Nacionales
El narcotráfico se toma los puertos pesqueros de Santa Elena, invadidos por el crimen organizado
Los puertos pesqueros de la provincia de Santa Elena se han convertido en puntos clave para el envío de drogas desde aguas peninsulares. Según fuentes policiales, varias embarcaciones capturadas en recientes operativos zarparon desde estas zonas, aprovechando su fácil acceso y el control ejercido por bandas criminales.
En la lista está el puerto pesquero de la parroquia de Anconcito, en el cantón Salinas, y el de la parroquia de Chanduy, al sur del cantón Santa Elena, los cuales están afectados por el auge del narcotráfico y la inseguridad.
En estos sectores se han realizado múltiples envíos conocidos entre los pescadores como ‘vueltas’, lo que ha generado una escalada de violencia en una comunidad que antes era vista como tranquila y segura.
En tan solo tres semanas, el bloque de seguridad, conformado por la Armada del Ecuador y la Policía Nacional, ha logrado realizar diferentes intervenciones marítimas, incautando así cuatro toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, que en su gran mayoría son transportadas en ladrillos agrupados en sacos de yute y tienen como destino Centroamérica y México.
“Estas sustancias están valoradas en millones de dólares, lo que demuestra un duro golpe para estas organizaciones criminales”, comentó un miembro de la Armada Nacional, en uno de los recientes informes sobre el decomiso de 63 bultos que contenían ladrillos de drogas. Solo ese cargamento estaba valorado en USD 3 millones.

Reclutamiento juvenil
A esta problemática, se suma la creciente preocupación por la participación de jóvenes en actividades relacionadas con el tráfico y microtráfico de drogas. Las autoridades han intensificado los operativos para desarticular estas redes delictivas, evidenciando la implicación de este rango etario en actividades ilícitas.
Lo que más les preocupa a las autoridades es que el alcaloide sea custodiado por jóvenes, quienes, al notar la presencia de los uniformados, han optado por lanzar las sustancias al mar y tratar de huir en las lanchas rápidas. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, han sido capturados y puestos a órdenes de la justicia.
“Hemos detenido a cerca de 20 ciudadanos en estas últimas semanas, pero algo que nos llama la atención es la cantidad de menores de edad que están trabajando para las estructuras criminales”. Jorge Hadathy, jefe de la Policía Nacional de la subzona Santa Elena.
Según versiones del uniformado, la participación de menores de edad sería una ventaja para los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), ya que son utilizados como una estrategia clave para buscar la impunidad.
“Lastimosamente, lo que hacen los menores de edad en las audiencias, delante de un juez, es echarse la culpa, porque ellos saben que son inimputables de los delitos, y obviamente tratan de liberar a los adultos de su posición dentro de la estructura”, agregó Hadathy.
Recuperar el tejido social
Para evitarlo, mencionó que son importantes las reformas de leyes y un trabajo desde el aspecto social. Ante esto, PRIMICIAS le consultó: ¿Qué se está haciendo en este ámbito por parte de la Policía Nacional?
“Nosotros estamos interviniendo en los barrios de toda la provincia de Santa Elena. Nos tomaremos cada sector de manera positiva, tratando de reconstruir lo que se ha ido perdiendo”, mencionó el máximo representante de la Policía Nacional en la península, poniendo como aliados estratégicos a las autoridades de elección popular.
El miedo llega en moto: en Santa Elena la usura y el narcotráfico se complementan, según comandante policial
“Estamos trabajando en coordinación con las autoridades municipales, en el arreglo de parques, dando charlas en los colegios, y con la Policía Comunitaria más cercana a la comunidad. Y es justamente eso lo que nos ha permitido tener esa denuncia ciudadana para obtener estos resultados”, comentó Hadathy.

Pero el cantón La Libertad tampoco se queda atrás. En barrios de ‘la capital económica’, como muchos le llaman, también se observa la presencia de jóvenes vendiendo sustancias sujetas a fiscalización.
Una de las zonas más conflictivas es el área de mercados, como el número 4, mariscos y sus calles aledañas, pobladas entre comerciantes, clientes y consumidores de drogas.
“Aquí la droga campea, pero no tenemos policías que vengan a controlar esto”, comentó una comerciante de mariscos, quien asegura que los robos son constantes, e incluso se han registrado varias muertes violentas por la pelea de territorio.
Pero esta problemática también es parte de las estadísticas del año pasado en toda la provincia. En mayo de 2024, en la comuna Zapotal, las Fuerzas Armadas detuvieron a un microtraficante y decomisaron marihuana, cocaína y heroína. Además, se recuperaron motocicletas reportadas como robadas; entre ellos, había menores de edad.
La Policía Nacional también reportó la aprehensión de un adolescente en el sector Zapotal por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, encontrando en su poder 4,5 gramos de heroína y 19 gramos de cocaína.
La extorsión, otro delito en auge
Mientras que, en diciembre de 2024, un megaoperativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército permitió la detención de 45 personas relacionadas al delito de extorsión en diferentes sectores de alta peligrosidad como El Tablazo y Anconcito. Entre los detenidos se identificó la participación de dos menores de edad, presuntamente encargados de colocar explosivos en viviendas de las víctimas.

Un operativo policial y militar se llevó a cabo la madrugada de este 4 de diciembre de 2024 en el cerro El Tablazo, en Santa Elena.PRIMICIAS
Estos casos reflejan una tendencia preocupante en la provincia, donde los jóvenes son reclutados por organizaciones delictivas para participar en actividades relacionadas con el microtráfico y otros delitos. Las autoridades aseguran continuar trabajando en operativos y estrategias para combatir esta problemática y proteger a la juventud de Santa Elena. Fuente: Primicias
Nacionales
Correísmo expulsa de su bancada a la legisladora Annie Muñoz
La Bancada correísta Revolución Ciudadana indicó la expulsión inmediata de la asambleísta Annie Muñoz de sus filas, relacionado a su negativa de principalización de la legisladora titular Priscila Schettini, esposa de el exdefendor del Pueblo, Freddy Carrión quien fue sentenciado a tres años de prisión por delitos de abuso sexual.
Asimismo, la bancada de RC indicó que no tolerará que, desde su propia estructura, se desconozca el mandato popular expresado en las urnas ni que se atente contra las reglas de la democracia. Según el pronunciamiento, lo ocurrido no solo contradice sus principios, sino que también constituye una falta que debilita la institucionalidad y la representación legítima del pueblo, expresó el correísmo.
El impedimento de Schettini
Priscila Schettini fue elegida como asambleísta nacional por la RC, pero debido a que tenía suspendidos sus derechos políticos por parte del TCE por una denuncia de la entonces fiscal Diana Salazar, no pudo asumir el cargo.
En su lugar, la reemplazó su alterno, Santiago Díaz. Pero este fue detenido por un caso de presunta violación a una menor de edad y lo sustituyó Annie Muñoz Aroca. Luego, Schettini recuperó sus derechos políticos y pidió principalizarse.
Sin embargo, la Contraloría General del Estado (CGE) respondió al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen que «Cuando se ha producido la principalización permanente o definitiva de una o un asambleísta suplente o alterno, este asume la titularidad del cargo y ejerce plenamente los derechos, deberes, atribuciones, restricciones e incompatibilidades aplicables a las y los asambleístas principales, debiendo desempeñar el cargo hasta la culminación del período para el cual fue electo», precisó el organismo.
Por ello, una vez que Díaz también perdió su curul, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) con mayoría de ADN, principalizó a su vez a Annie Muñoz. (I)
Nacionales
46% de trabajadores reporta problemas de salud mental
La salud mental en el trabajo en Ecuador muestra cifras que reflejan el impacto de los riesgos psicosociales laborales en trabajadores y empresas. Datos del estudio ‘El desafío invisible: salud mental en el trabajo‘, evidencian la necesidad de implementar estrategias de prevención para reducir el burnout en Ecuador y mejorar el desempeño organizacional.
¿Cómo afectan los riesgos psicosociales a los trabajadores?
La doctora Carla Cevallos, quien analizó el estudio indica que los factores de riesgo en el entorno laboral incluyen:
- Sobrecarga de trabajo
- Falta de control sobre tareas
- Liderazgo inadecuado
- Inseguridad laboral
Estas condiciones generan efectos como estrés, ansiedad, depresión y ausentismo.
Cifras sobre salud mental en el trabajo
El informe presenta indicadores que evidencian el impacto directo en la productividad laboral.
- 46% de trabajadores con diagnóstico de salud mental.
- 56% señala que su empresa no tiene políticas de apoyo.
- 27% se ha ausentado por burnout.
¿Cómo prevenir el burnout en empresas?
Según el informe, la gestión de riesgos psicosociales se basa en tres acciones que permiten actuar antes de que se generen afectaciones en los trabajadores.
- Medición de factores laborales
- Prevención de riesgos
- Intervención organizacional
Claves para mejorar entornos laborales
El análisis identifica cinco líneas de acción para reducir riesgos y mejorar condiciones laborales:
- Priorizar carga laboral, roles y liderazgo
- Aplicar enfoque preventivo
- Fortalecer habilidades de liderazgo
- Monitorear indicadores de forma continua
- Integrar el bienestar en la estrategia empresarial
Las organizaciones deben generar entornos de trabajo saludables que prevengan los riesgos psicosociales, entendiendo que el bienestar impacta directamente en la sostenibilidad del negocio”, indicó la especialista.
Nacionales
Bajo el uniforme, el verdugo: el femicidio en Guayaquil que revive una herida nacional
El hecho violento, registrado ayer en el Puente de la Unidad Nacional, no solo paralizó el intenso tráfico entre Samborondón y Durán. También reactivó la alarma sobre la violencia perpetrada por uniformados. La víctima, una joven abogada de la Agencia de Tránsito de Durán, fue interceptada mientras conducía su vehículo.
Su agresor, un policía en servicio activo, protagonizó un desenlace que parece sacado de una película trágica. Tras fallar en su intento de suicidio en la escena del crimen, condujo su automóvil hasta la vivienda familiar, en Pascuales. Allí se quitó la vida después de realizar una llamada final. Ambos eran esposos y estaban a solo dos días de cumplir 13 años de matrimonio.
Detrás de este hecho no hay solo una familia destruida y un hijo que quedan en la orfandad, sino también una preocupante coincidencia con otros casos registrados en Ecuador en lo que va del siglo. La paradoja resulta brutal: los agresores son, en teoría, hombres formados para proteger la seguridad ciudadana. Fuente: Vistazo
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