Nacionales
El oficialismo segmenta la fallida Ley de Integridad y reparte artículos en cuerpos legales que debate la Asamblea
Imposibilitado de modificar la Constitución por el triunfo del ‘No’ en la consulta popular y con dos leyes declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, el oficialismo optó por tomar ‘retazos’ de una de ellas para mantener viva su propuesta de reformas legales.
La fallida Ley de Integridad Pública se ha convertido en una suerte de comodín de Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea y parte de sus artículos están siendo distribuidos en otras normas, a través de reformas legales, dos de ella ya vigentes.
Este proceso de fusión normativa inició en octubre, una semana después de que la Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional esa ley que había sido enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa, como urgente en materia económica.
Y, según adelantan los integrantes de la propia bancada oficialista, esta práctica continuará hasta incluir en otras leyes que ya están vigentes casi todos —o todos— los artículos que contenía la Ley de Integridad Pública.
Cambios en contratación pública
En esencia, lo que hoy se conoce como Ley de Integridad Pública llegó a la Asamblea con el nombre de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública.
El objetivo de la propuesta del presidente Daniel Noboa era plantear una serie de reformas, ajustes y mecanismos de modernización del sistema de contratación pública que data de 2008.
Pero, en el camino, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea empezó modificando el nombre y luego terminó incorporando una serie de cambios en materia penal, migratoria, laboral, entre otras, que rompieron la unidad de materia, tal como determinó la Corte al declarar inconstitucional la norma.
Para no perder la idea original, la Comisión de Régimen Económico, dominada por ADN, tomó artículos y los incluyó en la reformas a la Ley de Contratación Pública. El cambio fue aprobado con 80 votos, el 7 de octubre.
Entre los artículos que quedaron insubsistentes, pero que volvieron a la vida con la reforma están:
Reducción del número de modalidades de contratación.
Fortalecimiento y nuevo Registro Único de Proveedores.
Modernización tecnológica del Portal de Compras Públicas.
Uso de Inteligencia Artificial en contratación pública.
Contrataciones de emergencia a través de una plataforma de datos abiertos.
Deportaciones y antecedentes penales
Uno de los puntos más polémicos de la Ley de Integridad Pública era un articulado que fue incluido en torno a migración y movilidad humana, que tenía relación con temas como el visado para entrar al país y los trámites de deportación.
A inicios de octubre, la Comisión de Relaciones Internacionales, dominada por ADN, retomó el segundo debate de un paquete de reformas a la Ley de Movilidad Humana.
Una de las críticas del gobierno fue al principio de «ciudadanía universal» que aplica el país a partir de la Constitución de Montecristi y el que, según el ministro del Interior, John Reimberg, se había convertido en una «camisa de fuerzas»
Por eso, se rescataron artículos que tienen que ver con la presentación de antecedentes penales como requisito para solicitar una visa de ingreso a Ecuador, para los países que sean requeridos.
Además, se retomó la propuesta de procedimientos simplificados para deportar o expulsar extranjeros que han cometido delitos en el país o se consideran una amenaza para la seguridad nacional.
Evaluación a funcionarios públicos
El Pleno de la Asamblea Nacional tiene pendiente el segundo debate y votación de las reformas para el «Fortalecimiento del Trabajo en el Sector Público y Privado y de sus Organizaciones Sindicales».
En este se incluyen, casi sin variación, todos los artículos referentes a evaluaciones, estabilidad laboral, supresión de puestos y desvinculaciones de funcionarios del sector público que constaban en la Ley de Integridad Pública
La reforma debía ser votada el miércoles 26 de noviembre, pero sin mayor explicación el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió ese punto. Se espera que sea retomado esta semana, antes del receso legislativo.
«Someterse a las pruebas de confianza y evaluaciones periódicas, durante el ejercicio de sus funciones, de conformidad a la normativa emita por la entidad rectora en integridad pública en coordinación con el ente rector del trabajo; que en ningún caso incluirá preguntas incriminatorias», dice uno de los cambios.
«La estabilidad (en el sector público) estará condicionada a resultados mediante procesos de evaluación y con incentivos económicos regulados en el Reglamento…», agrega la propuesta.
Ciberseguridad, con toques de la Ley de Integridad
En tanto que, la Comisión de Seguridad, también dominada por el oficialismo, trabaja en una reforma a Ley de Transformación Digital y Audiovisual que incluye un capítulo sobre Ciberseguridad.
En el proyecto, sin embargo, se incluyeron dos temas que poco tendrían que ver con Seguridad Informática, y que era parte de la cuestionada Ley de Integridad Pública:
Una de las reformas propone hacer dos cambios a la Ley de Tránsito. El primero se refiere a los radares: se insiste en poner un plazo de 180 días para que el ente de control realice el análisis y verificación de acreditaciones a las empresas encargadas de la calibración de los medios tecnológicos de detección, registro y sanción automática de infracciones.
El segundo hace referencia a que «si el país se encuentra en grave conmoción interna por seguridad, el Presidente de la República podrá reglamentar que será obligatorio el uso del medio tecnológico automático para el servicio de peajes para todos los vehículos a nivel nacional».
Menores infractores en la mira
Otro de los puntos polémicos de la Ley de Integridad fue la inclusión, a última hora, de reformas al Código de la Niñez y al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para sancionar con mayor severidad a adolescentes infractores.
El lunes 1 de diciembre, la legisladora de ADN, Nathaly Farinango, reveló que la Comisión de Justicia se prepara un paquete de reformas al Coip que incluya artículos que no entraron en vigencia por la declaratoria de inconstitucionalidad.
«Es algo que se tendrá que analizar dentro de la comisión, si bien en el contexto de una ley económica urgente ya hubo un análisis, creo que se necesitaba profundizar para que no haya una narrativa falsa al respecto» Nathaly Farinango, asambleísta de ADN
La Revolución Ciudadana (RC) cuestiona que el gobierno insista en incluir en otras reformas legales artículos que eran parte de las leyes económicas urgentes que fueron cuestionadas por la Corte Constitucional.
La legisladora correísta, Liliana Durán, calificó como una «argucia» del gobierno el uso de artículos que quedaron sin vigencia en la Ley de Integridad Pública.
Farinango calificó a la tesis del correísmo, en el sentido de que esos artículos no podían volver a ser usados en otras leyes, como una «narrativa falsa».
ADN sostiene que los jueces constitucionales se pronunciaron sobre la forma como se construyeron las leyes urgentes, más no sobre el fondo del contenido de los artículos. Fuente: Primicias
Nacionales
Infraestructura y desarrollo: planificación y formación profesional, claves para construir territorios sostenibles
La infraestructura pública constituye un componente estratégico para el desarrollo económico y social de los territorios, especialmente en provincias amazónicas como Zamora Chinchipe, donde las condiciones geográficas, topográficas y climáticas demandan soluciones técnicas adaptadas a las necesidades de cada población.
Así lo señaló Sonia Lorenza Gonzaga, docente del Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectura y Geociencias de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), durante la entrevista en el Diario El Amazónico, en la que abordó el tema “Infraestructura y desarrollo: retos para construir territorios más sostenibles”.
La académica explicó que una infraestructura adecuadamente planificada permite fortalecer la movilidad, el transporte, la comunicación y el acceso a servicios básicos. Entre los principales ámbitos mencionó la infraestructura vial, el saneamiento y las estructuras, cuya planificación debe responder a las características y necesidades reales de cada territorio.
En el caso de la Amazonía, Gonzaga destacó que la diversidad geográfica y las condiciones climatológicas requieren diseños y soluciones diferenciadas. Por ello, consideró fundamental contar con profesionales capacitados que puedan desarrollar proyectos técnicamente adecuados y orientados a las demandas locales.
Universidad y formación para el desarrollo territorial
La docente resaltó el papel de las universidades en la preparación de profesionales que posteriormente se incorporan a instituciones responsables de la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura. En este proceso, la formación académica se complementa con prácticas profesionales vinculadas a proyectos reales de construcción y diseño, permitiendo a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas.
En este contexto, señaló que la UTPL cuenta con una importante presencia de estudiantes provenientes de Zamora Chinchipe, estimando que entre el 30 % y 40 % de los estudiantes de esta provincia se matriculan en diferentes carreras de la institución.
La Facultad de Ingenierías y Arquitectura mantiene una oferta académica que incluye carreras como Ingeniería Civil, Geociencias, Arquitectura e Ingeniería Informática en Computación, además de programas de posgrado orientados a fortalecer la especialización profesional.
Entre la oferta de posgrado mencionada durante la entrevista constan siete programas de especialización vinculados con Ingeniería Civil y maestrías relacionadas con recursos hídricos, geotecnia, arquitectura y desarrollo de territorios.
Modalidades de estudio
Gonzaga también destacó las alternativas de formación que ofrece la universidad, entre ellas las modalidades presencial, en línea e híbrida, esta última combinando actividades presenciales con formación virtual.
Según explicó, estas modalidades permiten que profesionales que trabajan puedan continuar con su preparación académica y acceder a programas de posgrado sin abandonar sus actividades laborales.
La docente recordó además que la UTPL cuenta con una trayectoria de más de 50 años en educación a distancia, experiencia que posteriormente se consolidó en la modalidad en línea.
Finalmente, invitó a la ciudadanía a consultar la oferta académica disponible en los canales oficiales de la universidad y continuar con su formación profesional, destacando que la educación constituye un elemento fundamental para el desarrollo de las comunidades.
Nacionales
Fuerzas Armadas destruyen campamento del Frente Óliver Sinisterra en zona minera de Ecuador
Las Fuerzas Armadas destruyeron un campamento en la Zona Minera Norte de Urcuquí que, de acuerdo con la información obtenida, estaría vinculado al grupo armado organizado Frente Óliver Sinisterra.
«La intervención permitió localizar un campamento de aproximadamente 45 metros por 50 metros, en cuyo interior se encontraron armas, municiones, artefactos explosivos improvisados y diversos elementos de logística y alojamiento», informó la institución.
Entre los indicios localizados constan un fusil M16, una carabina Mossberg calibre 12, 888 municiones calibre 5,56 mm, 19 municiones calibre 9 mm, 13 municiones calibre 16 y 21 artefactos explosivos improvisados que fueron destruidos.
Prendas de vestir encontradas por las Fuerzas Armadas del Ecuador durante un operativo en Urcuquí, el 17 de septiembre de 2026.Fuerzas Armadas de Ecuador
Ecuador detiene a siete personas presuntamente vinculadas al Frente Óliver Sinisterra, disidencia de las FARC
Además, fueron encontrados siete chalecos de combate, una radio con cuatro cargadores, 13 mochilas, tres carpas, 20 colchones, prendas de vestir de uso civil y militar, entre otros elementos.
«Entre las evidencias también consta una cédula de ciudadanía de la República de Colombia, cuya información será objeto de los procedimientos de inteligencia correspondientes», informaron las Fuerzas Armadas. Fuente: Primicias
Nacionales
En exclusiva: Xavier Jordán es un «extranjero ilegal criminal» y estará preso hasta ser deportado, dice Estados Unidos
Luego de ser detenido la tarde del 16 de septiembre de 2026, Xavier Jordán fue trasladado a más de 1.600 kilómetros de distancia.
La detención se produjo específicamente en la intersección de la Avenida 84 y la Calle 58, en la ciudad de Doral, en el sur de Florida. Y, según el sistema del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fue enviado al Winn Correctional Center en Winnfield, Luisiana.
Ese centro, operado por un contratista privado y ubicado en una zona rural, está ubicado a 1.600 kilómetros de distancia de la residencia de Jordán, un viaje de 14 a 15 horas por carretera o un vuelo que puede tomar unas dos horas.
Los sistemas oficiales de Estados Unidos, tanto del ICE como de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), todavía no muestran más detalles sobre la situación de Jordán en Estados Unidos.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió, a través de su vocero, con un correo electrónico a PRIMICIAS, que el arresto fue ejecutado por agentes del ICE.
El DHS calificó a Jordán como un «extranjero ilegal criminal con arrestos previos por hurto mayor y fraude organizado, así como una orden de arresto por crimen organizado desde su país de origen, Ecuador».
Además, el Gobierno de Estados Unidos explicó que, según sus registros, Jordán ingresó a ese país el 3 de febrero de 2020 y tenía permiso para quedarse únicamente hasta el 2 de agosto de ese año. Por lo que permaneció de manera irregular en ese país durante más de seis años, agregó.
El vocero añadió que Jordán, en contra de las leyes de Estados Unidos, se quedó más tiempo de lo permitido. Por lo que «permanecerá bajo la custodia de ICE en espera del resultado de sus procedimientos de deportación».
«Bajo el presidente Trump y el secretario Mullin, nuestro mensaje es claro: si vienes a nuestro país y rompes nuestras leyes, te encontraremos, te arrestaremos y te deportaremos». Vocero del DHS sobre Xavier Jordán
En Ecuador, Xavier Jordán tiene tres órdenes de prisión vigentes por tres casos. El primero se inició en 2020, justo cuando este sujeto se fue a Estados Unidos, y se relaciona con la corrupción en la provisión de insumos médicos para hospitales de Guayaquil durante la pandemia de Covid-19. Por este proceso tiene pendiente un juicio por delincuencia organizada.
El segundo caso es el denominado Metástasis, en el que Jordán también tiene un juicio pendiente por delincuencia organizada por supuestamente haber formado parte de la red de corrupción judicial que comandó el narcotraficante Leandro Norero. Por este proceso, además, tiene una orden de búsqueda de Interpol y un pedido de extradición.
Finalmente, según los registros judiciales, Jordán es parte de los procesados como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, exasambleísta y excandidato presidencial. En ese caso, está pendiente la resolución de llamado a juicio. Fuente: Primicias
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