Nacionales
El presidente Daniel Noboa podría quedarse sin su ‘mano derecha’: Mónica Palencia
En medio de la crisis de inseguridad y violencia que vive el país, el Ministerio del Interior es una institución clave para el Gobierno. Por lo tanto, su titular, Mónica Palencia, es una figura central en la gestión del presidente Daniel Noboa.
Pero la funcionaria está en la mira de la Asamblea Nacional, específicamente de la bancada de la Revolución Ciudadana. Los legisladores Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas presentaron, cada uno, un pedido de juicio político contra Palencia.
Dentro del incumplimiento de funciones del que la acusan hay dos motivos principales: el primero es el asalto policial a la Embajada de México en Quito y el segundo es la permanente crisis de inseguridad ciudadana.
Asamblea: Estas son las razones de los dos juicios políticos que amenazan al gabinete de Noboa
El primer pedido fue presentado el 7 de abril y el segundo, este 18 de julio. Pero el correísmo espera que, una vez que ambos procesos estén en la Comisión de Fiscalización, mesa presidida por su coidearia, Pamela Aguirre, los unifique.
De todas formas, aunque terminen manteniéndose como procesos separados, la Revolución Ciudadana contaría con los votos para lograr el objetivo: censurar y destituir a Mónica Palencia.
Mónica Palencia, una figura clave
La abogada mexicana Mónica Palencia forma parte del equipo de Daniel Noboa desde antes de su posesión, cuando anunció que sería su ministra de Gobierno y participó en el proceso de transición. Y, cuando tomó el poder, el Mandatario tuvo que otorgarle la nacionalidad, requisito constitucional para que pueda ser parte del gabinete.
Una vez que saldó ese pendiente, ese mismo 23 de noviembre, Noboa la designó como titular de Gobierno y, a la par, encargada del Ministerio del Interior, que había sido la gran incógnita por el silencio respecto a quién enfrentaría la grave crisis nacional de inseguridad.
En ese momento, circuló el rumor de que la intención del Mandatario era fusionar nuevamente los dos ministerios bajo la tutela de Palencia. Pero la avalancha de críticas ahogó esa posibilidad inmediatamente.
Estas son las ciudades de Ecuador con más asesinatos en 2024
Desde entonces, la funcionaria se dedicó principalmente a esa tarea, aunque, en papeles, era un encargo provisional. Sin embargo, las semanas pasaron y, el 13 de diciembre, el Ministerio de Gobierno pasó a tener otro rostro, el del exlegislador socialcristiano Esteban Torres, designado como viceministro de Gobernabilidad.
Mientras tanto, públicamente, la ministra encargada del Interior se dedicó a defender el secreto Plan Fénix de seguridad y a representar a la Policía Nacional.
Además, en abril, el mismo presidente Noboa le adjudicó a ella gran parte del triunfo en la consulta popular y referendo. Y la misma noche de las votaciones la nombró, finalmente, como titular del Ministerio del Interior y la liberó del de Gobierno.
Sin embargo, las cifras oficiales de violencia relatan una realidad diferente a la que vive la ciudadanía. Y Ecuador se ha convertido en el país más peligroso de la región.
Pero no es nuevo que el Gobierno de turno esconda o maquille las cifras de la violencia. Lo hicieron Lenín Moreno y Guillermo Lasso y, ahora, Daniel Noboa. Ninguno ha permitido que se transparente la evolución constante de la tasa de muertes violentas y mucho menos por ciudades.
Junio fue el mes más violento de 2024 en Ecuador: 592 personas fueron asesinadas
Pese a la declaratoria de guerra y la presencia de los militares en las calles, por ejemplo, hay cantones en los que los asesinatos crecieron hasta un 400%. Y, entre febrero y junio, durante el conflicto armado interno, las muertes violentas subieron un 61% en Ecuador. Pese a que el discurso gubernamental afirma que se redujeron un 17% en el primer semestre.
Y esto coincide con el argumento que esgrimirán los correístas contra Palencia en su pedido de juicio político en la Asamblea. La acusan de no solo invadir una sede diplomática extranjera, sino de incumplir funciones por sus contradicciones sobre el Plan Fénix y sobre las cifras de violencia.
Además, Cabezas agregó que no ha sido capaz de combatir la inseguridad ni de presentar un plan de ejecución presupuestaria en la materia, pese a que el presidente Noboa insiste en sostener que la guerra es cara y que se necesita recursos para mantenerla.
Y, si la Revolución Ciudadana cuenta con los votos de Construye, el Partido Social Cristiano, Pachakutik y otros independientes, como lo aseguraron, el Primer Mandatario podría quedarse sin su mano derecha, en un gabinete en el que ninguno de sus principales funcionarios tiene un perfil con experiencia en materia de seguridad pública.
Nacionales
Fiscalía pide prisión preventiva para el alcalde de Machala, Darío Macas, y otras medidas cautelares
La Fiscalía General del Estado pidió que se imponga prisión preventiva contra el alcalde de Machala, Darío Macas, y su esposa Carmen Ch. P., por su presunta implicación en el delito de enriquecimiento ilícito.
Con base en los elementos de convicción recabados durante la investigación, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para el burgomaestre y su esposa, quienes fueron aprehendidos el lunes durante un operativo ejecutado en la provincia de El Oro.
Presuntos movimientos millonarios del alcalde
Las indagaciones apuntan a que el alcalde y su esposa habrían incrementado de manera injustificada su patrimonio en aproximadamente USD 6 millones entre 2019 y 2025.
Entre los hallazgos, el ministro del Interior, John Reimberg detalló que se detectaron empresas ‘fantasma‘ utilizadas para el movimiento de recursos y mencionó el caso de una compañía creada en 2025, en la que, según dijo, Darío Macas posee el 90 % de las acciones y que habría prestado servicios al Municipio de Machala.
Reimberg también afirmó que se identificaron depósitos de USD 400.000 y USD 500.000 en distintas cuentas bancarias.
La Fiscalía General del Estado informó que durante los allanamientos se levantaron diversos indicios, entre ellos teléfonos celulares, documentación, registros financieros y dinero en efectivo, para incorporar a la investigación. Fuente: Vistazo
Nacionales
La penalista María Ruiz alerta sobre riesgos de responsabilidad objetiva en Ecuador
En el marco de la segunda temporada del programa académico La Tertulia Jurídica, se desarrolló una destacada exposición de la jurista y abogada penalista María Ruiz, quien abordó el tema “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prohibición de la responsabilidad objetiva en Derecho Penal”, generando un amplio análisis comparativo entre las legislaciones de Ecuador y España.
María Ruiz, profesional que ejerce la abogacía penal tanto en España como en Francia y que actualmente desarrolla estudios doctorales (PhD) en Ecuador, explicó que la responsabilidad penal corporativa constituye uno de los debates más complejos y relevantes dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en países latinoamericanos donde la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación.
Durante su intervención, la especialista sostuvo que el principio de culpabilidad representa uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal moderno, destacando que dentro de este se incluyen subprincipios esenciales como la personalidad de las penas, la responsabilidad por el hecho, la imputación personal y la prohibición de la responsabilidad objetiva.
“La gran problemática jurídica radica en determinar si el principio de culpabilidad puede aplicarse plenamente a las personas jurídicas, considerando que estas carecen de voluntad propia y constituyen una ficción legal”, señaló la jurista.
En su exposición, Ruiz explicó que existen dos grandes corrientes doctrinarias respecto a este debate. Por una parte, sectores académicos consideran que el principio de culpabilidad no puede trasladarse íntegramente a las empresas, debido a la estrecha relación que este mantiene con la dignidad humana. Por otra, una corriente mayoritaria sostiene que, al imponerse sanciones penales a las personas jurídicas, necesariamente deben aplicarse también las garantías fundamentales del Derecho Penal.
La jurista analizó además la regulación vigente en España, particularmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, así como el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, enfatizando que ambos sistemas jurídicos buscan establecer mecanismos de atribución de responsabilidad penal para empresas y organizaciones.
En este contexto, María Ruiz advirtió sobre los riesgos de incurrir en modelos de responsabilidad objetiva, especialmente cuando no se exige de forma clara la demostración de dolo, culpa o incumplimiento de deberes de control dentro de las organizaciones empresariales.
“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede sustentarse únicamente en la transferencia automática del delito cometido por una persona física hacia la empresa; debe existir siempre prueba del incumplimiento de deberes de supervisión, vigilancia y control”, explicó.
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el análisis del denominado “defecto de organización”, entendido como la ausencia de mecanismos adecuados de prevención y control dentro de las empresas, aspecto que —según la especialista— constituye el núcleo esencial para atribuir responsabilidad penal corporativa.
Asimismo, Ruiz abordó las diferencias existentes entre los sistemas de imputación penal en España y Ecuador, señalando que la normativa ecuatoriana aún presenta vacíos interpretativos que podrían generar riesgos de vulneración al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva.
La académica también analizó figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento privado no justificado contemplados en el COIP ecuatoriano, indicando que ciertas interpretaciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba hacia el acusado, afectando garantías fundamentales del debido proceso.
Durante el programa, la jurista destacó la importancia de fortalecer los sistemas corporativos y de implementar adecuados modelos de supervisión interna dentro de las empresas, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y garantizar el respeto a los principios constitucionales del Derecho Penal.
El espacio académico permitió además abrir el debate sobre la necesidad de desarrollar una doctrina más sólida en Ecuador respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tomando como referencia la experiencia europea y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Español.
La participación de María Ruiz en La Tertulia Jurídica fue valorada como un importante aporte académico para estudiantes, profesionales del Derecho, jueces y ciudadanía interesada en la evolución del Derecho Penal corporativo en Ecuador y Latinoamérica.
Nacionales
Condenan a siete años de prisión para exalcalde de Taisha por enriquecimiento ilícito
La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado sentenció a siete años de prisión a Cergio Ayuy, exalcalde del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, al encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor directo. La decisión fue notificada la tarde de este viernes 3 de julio de 2026.
Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, fijada en USD 6.800, de acuerdo con el salario básico vigente en 2014.
Fiscalía sostuvo que existió un incremento patrimonial injustificado
De acuerdo con la acusación, el entonces alcalde presentó al inicio de su administración, el 14 de mayo de 2014, una declaración patrimonial juramentada en la que reportó bienes por USD 18.900.
Sin embargo, durante el ejercicio de sus funciones no presentó las declaraciones patrimoniales periódicas exigidas por la normativa, ni tampoco las correspondientes al cierre de sus administraciones en 2016 y 2019.
Tras el análisis financiero, el Ministerio Público concluyó que el incremento patrimonial sin justificación ascendió a USD 312.958.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y peritos que participaron en la pericia contable y en el reconocimiento del lugar de los hechos.
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