Nacionales
El Gobierno que más apoyó a FF.AA., según Noboa; pero también el que más responsabilidades les entregó
Minutos antes de su informe a la Nación, el presidente Daniel Noboa acudió a la cima de la Libertad, para conmemorar los 204 años de la Batalla del Pichincha. Y allí, resaltó el aporte de los militares en el combate contra la inseguridad. Esto tiene una contraparte; la cantidad de funciones asignadas a las fuerzas. Analizamos aquí el rol asignado en materia de vigilancia carcelaria.
“Ustedes, soldados de la Patria, son el vivo ejemplo del honor y la valentía, cuentan con todo nuestro respaldo. Somos el único gobierno que decidió fortalecerlos, con equipo, armamento, mientras que otros gobiernos les quitaron todo”, dijo el presidente Noboa en la ceremonia por 204 años de la batalla de Pichincha, en la Cima de la Libertad, hoy el 24 de Mayo de 2026.
“Hoy estamos marcando un antes y un después, y esta guerra la estamos ganando juntos, desmantelando la infraestructura económica y política del crimen”, aseveró el mandatario, quien hoy cumple el primer año de este mandato presidencial en el cual presenta el informe a la Nación.
En realidad, la compra de equipo y armamento para la fuerza militar responde a un hecho. La institución militar recibió una carga sin precedentes, de funciones, atribuciones y responsabilidades en el contexto de la guerra interna decretada por el mandatario, a inicios de enero de 2024.
Cómo llegamos a esto
Antes de que el artículo 158 de la Constitución fuera reformado para permitir la participación de los militares para garantizar la seguridad interna del país, esa institución ya había recibido más responsabilidades desde hacía tiempo. Una de ellas, el control en cárceles, luego de sucesivas masacres que entre 2021 y 2022 causaron unas 500 víctimas.
La reforma al artículo 158 fue aprobada el 21 de diciembre de 2023 con 125 votos en la Asamblea Nacional. El autor de la propuesta fue el gobierno de Guillermo Lasso, en diciembre de 2022, luego de que la Corte Constitucional negara que el tema fuera a consulta, según explicó una fuente relacionada con la corte.
La discusión pasó dos debates legislativos, que fueron interrumpidos por la muerte cruzada y la instalación de un nuevo Pleno.
La entonces flamante administración de Daniel Noboa consultó al pueblo en urnas si debía ratificar el pronunciamiento de la Asamblea. En abril de 2024 el presidente contó con el respaldo de los ecuatorianos y se aprobó la reforma.
Tres meses antes, cuando apenas asumía su primer mandato, Noboa emitió los decretos 110 y 111, en un entorno de extremada violencia, con la toma del canal TC televisión que fue difundida en vivo. El efecto de los decretos fue declarar la existencia de un conflicto armado no internacional. Se generó la percepción de que la manu militari iba a poner fin a la crisis de violencia.
Responsabilidades para los militares fueron aumentando
Vistazo consultó con un grupo nutrido de fuentes del ámbito militar. Todas coincidieron en que haber extendido la participación de la fuerza en el control de las cárceles, en lugar de que fuera una intervención puntual y temporal, pudo tener resultados adversos.
Varios de ellos, que pidieron la reserva, admitieron que a pesar de su larga carrera en la milicia, recién conocieron la magnitud de la amenaza violenta cuando llegaron al control de prisiones.
“Aunque la militarización podría ofrecer una solución paliativa para la crisis de seguridad puntual en las cárceles ecuatorianas, no abordaría su problemática estructural: corrupción hacinamiento, falta de personal especializado”, advierte un estudio académico difundido en abril de 2025, realizado por un equipo de investigadores que analizó en detalle la intervención militar en el centro de detención Guayas 1.
El estudio “Seguridad y Control en el Centro de Privación de Libertad Guayas 1: Análisis de la Intervención Militar”, del investigador José Pineida y otros autores, concluye que el riesgo de contaminación y corrupción hacia los militares es alto, de permanecer en las cárceles.
La megacárcel de Guayas, llamada así por un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2022, es la más poblada del país y fue el escenario de hechos violentos en años previos.
El estudio in situ detectó que el grupo operacional Orión, creado el 14 de enero de 2024, logró intervenir en ese centro, donde encontró “caletas con armas, municiones, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización”. En los 12 pabellones había 6.243 detenidos. La estructura criminal predominante, los Tiguerones, copaba el pabellón 12 a la época del estudio, con 987 integrantes.
El documento reconoce logros inmediatos, pero alerta que la permanencia militar no podía ser prolongada en el tiempo, pues debían encontrarse respuestas estructurales e integrales al problema.
La responsabilidad del control en las prisiones expuso a los uniformados al riesgo de contaminación. Un ejemplo de esto: el narcotraficante Federico Gómez, Fede, cabecilla del grupo Los Águilas, salió de esa misma cárcel disfrazado de militar, con la posible complicidad de 19 uniformados. Fede huyó el 20 de junio de 2025 y fue recapturado el segundo día de octubre, en Colombia.
Salidas voluntarias, qué ocurre con la fuerza militar
A partir de enero de 2024, los estados de excepción se fueron renovando periódicamente, si bien cada vez más restringidos a ciertas zonas geográficas calificadas como críticas. La renovación permanente fue cuestionada por la Corte Constitucional, con el argumento de que el problema de la violencia tiene un carácter estructural y debe ser enfrentada a partir de políticas públicas, por el Ejecutivo.
Uno de los efectos de la emergencia fue la suspensión de las bajas voluntarias a los miembros de las fuerzas.
Según la legislación vigente, al cumplir 20 años de carrera militar los uniformados pueden acogerse al retiro si así lo desean. Esto lo establece la ley de seguridad social vigente para la milicia.
La ley debe ser reformada por mandato de la Corte Constitucional, que observó algunas inconsistencias en el esquema. La orden de modificar la ley se emitió en septiembre de 2022. El documento de propuesta llegó hasta el Legislativo pero la muerte cruzada cambió de integrantes a ese Pleno. A fines de 2023 llegaron nuevos miembros. Todo volvió a fojas cero. A mediados de 2025, en medio de una discusión sobre el contenido de la nueva ley, en la comisión legislativa de trabajo y seguridad social, salió a la luz un dato que incomodó a varios, pero que nadie salió a refutar o a corroborar: seis mil uniformados estarían a la espera de la baja voluntaria. Fuente: Vistazo
Nacionales
Infraestructura y desarrollo: planificación y formación profesional, claves para construir territorios sostenibles
La infraestructura pública constituye un componente estratégico para el desarrollo económico y social de los territorios, especialmente en provincias amazónicas como Zamora Chinchipe, donde las condiciones geográficas, topográficas y climáticas demandan soluciones técnicas adaptadas a las necesidades de cada población.
Así lo señaló Sonia Lorenza Gonzaga, docente del Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectura y Geociencias de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), durante la entrevista en el Diario El Amazónico, en la que abordó el tema “Infraestructura y desarrollo: retos para construir territorios más sostenibles”.
La académica explicó que una infraestructura adecuadamente planificada permite fortalecer la movilidad, el transporte, la comunicación y el acceso a servicios básicos. Entre los principales ámbitos mencionó la infraestructura vial, el saneamiento y las estructuras, cuya planificación debe responder a las características y necesidades reales de cada territorio.
En el caso de la Amazonía, Gonzaga destacó que la diversidad geográfica y las condiciones climatológicas requieren diseños y soluciones diferenciadas. Por ello, consideró fundamental contar con profesionales capacitados que puedan desarrollar proyectos técnicamente adecuados y orientados a las demandas locales.
Universidad y formación para el desarrollo territorial
La docente resaltó el papel de las universidades en la preparación de profesionales que posteriormente se incorporan a instituciones responsables de la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura. En este proceso, la formación académica se complementa con prácticas profesionales vinculadas a proyectos reales de construcción y diseño, permitiendo a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas.
En este contexto, señaló que la UTPL cuenta con una importante presencia de estudiantes provenientes de Zamora Chinchipe, estimando que entre el 30 % y 40 % de los estudiantes de esta provincia se matriculan en diferentes carreras de la institución.
La Facultad de Ingenierías y Arquitectura mantiene una oferta académica que incluye carreras como Ingeniería Civil, Geociencias, Arquitectura e Ingeniería Informática en Computación, además de programas de posgrado orientados a fortalecer la especialización profesional.
Entre la oferta de posgrado mencionada durante la entrevista constan siete programas de especialización vinculados con Ingeniería Civil y maestrías relacionadas con recursos hídricos, geotecnia, arquitectura y desarrollo de territorios.
Modalidades de estudio
Gonzaga también destacó las alternativas de formación que ofrece la universidad, entre ellas las modalidades presencial, en línea e híbrida, esta última combinando actividades presenciales con formación virtual.
Según explicó, estas modalidades permiten que profesionales que trabajan puedan continuar con su preparación académica y acceder a programas de posgrado sin abandonar sus actividades laborales.
La docente recordó además que la UTPL cuenta con una trayectoria de más de 50 años en educación a distancia, experiencia que posteriormente se consolidó en la modalidad en línea.
Finalmente, invitó a la ciudadanía a consultar la oferta académica disponible en los canales oficiales de la universidad y continuar con su formación profesional, destacando que la educación constituye un elemento fundamental para el desarrollo de las comunidades.
Nacionales
Fuerzas Armadas destruyen campamento del Frente Óliver Sinisterra en zona minera de Ecuador
Las Fuerzas Armadas destruyeron un campamento en la Zona Minera Norte de Urcuquí que, de acuerdo con la información obtenida, estaría vinculado al grupo armado organizado Frente Óliver Sinisterra.
«La intervención permitió localizar un campamento de aproximadamente 45 metros por 50 metros, en cuyo interior se encontraron armas, municiones, artefactos explosivos improvisados y diversos elementos de logística y alojamiento», informó la institución.
Entre los indicios localizados constan un fusil M16, una carabina Mossberg calibre 12, 888 municiones calibre 5,56 mm, 19 municiones calibre 9 mm, 13 municiones calibre 16 y 21 artefactos explosivos improvisados que fueron destruidos.
Prendas de vestir encontradas por las Fuerzas Armadas del Ecuador durante un operativo en Urcuquí, el 17 de septiembre de 2026.Fuerzas Armadas de Ecuador
Ecuador detiene a siete personas presuntamente vinculadas al Frente Óliver Sinisterra, disidencia de las FARC
Además, fueron encontrados siete chalecos de combate, una radio con cuatro cargadores, 13 mochilas, tres carpas, 20 colchones, prendas de vestir de uso civil y militar, entre otros elementos.
«Entre las evidencias también consta una cédula de ciudadanía de la República de Colombia, cuya información será objeto de los procedimientos de inteligencia correspondientes», informaron las Fuerzas Armadas. Fuente: Primicias
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En exclusiva: Xavier Jordán es un «extranjero ilegal criminal» y estará preso hasta ser deportado, dice Estados Unidos
Luego de ser detenido la tarde del 16 de septiembre de 2026, Xavier Jordán fue trasladado a más de 1.600 kilómetros de distancia.
La detención se produjo específicamente en la intersección de la Avenida 84 y la Calle 58, en la ciudad de Doral, en el sur de Florida. Y, según el sistema del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fue enviado al Winn Correctional Center en Winnfield, Luisiana.
Ese centro, operado por un contratista privado y ubicado en una zona rural, está ubicado a 1.600 kilómetros de distancia de la residencia de Jordán, un viaje de 14 a 15 horas por carretera o un vuelo que puede tomar unas dos horas.
Los sistemas oficiales de Estados Unidos, tanto del ICE como de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), todavía no muestran más detalles sobre la situación de Jordán en Estados Unidos.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió, a través de su vocero, con un correo electrónico a PRIMICIAS, que el arresto fue ejecutado por agentes del ICE.
El DHS calificó a Jordán como un «extranjero ilegal criminal con arrestos previos por hurto mayor y fraude organizado, así como una orden de arresto por crimen organizado desde su país de origen, Ecuador».
Además, el Gobierno de Estados Unidos explicó que, según sus registros, Jordán ingresó a ese país el 3 de febrero de 2020 y tenía permiso para quedarse únicamente hasta el 2 de agosto de ese año. Por lo que permaneció de manera irregular en ese país durante más de seis años, agregó.
El vocero añadió que Jordán, en contra de las leyes de Estados Unidos, se quedó más tiempo de lo permitido. Por lo que «permanecerá bajo la custodia de ICE en espera del resultado de sus procedimientos de deportación».
«Bajo el presidente Trump y el secretario Mullin, nuestro mensaje es claro: si vienes a nuestro país y rompes nuestras leyes, te encontraremos, te arrestaremos y te deportaremos». Vocero del DHS sobre Xavier Jordán
En Ecuador, Xavier Jordán tiene tres órdenes de prisión vigentes por tres casos. El primero se inició en 2020, justo cuando este sujeto se fue a Estados Unidos, y se relaciona con la corrupción en la provisión de insumos médicos para hospitales de Guayaquil durante la pandemia de Covid-19. Por este proceso tiene pendiente un juicio por delincuencia organizada.
El segundo caso es el denominado Metástasis, en el que Jordán también tiene un juicio pendiente por delincuencia organizada por supuestamente haber formado parte de la red de corrupción judicial que comandó el narcotraficante Leandro Norero. Por este proceso, además, tiene una orden de búsqueda de Interpol y un pedido de extradición.
Finalmente, según los registros judiciales, Jordán es parte de los procesados como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, exasambleísta y excandidato presidencial. En ese caso, está pendiente la resolución de llamado a juicio. Fuente: Primicias
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