Por Redacción Especial
En Zamora Chinchipe, la minería no es solo una actividad económica: es herencia, territorio y forma de vida. Así se evidenció en una asamblea cargada de tensión, memoria y firmeza, donde Paúl Pineda, dirigente del sector minero, tomó la palabra para exponer lo que denominó una crisis estructural de la minería social frente al Estado y las grandes concesionarias.
Su intervención fue más que un reclamo: fue una radiografía de las contradicciones legales, ambientales y políticas que atraviesa el pequeño minero, aquel que ha trabajado la tierra por generaciones y que hoy se siente criminalizado en su propio territorio.
Populismo penal y criminalización del minero
Desde una mirada técnica y jurídica, Pineda cuestionó el endurecimiento de las penas para la actividad minera, fenómeno que definió como “populismo penal”. Según explicó, se ha pretendido resolver un conflicto social complejo únicamente aumentando las sanciones, sin atender las causas reales del problema.
“El incremento desproporcionado de penas no ordena la minería; solo persigue al minero artesanal”, señaló, en referencia al informe favorable de la Asamblea Nacional que elevó la punibilidad de esta actividad, afectando principalmente a quienes trabajan en pequeña escala.
La deuda histórica de la regularización
Uno de los puntos centrales fue la situación del Censo Minero SEMINA 2010, cuya validez ha sido cuestionada por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, Pineda recordó que el Procurador General del Estado ha ratificado su carácter vinculante, lo que convierte su desconocimiento en un problema jurídico y político.
Denunció además un entramado burocrático que impide la regularización: exigencia de polígonos, creación de sociedades temporales y trámites que, lejos de facilitar la legalidad, la bloquean. Desde el derecho civil, defendió también la necesidad de actualizar los derechos mineros a favor de los hijos de mineros fallecidos, garantizando la continuidad familiar de la actividad.
Minería de tradición frente a gran minería
La narrativa minera de Zamora Chinchipe —según Pineda— está siendo desplazada. Para el sector, existe un conflicto de intereses donde el pequeño minero es relegado para dar paso a grandes empresas.
La Cámara de Minería sostiene que la minería de tradición es una actividad ancestral protegida por la Constitución, y que su desplazamiento responde a decisiones políticas que favorecen el tráfico de concesiones y la concentración del territorio.
Ambiente, control y contradicciones
En el ámbito ambiental, Pineda fue claro: sin legalidad no puede existir remediación. Criticó los operativos de control que, bajo el discurso de protección ambiental, destruyen maquinaria y provocan derrames de diésel en ríos y quebradas, generando más daño del que dicen evitar.
“La regularización es la única vía para exigir planes de manejo y remediación responsables”, afirmó, planteando que el orden ambiental empieza por el reconocimiento legal del minero.
Acción legal y solidaridad social
Ante lo que calificó como persecución judicial, el dirigente anunció la firma de un convenio con la firma legal Miner Lakes para la defensa de dirigentes y socios. Además, expresó solidaridad con las familias afectadas, cuyas viviendas fueron destruidas durante operativos, comprometiendo apoyo para su reconstrucción.
Conclusión: unidad y memoria política
El mensaje final fue directo: la minería social no se rinde. Pineda llamó a la unidad del sector y exhortó a los mineros a no olvidar, en los próximos procesos electorales, quiénes promovieron la criminalización y quiénes defendieron el derecho al trabajo.
En Zamora Chinchipe, la minería busca hoy profesionalizarse, regularizarse y sostenerse legalmente, como un acto de resistencia frente a lo que el sector denomina “terrorismo de cuello blanco”. Aquí, la lucha no es solo por el oro, sino por la dignidad del territorio y su gente.
