Minutos antes de su informe a la Nación, el presidente Daniel Noboa acudió a la cima de la Libertad, para conmemorar los 204 años de la Batalla del Pichincha. Y allí, resaltó el aporte de los militares en el combate contra la inseguridad. Esto tiene una contraparte; la cantidad de funciones asignadas a las fuerzas. Analizamos aquí el rol asignado en materia de vigilancia carcelaria.

“Ustedes, soldados de la Patria, son el vivo ejemplo del honor y la valentía, cuentan con todo nuestro respaldo. Somos el único gobierno que decidió fortalecerlos, con equipo, armamento, mientras que otros gobiernos les quitaron todo”, dijo el presidente Noboa en la ceremonia por 204 años de la batalla de Pichincha, en la Cima de la Libertad, hoy el 24 de Mayo de 2026.

“Hoy estamos marcando un antes y un después, y esta guerra la estamos ganando juntos, desmantelando la infraestructura económica y política del crimen”, aseveró el mandatario, quien hoy cumple el primer año de este mandato presidencial en el cual presenta el informe a la Nación.

En realidad, la compra de equipo y armamento para la fuerza militar responde a un hecho. La institución militar recibió una carga sin precedentes, de funciones, atribuciones y responsabilidades en el contexto de la guerra interna decretada por el mandatario, a inicios de enero de 2024.

Antes de que el artículo 158 de la Constitución fuera reformado para permitir la participación de los militares para garantizar la seguridad interna del país, esa institución ya había recibido más responsabilidades desde hacía tiempo. Una de ellas, el control en cárceles, luego de sucesivas masacres que entre 2021 y 2022 causaron unas 500 víctimas.

La reforma al artículo 158 fue aprobada el 21 de diciembre de 2023 con 125 votos en la Asamblea Nacional. El autor de la propuesta fue el gobierno de Guillermo Lasso, en diciembre de 2022, luego de que la Corte Constitucional negara que el tema fuera a consulta, según explicó una fuente relacionada con la corte.

La discusión pasó dos debates legislativos, que fueron interrumpidos por la muerte cruzada y la instalación de un nuevo Pleno.

La entonces flamante administración de Daniel Noboa consultó al pueblo en urnas si debía ratificar el pronunciamiento de la Asamblea. En abril de 2024 el presidente contó con el respaldo de los ecuatorianos y se aprobó la reforma.

Tres meses antes, cuando apenas asumía su primer mandato, Noboa emitió los decretos 110 y 111, en un entorno de extremada violencia, con la toma del canal TC televisión que fue difundida en vivo. El efecto de los decretos fue declarar la existencia de un conflicto armado no internacional. Se generó la percepción de que la manu militari iba a poner fin a la crisis de violencia.

Vistazo consultó con un grupo nutrido de fuentes del ámbito militar. Todas coincidieron en que haber extendido la participación de la fuerza en el control de las cárceles, en lugar de que fuera una intervención puntual y temporal, pudo tener resultados adversos.

Varios de ellos, que pidieron la reserva, admitieron que a pesar de su larga carrera en la milicia, recién conocieron la magnitud de la amenaza violenta cuando llegaron al control de prisiones.

“Aunque la militarización podría ofrecer una solución paliativa para la crisis de seguridad puntual en las cárceles ecuatorianas, no abordaría su problemática estructural: corrupción hacinamiento, falta de personal especializado”, advierte un estudio académico difundido en abril de 2025, realizado por un equipo de investigadores que analizó en detalle la intervención militar en el centro de detención Guayas 1.

El estudio “Seguridad y Control en el Centro de Privación de Libertad Guayas 1: Análisis de la Intervención Militar”, del investigador José Pineida y otros autores, concluye que el riesgo de contaminación y corrupción hacia los militares es alto, de permanecer en las cárceles.

La megacárcel de Guayas, llamada así por un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2022, es la más poblada del país y fue el escenario de hechos violentos en años previos.

El estudio in situ detectó que el grupo operacional Orión, creado el 14 de enero de 2024, logró intervenir en ese centro, donde encontró “caletas con armas, municiones, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización”. En los 12 pabellones había 6.243 detenidos. La estructura criminal predominante, los Tiguerones, copaba el pabellón 12 a la época del estudio, con 987 integrantes.

El documento reconoce logros inmediatos, pero alerta que la permanencia militar no podía ser prolongada en el tiempo, pues debían encontrarse respuestas estructurales e integrales al problema.

La responsabilidad del control en las prisiones expuso a los uniformados al riesgo de contaminación. Un ejemplo de esto: el narcotraficante Federico Gómez, Fede, cabecilla del grupo Los Águilas, salió de esa misma cárcel disfrazado de militar, con la posible complicidad de 19 uniformados. Fede huyó el 20 de junio de 2025 y fue recapturado el segundo día de octubre, en Colombia.

A partir de enero de 2024, los estados de excepción se fueron renovando periódicamente, si bien cada vez más restringidos a ciertas zonas geográficas calificadas como críticas. La renovación permanente fue cuestionada por la Corte Constitucional, con el argumento de que el problema de la violencia tiene un carácter estructural y debe ser enfrentada a partir de políticas públicas, por el Ejecutivo.

Uno de los efectos de la emergencia fue la suspensión de las bajas voluntarias a los miembros de las fuerzas.

Según la legislación vigente, al cumplir 20 años de carrera militar los uniformados pueden acogerse al retiro si así lo desean. Esto lo establece la ley de seguridad social vigente para la milicia.

La ley debe ser reformada por mandato de la Corte Constitucional, que observó algunas inconsistencias en el esquema. La orden de modificar la ley se emitió en septiembre de 2022. El documento de propuesta llegó hasta el Legislativo pero la muerte cruzada cambió de integrantes a ese Pleno. A fines de 2023 llegaron nuevos miembros. Todo volvió a fojas cero. A mediados de 2025, en medio de una discusión sobre el contenido de la nueva ley, en la comisión legislativa de trabajo y seguridad social, salió a la luz un dato que incomodó a varios, pero que nadie salió a refutar o a corroborar: seis mil uniformados estarían a la espera de la baja voluntaria. Fuente: Vistazo