El Gobierno de Ecuador espera más de 58.000 participantes en la marcha ‘por la seguridad y la paz’, convocada por el jefe de Estado, Daniel Noboa, para este jueves en la ciudad de Guayaquil, una de las más afectadas por la violencia en la nación.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, destacó este miércoles que este será un espacio festivo que reafirma el compromiso de los ecuatorianos con la unidad y la paz.

«No tenemos una pugna con la Corte Constitucional (CC). Somos respetuosos de la independencia de poderes», afirmó en una entrevista con la radio i99.

Sobre el referéndum y consulta popular que el Gobierno espera se realice el próximo 30 de noviembre, Rovira ratificó que el interés del Gobierno es «fortalecer la seguridad, proteger a los niños y garantizar procesos judiciales transparentes y expeditos».

«Después de haber replanteado las preguntas e incorporado nuevas, esperamos que la Corte Constitucional continúe con el trámite. Estamos convencidos de que cumpliremos con los tiempos para realizar la consulta popular a finales de noviembre«, precisó.

Luego de que la CC rechazara tres de las siete preguntas propuestas por el Ejecutivo, Noboa envió el martes siete nuevos planteamientos a análisis, entre los que figuran reformulaciones de algunas de las cuestiones originales y nuevos temas.

En esta ocasión, Noboa propone reformas constitucionales relacionadas con la creación de un registro de personas con sentencia condenatoria en firme por el delito de violación contra menores. Los jueces habían dicho al Gobierno que el registro les parecía «excesivamente indeterminado, sin claridad sobre su alcance y temporalidad».

Además, Noboa quiere preguntar a los ecuatorianos si están de acuerdo con que la CC solo pueda declarar la inconstitucionalidad de las leyes presentadas por el presidente, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial cuando al menos seis de los nueve jueces estén de acuerdo.

Propone también enmendar la Constitución para sancionar y juzgar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación, mediante procedimientos especiales y expeditos.

Y realizar una enmienda para eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público.

El Gobierno pretendía eliminar por completo a esta institución, así como que los jueces de la CC puedan ser sometidos a juicio político.

Noboa también planteó tres preguntas para consulta popular. La primera relacionada con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles cinco estrellas, que es otra de las preguntas reformuladas después de que los jueves señalaron que lo propuesto no cumplía «con los parámetros constitucionales».

También propone que se prohíba el uso del nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública, como peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.

Y que se expida una nueva ley de garantías constitucionales y control constitucional que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la CC.

Del primer paquete de preguntas habían sido aprobadas tres, relacionadas con la contratación laboral por horas en el sector turístico, con la reducción del número de miembros de la Asamblea Nacional y con permitir nuevamente el establecimiento de bases militares extranjeras en el país andino. Fuente: Vistazo