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El presidente Daniel Noboa podría quedarse sin su ‘mano derecha’: Mónica Palencia

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En medio de la crisis de inseguridad y violencia que vive el país, el Ministerio del Interior es una institución clave para el Gobierno. Por lo tanto, su titular, Mónica Palencia, es una figura central en la gestión del presidente Daniel Noboa.

Pero la funcionaria está en la mira de la Asamblea Nacional, específicamente de la bancada de la Revolución Ciudadana. Los legisladores Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas presentaron, cada uno, un pedido de juicio político contra Palencia.

Dentro del incumplimiento de funciones del que la acusan hay dos motivos principales: el primero es el asalto policial a la Embajada de México en Quito y el segundo es la permanente crisis de inseguridad ciudadana.

Asamblea: Estas son las razones de los dos juicios políticos que amenazan al gabinete de Noboa
El primer pedido fue presentado el 7 de abril y el segundo, este 18 de julio. Pero el correísmo espera que, una vez que ambos procesos estén en la Comisión de Fiscalización, mesa presidida por su coidearia, Pamela Aguirre, los unifique.

De todas formas, aunque terminen manteniéndose como procesos separados, la Revolución Ciudadana contaría con los votos para lograr el objetivo: censurar y destituir a Mónica Palencia.

Mónica Palencia, una figura clave
La abogada mexicana Mónica Palencia forma parte del equipo de Daniel Noboa desde antes de su posesión, cuando anunció que sería su ministra de Gobierno y participó en el proceso de transición. Y, cuando tomó el poder, el Mandatario tuvo que otorgarle la nacionalidad, requisito constitucional para que pueda ser parte del gabinete.

Una vez que saldó ese pendiente, ese mismo 23 de noviembre, Noboa la designó como titular de Gobierno y, a la par, encargada del Ministerio del Interior, que había sido la gran incógnita por el silencio respecto a quién enfrentaría la grave crisis nacional de inseguridad.

En ese momento, circuló el rumor de que la intención del Mandatario era fusionar nuevamente los dos ministerios bajo la tutela de Palencia. Pero la avalancha de críticas ahogó esa posibilidad inmediatamente.

Estas son las ciudades de Ecuador con más asesinatos en 2024
Desde entonces, la funcionaria se dedicó principalmente a esa tarea, aunque, en papeles, era un encargo provisional. Sin embargo, las semanas pasaron y, el 13 de diciembre, el Ministerio de Gobierno pasó a tener otro rostro, el del exlegislador socialcristiano Esteban Torres, designado como viceministro de Gobernabilidad.

Mientras tanto, públicamente, la ministra encargada del Interior se dedicó a defender el secreto Plan Fénix de seguridad y a representar a la Policía Nacional.

Además, en abril, el mismo presidente Noboa le adjudicó a ella gran parte del triunfo en la consulta popular y referendo. Y la misma noche de las votaciones la nombró, finalmente, como titular del Ministerio del Interior y la liberó del de Gobierno.

 

Sin embargo, las cifras oficiales de violencia relatan una realidad diferente a la que vive la ciudadanía. Y Ecuador se ha convertido en el país más peligroso de la región.

Pero no es nuevo que el Gobierno de turno esconda o maquille las cifras de la violencia. Lo hicieron Lenín Moreno y Guillermo Lasso y, ahora, Daniel Noboa. Ninguno ha permitido que se transparente la evolución constante de la tasa de muertes violentas y mucho menos por ciudades.

Junio fue el mes más violento de 2024 en Ecuador: 592 personas fueron asesinadas
Pese a la declaratoria de guerra y la presencia de los militares en las calles, por ejemplo, hay cantones en los que los asesinatos crecieron hasta un 400%. Y, entre febrero y junio, durante el conflicto armado interno, las muertes violentas subieron un 61% en Ecuador. Pese a que el discurso gubernamental afirma que se redujeron un 17% en el primer semestre.

Y esto coincide con el argumento que esgrimirán los correístas contra Palencia en su pedido de juicio político en la Asamblea. La acusan de no solo invadir una sede diplomática extranjera, sino de incumplir funciones por sus contradicciones sobre el Plan Fénix y sobre las cifras de violencia.

Además, Cabezas agregó que no ha sido capaz de combatir la inseguridad ni de presentar un plan de ejecución presupuestaria en la materia, pese a que el presidente Noboa insiste en sostener que la guerra es cara y que se necesita recursos para mantenerla.

Y, si la Revolución Ciudadana cuenta con los votos de Construye, el Partido Social Cristiano, Pachakutik y otros independientes, como lo aseguraron, el Primer Mandatario podría quedarse sin su mano derecha, en un gabinete en el que ninguno de sus principales funcionarios tiene un perfil con experiencia en materia de seguridad pública.

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Tensión en juicio político contra Inés Manzano: sesión se suspendió tras enfrentamiento entre legisladores

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La sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que sustancia el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, estuvo marcada este martes por un tenso enfrentamiento entre legisladores del oficialismo y la oposición, que obligó a suspender temporalmente la diligencia.

En medio de la fase de pruebas, los asambleístas interpelantes han insistido en atribuir responsabilidades a la exfuncionaria por el contrato suscrito con la empresa Austral Technical Management (ATM), mientras que su defensa ha sostenido que los hechos investigados ocurrieron antes de que ella asumiera el ministerio.

La tensión escaló poco después de las 18:00, cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), decidió suspender momentáneamente la sesión debido a los gritos y altercados verbales registrados entre los legisladores.

La audiencia se reanudó aproximadamente a las 18:50, aunque el ambiente continuó siendo tenso.

Tras el reinicio de la sesión, el presidente de la Comisión llamó la atención a la legisladora Mónica Palacios, luego de que interrumpiera la exposición del abogado Ismael Quintana, integrante de la defensa de Inés Manzano.

Álvarez señaló que la asambleísta mantenía la costumbre de interrumpir las sesiones, a lo que Palacios respondió acusándolo de ejercer violencia política en su contra.

Defensa de Manzano rechaza vinculación con informe de Contraloría

Desde el inicio de la fase probatoria, los abogados de la exministra han sostenido que los documentos presentados por los legisladores acusadores carecen de valor suficiente para sustentar las acusaciones y han reconstruido una cronología del contrato con Austral Technical Management (ATM) para demostrar que las principales decisiones administrativas se adoptaron antes de que Manzano asumiera el Ministerio de Energía y Minas.

Durante su intervención este lunes, Ismael Quintana enfatizó que el informe de examen especial elaborado por la Contraloría General del Estado no menciona a Inés Manzano en ninguno de sus hallazgos ni le formula recomendaciones.

Según explicó, las observaciones del organismo de control están dirigidas al gerente general de CELEC EP y a los responsables de la unidad de negocio que intervino en la contratación.

Como parte de su exposición, la defensa ha presentado una línea de tiempo respaldada con documentación para sostener que el contrato con ATM fue suscrito el 9 de agosto de 2024 por el gerente de la unidad de negocio correspondiente, varios meses antes de que Manzano fuera designada ministra.

De acuerdo con esa reconstrucción, el proceso contractual ya se encontraba en marcha cuando la exfuncionaria asumió la cartera de Estado.

El juicio político se desarrolla mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación contra Austral Technical Management (ATM) por presunto fraude al Estado y delincuencia organizada.

Según la investigación fiscal, la empresa habría entregado generadores usados y con deficiencias técnicas en lugar de equipos nuevos, como establecían las especificaciones contractuales, lo que habría ocasionado un perjuicio cercano a USD 70 millones para el Estado. Fuente: Vistazo
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Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 se convierte en política pública tras decreto de Daniel Noboa

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A través del Decreto Ejecutivo 448, el presidente Daniel Noboa declaró como política pública de aplicación a nivel nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, que fue aprobado el 9 de marzo de 2026. La declaratoria ocurre en el contexto de un conflicto armado interno, también decretado por Noboa.

En el decreto presidencial, firmado el 14 de julio de 2026, el Gobierno incluye un extenso documento que detalla en qué consiste el nuevo Plan de Seguridad Integral.

Su aplicación e implementación estará a cargo de los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Según el decreto, en el contexto del conflicto armado interno vigente, «se busca la transición desde un elevado nivel de conflictividad hacia uno de normalidad, que permita el desarrollo de actividades sociales y productivas en un entorno estable».

Y para elllo, la cooperación internacional «se concibe como un mecanismo estratégico, orientado al fortalecimiento de las ‘capacidades nacionales’ mediante alianzas bilaterales y multilaterales en materia de seguridad, defensa y combate al crimen organizado transnacional».

En esa línea, Ecuador ya ha anunciado cooperación en materia de seguridad, principalmente con Estados Unidos, que ha cooperado con el país incluso con bombardeos en supuestos campamentos ligados a grupos rebeldes y ligados al narcotráfico.

En 2025, Ecuador vivió el año más violento de su historia, según los registros de muertes violentas del Ministerio del Interior, con 9.216 homicidios intencionales.

En medio de los sucesivos estados de excepción y el anuncio de otros planes de seguridad como el llamado Plan Fénix, el crimen no cede en el país. Y ciudades como Guayaquil, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.

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¿Qué dice el Plan Nacional de Seguridad?
En el documento, el presidente Daniel Noboa asegura que este Plan «consolida y reafirma nuestra concepción de seguridad, bajo un marco de integralidad». Y establece que su marco doctrinario se fundamenta en los Intereses Nacionales. Estos intereses son:

  • Soberanía Nacional e Integridad Territorial
  • Seguridad y Cultura de Paz
  • Democracia y el Estado de Derecho
  • Vida Digna
  • Patrimonio Natural y Cultural
  • Prosperidad en Equidad
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Objetivos del Plan Nacional de Seguridad
Además, el Plan Nacional de Seguridad Integral establece siete objetivos:

Imponer el control efectivo del territorio nacional y sus recursos
Anticipar y neutralizar amenazas mediante el empleo preventivo, oportuno y coordinado del poder del Estado
Reconstruir el sistema penitenciario como componente crítico de la seguridad
Enfrentar las amenazas a la estabilidad democrática y consolidar la institucionalidad del Estado
Generar condiciones seguras que permitan la acción del Estado en la provisión y acceso a servicios esenciales y trabajo pleno
Incrementar el control del Patrimonio Natural y el cumplimiento de los compromisos internacionales
Canalizar equitativamente el financiamiento en desarrollo, seguridad y defensa

«El diagnóstico de seguridad evidencia que el Estado ecuatoriano está amenazado por estructuras de crimen organizado transnacional y nacional», dice una parte del documento.

Estas son las amenazas identifican en el Plan Nacional de Seguridad 2025-2029

Crimen organizado
Extremismo violento
Intrusión extranjera
Minería ilegal
Narcotráfico
Terrorismo
Subversión
Corrupción
Ciberataques. Fuente: Primicias

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Docentes asesinados y mil denuncias de extorsión: violencia en Ecuador provoca alarma internacional

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La escalada de violencia contra el magisterio ecuatoriano generó un pronunciamiento internacional. El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) expresó su solidaridad con los docentes y con la Unión Nacional de Educadores (UNE), al advertir sobre casos de asesinatos, extorsiones, amenazas y otros hechos violentos.

La organización internacional respaldó las denuncias de la UNE y pidió al Gobierno ecuatoriano adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de maestros, estudiantes y personal educativo.

Mil denuncias de extorsión contra docentes en Guayas

Gabriela Menéndez, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, denunció que solo en esa provincia se han registrado alrededor de 1.000 denuncias de extorsión contra maestros entre 2025 y 2026.

Según la UNE, al menos seis distritos educativos de Guayaquil son blanco de amenazas por parte de grupos de delincuencia organizada.

Frente a este escenario, el gremio exige al Gobierno la declaratoria de emergencia en el sistema educativo y la implementación de un plan de seguridad para proteger a toda la comunidad educativa.

Dos maestras asesinadas en menos de dos semanas

El pronunciamiento de la IEAL, organización que agrupa a 375 sindicatos de profesores a nivel internacional, condena el asesinato de la docente Diana Isabel Carchi Mendia, ocurrido el 9 de julio dentro de su vivienda en la parroquia Barbones, cantón El Guabo, provincia de El Oro.

Ese crimen se produjo menos de dos semanas después del asesinato de la profesora Adriana Sáenz, quien fue atacada la mañana del 1 de julio de 2026 en los exteriores de su vivienda, ubicada en el norte de Quito.

De acuerdo con la Unión Nacional de Educadores, con estos dos casos suman al menos 10 docentes asesinados en Ecuador entre 2025 y 2026.

La IEAL exige respuestas al Gobierno de Ecuador

En un comunicado dirigido a la UNE, la Internacional de la Educación para América Latina manifestó que resulta inadmisible que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación deban ejercer su profesión bajo amenazas, miedo e intimidación.

La organización sostuvo que las denuncias de extorsiones, persecuciones y otras formas de violencia evidencian una crisis que obliga a muchos docentes a abandonar sus hogares o alterar su vida cotidiana para protegerse.

Ante esta situación, el Comité Regional de la IEAL respaldó las demandas de la UNE y solicitó:

La captura y sanción de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Diana Carchi y Adriana Sáenz.

La implementación urgente de un plan de seguridad con presupuesto para proteger a la comunidad educativa.

Que el Gobierno y el Ministerio de Educación dejen de guardar silencio y asuman su responsabilidad frente al incremento de la violencia que golpea al magisterio.

​​​​​»Los asesinatos, la persecución y cualquier forma de violencia contra docentes son una amenaza al derecho a la educación pública. La escuela debe ser un espacio seguro para enseñar y aprender, libre de cualquier forma de violencia», concluyo la organización. Fuente: Vistazo

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