salud.
Contrato de USD 240 millones
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), anunció la incorporación de la plataforma, utilizada en países como Irlanda, Alemania, Francia y Reino Unido
Según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la cartera de Estado resolvió adjudicar este martes el contrato a CNT por USD 240 millones, mediante un procedimiento de régimen especial.
En ese contexto, el MSP inició un proceso de contratación por régimen especial con CNT, que funciona como ejecutor tecnológico del Estado y presentó una propuesta que comprende tres componentes: conectividad, infraestructura y una plataforma integrada de información en salud.
De su lado, el gerente de CNT, Ronald Spina, resaltó que se trabaja en una transformación tecnológica del sistema público de salud.
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