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El presidente Daniel Noboa podría quedarse sin su ‘mano derecha’: Mónica Palencia

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En medio de la crisis de inseguridad y violencia que vive el país, el Ministerio del Interior es una institución clave para el Gobierno. Por lo tanto, su titular, Mónica Palencia, es una figura central en la gestión del presidente Daniel Noboa.

Pero la funcionaria está en la mira de la Asamblea Nacional, específicamente de la bancada de la Revolución Ciudadana. Los legisladores Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas presentaron, cada uno, un pedido de juicio político contra Palencia.

Dentro del incumplimiento de funciones del que la acusan hay dos motivos principales: el primero es el asalto policial a la Embajada de México en Quito y el segundo es la permanente crisis de inseguridad ciudadana.

Asamblea: Estas son las razones de los dos juicios políticos que amenazan al gabinete de Noboa
El primer pedido fue presentado el 7 de abril y el segundo, este 18 de julio. Pero el correísmo espera que, una vez que ambos procesos estén en la Comisión de Fiscalización, mesa presidida por su coidearia, Pamela Aguirre, los unifique.

De todas formas, aunque terminen manteniéndose como procesos separados, la Revolución Ciudadana contaría con los votos para lograr el objetivo: censurar y destituir a Mónica Palencia.

Mónica Palencia, una figura clave
La abogada mexicana Mónica Palencia forma parte del equipo de Daniel Noboa desde antes de su posesión, cuando anunció que sería su ministra de Gobierno y participó en el proceso de transición. Y, cuando tomó el poder, el Mandatario tuvo que otorgarle la nacionalidad, requisito constitucional para que pueda ser parte del gabinete.

Una vez que saldó ese pendiente, ese mismo 23 de noviembre, Noboa la designó como titular de Gobierno y, a la par, encargada del Ministerio del Interior, que había sido la gran incógnita por el silencio respecto a quién enfrentaría la grave crisis nacional de inseguridad.

En ese momento, circuló el rumor de que la intención del Mandatario era fusionar nuevamente los dos ministerios bajo la tutela de Palencia. Pero la avalancha de críticas ahogó esa posibilidad inmediatamente.

Estas son las ciudades de Ecuador con más asesinatos en 2024
Desde entonces, la funcionaria se dedicó principalmente a esa tarea, aunque, en papeles, era un encargo provisional. Sin embargo, las semanas pasaron y, el 13 de diciembre, el Ministerio de Gobierno pasó a tener otro rostro, el del exlegislador socialcristiano Esteban Torres, designado como viceministro de Gobernabilidad.

Mientras tanto, públicamente, la ministra encargada del Interior se dedicó a defender el secreto Plan Fénix de seguridad y a representar a la Policía Nacional.

Además, en abril, el mismo presidente Noboa le adjudicó a ella gran parte del triunfo en la consulta popular y referendo. Y la misma noche de las votaciones la nombró, finalmente, como titular del Ministerio del Interior y la liberó del de Gobierno.

 

Sin embargo, las cifras oficiales de violencia relatan una realidad diferente a la que vive la ciudadanía. Y Ecuador se ha convertido en el país más peligroso de la región.

Pero no es nuevo que el Gobierno de turno esconda o maquille las cifras de la violencia. Lo hicieron Lenín Moreno y Guillermo Lasso y, ahora, Daniel Noboa. Ninguno ha permitido que se transparente la evolución constante de la tasa de muertes violentas y mucho menos por ciudades.

Junio fue el mes más violento de 2024 en Ecuador: 592 personas fueron asesinadas
Pese a la declaratoria de guerra y la presencia de los militares en las calles, por ejemplo, hay cantones en los que los asesinatos crecieron hasta un 400%. Y, entre febrero y junio, durante el conflicto armado interno, las muertes violentas subieron un 61% en Ecuador. Pese a que el discurso gubernamental afirma que se redujeron un 17% en el primer semestre.

Y esto coincide con el argumento que esgrimirán los correístas contra Palencia en su pedido de juicio político en la Asamblea. La acusan de no solo invadir una sede diplomática extranjera, sino de incumplir funciones por sus contradicciones sobre el Plan Fénix y sobre las cifras de violencia.

Además, Cabezas agregó que no ha sido capaz de combatir la inseguridad ni de presentar un plan de ejecución presupuestaria en la materia, pese a que el presidente Noboa insiste en sostener que la guerra es cara y que se necesita recursos para mantenerla.

Y, si la Revolución Ciudadana cuenta con los votos de Construye, el Partido Social Cristiano, Pachakutik y otros independientes, como lo aseguraron, el Primer Mandatario podría quedarse sin su mano derecha, en un gabinete en el que ninguno de sus principales funcionarios tiene un perfil con experiencia en materia de seguridad pública.

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¿Se borran las deudas después de 2 años? Esto cambia en el buró de crédito

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Los reportes del buró de crédito en Ecuador tendrán un cambio importante. A partir de una nueva regulación, las personas que consulten su historial crediticio encontrarán información correspondiente únicamente a los dos años anteriores a la fecha en que se genere el documento.

La modificación consta en la Resolución JPRFM-2026-033-F, emitida el 20 de agosto de 2026 por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM).

La reforma establece nuevas reglas para el manejo del Registro de Datos Crediticios y de los burós de información crediticia.

La clave está en diferenciar registro y reporte

Uno de los puntos que puede generar confusión es que dos años no significa que la información desaparecerá del sistema después de ese tiempo.

La normativa establece que los datos de riesgo crediticio podrán mantenerse registrados durante un máximo de cuatro años, contados desde la última fecha de vigencia de la operación.

Pero cuando una persona solicite su reporte crediticio, el documento deberá considerar solamente las operaciones correspondientes a los dos últimos años.

Esto incluye obligaciones vigentes, vencidas o canceladas dentro de ese período.

La disposición se aplica tanto a los reportes elaborados por los burós privados como a los generados a partir del Registro de Datos Crediticios.

¿Una deuda se borra después de dos años?

No necesariamente.

El nuevo límite de dos años establece qué información puede aparecer en el reporte, pero no implica que una obligación pendiente quede eliminada.

Si una persona mantiene una deuda vigente, esta no desaparece por el simple paso de 24 meses. La reforma tampoco establece una condonación de obligaciones.

En cambio, la información podrá permanecer en el Registro de Datos Crediticios durante un máximo de cuatro años. Después de ese plazo podrá ser eliminada de la base de datos en línea, aunque podría conservarse por otros medios cuando corresponda.

Nuevos datos podrán ser considerados

La reforma también abre la puerta a que el análisis crediticio incorpore información proveniente de otras fuentes.

Entre los sectores que aportan información se encuentran las instituciones financieras públicas y privadas, el sector financiero popular y solidario, participantes del mercado de valores, empresas comerciales, aseguradoras y compañías de telecomunicaciones.

Además, podrán utilizarse fuentes complementarias, como información relacionada con el pago de servicios básicos y tributos.

Para que estos datos sean considerados deberán estar vinculados con aspectos crediticios, como el cumplimiento de obligaciones, el comportamiento de pago o la capacidad de endeudamiento.

¿Qué significa para quienes tienen deudas?

El principal cambio para los usuarios será que, al obtener su reporte, no se mostrará información crediticia de más de dos años, aunque determinados registros permanezcan almacenados durante un período mayor.

Por ello, la nueva normativa no borra deudas ni elimina automáticamente un historial negativo. Lo que modifica es el período de información que los reportes pueden mostrar al momento de evaluar el comportamiento financiero de una persona.

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Inutilizan pista clandestina de 1.500 metros en Colimes que habría sido usada para vuelos vinculados al narcotráfico

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La Policía Nacional, con apoyo de personal especializado de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), inutilizó una pista clandestina localizada en el sector El Cacao, en el cantón Colimes (Guayas), que presuntamente podía ser utilizada para operaciones relacionadas con el transporte aéreo de drogas.

La intervención se realizó el 21 de agosto de 2026, luego de un proceso de inteligencia que permitió determinar la ubicación y las dimensiones de la infraestructura.

Según la información proporcionada por las autoridades, la pista tenía aproximadamente 1.500 metros de longitud y 15 metros de ancho, características que permitían el aterrizaje de aeronaves.

El hallazgo fue posible gracias a las labores desarrolladas por el Grupo de Operaciones de Inteligencia Aérea, que identificó la infraestructura y posteriormente confirmó sus características.

Una vez establecida su ubicación, equipos de la Policía y la FAE ejecutaron acciones para impedir que volviera a ser utilizada.

Para ello se realizaron detonaciones controladas y se colocaron montículos de tierra aproximadamente cada 200 metros a lo largo de la pista.

Con estas intervenciones, la superficie quedó interrumpida y perdió las condiciones necesarias para permitir el aterrizaje o despegue de aeronaves.

Auge del narcotráfico en Ecuador

Las autoridades presumen que la infraestructura podía estar relacionada con actividades de organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

La Policía señaló que este tipo de intervenciones forman parte de las operaciones permanentes destinadas a detectar y neutralizar infraestructura que pueda ser aprovechada por estructuras criminales.

Ecuador se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de tránsito internacional de droga, afectado por su ubicación entre Colombia y Perú, la actividad de sus puertos y la economía dolarizada.

Desde 2021, el país registra decomisos anuales cercanos a las 200 toneladas de droga y en 2024 alcanzó cifras cercanas a las 300 toneladas incautadas. Fuente: Vistazo
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Caso «La Reina»: Fiscalía pone bajo la lupa movimientos financieros de funcionaria de Aquiles Alvarez

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La Fiscalía General del Estado investiga un presunto entramado familiar de lavado de activos en el denominado Caso ‘La Reina’, una causa que involucra a los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., quienes permanecen en prisión preventiva.

La investigación se inició a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El análisis comprende movimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026 y también incluye a Navila D. B., hermana de los dos procesados.

Según la información expuesta por Fiscalía, durante ese periodo se identificó el ingreso de USD 1.293.016,29 al Sistema Financiero Nacional, además de USD 683.894,42 correspondientes a movimientos entre cuentas.

El Ministerio Público busca determinar el origen y destino de esos recursos y establecer si fueron incorporados al sistema financiero mediante operaciones destinadas a ocultar su procedencia.

Una brecha entre lo declarado y lo registrado en cuentas

Uno de los elementos que analiza la investigación es la diferencia entre los ingresos reportados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los valores registrados en cuentas del Sistema Financiero Nacional.

Los datos analizados muestran que la brecha comenzó a ampliarse especialmente desde 2022. Ese año, los ingresos declarados ante el SRI sumaron USD 33.039, mientras que los movimientos registrados como ingresos en el sistema financiero alcanzaron USD 376.525.

En 2023 se registró la diferencia más significativa de la serie analizada: frente a USD 40.488 declarados al SRI, las cuentas registraron ingresos por USD 440.781.

Aunque los valores disminuyeron posteriormente, la diferencia se mantuvo. En 2024 fueron USD 51.922 declarados frente a USD 182.267 registrados en el sistema financiero; mientras que en 2025 la relación fue de USD 30.071 frente a USD 224.853.

Fiscalía analiza estas diferencias como parte de los elementos destinados a determinar si existieron recursos cuyo origen no habría sido justificado adecuadamente.

El vínculo con el Municipio de Guayaquil

La investigación también pone atención en la actividad de Navila D. B., quien ingresó al Municipio de Guayaquil en 2023, luego de la creación de la Dirección de Eventos Especiales, dependencia en la que habría trabajado.

A partir de ese periodo, según el análisis financiero incorporado a la causa, se observa un incremento en los movimientos económicos relacionados con los tres hermanos.

Fiscalía investiga además un presunto flujo de recursos que habría llegado a Navila D. B. a través de Ternape Petroleum S. A., empresa que estaría relacionada con Aquiles A. H., de acuerdo con los elementos expuestos en la investigación.

Los hermanos David y Farid D. B., por su parte, son señalados como personas que habrían movilizado e inyectado recursos cuya procedencia es actualmente objeto de investigación.

Además del presunto lavado de activos, el Ministerio Público analiza posibles elementos relacionados con defraudación tributaria enriquecimiento ilícito.

Órdenes de prisión

El caso tomó un nuevo impulso el 5 de agosto de 2026, cuando Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, además de varios allanamientos, incautaciones y retenciones de vehículos.

Durante ese operativo, Navila D. B. no fue localizada.

En cambio, David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. fueron detenidos y posteriormente llevados ante la justicia. En la audiencia correspondiente, un juez dictó prisión preventiva para ambos mientras avanza la investigación.

La Fiscalía deberá continuar determinando el origen de los más de USD 1,2 millones identificados en el sistema financiero, así como la posible relación entre los movimientos económicos, las actividades empresariales y los vínculos investigados alrededor del Municipio de Guayaquil. Fuente: Vistazo
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