Nacionales
El porte de armas no suma apoyos en la Asamblea
La flexibilización para portar armas anunciada por el presidente Guillermo Lasso ha encendido el debate en redes sociales y entre políticos. En el Legislativo, el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK) ya se pronunciaron a favor y en contra de la medida.
Pero, en medio de la crisis del Ejecutivo y el juicio político en su contra, ¿la media suma apoyos? Dos expertos coinciden en que no.
El Gobierno atraviesa en este momento el juicio político que empezó ayer, 3 de abril del 2023, en la Comisión de Fiscalización. Y, en medio de esta crisis, la reciente medida para afrontar la inseguridad está en la misma línea que ha impulsado el Partido Social Cristiano (PSC).
Para la politóloga y experta en temas de seguridad, Carolina Andrade, esta decisión puede entenderse como un intento de acercamiento con esa tienda política. Sin embargo, menciona que el PSC ha demostrado que es partidario de los pactos específicos y no a largo plazo.
PSC a favor del porte de armas
El socialcristianismo emitió un comunicado el 2 de abril pasado en el que decía apoyar la medida adoptada por el Presidente. “Tenemos dos años pidiendo que se haga ya que dependía exclusivamente del Ejecutivo”.
Pero ese apoyo al Decreto no significa estar del lado de Lasso en la interpelación. El jefe de esa bancada, Esteban Torres, dijo ayer en La Posta que nada tiene que ver el juicio político con el porte de armas. “Son dos cosas distintas y nuestra posición es clara en el juicio político. Somos proponentes y firmantes”.
Para que el juicio termine en destitución se requieren 92 voluntades. En ese escenario, cada voto cuenta. Si se toma en cuenta que la situación con la bancada del correismo es insalvable, el Gobierno podría recurrir a su exalianza con el PSC.
En la Asamblea, el PSC, además del mismo oficialismo, ha sido el único que abiertamente ha celebrado la posibilidad de que civiles porten armas.
Pero eso no será suficiente. Para Andrade, el PSC también está en la posición de alejarse de los errores cometidos por el Gobierno del que fue aliado en campaña presidencial.
Otras posiciones de las bancadas
El correísmo y Pachakutik (PK) se pronunciaron en contra de la flexibilización del porte de armas. Este último dijo que rechaza la medida porque no soluciona nada y “va en contra de la Ley y el derecho a la vida”.
Sin embargo, la Izquierda Democrática (ID)no se ha pronunciado como bloque sobre su posición frente a la nueva medida adoptada por el Gobierno.
Para Crespo sí es posible que el Decreto tenga acogida entre la ciudadanía en medio de una popularidad del Gobierno que cada vez disminuye. Plantea que, ante la crisis de seguridad, la gente puede ver esto como una herramienta más y sumar apoyos.
Andrade cree algo parecido. Sin embargo, aunque en un inicio esto pueda calar en cierto sector de la sociedad, el riesgo a largo plazo es alto. Esto sobre todo porque la responsabilidad de la regulación anunciada recae en una institucionalidad cada vez más debilitada.
La antesala del decreto del porte de armas
Si bien bancadas como PK en la Asamblea se mostraron en contra de la medida, Lasso pudo emitir el Decreto con el aval de una reforma hecha por el mismo Legislativo.
En enero pasado, 117 asambleístas aprobaron una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre la tenencia y porte de armas autorizado.
Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explica que lo que hizo Lasso fue tomar esa reforma para emitir el Decreto. Aunque aclara que, como lo hizo en su momento el expresidente Rafael Correa para eliminar el porte, Lasso podía emitir un Decreto sin esa reforma.
También, en enero de este año, el Gobierno anunció la reducción del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a la importación de armas. Es decir, el Decreto Ejecutivo no es una medida aislada. Fuente: El Comercio
Nacionales
Inés Manzano sobre ATM y Progen: “Hemos hecho un pésimo negocio, que se hizo antes de que yo llegue”
La ministra de Energía Inés Manzano reconoció que el actual Gobierno Nacional hizo “un pésimo negocio” con las compañías Austral Technical Management (ATM) y Progen que fueron contratadas por el Estado para entregar generadores eléctricos para plantas termoeléctricas en el Salitral, Quevedo y Esmeraldas.
Los equipos fueron recibidos por el Estado durante la emergencia energética de 2024 pero nunca funcionaron, ya que los equipos presentaban fallas técnicas, eran viejos y usados o eran incompatibles con el sistema eléctrico nacional.
¿Cuáles fueron los contratos?
El contrato con ATM se firmó en agosto de 2024 para instalar generación en Esmeraldas III. Los generadores debían comenzar a operar entre finales de 2024 e inicios de 2025, según el plan del proyecto, sin embargo, su puesta en marcha se retrasó y solo en este 2026 se prevé su operación completa o parcial bajo pruebas técnicas del Estado. A esta compañía el Estado le entregó $71 millones, por avance de hitos del proyecto.
A Progen por otro lado, Ecuador también lo contrató en esa misma fecha, para la instalación de generación térmica en las centrales de El Salitral (Guayas) y Quevedo (Los Ríos). A esa compañía el Estado le habría entregado el 70 % de los $ 149,1 millones que establecía el contrato.
Durante la entrevista, la ministra aseguró que la relación comercial con ambas empresas “fue fraudulenta”. “Hemos hecho un pésimo negocio, que se hizo antes de que yo llegue, pero somos el mismo Gobierno y tenemos que solucionar”, indicó.
No obstante, la titular de Energía defendió que en la actualidad el Gobierno de Daniel Noboa sigue adelante con un arbitraje internacional con dichas compañías que se encuentra todavía en proceso activo y sin resolución definitiva.
En el caso de Progen, el Estado ecuatoriano ya dio por terminado el contrato y ha impulsado una demanda internacional. En cuanto a ATM, ha presentado denuncias por posibles irregularidades y ha logrado recuperar parcialmente capacidad operativa de algunos generadores. No obstante, las pérdidas económicas para el país han sido millonarias.
¿Habrá apagones después de abril?
El presidente Daniel Noboa, en una entrevista radial en Manabí, había asegurado que no habrá apagones en este mes de abril. La ministra Manzano lo ratificó e insistió en que para los próximos meses tampoco existe riesgo de racionamiento ya que, pese a que el país no le está comprando energía a Colombia, Ecuador “está bien” y que “no va a haber apagones”.
Colombia elevará del 30 % al 100 % los aranceles a las importaciones de Ecuador en respuesta a la decisión del país vecino de subir del 50 % al 100 % la «tasa de seguridad» impuesta por el gobierno de Daniel Noboa, en una nueva escalada de la guerra comercial que los enfrenta.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) de Colombia, Diana Marcela Morales, aseguró que se tomó esa decisión porque el Ejecutivo ha «agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo con el Gobierno de Ecuador buscando una salida que beneficie a los dos países, a los empresarios, pero sobre todo a las comunidades de ambos lados de la frontera».
«Sin embargo, no hemos logrado respuesta positiva y por el contrario la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial», añadió Morales.
En la víspera, el gobierno de Daniel Noboa anunció que, desde el 1 de mayo, cobrará 100 % de aranceles a las importaciones colombianas argumentando que no hay voluntad del vecino país para cuidar la frontera de los grupos narcotraficantes.
“No se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”, expresó Daniel Noboa.
La Policía Nacional del Ecuador inició una nueva convocatoria nacional para incorporar a 728 profesionales a sus filas, como parte de su proceso de fortalecimiento institucional en 2026.
Del total de vacantes, 220 están destinadas a aspirantes a oficiales, quienes se graduarán con el grado de subtenientes, mientras que 508 corresponden a personal de tropa que se formará como técnicos operativos. Así lo informó Jorge Cevallos, quien detalló que el periodo de formación será de seis meses.
Las inscripciones comenzarán el lunes 13 de abril y se realizarán de forma virtual a través del portal oficial de la institución, siguiendo un cronograma organizado por el último dígito de la cédula. El registro se distribuirá durante la semana y se habilitará para todos los números los fines de semana.
Perfil y requisitos
La convocatoria está dirigida a ciudadanos ecuatorianos con título de tercer o cuarto nivel —como licenciaturas, ingenierías, tecnologías o posgrados— y al menos dos años de experiencia profesional.
Entre los requisitos se incluyen no tener antecedentes penales, no pertenecer a organizaciones políticas, no portar tatuajes y cumplir con una estatura mínima de 1,60 metros para hombres y 1,55 metros para mujeres.
El límite de edad es de hasta 34 años, 11 meses y 30 días, con una excepción para el área de salud, donde se permite hasta 36 años.
Etapas del proceso
Los aspirantes deberán superar varias fases de evaluación, que incluyen pruebas académicas, físicas, médicas, psicológicas, entrevistas personales y exámenes de confianza.
Una vez aprobado el proceso, los seleccionados ingresarán a las escuelas de formación en septiembre de 2026, y su graduación está prevista para marzo de 2027.
Áreas de especialización
La institución busca incorporar talento en áreas clave como:
- Jurídica
- Técnica
- Salud
- Administrativa
Los aspirantes serán asignados según su formación académica y experiencia profesional.
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